El genocidio que lleva adelante el Estado de Israel en Gaza no se sostendría sin el respaldo de actores económicos que lucran con esa política. El informe de la ONU menciona desde bancos que compran bonos estatales -y así financian el aumento del presupuesto militar israelí- hasta empresas que explotan recursos en territorios ocupados ilegalmente. El artículo detalla qué compañías están implicadas, cómo participan y qué responsabilidad jurídica podrían enfrentar. Argumenta que para detener el genocidio hay que presionar sus bases económicas.
El 3 de julio de 2025 fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos un nuevo Informe de la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese. Este informe titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, analiza el entramado económico que lucra y sostiene la ocupación israelí en territorios palestinos y el genocidio en Gaza. A continuación, se analiza el contexto de este informe y se comparte un breve resumen de sus puntos clave, para finalmente compartir algunas conclusiones.
Esta relatoría especial fue creada por la Resolución 1993/2 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (19 de febrero de 1993). De acuerdo con su mandato, el rol de la relatoría es evaluar la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, informar públicamente sobre ella y trabajar con los gobiernos, la sociedad civil y otras entidades para fomentar la cooperación internacional.
Actualmente, el mandato lo ejerce la experta italiana Francesca Albanese, quien ha debido enfrentar los complejos acontecimientos que se vienen desarrollando en Gaza a partir del ataque contra civiles israelíes por parte de fuerzas de Hamas el 7 de octubre de 2023 y la subsiguiente respuesta de Israel que ha devenido en un genocidio contra la población palestina.
Es necesario recordar que la Relatora Especial emitió, en julio de 2024, un informe ante el Consejo de Derechos Humanos denominado “Anatomía de un genocidio” donde daba cuenta de la magnitud de los hechos criminales desarrollados por Israel en contra de la población gazatí, desde octubre de 2023: más de 30.000 palestinos muertos, entre ellos más de 13.000 niños; 70% de las zonas de viviendas destruidas; 80% de la población forzada a desplazarse; miles de personas detenidas y sometidas sistemáticamente a malos tratos graves.
La Relatora Especial concluyó que había motivos razonables para creer que se había cruzado el umbral a partir del cual se podía decir que Israel ha cometido genocidio.
“La maquinaria Caterpillar ha sido usada para realizar demoliciones masivas asaltar hospitales y enterrar vivas a palestinos heridos. En 2025, Caterpillar aseguró un contrato adicional multimillonario con Israel”, dice el informe de la ONU.
En octubre de 2024 la Relatora Especial presentó un nuevo informe, esta vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado “El genocidio como supresión colonial”, donde afirmó que estábamos ante un proceso “intencionado, sistemático y organizado por el Estado (Israel)” cuyo objetivo era provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de los palestinos en sus territorios.
A su juicio, este proceso podría causar un perjuicio irreparable a la propia existencia del pueblo palestino, pues la intención de las autoridades israelíes era ocupar totalmente el territorio palestino en Gaza (párr. 84).
El INFORME ACTUAL
Para que un genocidio pueda llevarse adelante deben concurrir un conjunto de circunstancias que permiten que estas acciones criminales se mantengan en el tiempo. Por lo mismo, cualquier intento por detener un genocidio debe centrarse en combatir estos factores que sustentan una acción genocida.
Si se analizan la experiencia comparada, para que un genocidio se mantenga en el tiempo se requieren cuatro sustentos: militar, político, económico y cultural. El actual informe de Albanese se centra en el elemento económico que sustenta el genocidio en Gaza y desarrolla detalladamente cómo la ocupación colonial y el genocidio mismo han tenido fructíferas consecuencias para la economía israelí.
Albanese identifica tres grandes aspectos en los que hay una nutrida presencia de empresas: el desplazamiento, el reemplazo y los facilitadores.
