Tenemos menos delitos graves que Latinoamérica, pero más miedo. ¿Más policías solucionarían esa paradoja? El artículo sugiere que en la discusión sobre seguridad se debe considerar el nivel de cohesión social.

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En Chile, la seguridad se ha instalado como uno de los ejes centrales del debate público y aparece como un elemento determinante para la próxima elección presidencial. Las encuestas coinciden en que se trata de una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía —si no la mayor— y los candidatos parecen compartir un mismo diagnóstico de urgencia. Aunque sus propuestas son distintas, en general se asemejan en que ignoran un aspecto más profundo y elemental: ¿cómo se relaciona la seguridad con la cohesión social?

La cohesión social constituye un elemento esencial para la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible de las sociedades, aunque pocas veces se considera explícitamente al momento de diseñar políticas públicas. Tal como plantean Chan et al. (2006), la cohesión social puede entenderse como un “estado de cosas” que involucra tanto las interacciones entre personas y grupos, como entre individuos e instituciones; y se expresa en actitudes y normas compartidas, como la confianza, el sentido de pertenencia y la disposición a participar y colaborar, además de sus manifestaciones conductuales. En simple, sociedades más cohesionadas son aquellas donde prima la confianza en los demás y en el sistema que sostiene la vida en común, fundamentos necesarios para sostener el orden, la justicia y el bienestar colectivo.

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“2018 y 2019 marcan un punto de inflexión no solo en términos de seguridad pública, sino también en la legitimidad del orden institucional. El estallido social tensionó al máximo la relación entre ciudadanía y Estado, con instituciones como Carabineros severamente cuestionadas por violaciones a los derechos humanos”

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En el marco de la seguridad pública, la cohesión social aparece como un factor decisivo. No se trata únicamente de un “extra” deseable, sino de la base que configura la forma en que las personas experimentan su entorno. Por una parte, condiciona la percepción de protección frente al delito y la violencia, ya que implica niveles de confianza interpersonal, sentido de pertenencia y disposición a cooperar entre vecinos. Por otra parte, fortalece o debilita la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad, en la medida en que estas sean vistas como justas, eficaces y cercanas. En este sentido, la seguridad deja de ser un asunto estrictamente técnico y se transforma en una de las bases principales para comprender y fomentar la cohesión social en su conjunto.

Dimensiones de la seguridad pública

La seguridad pública puede entenderse bajo una dimensión objetiva y otra subjetiva, distinción necesaria para poder avanzar en su relación con la cohesión social. Mientras la seguridad objetiva hace referencia a la tasa de homicidios, a los índices de victimización y otros indicadores que dan cuenta de la exposición directa al crimen; la segunda (también llamada seguridad percibida) alude al sentimiento que tienen las personas respecto a su vulnerabilidad ante los delitos, sin ser necesario haber experimentado alguna situación de inseguridad directamente. Ambas dimensiones no tienen porqué estar alineadas necesariamente, y Chile es un buen ejemplo de cuánto se pueden desajustar: aunque la tasa de delitos violentos está entre las más bajas de Latinoamérica, la dimensión subjetiva ha llevado a que en determinados momentos los chilenos se sientan viviendo en un país con una muy alta inseguridad (OCS-COES, 2025).

Un hecho muy interesante es que la percepción de un nivel alto de delitos parece influir mucho más en la vida social que la dimensión objetiva y, por lo tanto, termina afectando el comportamiento de las personas, su movilidad espacial y su participación social (Tocornal, 2014). Otamendi (2016) señala que altos niveles de violencia y victimización generan una preocupación social importante, pero la percepción pública puede desencadenar emociones colectivas que amplifican el temor y erosionan la confianza democrática y social. Esto implica que las políticas de seguridad deben abordar ambas dimensiones – la reducción efectiva de la criminalidad y, simultáneamente, la mitigación del miedo y la mejora de la percepción ciudadana (Luneke Reyes, 2021).

¿Qué aspectos dan cuenta de la percepción subjetiva de seguridad? Como muchos ámbitos de la vida social, la percepción subjetiva está influida por múltiples factores, desde experiencias personales y colectivas de victimización hasta aspectos urbanos y sociales como la visibilidad policial, el deterioro del espacio público y la cohesión vecinal (Castillo et al., 2022).  Aunque existen estudios que señalan que la relación entre cohesión social y seguridad no es necesariamente directa, un mayor nivel de cohesión suele estar vinculado a una mayor sensación de seguridad (Tocornal, 2014; Dammert, 2012). Por otro lado, la cohesión social tiende a asociarse con una menor percepción de desorden y violencia, lo que fortalece la seguridad percibida. Esta relación, no obstante, está mediada por factores como la confianza en las instituciones y las representaciones mediáticas del delito (Núñez, 2012). Por lo tanto, para poder conocer de mejor manera la relación entre cohesión y seguridad se requiere considerar múltiples factores y su evolución en el tiempo.

