El fervor punitivista que vivimos en estas elecciones se basa en la convicción de que encarcelamos poco. Los datos matan ese relato, argumenta este artículo. La población recluida hoy está en un máximo histórico de 63.426 internos, lo que nos ubica en el cuarto lugar de la OECD.

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La promesa de “mano dura” es una de las ofertas electorales más recurrentes en la elección de 2025, aunque no hay evidencia de que sea una solución efectiva para el fenómeno criminal. Anthony Bottoms, afamado criminólogo inglés, acuñó el concepto de “populismo penal” para etiquetar el fenómeno que estamos viviendo: la adopción de políticas represivas que buscan capitalizar electoralmente el miedo de la “gente común”, pero que no consideran la evidencia científica y que por lo tanto no funcionan [1].

La campaña electoral nos ha dado ejemplos de anuncios irresponsables e ineficaces. Por ejemplo, “los delincuentes tienen dos opciones: bala o cárcel” (Franco Parisi, radio Pauta) o la propuesta de una “cárceles flotante” (Parisi, en Radio Bío Bío); la idea de que los migrantes condenados y que están en situación irregular, cumplan su pena en un “recinto penal especial, sin beneficios de ningún tipo” (José Antonio Kast, La Tercera) y el eslogan de “cárcel primero, expulsión después” (Kast, La Tercera). Igualmente preocupante resulta la idea de que una persona deba pagar con cárcel “aunque sea un par de días” por “robar un Súper 8” como lanzó Johannes Kaiser, CNN, pues evidencia un conveniente desconocimiento sobre el derecho procesal penal, en especial respecto del principio de proporcionalidad de la ley [2].

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“La crisis actual no es solo por la falta de cupos, sino también por problemas de gestión y de legitimidad institucional que, si bien se han agravado con la sobrepoblación, tienen otros factores desencadenantes”

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Lo que subyace a esta ferviente vocación punitivista es la convicción de que encarcelamos poco, lo que no refleja la realidad, pues el sistema penitenciario cerrado [3] ha experimentado una expansión sostenida durante las últimas tres décadas. En 1992, la tasa de la población penitenciaria por cada 100 mil habitantes [4] era de 147; y 33 años después, en 2025, el mismo indicador asciende a 314 reclusos por cada 100 mil habitantes (Gráfico N° 1).  Este incremento fue acelerado entre 1998 y 2010, alcanzando una tasa de 308 aquel último año, seguido de un breve declive entre 2011 y la pandemia de 2020-21. Sin embargo, desde 2022 la proporción de personas encarceladas repuntó y en el primer semestre de este año alcanzó actualmente la tasa más alta de la historia.

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Gráfico 1

¿ENCARCELAMOS POCO?

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los Compendios Estadísticos Penitenciarios de Gendarmería de Chile para el sistema cerrado 1991-2024 y proyecciones de la población de chile 1992-2050 del INE. Nota: (1) En los Compendios, utilizamos el dato de promedio anual de existencia a los cierres de mes, es decir, media aritmética de la población presente en el subsistema cerrado al último día de cada mes en un año calendario. (2) La cifra provisional de 2025 se ha construido a partir del promedio de existencia mensual entre enero a junio, en el subsistema cerrado.

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La reducción excepcional que se observa en 2020-2021 se explica por la Ley 21.228, que conmutó penas de encierro por arresto domiciliario a grupos específicos (como adultos mayores o mujeres embarazadas) para mitigar el hacinamiento y evitar focos de contagio por la pandemia. A partir de 2022, sin embargo, la población volvió a aumentar con fuerza, alcanzando un crecimiento desde una tasa de 233 en 2021 a 314 en solo cuatro años, lo que se traduce en una presión inédita sobre el sistema.

Este proceso ha llevado a que hoy la población total de reclusos sea de 63.426, un “máximo histórico”.

A nivel internacional, Chile es el cuarto que más encarcela entre los 26 países de la OECD, solo superado por Estados Unidos, Costa Rica y Turquía. Esto nos ubica por encima de naciones con baja reincidencia, como Alemania, Países Nórdicos, Países Bajos y Japón.

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Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia con datos de Gendarmería de Chile, Eurostat, World Prison Brief y UNODC. Para Chile se ha tomado el dato de Gendarmería del 31 de agosto de 2025 con el propósito de facilitar la comparación.

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Esta presión inédita sobre el sistema penitenciario chileno produce lo que diversos especialistas denominan “estrés carcelario”. Sus consecuencias son: hacinamiento, persistencia de la criminalidad en las cárceles, violencia entre internos, riesgos para los funcionarios [5], reincidencia criminal, problemas graves en la reinserción y, por último, el riesgo de que las organizaciones criminales usen las cárceles para fortalecer sus mecanismos de reclutamiento.

Este estado crítico se refleja en las 48 muertes por riñas o agresión registradas dentro de recintos penitenciarios en 2024 (la cifra más alta desde 2021) y las 15 muertes ocurridas durante el primer semestre del presente año [6].