En el ámbito del desplazamiento destaca tres industrias que se han visto particularmente beneficiada: la militar, que no sólo ha aumentado sus ganancias sino que ha usado el genocidio como un campo de prueba de armamentos sin control alguno; la industria de la vigilancia, que ofrece sus servicios en la zona de Gaza y en los territorios ocupados; y, la industria vinculada con la maquinaria necesaria para el desplazamiento (párrs. 28-47)
El informe de la ONU menciona a IBM, que opera y actualiza una base de datos que permite “la recopilación, almacenamiento y uso gubernamental de datos biométricos de palestinos”; y a Hewlett Packard (HP) “que ha respaldado durante mucho tiempo los sistemas de apartheid de Israel, suministrando tecnología a la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, al servicio penitenciario y a la policía”
En el ámbito militar se destaca Lockheed Martin (fabricante de los aviones F-16 y F-35) y empresas israelíes como Elbit Systems y la Industria Aeroespacial Israel (IAI) que han visto beneficiadas por el aumento del 65% en el gasto militar israelí (46.500 millones de dólares entre 2023 y 2024).
En el negocio de la vigilancia se destacan los servicios prestados por Microsoft, Alphabet (Google) y Amazon que de acuerdo con el informe “otorgan a Israel acceso a sus tecnologías de nube e inteligencia artificial, potenciando sus capacidades de procesamiento de datos, toma de decisiones, vigilancia y análisis” (párr. 41). Como ejemplo de esta colaboración el informe cita lo ocurrido en octubre de 2023, “cuando la nube militar interna israelí colapsó por sobrecarga” y “Microsoft, con su plataforma Azure y el consorcio Proyecto Nimbus intervinieron proporcionando infraestructura crítica de nube e inteligencia artificial” (párr. 41).
Refiriéndose a Microsoft y al Proyecto Nimbus (un programa del gobierno de Israel en el que participan Amazon y Microsoft) el informe señala que “sus servidores, ubicados en Israel garantizan soberanía de datos y funcionan como un escudo contra cualquier rendición de cuentas, bajo contratos favorables que ofrecen restricciones mínimas y escasa supervisión. En julio de 2024, un coronel israelí describió esta tecnología en la nube como un arma en todo el sentido de la palabra» (párr. 41).
En esta área también se menciona a IBM que opera y actualiza la base de datos central de la Autoridad de Población e Inmigración, la cual permite “la recopilación, almacenamiento y uso gubernamental de datos biométricos de palestinos” y a Hewlett Packard Enterprises y HP Inc., firmas cuyas “opacas estructuras empresariales han ocultado el papel de sus siete filiales israelíes restantes”. Pese a lo anterior el informe afirma que “Hewlett Packard (HP) ha respaldado durante mucho tiempo los sistemas de apartheid de Israel, suministrando tecnología a la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), al servicio penitenciario y a la policía” (párr. 38).
El informe afirma que Israel conocido como la «nación startup», “ha recibido un impulso significativo durante el genocidio”. Se precisa que Israel “ocupó el primer lugar mundial en número de startups per cápita, con un crecimiento del 143% en startups de tecnología militar en 2024, mientras que la tecnología representó el 64% de las exportaciones israelíes durante el genocidio” (párr. 43).
En cuanto a la destrucción de las propiedades palestinas el informe destaca la colaboración de Caterpillar Inc. que,“durante décadas ha proporcionado a Israel equipos utilizados para demoler viviendas e infraestructuras palestinas”. Se acusa que en colaboración con la citadas IAI y Elbit Systems, más y RADA Electronic Industries “Israel ha transformado las excavadoras D9 de Caterpillar en armamento militar automatizado y de control remoto” (párr. 45).
“Desde al menos 2007 la maquinaria Volvo ha sido usada para arrasar zonas palestinas, incluido Jerusalén Este y Masafer Yatta” dice la ONU, en tanto que la maquinaria HD Hyundai “ha sido empleada para demoler viviendas palestinas y arrasar tierras agrícolas, incluidos olivares”. El informe afirma además, que ambas empresas “han continuado abasteciendo al mercado israelí a pesar de la abundante evidencia del uso criminal de su maquinaria y de los repetidos llamados de grupos de derechos humanos para cortar relaciones”.
La maquinaria Caterpillar ha sido usada para: realizar demoliciones masivas, (incluyendo viviendas, mezquitas e infraestructuras vitales) y “asaltar hospitales y enterrar vivas a palestinos heridos” (párr. 45). En 2025, “Caterpillar aseguró un contrato adicional multimillonario con Israel”, dice el informe.