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Gráfico 1

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Dimensiones de la cohesión social en Chile

Basados en los análisis realizados por el Observatorio de Cohesión Social (OCS) del COES (2025), plataforma dedicada a la difusión de conocimiento basado en evidencia empírica sobre las dinámicas de cohesión social, se aprecia con claridad el lugar que ocupa Chile en el contexto latinoamericano. Los datos del OCS muestran que Chile alcanzó hacia 2010 sus niveles más altos de cohesión social, incluso por encima del promedio latinoamericano. Ese momento de auge se comprende en un contexto de relativa estabilidad política y económica, con un crecimiento sostenido y conmemoraciones como el Bicentenario que podrían haber reforzado cierta narrativa de unidad nacional.

Sin embargo, a partir de 2014 comienza una caída abrupta que sitúa al país entre los más rezagados de la región (Gráfico 1). Esta inflexión coincide con el inicio de un ciclo de desconfianza hacia las instituciones, marcado por escándalos de corrupción política y financiamiento irregular de campañas (Caval, Penta, SQM), que pusieron en entredicho la transparencia del sistema democrático y erosionaron la legitimidad del poder político. El malestar ciudadano se canalizó en movilizaciones como las protestas estudiantiles de 2011 o las protestas previsionales en 2016 —que ya anticipaban esta fractura— y en una percepción cada vez más extendida de desigualdad y exclusión.

Para comprender mejor esta trayectoria, vamos a distinguir dos aspectos que se encuentran indiferenciados en la cohesión social general (Chan et al., 2006):

Cohesión horizontal, que se refiere a las relaciones entre personas y grupos —confianza interpersonal, cooperación y sentido de pertenencia—.

Cohesión vertical, que remite a la confianza y legitimidad de las instituciones estatales.

Ambas dimensiones han sido medidas en América Latina por el OCS, y en los siguientes gráficos se muestra su evolución desde el año 2004 al 2022, comparando Chile con el promedio de América Latina:

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Gráfico 2

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Grráfico 3

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Los gráficos 2 y 3 revelan una transformación significativa en los indicadores de cohesión social de Chile durante las últimas dos décadas, marcada por un deterioro pronunciado que contrasta con su posición históricamente favorable respecto al promedio regional. En cohesión horizontal se observa un aumento muy acelerado hasta el año 2014, donde luego comienza a descender de manera abrupta.  En cuanto a la vertical (la confianza en las instituciones), entre 2014 y 2010 Chile presentaba indicadores superiores al promedio de América Latina, y a partir de ese año comienza una caída en picada.

El deterioro en ambas dimensiones puede asociarse con procesos de transformación política y malestar social, donde la mayor baja se da en la cohesión vertical. Si bien se observan signos de estabilización post-2016, la recuperación ha sido parcial e incompleta, sugiriendo transformaciones estructurales en el tejido social chileno y en la relación ciudadanía-instituciones, con implicaciones importantes para la gobernabilidad democrática y la integración social en el mediano plazo.

Cuando se hace un acercamiento mediante el gráfico comparativo regional resulta interesante comprobar que ambas dimensiones de la cohesión social tienden a estar asociadas: los países con mayores niveles de confianza interpersonal (cohesión horizontal) también reportan una confianza más elevada en las instituciones (cohesión vertical). La línea de tendencia confirma esta relación, aunque con diferencias relevantes entre países. Mientras casos como Canadá, Estados Unidos y Uruguay combinan altos niveles en ambos planos, en el extremo opuesto se ubican países como Perú, Ecuador o Haití, que presentan bajos niveles tanto de confianza interpersonal como institucional. Chile se posiciona con un nivel de cohesión horizontal promedio, mientras la cohesión vertical lo sitúa entre los países con menor nivel de este indicador en América Latina.

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Gráfico 4

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Este marco permite observar que en Chile ambos planos se han visto erosionados: los vínculos entre ciudadanos se han debilitado, al mismo tiempo que la legitimidad de las instituciones ha sufrido un deterioro sostenido. La fractura se expresa en la coexistencia de desconfianza interpersonal y desconfianza institucional, reforzándose mutuamente en un círculo difícil de revertir. En términos empíricos, los datos muestran caídas pronunciadas en la confianza hacia el Congreso y el Poder Judicial, al mismo tiempo que se incrementan las percepciones de desprotección (OCS-COES, 2025). Esta doble fisura —entre ciudadanos y frente al Estado— ilustra con claridad que no se trata solo de crisis coyunturales, sino de un proceso más profundo de debilitamiento de la cohesión social.

El panorama es aún más dramático cuando se observa la cohesión vertical. Siguiendo con los datos del OCS-COES, la confianza en instituciones como el Poder Judicial y el Congreso revela una crisis profunda y persistente. En el caso del Poder Judicial, Chile mantiene durante toda la década niveles crónicamente bajos, muy por debajo del promedio regional. Este déficit estructural refleja una percepción de justicia lenta, lejana y poco confiable, reforzada por casos emblemáticos de impunidad en delitos económicos y de corrupción.

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“El caso chileno muestra que los desplomes en la cohesión están asociados a crisis políticas y sociales que minan la legitimidad institucional y resquebrajan los vínculos comunitarios. Los escándalos de corrupción en la élite política y empresarial; la persistencia de desigualdades en salud, educación y pensiones; la represión en el estallido social; y la experiencia desigual de la pandemia, profundizaron sentimientos de abandono y desprotección.”

