El cambio climático es una ola enorme, de consecuencias múltiples e insospechadas. Como lo que no se conoce no se puede solucionar, el foco debemos ponerlo en la otra esquina: la del riesgo, plantea esta columna. Modelar el riesgo, no para resolverlo, pero al menos para anticiparlo, propone el autor.

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La política de cambio climático vive rodeada de modelos, esos artefactos que nos permiten describir la realidad de forma simplificada para someterla a un exhaustivo interrogatorio, sacar conclusiones y actuar en consecuencia.

Ahora, como el cambio climático de origen antrópico no es como el desempleo, la inflación o la delincuencia, sino que existe socialmente mediado de modelos que lo traen a la vida, éstos no tienen una mera función representacional de la realidad, sino una fundacional. Son los modelos los que nos dicen que hay algo ahí que hasta ahora no veíamos, y nos dicen a continuación cómo es posible que eso se comporte en un horizonte dado de años, así como los efectos que ello puede suponer para nosotros. Parecen tener así un poder mágico: son los oráculos modernos. Estas circunstancias suponen además una dependencia considerablemente mayor de la política pública del modelo. El mundo es como el modelo dice que es. Así, si el modelo señala que es posible que la precipitación disminuya en un porcentaje en un territorio dado en un horizonte temporal cualquiera, entonces, esa afirmación tiene un poder creacional, de crear realidad donde antes no había nada.  

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“La política pública de adaptación al cambio climático es, como toda política pública, una meta solución, una solución al problema de tener que solucionar un problema que no se puede abordar directamente”

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A medida que los retos se vayan haciendo más evidentes, la política pública de cambio climático se verá obligada a incorporar nuevos modelos, más allá de los climáticos y sus derivados. En particular, porque pareciera que el objeto de la política pública ambiental, y la de cambio climático en particular, es justamente el ambiente o el cambio climático como tal. Ello, sin embargo, no es así. Es decir, esos problemas que urgen la acción del Estado son el propósito último de la política pública. No obstante, ella no puede operar sobre ellos sin contar con un sin número de otros factores de los que debe preocuparse, los que en conjunto con muchas otras iniciativas y acciones sociales contribuyen a dar cuenta de ese problema inicial. Por tanto, es ese conjunto de factores el que constituye el objeto de la política pública. Eso imposibilita pensar que la política pública “opera” directamente sobre esos problemas iniciales solucionándolos, como los mencionados casos de la inflación o la delincuencia. Más bien, ésta opera sobre un sistema más amplio, el que, en su operar, da cuenta de ellos.

Veamos esto en una de las ramas de la política pública de cambio climático, la de la adaptación. En principio, tal como la modelación del cambio climático señala, se avecinan comportamientos disruptivos en muchos fenómenos que tienen el potencial de afectarnos negativamente. Ya los conocemos: sequías, inundaciones, tormentas y huracanes, olas de calor, incendios forestales, elevación del nivel del mar, entre otros. Todos ellos eventos futuros, algunos ya presentes, descritos en algún modelo climático específico.

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“El riesgo climático es un factor demasiado complejo como para ser objeto de una política pública (…) En cambio la gestión social del riesgo climático sí lo es”

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El sentido esperable de la política pública de adaptación al cambio climático es que, apegada a los resultados de los modelos, ésta se entienda como una repuesta operativa a los riesgos que ellos señalan. Y hasta ahí todo bien, razonable. Pero el problema comienza cuando se trata de poner en marcha las medidas de reducción de riesgo que se derivan de esa aproximación. Digamos que es preciso poner en marcha un ambicioso plan de desalinización para compensar posibles periodos de escasez del recurso hídrico. Ahí todos son problemas de otra naturaleza, de disponibilidad de recursos financieros, de voluntades políticas de los territorios y de conflictos, de posibles incrementos de precios y su aceptación social, de capacidades técnicas públicas y privadas, y un largo etcétera, que hace que una iniciativa así derive en algo generalmente inesperado.

Con todas esas mediaciones, la reducción material del riesgo climático escapa a la política pública, y no puede constituir ni su objeto ni su objetivo. Su objeto es más bien la acción social cuyo propósito es lidiar con el mismo y con todas esas eventualidades que implica; es decir, es la gestión social de la adaptación al riesgo climático.

Un objetivo es el propósito determinable de mover un objeto de un estado dado a uno deseado. Eso es pura física. El riesgo climático materialmente es un factor demasiado complejo como para ser objeto de una política pública y, por tanto, resulta näive pensar en plantearse un objetivo fáctico referido al mismo.

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“La reducción material del riesgo climático escapa a la política pública, y no puede constituir ni su objeto ni su objetivo”

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En cambio, la gestión social del riesgo climático, es decir, el sistema social que tiene como tarea, desde entender los riesgos, proponerse objetivos de gestión y adaptación, pasando por implementarlos, verificar esa implementación, hasta corregir el curso y así sucesivamente, sí es un objeto razonable, eficiente, de la política pública de adaptación al cambio climático. Y para ese objeto es razonable ponerse objetivos, es decir, tener la pretensión de poder mover su estado de un punto a otro deseable.

Ahora, para hacer esto, es preciso conocer ese sistema, pues no está ahí afuera como para fotografiarlo: requiere un esfuerzo cognitivo singular y, como es de naturaleza social, existen pocas leyes cuantitativas que faciliten describirlo. Hacerlo requiere un esfuerzo de modelación participativa significativo, y arar en territorios cognitivos inexplorados. Pero la tarea es tan relevante como la de mapear los riesgos climáticos si queremos que la política pública avance.

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“Si el modelo señala que es posible que la precipitación disminuya en un porcentaje en un territorio dado en un horizonte temporal cualquiera, entonces, esa afirmación tiene un poder creacional”

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Esa es la responsabilidad que nos hemos impuesto en el Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile: contribuir a enfrentar los retos de política pública que supone el cambio climático. Y, junto con el Departamento de Ingeniería en Minas de la misma Universidad de Chile y el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), esperamos, en el marco de un investigación financiada por ANID, dar un salto en este sentido generando una propuesta de modelación sistémica y generación de escenarios que permita a la política pública de adaptación, en este caso del sector minero nacional, entender su sistema social de gestión de riesgos climáticos, facilitar su diagnóstico y evaluar posibles intervenciones de política pública, todo lo cual pueda permitirle fijarse objetivos consistentes.[1]

En definitiva, se trata de desarrollar una herramienta descriptiva de un sistema social complejo en el que la política pública de adaptación pretende incidir para que esté en condiciones de tomar decisiones que favorezcan su potencial sistémico para alcanzar los propósitos de adaptación que la política misma persigue.

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“El cambio climático de origen antrópico no es como el desempleo, la inflación o la delincuencia, sino que existe socialmente mediado de modelos que lo traen a la vida”

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La política pública de adaptación al cambio climático es, como toda política pública, una meta solución, una solución al problema de tener que solucionar un problema que no se puede abordar directamente. Eso es lo que hace el sistema social de gestión de riesgo climático, como lo hace el de riesgos de Tsumanis, constituir un sistema que en su funcionar global y de forma distribuida e indirecta produce la reducción material de riesgo, siendo su relación con el riesgo más bien sólo el anticiparlo. Así la eficiencia del sistema social de riesgo climático no se mide por cuanto se reduce materialmente el riesgo climático, sino por su capacidad de anticiparlo.

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