Estudio longitudinal nos muestra qué decimos ser, cuánto confiamos en los otros y cuándo aceptamos la violencia.

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La relación entre indígenas y no indígenas ha atravesado diferentes niveles de conflicto y cooperación en la última década. Una de las herramientas más importantes para investigar esa variación es el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales (ELRI), una encuesta que se ha aplicado cada dos años (2016, 2018, 2021 y 2023) y ha permitido iluminar las dinámicas de las relaciones entre ambos grupos.

Los hallazgos del ELRI están reunidas en el libro (Re)configuraciones interculturales: Un estudio longitudinal de las relaciones entre indígenas y no indígenas en Chile (2016 – 2024) [1].  En este artículo se revisan tres aportes de la encuesta: (1) por qué las personas se identifican como indígenas o no indígenas y, por qué, en algunas circunstancias, pasan de un grupo a otro; (2) qué hace variar la confianza que se tienen ambos grupos; y (3) cómo evalúan la violencia que generan los que protestan y la que despliega el Estado.

Los estudios longitudinales como el ELRI son económicamente costosos y, dado que se aplican a un mismo grupo de individuos durante largo tiempo, demandan un esfuerzo sostenido para mantener a los participantes. A cambio, ELRI ofrece evidencia única para comprender cómo distintos eventos inciden en la percepción y actitudes de las personas que se identifican como indígenas y no indígenas y cómo variaron las relaciones entre ellos.  A diferencia de las encuestas de opinión pública basadas en muestras aleatorias, que entregan solo una instantánea de un momento determinado, este diseño captura procesos de transformación social. Esto resulta particularmente relevante en un periodo marcado por el estallido social, los intentos de reforma constituyente, el asesinato de Camilo Catrillanca y operaciones policiales como el Comando Jungla o Huracán.

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Ilustración 1

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IDENTIDAD

Reconocerse indígena es un proceso psicosocial que pasa por fortalecer los vínculos con la comunidad originaria y afirma el sentido de pertenencia a ella (González et al., 2022). En este proceso influyen múltiples factores: el origen de los padres, la relación con un territorio específico, el dominio de la lengua o la adhesión a normas y costumbres culturales. Por lo tanto, la autoidentificación no ocurre en el vacío, sino que responde a condiciones relacionales y culturales.

En Chile, un país marcado por el mestizaje, la autoidentificación indígena ha oscilado entre un 8% y un 12% en los distintos censos. Las mediciones de ELRI muestran un escenario más complejo (ver ilustración 2). Si bien el grupo indígena se mantienen estable, hay una zona de tránsito identitario que involucra a alrededor del 25% de los encuestados, quienes pasan de indígena a no indígena o viceversa.

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Ilustración 2

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Para entender estos datos hay que tomar en cuenta que en la muestra de ELRI la población indígena está sobrerrepresentada con el objetivo de poder identificar mejor los procesos que afectan a ese grupo. Como es evidente Chile no está compuesto por 54% de población indígena y 46% de no indígena: esa era la composición de la muestra en 2016. Lo que sí nos sugieren estos datos es que en Chile la frontera entre ambos grupos ha sido muy porosa.

ELRI muestra que quienes se reconocen como indígenas tienen  uno o ambos progenitores como indígenas y mantienen un fuerte sentido de pertenencia al grupo incluso en escenarios donde se debilita el apoyo a políticas de reconocimiento. De manera paralela, quienes se declaran no indígenas suelen no tener padres pertenecientes a pueblos originarios y mantienen su identidad independientemente de la posición que tengan frente a políticas culturales o de reconocimiento político.

Los casos de transición identitaria son más complejos. Aquellos que de pronto se declaran indígena, suelen haber vivido un proceso personal a partir de identificar familiares y amistades como indígenas o haber desarrollado un compromiso político con “la causa”. En este giro suele haber una transformación de los vínculos sociales y afectivos y que pueden implicar la reivindicación de territorios ancestrales o la valoración de la cultura material e inmaterial de los pueblos originarios.

Los indígenas que transitan en el sentido opuesto experimentan procesos de desafección territorial y relacional: cambian de lugar de residencia, establecen vínculos más estrechos con personas no indígenas (por ejemplo, una pareja) o alcanzan mayores niveles educativos. Estos procesos se ven reforzados por coyunturas nacionales que han promovido discursos de integración y pertenencia común —como el cierre del ciclo constituyente o el “retorno al orden” tras el estallido social—, que favorecen la incorporación de elementos de identificación con la nación chilena. Este cambio no implica negar la ascendencia —pues el reconocimiento de un padre o madre indígena se mantiene relativamente constante—, sino más bien una ampliación identitaria que combina raíces familiares con una pertenencia cívica más amplia.