Similar rol juegan la coreana HD Hyundai y al grupo sueco Volvo, a quienes estaríaninvolucrados en la destrucción de propiedades palestinas, a través del suministro de equipos. Dice el informe: “desde al menos 2007 la maquinaria Volvo ha sido usada para arrasar zonas palestinas, incluido Jerusalén Este y Masafer Yatta” (párr. 46), en tanto que la maquinaria HD Hyundai “ha sido empleada para demoler viviendas palestinas y arrasar tierras agrícolas, incluidos olivares” (párr. 46). Se afirma, además, que ambas empresas “han continuado abasteciendo al mercado israelí a pesar de la abundante evidencia del uso criminal de esta maquinaria por parte de Israel y los repetidos llamados de grupos de derechos humanos para cortar relaciones” (párr. 47).
EL REEMPLAZO
Una segunda dimensión del genocidio analizado en el informe tiene que ver con las empresas que han colaborado con las construcciones israelíes en la tierra robada, en la apropiación de recursos naturales palestinos y con el comercio que se genera a partir de los territorios colonizados (párrs. 48-71).
En este ámbito destacan, junto a las ya mencionadas Volvo, Caterpillar y HD Hyundai, “que desde hace 10 años colaboran en la construcción de colonias ilegales” la alemana Heidelberg Materials AG, que a través de su filial Hanson Israel “ha contribuido al saqueo de millones de toneladas de roca dolomita de la cantera Nahal Raba, ubicada en terrenos expropiados a aldeas palestinas en Cisjordania” (párr. 50).
El informe argumenta que parte del genocidio se ha implementado a través del corte de suministros básicos como agua y energía. Esta falta de suministros ha ayudado a crear “condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción del pueblo palestino como grupo” (párr. 54). En ese sentido denuncia que la compañía internacional israelí Mekorot, que tiene el monopolio del agua en los territorios palestinos ocupados, ha dejado a la ciudad de Gaza sin ese vital elemento, “transformando el suministro en un instrumento del genocidio” (párr. 55). Se acusa también que mientras Israel ha cortado la provisión de energía en la franja, haciendo colapsar el sistema sanitario y de salud empresas de energía siguen proveyendo a Israel de carbón (Glencore PLC), gas (Chevron Corporation). Particular mención hace de la inglesa BP PLC que “en los momentos de aumento de la brutalidad” ha expandido su participación en la economía de Israel para explorar las aguas palestinas en busca de yacimientos Párr. 58).
“Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas uno de sus relatores ha sido objeto de sanciones. Lo hizo el gobierno de Trump, quien acusa a Francesca Albanese de atacar a los Estados Unidos y sus aliados. En el mundo distópico que vivimos, los genocidas y sus aliados son quienes persiguen a los que buscan poner fin al horror.”
Para que la ocupación de los territorios sea posible, es necesario que estos produzcan y sean económicamente sostenibles. Ahí es donde se menciona a la empresa Tnuva, propiedad de china Bright Food (Group) Co., Ltd. que compran los productos de los asentamientos ilegales y los comercian entre los palestinos que son un mercado cautivo. También se menciona a la empresa mexicana Netafim (propiedad de Orbia Advance Corporation) líder en riego por goteo. “Mientras proyecta una imagen global de sostenibilidad, su tecnología ha permitido la explotación intensiva de agua y tierras en Cisjordania, agotando aún más los recursos naturales palestinos” (párr. 63), acusa el informe.
En este apartado también se menciona Booking Holdings Inc. y Airbnb, Inc., por promover el “turismo de ocupación” en asentamientos” (párrs. 70-71).
LOS FACILITADORES
En tercer lugar, el informe pone énfasis en la industria financiera que ha financiado la ocupación y el genocidio mediante acciones y bonos (la Bolsa Tel Aviv ha subido un 213% en 20 meses); y, el rol que han cumplido las universidades, dando apoyo a las acciones de ocupación y genocidas mediante investigación militar, programas académicos y presencia en asentamientos ilegales (párrs. 72-86).
Se argumenta que la venta de bonos del tesoro israelí “han desempeñado un papel crucial en financiar el actual ataque contra Gaza” (párr. 74). Esos recursos permitieron que entre 2022 y 2024, el presupuesto militar aumentara del 4,2% al 8,3% del PIB, llevando las finanzas públicas a un déficit del 6,8%. El informe explica que “Israel financió este presupuesto en expansión” emitiendo bonos por 8.000 millones de dólares en marzo de 2024 y 5.000 millones en febrero de 2025. Esto no habría tenido éxito sin que “algunos de los mayores bancos mundiales —incluyendo BNP Paribas y Barclays— suscribieran estos bonos permitiendo a Israel contener la prima de interés pese a una degradación crediticia” (párr. 74).