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El Congreso, por su parte, experimenta un derrumbe aún más brusco. En 2012 el país exhibía altos niveles de confianza en su legislativo, superando a la mayoría de la región. Pero en apenas cuatro años esa confianza se desploma: de más de 5 puntos en 2012 a 3,2 en 2016. Esta caída coincide con el periodo donde se destaparon los escándalos de financiamiento irregular de la política, llevando a un creciente desencanto ciudadano respecto de la capacidad del Congreso para representar demandas sociales. Desde entonces, el indicador se estancó en niveles críticos, sin señales de recuperación incluso en el marco del proceso constituyente iniciado en 2020. El fracaso del primer plebiscito constitucional en 2022 puede leerse también como expresión de esa distancia persistente entre representantes e instituciones.

Cohesión social y seguridad

¿Cómo se relacionan estas dimensiones de cohesión social con temas de seguridad?

Entre 2010 y 2014, Chile alcanzó un récord en seguridad subjetiva, con una ciudadanía que declaraba sentirse más protegida que el promedio regional (OCS-COES, 2025). Ese optimismo coincidió con un periodo de bonanza económica y con la consolidación de políticas sociales que daban señales de reducción de la pobreza. Sin embargo, desde 2014 comenzó un desplome abrupto de la seguridad subjetiva que, hacia 2018, situaba a Chile por debajo del promedio latinoamericano. Este quiebre se dio en paralelo a la seguidilla de escándalos políticos, a la persistencia de desigualdades en salud y educación, así como al descontento social que desembocaría en el estallido social de 2019. Lo anterior no solo refleja un cambio en la percepción de seguridad, sino la imagen de una sociedad donde la cohesión social se resquebraja bajo el peso de la desconfianza y la sensación de injusticia.

El indicador de seguridad objetiva, basado en tasas de victimización y delitos, revela un ciclo similar: tras alcanzar su mejor momento en 2012, comienza un descenso que nunca logra revertirse. Mientras la mayoría de los países latinoamericanos experimentan una recuperación desde 2018, Chile se mantiene en deterioro. Aquí la lectura contextual es clave: 2018 y 2019 marcan un punto de inflexión no solo en términos de seguridad pública, sino también en la legitimidad del orden institucional. El estallido social tensionó al máximo la relación entre ciudadanía y Estado, con instituciones como Carabineros severamente cuestionadas por violaciones a los derechos humanos. La pandemia de 2020, lejos de recomponer la confianza, profundizó la fragmentación: la falta de apoyo y una extendida percepción de desprotección son posibles explicaciones para la exacerbación de la vulnerabilidad social.

Una paradoja chilena

Chile muestra un contraste llamativo: conserva un nivel moderado de cohesión horizontal en comparación con la región, pero presenta una fractura profunda en la cohesión vertical. Podríamos hablar de una especie de paradoja, pues si bien vemos que hay una estabilidad en los lazos sociales, con disposición a organizarnos y cooperar, la legitimidad institucional está más erosionada que nunca. Estos indicadores deben leerse como síntomas de un proceso social más amplio, ya que la cohesión social no se reduce a la seguridad pública ni a las tasas de victimización, sino que remite a la trama de vínculos entre personas e instituciones. Lo que está en juego no es solo la percepción de temor frente al delito, sino la confianza básica en que otros ciudadanos y el Estado actuarán de manera justa y solidaria.

El caso chileno muestra con claridad que los desplomes en la cohesión no ocurren por azar. Están asociados a crisis políticas y sociales que minaron la legitimidad institucional y resquebrajaron los vínculos comunitarios: los escándalos de corrupción en la élite política y empresarial; la persistencia de desigualdades en salud, educación y pensiones; la represión en el estallido social de 2019; y la experiencia desigual de la pandemia, que profundizó sentimientos de abandono y desprotección. Cada uno de estos episodios fue erosionando, año tras año, tanto la confianza en las instituciones (cohesión vertical) como la confianza entre ciudadanos (cohesión horizontal), impactando también en la seguridad personal. Por ello, cualquier estrategia futura no puede limitarse a fortalecer la seguridad en un sentido técnico. Si no se comprende qué factores históricos y estructurales provocaron el quiebre, las respuestas corren el riesgo de repetir los mismos errores. Y es que el desafío no es solo “avanzar hacia la prevención, inclusión y legitimidad” como consignas generales, sino preguntarse en qué momentos concretos esas dimensiones se fracturaron y qué medidas podrían haberlas protegido. Ese es quizás el aprendizaje más relevante de esta nota: no se trata únicamente de constatar una crisis de cohesión, sino de aprender de su trayectoria para no repetirla. Tal como señala Kathya Araujo (2025), en este escenario se encuentran lazos sociales comprometidos, que remiten a un problema más profundo que la mera contingencia. En este marco, la cohesión social se plantea como un elemento clave para reconocer con claridad qué se rompió, dónde y por qué. Ignorar este enfoque solo condena a que cualquier estrategia futura sea poco más que un parche.

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