El paso del SENAME al nuevo Servicio de Protección Especializada ha estado lejos de representar una mejora real, pese a los recursos empleados, acusa la magistrada Mónica Jeldres. La tendencia a enfocarnos en graves incidentes puntuales nos impide ver que el problema es sistémico: nuestro Estado no ha cambiado mucho desde que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas concluyó que Chile violaba grave y sistemáticamente los derechos humanos de los NNA bajo su cuidado, afirma.
Esta semana, nuevamente, el fuego consumió un espacio que debía ser un refugio. La Residencia Shekinah, en Iquique, ardió y 28 niños fueron evacuados en la noche entre la ansiedad y el desconcierto. Esta vez, afortunadamente, no hubo víctimas fatales. Sin embargo, el incendio mismo muestra que estamos ante un historial de fracasos que no se ha detenido. Y la pregunta que me resulta ineludible es: ¿cuántas advertencias más necesitamos para que el sistema reaccione?
En 2022 este mismo recinto, cuando operaba como Residencia Teniente Merino, fue objeto de observaciones por parte de la Defensoría de la Niñez. Se detectó sobrepoblación y frecuentes salidas no autorizadas, entre otros problemas. Tres años más tarde, en agosto de 2025, la Defensoría encontró un escenario que calificó como crítico: sobrepoblación (45 adolescentes para 35 plazas), conflictos recurrentes, agresiones entre pares, robos al interior de la residencia y conductas transgresoras en la esfera sexual. El informe sugiere debilidades preventivas y fallas en los mecanismos institucionales para contener o interrumpir oportunamente las situaciones de violencia.
El punto más grave, sin embargo, no era la sobrepoblación ni la violencia entre adolescentes, sino el testimonio de un joven residente que denunció ante la Defensoría que algunas funcionarias mantendrían relaciones sexuales con adolescentes a cambio de drogas. Por levantar su voz, este joven fue agredido y amenazado por sus compañeros. El tribunal, ante la urgencia, terminó alojándolo en un hotel, sin supervisión, porque no había cupos en otros dispositivos. La justicia no tenía dónde ubicarlo.
“La «vida digna» no se cumple con rejas y techos quemados, sino con espacios que reparen, no que encierren”
Aunque la prensa tiende a ver estos episodios como incidentes aislados, lo que en realidad tenemos al frente son distintas muestras de un Estado que no ha cambiado mucho desde que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas concluyó que el Estado de Chile violaba grave y sistemáticamente los derechos humanos de los NNA bajo su cuidado. No se trata, entonces, de una falla puntual, como no fue un caso puntual la muerte de Lisette Villa y de tantos otros NNA. Fallamos como sistema cuando permitimos que niños y niñas vivan en condiciones que se asemejan a entornos de encierro, rodeados de rejas y con dinámicas de poder que vulneran su dignidad.
Lo más desolador es que el paso del SENAME al nuevo Servicio de Protección Especializada ha estado lejos de representar una mejora real, pese a los recursos involucrados. La promesa de un modelo que superara el paradigma tutelar y de encierro se ha diluido en una continuidad de carencias estructurales. Cerrar un dispositivo y abrir otro con distinto nombre, las mismas paredes y los mismos problemas solo perpetúa el daño. El caso de la Residencia Teniente Merino, que terminó siendo clausurada por las graves vulneraciones, y la propia historia de Shekinah nos muestran que no basta con cambiar el nombre o al organismo colaborador si no se revisa a fondo el modelo de cuidado. Los recursos económicos se han incrementado, pero la lógica de parches, la falta de control efectivo y la ausencia de un estándar de vida digna se mantienen intactas.
El incendio de esta semana no es el problema mayor: es la consecuencia de haber permitido que la Residencia Shekinah siguiera funcionando en un territorio de alto riesgo, con infraestructura deficiente y con informes que anticipaban el desastre. El comandante de Bomberos advirtió que la red húmeda del recinto «no funcionaba al 100%». Sabíamos que las condiciones de hacinamiento y la falta de mantenimiento ponían en riesgo la vida de estos adolescentes. No actuamos.
El estándar que debemos cumplir cuando se tiene bajo custodia a un NNA es el de una responsabilidad reforzada por su bienestar. Así nos lo recuerda el caso SENAME ante la Comisión Interamericana, a raíz de los 10 adolescentes que murieron calcinados en la residencia Centro Tiempo de Crecer en 2007 y que estaban bajo el cuidado del Estado. Toda muerte o daño grave de un niño, niña o adolescente bajo custodia estatal es responsabilidad directa del Estado por omisión. Esta vez, el fuego no llegó a matar, pero no podemos esperar a que el próximo incendio sea mortal para recién preguntarnos qué pasó.
Se debe ser más riguroso no solo en el control de las residencias, sino que se debe poner fin a esta lógica de parches y de informes que se acumulan sin consecuencias. La «vida digna» no se cumple con rejas y techos quemados, sino con espacios que reparen, no que encierren. El sistema de protección actual está en crisis. Requiere una intervención urgente, no solo para apagar el fuego de aquella madrugada, sino para evitar la próxima tragedia. Los niños y niñas no pueden esperar más.
La crisis de los vuelos chárter con menores haitianos que viajan a Chile en reunificación familiar expone, una vez más, el fracaso estrepitoso de este mandato legal. Otra vez, lo ocurrido no es un mero desajuste operativo, sino una falla estructural que evidencia la profunda desconexión entre las instituciones llamadas a resguardar a estos niños, niñas y adolescentes.
Frente a este escenario, no basta con anunciar nuevas comisiones investigadoras —como la que se ha propuesto para indagar la situación de los niños haitianos—, pues la experiencia acumulada nos ha mostrado decenas de veces su escasa efectividad a la hora de prevenir o resolver las crisis estructurales. Los diagnósticos y las citaciones se acumulan, pero las condiciones de vulnerabilidad persisten y se repiten en distintos dispositivos y contextos. Se requieren, con urgencia, medidas concretas, vinculantes y fiscalizables, que no se agoten en informes ni en promesas de reformas futuras, sino que se traduzcan en acciones inmediatas para garantizar la seguridad, la dignidad y el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.
Hoy, con la Ley de Garantías y Derechos de NNA ya aprobada, la Subsecretaría de la Niñez y el nuevo Servicio de Protección, la coordinación intersectorial vinculante debiera ser la columna vertebral de la respuesta estatal. De lo contrario, seguiremos escribiendo columnas sobre el mismo fracaso, con distintos nombres y distintos incendios, pero con la misma omisión de fondo.
MÓnica JelDres Salazar