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Académicos de la UMCE responden a petición de diputados sobre planes y programas de estudios de género, diversidad sexual y feminismo

29 de Octubre de 2021

Como diversos medios de comunicación han informado durante estos últimos días, los diputados Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, militante y cercano al Partido Republicano, han realizado una particular solicitud de información a la Universidad de Chile y a la Universidad de Santiago (Oficio 76052). En el documento, enviado desde la Cámara de Diputados y Diputadas, se requiere a las casas de estudio mencionadas información respecto de “cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características de estas asignaturas e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos”. Estos mismos honorables diputados ingresaron un proyecto de Ley que buscaba prohibir el uso de lenguaje inclusivo, señalando estar “convencidos que esta reforma constitucional tendrá un impacto positivo en la educación nacional y promoverá el uso correcto, oportuno y adecuado del lenguaje dentro de las aulas de clase, impidiendo que las ideologías contaminen mediante el lenguaje la educación de los niños y adolescentes” (entrevista a ambos diputados, CNNChile, 27 de mayo de 2021), recurriendo como sustento al argumento –muy discutido en estas últimas semanas– sobre el derecho preferente de madres y padres para educar a sus hijes, que estipula la Constitución vigente.

Más aún, las peticiones del oficio 76052 no quedan allí. El documento mencionado además solicita que se “informe cuántos recursos destina anualmente para financiar los cursos, centros, programas y planes de estudios que se refieren a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo”. En este sentido, observamos que la omisión de los objetivos perseguidos en este requerimiento la transforma en un mandato y que la búsqueda de individualización de profesionales que conducen dichas cátedras constituye al oficio en un dispositivo de control que no es acorde a los tiempos democráticos y constituyentes que la gran mayoría de la ciudadanía ha expresado en los procesos eleccionarios recientes. De esta manera, el análisis crítico que realizamos entiende a esta solicitud de informe como un intento de controlar no solo la libertad de cátedra que caracteriza a las universidades públicas, laicas y autónomas; sino que también, promueve una sospecha injustificada respecto a las decisiones académicas en torno a temas relevantes en la búsqueda de equidad y justicia social.

Ambos diputados utilizan su investidura para requerir este informe, amparados en las facultades que les otorga la Ley 18.918 o Ley Orgánica Constitucional Del Congreso Nacional y el Artículo 308 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas, que los faculta para solicitar estos informes. Sin embargo, ella señala: “Estas peticiones podrán formularse también cuando la Cámara respectiva no celebre sesión, pero en tal caso ellas se insertarán íntegramente en el Diario o en el Boletín correspondiente a la sesión ordinaria siguiente a su petición”. La ley entrega estas atribuciones para los usos de fiscalización respecto a las gestiones administrativas-financieras para entidades públicas no autónomas. Teniendo estos aspectos en consideración, esperamos observar la discusión y toma de decisión de la Cámara en su conjunto respecto al requerimiento de los Diputados Urruticoechea y Jürgensen, junto con la explicación de la necesidad de individualizar a quienes imparten esas asignaturas. Por otro lado, en el artículo 308 del Reglamento de la Honorable Cámara se expresa: “Las comisiones o los diputados individualizados en sesión de Sala o de comisión podrán solicitar informes y antecedentes específicos a los organismos de la Administración del Estado”. Si revisamos las sesiones en sala, la temática cuestionada por los diputados no ha estado en discusión; además, ninguno de los diputados requirentes participa de comisiones relativas a educación o de educación superior en específico.

“Este hecho constituye un intento de restringir la autonomía y libertad de cátedra que caracteriza a las universidades públicas, laicas y autónomas”

Los académicos firmantes –miembros del Departamento de Formación Pedagógica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación– entendemos que la utilización de la investidura parlamentaria para requerir este informe representa un intento de amedrentamiento ideológico a las casas de estudios superiores que incorporan dentro de su oferta educativa cursos relacionados al género y a la diversidad sexual. Este hecho constituye, desde nuestro punto de vista, un intento de restringir la autonomía y libertad de cátedra que caracteriza a las universidades públicas, laicas y autónomas; la que, además, en este punto específico, recoge las demandas nacionales de apertura a conocimientos tradicionalmente marginados y destinados –a lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría – al epistemicidio, a ser eliminados como posibles fuentes de conocimiento. La historia chilena muestra que esta situación ya se ha vivido con anterioridad en tiempos de dictadura, cuando el sistema político se encargaba de establecer qué cursos y qué contenidos debían ser vistos en las universidades, alejándolas de su sentido público y su conexión con la sociedad.