Una de las preguntas que se contempló en ELRI fue “En general, ¿usted se siente más bien chileno, perteneciente a un pueblo originario, o una mezcla de los dos?”. La ilustración tres muestra que entre los indígenas, la identidad predominante es la mixta (“mezcla de ambos”), opción que pasó de 48,7% en 2016 a un peak de 61,5% en 2021, para descender levemente a 55,7% en 2023. La identidad exclusivamente indígena bajó de 38,4% en 2016 a 24,4% en 2021, aunque luego repuntó a 32,8% en 2023, lo que sugiere un retorno parcial hacia identificaciones más exclusivas en el contexto post-constituyente. La identidad exclusivamente chilena, en cambio, se mantuvo minoritaria y estable, bordeando el 12–15% durante todo el período.

Entre los no indígenas, predomina con claridad la identidad chilena, que representaba un 88,1% en 2016, cayó a 61,8% en 2021 y volvió a subir a 79,6% en 2023. Durante el mismo período, la identidad mixta alcanzó un máximo histórico en 2021 (36,9%), coincidiendo con el proceso constituyente, lo que sugiere que la politización del conflicto indígena y las expectativas de reconocimiento favorecieron temporalmente identificaciones más híbridas. La identidad indígena exclusiva es marginal entre los no indígenas, siempre bajo el 3%.

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Ilustración 3

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La fuerte oposición entre lo “chileno” y lo “mestizo” que muestran el grupo no indígena sugiere que lo chileno se percibe menos como una categoría híbrida y más como una identidad nacional homogénea, en contraste con lo indígena. Esta distinción podría revelar que mientras la nación se ha narrado a sí misma en clave mestiza, la autoidentificación de los no indígenas privilegia una idea de chilenidad desligada de esa mezcla, como si “ser chileno” equivaliera a neutralizar la dimensión indígena.

Confianza y percepción de diferencia

Uno de los conceptos centrales en el estudio de las relaciones intergrupales es la confianza, entendida como la convicción de que otra persona o grupo es fiable (González, 2024). Desde la psicología social sabemos que la violencia erosiona la confianza interpersonal y colectiva, debilitando el tejido social. En Chile, las relaciones entre indígenas y no indígenas han estado expuestas a un contacto ambivalente, marcado tanto por episodios de violencia como por esfuerzos de reconciliación que, en distintos momentos, han tensionado o fortalecido la confianza mutua (Haye et al., 2010; Pairican & Urrutia, 2021)

La ilustración 3 muestra cómo los niveles de confianza se expresaron entre 2016 y 2023. En el caso indígena, estos confiaron mucho más en su grupo que en el otro, aunque con una caída hacia 2023, tras el ciclo constituyente.

Entre los no indígenas, en cambio, el patrón es el contrario: la confianza en los indígenas fue mayor que en su propio grupo durante la mayor parte del período. Sin embargo esto se revierte en 2023 cuando la confianza en los indígenas baja a 44,1% y la confianza en el propio grupo sube a 55,9%.

La medición más reciente nos habla de una pérdida de confianza: solo la mitad de la población expresa sostenida confianza hacia cualquiera de los dos grupos. Esta situación refleja una historia de desigualdades y también la manera en que la política reciente abrió y cerró oportunidades de colaboración.

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Ilustración 4

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Otro elemento importante al medir el estado de los vínculos intergrupales es la percepción de lo diferente que es mi grupo respecto del otro.

La ilustración 5 muestra que entre los indígenas la proporción de quienes creen que ambos grupos son “muy diferentes” aumentó con fuerza durante el proceso constituyente, alcanzando un peak del 67,5% en 2021. Esta tendencia sugiere que, en un contexto de alta politización y debate sobre reconocimiento constitucional, los propios indígenas constataron con mayor claridad la distancia que los separa de la sociedad mayoritaria. Sin embargo, tras el cierre de ese ciclo, la cifra descendió a 59,3% en 2023, lo que refleja una cierta moderación.

Entre los no indígenas, en cambio, la percepción de diferencias siguió la trayectoria opuesta: disminuyó sostenidamente desde 2016 (46,1%) hasta un mínimo en 2021 (31,9%), para luego repuntar a 39,6% en 2023.