Estudios de diversas instituciones como el CEP, Espacio Público, IPP-UNAB y el INDH concuerdan en que el aumento de la población privada de libertad ha acarreado para Gendarmería importantes efectos operativos, laborales y de seguridad. La sobrepoblación dificulta la clasificación adecuada de internos (por peligrosidad, etapa procesal, tipo de delito), lo que hace más compleja la gestión de módulos y regímenes diferenciales (IPP-UNAB). En lo laboral, resulta evidente que el personal de Gendarmería enfrenta mayor sobrecarga de trabajo, lo que genera aumento de licencias médicas, rotación de personal, desgaste institucional (CEP). Como muestra de lo anterior, el aumento de licencias médicas ha crecido de 20 mil en 2012 a 60 mil en 2023, lo que empeora la ratio entre funcionarios y privados de libertad (Domínguez, Duce y Fugellie). Asimismo, las condiciones de hacinamiento favorecen el aumento de conflictos internos, violencia intracarcelaria, riesgo para funcionarios y privados de libertad, debilitando la capacidad institucional de mantener condiciones dignas para la población penal y la imagen pública de Gendarmería como actor (Espacio Público, INDH).

No hay señales de que esto vaya a mejorar mientras la percepción de temor frente al delito continúe en alza. Los datos de ENUSC 2025 muestran, por una parte, cierta estabilidad en la victimización por delitos de mayor connotación, después de la caída de 10% aprox. en los años 2020 y 2021 por efecto del confinamiento sanitario de la pandemia del COVID-19, así como una tendencia a recuperar los valores de la década anterior en los años 2022 a 2024 (Gráfico 3). Asimismo, se observa un aumento significativo en la percepción de exposición frente al delito en el período 2021 a 2024 que implica un crecimiento de casi 20 puntos en la percepción de esta amenaza (Gráfico 4). En este sentido, promover una estrategia que lleve más gente a las cárceles como respuesta a las condiciones del mercado electoral, sin una política de mejoramiento de la gestión carcelaria, solo profundizará las falencias que están llevando al sistema al colapso.

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Gráfico 3

Victimización por delitos de mayor connotación social 2015-2024

Fuente: elaboración propia con datos de ENUSC (2025).

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Gráfico 4

Percepción de exposición frente al delito 2015-2024

Fuente: elaboración propia con datos de ENUSC (2025).

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El Estado ha impulsado medidas relevantes para enfrentar la crisis de capacidad penitenciaria. Por una parte, el llamado Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria proyecta incorporar alrededor de 15 mil nuevas plazas al sistema de aquí al año 2030, asegurando un marco de crecimiento planificado, diagnóstico de necesidades y financiado a largo plazo. En el corto plazo destaca la construcción de la Cárcel El Arenal en Copiapó, con capacidad proyectada para 2.160 internos, y la ampliación del recinto Santiago 1, que permitirá habilitar más de 600 cupos adicionales en módulos de alta y máxima seguridad.

Sin embargo, de mantenerse el actual incremento de la población privada de libertad, el impacto de estos planes en el hacinamiento será limitado. Por otra parte, la crisis actual no es solo por la falta de cupos, sino también por problemas de gestión y de legitimidad institucional que, si bien se han agravado con la sobrepoblación, tienen otros factores desencadenantes.

Mientras el debate público se concentra en las primeras fases del proceso penal (policías, investigación, sentencias), se presta mucho menos atención a la etapa final: la ejecución de las penas y la reinserción social. Los datos son categóricos: según estimaciones de Gendarmería (2018), la tasa de reincidencia en Chile bordea el 50% para los egresados del sistema cerrado a 22 meses del egreso.

En la reinserción se juega buena parte de la eficacia de la política de seguridad. Dicho de otro modo: un sistema penitenciario que no garantiza condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y reinserción debilita la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y limita las posibilidades de controlar la reproducción de la criminalidad.

Por lo anterior y en contraste con las posturas punitivas, el informe «Prison Matters 2025: Global Prison Population and Trends; A Focus on Rehabilitative Environment» de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) subraya la importancia de los entornos penitenciarios rehabilitadores como impulsores del desistimiento delictivo. Dicho informe evidencia que la alineación del personal penitenciario y el apoyo comunitario son esenciales para la rehabilitación y la reintegración social de los reclusos.

En suma, los datos de ocupación carcelaria desde el retorno a la democracia muestran que enfrentamos un problema de largo plazo bajo una presión inédita. Responder a este desafío exige más que la impulsiva retórica populista o los anuncios de construcción de nuevas cárceles; se requiere una estrategia integral y responsable del Estado que fortalezca la gestión, identifique de mejor forma el problema público, asegure condiciones dignas y, fundamentalmente, coloque la reinserción en el centro de la política penitenciaria. De lo contrario, el “estrés carcelario” seguirá acumulándose y recordándonos aquello que se evita debatir, esto es, cómo integrar las cárceles chilenas a una política de seguridad que sea democrática, sostenible en el tiempo y que fortalezca la resiliencia del sistema penitenciario.