Entre los compradores – al menos 400 grandes inversores de 36 países-, el informe identifica a gestoras de activos como Blackrock (68 millones USD), Vanguard (546 millones USD) y PIMCO (filial de Allianz, 960 millones USD)
La lista de empresas que figuran en el informe de Albanese resulta sorprendente y lleva a la Relatora a concluir que el genocidio en Gaza se ha vuelto un crimen tremendamente lucrativo para el sistema global que llama “capitalismo racial colonial” (párr. 1).
En cuanto a las recomendaciones del informe, este apunta a la necesidad de mantener y ampliar las sanciones a quienes están impulsando las acciones genocida y también a todos los que están lucrando con este crimen. Además, recomienda el cese de las actividades comerciales que permiten mantener la acción genocida sobre el pueblo gazatí (embargo de armas y cese acuerdos comerciales). Asimismo, recomienda adoptar medidas de reparación económica respecto del pueblo palestino en Gaza. Finalmente sugiere la investigación de todas aquellas corporaciones que han sido parte del proceso de genocidio en Gaza (párrs. 94-99).
Este informe abre un importante tema de discusión, cual es, la responsabilidad de las empresas vinculadas con graves violaciones de derechos humanos y, en este caso, con crímenes internacionales de la mayor gravedad como es un genocidio. La base normativa que utiliza el informe son los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (2011).[1] Si bien el informe en su Anexo es claro en señalar que la responsabilidad por la violaciones de derechos humanos sigue siendo una cuestión vinculada con los Estados (párrs. 5-6), ello no excluye la posibilidad de que las empresas tengan responsabilidad frente a las obligaciones propias de los derechos humanos y derecho internacional humanitario en contextos de conflictos armados (párrs. 7-16) e incluso pueden comprometer su responsabilidad penal internacional de las corporaciones y/o ejecutivos cuando son parte activa o de complicidad de un crimen internacional como lo es el genocidio (párrs. 17-31).
Otro elemento relevante y que seguramente será objeto de un análisis de largo plazo, es el rol que tiene la comunidad académica (Universidades) frente a hechos como lo que se están sucediendo en Gaza. Recordemos que durante 2024 hubo un movimiento internacional muy intenso, incluido en Chile, donde se planteó con mucha fuerza la necesidad de que las instituciones universitarias cortaran todo lazo con las universidades israelíes que eran parte del esfuerzo genocida en Gaza.
El informe de la relatora Albanese viene claramente a dar la razón a quienes planteaban esta postura crítica a mantener lazos con instituciones que son parte del genocidio (Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv, el Technion y el Instituto Weizmann) y la obligación de rechazar éticamente un posicionamiento neutral o equidistante, el que terminó primando en muchas instituciones universitarias. Frente a un genocidio no hay espacio para la neutralidad.
Por último, es importante el rol que debe cumplir cada persona que rechaza el genocidio en Gaza. Así, actividades como el boicot a empresas que financian esta acción criminal es una medida efectiva para poner presión a uno de los pilares fundamentales de la acción genocida, cuál es, el pilar económico. La experiencia internacional, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, demuestra la importancia que tienen las acciones de boicot internacional para generar presión frente a actos criminales internacionales.
No hay duda de que detener un genocidio es una cuestión urgente, pero extraordinariamente compleja si es que los pilares que lo sustentan siguen vigentes. Es rol de la comunidad internacional y de cada uno de los individuos, actuar a fin de generar las condiciones para impedir que el genocidio siga siendo un negocio lucrativo, tal como lo denuncia la Relatora Especial, Francesca Albanese, en su informe. No podemos terminar estas reflexiones sin mencionar la brutal respuesta de Estado Unidos frente a este informe. Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas uno de sus relatores ha sido objeto de sanciones. Así es, el gobierno de Trump ha sancionado a Francesca Albanese por atacar a los Estados Unidos y sus aliados. Sin duda, en el mundo distópico que vivimos, los genocidas y sus aliados son quienes persiguen a los que buscan poner fin al horror.
CLAUDIO NASH