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Ilustración 5

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La lectura conjunta de estos dos ítems revela un fenómeno interesante. Mientras los indígenas intensificaron su percepción de distancia con los no indígenas durante el ciclo político más álgido, los no indígenas tendieron a reconocer menos diferencias. Ello puede interpretarse como una señal de desajuste en las expectativas de reconocimiento y de convivencia: los pueblos indígenas reforzaron su sentido de identidad y frontera cultural en un contexto de alta politización, mientras que parte de la sociedad no indígena asumió la diferencia como menos marcada, quizás en la expectativa de una integración institucional a través del proceso constituyente; o una negación de ellas. 

Justificación de la violencia

En el marco del ELRI, la justificación de la violencia se examinó distinguiendo dos dimensiones: la primera comprende acciones colectivas de protesta y reivindicación —como el bloqueo de carreteras o la ocupación de terrenos considerados propios— que buscan alterar el statu quo y se la denomina violencia por el cambio social. La segunda, llamada violencia por el control social alude al uso de la fuerza para resguardar el orden, y es representada principalmente en la represión policial a protestas indígenas o el uso de armas por parte de agricultores (Gerber et al., 2017).

Esta tipología permite observar cómo las posiciones de los grupos se definen en función de su ubicación dentro de un campo de conflicto estructural, en el que el cambio y el orden se erigen como polos normativos en tensión.

La literatura sobre relaciones intergrupales plantea que los individuos tienden a evaluar la violencia desde una lógica defensiva, mostrando mayor disposición a justificar aquella que protege a su propio grupo y menor tolerancia hacia la que lo amenaza. Sin embargo, los resultados del ELRI sugieren que esta predisposición se ve modulada por el contexto político y social. La aceptación de la violencia no surge como una reacción automática de defensa grupal, sino como un juicio que se inscribe en coyunturas históricas específicas y que se articula con percepciones de injusticia, legitimidad y eficacia política. En otras palabras, la violencia es evaluada no solo por quién la ejerce, sino también por el significado que adquiere en momentos de crisis y transformación social.

Tal como muestra la ilustración 6, entre 2016 y 2018 el nivel de justificación de la violencia se mantuvo relativamente estable, lo que puede interpretarse como una etapa de menor politización del conflicto indígena en la agenda nacional. Sin embargo, en 2021 se observa un salto sustantivo en la aceptación de la violencia por el cambio social, con picos históricos en el bloqueo de carreteras y en la ocupación de terrenos. Este aumento coincide con la doble coyuntura del Estallido Social de 2019 y el proceso constituyente, momentos en que la acción directa adquirió legitimidad como instrumento de presión frente a un sistema político percibido como poco receptivo. La violencia reivindicativa se resignificó entonces como un recurso de agencia política en lugar de ser vista únicamente como una amenaza al orden.

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Ilustración 6

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En 2023, tras el fracaso del proceso constitucional, se produjo un giro en la justificación de la violencia hacia el control social, evidenciado en un mayor respaldo a la represión policial y al uso de armas por agricultores. Este cambio refleja un reacomodo en la percepción de amenazas: el énfasis se desplaza desde la legitimación de la protesta hacia la defensa del orden público, en un contexto marcado por la frustración política y el incremento de la agenda securitaria. En términos analíticos, sugiere que la justificación de la violencia opera como un barómetro normativo que refleja la forma en que distintos sectores internalizan las tensiones entre demandas de transformación y exigencias de estabilidad.

Palabras de cierre

En los años recientes es imposible negar la centralidad pública de la cuestión indígena. Su máxima visibilidad llegó con el ciclo constituyente, pero el rechazo a un reconocimiento explícito no fue un punto final: abrió un interregno en el que las expectativas se reordenan y las posiciones se endurecen. El estudio ELRI muestra identidades que oscilan entre persistencia y tránsito, una confianza asimétrica que no supera la mitad de la población, percepciones de diferencia que se tensan y luego convergen parcialmente, y una justificación de la violencia que cambia de signo según la coyuntura. No hay un cierre: hay disputa por los marcos de legitimidad.

El Estudio ELRI y el libro (Re)configuraciones interculturales invita a leer esta radiografía longitudinal como un aporte sustantivo a la historia reciente de lo que comúnmente se ha denominado como el “conflicto indígena”. Es una fuente original, de alto estándar académico, que documenta con evidencia las rupturas y continuidades en las dinámicas entre indígenas y no indígenas en Chile. En otras palabras, registra una redefinición de los vínculos sociales que nos sostienen: lo que ha cambiado —y lo que no— en esas relaciones.

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