En un sistema democrático, son las universidades las que determinan, mediante procesos internos, participativos y con vistas a las demandas sociales emergentes, las mallas curriculares que le corresponden a cada carrera, aspecto que se intensifica en estos tiempos de diálogos constituyentes. Más aún, en un contexto nacional que nos enrostra a diario femicidios, violaciones, asesinatos homofóbicos y transfóbicos, desigualdades laborales, de previsión, de no reconocimiento del trabajo doméstico, creemos imprescindible que estos temas sean tratados al interior de las universidades, ya que debe existir una necesaria conexión entre la formación profesional y las necesidades que surgen desde la ciudadanía y sus contextos, es precisamente esa una de las labores de la Universidad pública. Esta ligazón se expresa en las constantes redefiniciones y rediseños de los perfiles de egreso que consideran la función social de las Instituciones de Educación Superior Públicas, recuperando su compromiso ético con las y los que quedan al margen del tejido social. Esto es claro para quienes observamos una responsabilidad social en las universidades, principalmente porque partimos de la premisa de la Educación como derecho y no una mercancía.

“La historia chilena muestra que esta situación se ha vivido con anterioridad en tiempos de dictadura, cuando el sistema político se encargaba de establecer qué cursos y qué contenidos debían ser vistos en las universidades”

Particularmente, esa visión del rol de las Instituciones de Educación Superior públicas es también parte de la contingencia nacional. Realidad en donde asistimos a un proceso constituyente que, con claridad, ha recibido el mandato popular para redactar una constitución que deje de servir de respaldo a quienes escribieron la de 1980, durante la dictadura, con el objeto de proteger y resguardar sus propios intereses económicos, políticos y, por ende, también ideológicos. La ciudadanía despertó y sus universidades también.

Como docentes universitarios, formadores/as de los y las docentes del país, hacemos un llamado a rechazar el intervencionismo que pretenden instalar los diputados cercanos al Partido Republicano, a defender la libertad de expresión y de cátedra que caracteriza a las universidades públicas que actúan en la búsqueda de la justicia social. El conservadurismo ha tratado permanentemente de oponerse a discutir los llamados “temas valóricos”; se han opuesto al divorcio vincular, a la píldora del día después, a las campañas de prevención del VIH/SIDA, al aborto en tres causales, al matrimonio igualitario, a la adopción homo/lesboparental, a la incorporación de la educación sexual en el sistema educativo, a la difusión del preservativo como mecanismo preventivo frente a las infecciones de transmisión sexual. Nos declaramos atentas y atentos a cualquier tratativa de restringir los cursos y contenidos que promuevan los derechos humanos de las personas y la justicia social, tal como el país ha ratificado en diversos tratados y convenios internacionales, como la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, junto con el reconocimiento y aceptación de las diversidades sexuales.

Todos académicas y académicos del Departamento de Formación Pedagógica, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

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Urgencias en Salud Mental: Carta abierta del Instituto MIDAP a los/as Candidatos Presidenciales

29 de Octubre de 2021

Estimados(a) candidatos(a) presidenciales:

En los programas respectivos de vuestros eventuales gobiernos, la mayoría de Uds. han presentado planes referentes a Salud Mental. En nuestra calidad de Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), centro científico financiado con dineros públicos, que reúne a más de 150 investigadores y académico/as de las áreas de la psicología, psiquiatría, ciencias sociales y de la salud, pertenecientes a distintas universidades nacionales, y que busca generar conocimiento basado en la evidencia para la comprensión multidimensional de la depresión en interacción con la personalidad, nos dirigimos a ustedes para solicitarles incorporen en sus respectivos programas de gobierno -e incluyan como tema relevante en los futuros debates-, nuestra propuesta para resolver la grave brecha existente en nuestro país entre las altas prevalencias de trastornos de salud mental en la población (lo que además ha aumentado significativamente durante la pandemia por COVID-19), y el escaso presupuesto público destinado a su tratamiento y prevención. Está claro que la prevención incluye acciones socio-políticas globales en relación a la desigualdad socio-económica, a la calidad de vida, la educación, etc. Sin embargo, debemos establecer prioridades, por lo que el financiamiento para la prevención y tratamiento en Salud Mental cobra gran relevancia para el desarrollo de las personas y del país.

La prevalencia de los trastornos mentales en Chile muestra cifras alarmantes. Casi un tercio de la población ha tenido algún trastorno psiquiátrico en su vida, y el 22,2% lo ha tenido durante los últimos 12 meses. Los trastornos de ansiedad y depresión corresponden a los que presentan mayor prevalencia. En el caso del trastorno depresivo, un 9,2% de las personas lo han sufrido durante la vida y un 5,7% dentro de un año. Por otro lado, la prevalencia de trastornos debido al consumo de alcohol y drogas también es alta (11% y 8,1%, respectivamente) y la proporción de la población que presenta trastornos moderados (5,5%) y severos (3,3%) es relevante (1).

Los estudios nacionales en niños, niñas y adolescentes (NNA) muestran una prevalencia de trastornos mentales del 38% (4 de cada 10), con un 43% en niños/as entre 4 y 11 años y un 33% en adolescentes (12 a 18 años) (2). Adicionalmente, la mitad de los adultos con trastornos mentales reporta haber presentado diagnósticos en salud mental durante la infancia y ausencia o insuficiencia de tratamiento terapéutico (3).

La violencia intrafamiliar ha sido considerada una de las principales fuentes de trastornos mentales y de acuerdo a las cifras entregadas por UNICEF un 71% de los NNA chilenos, recibe algún tipo de violencia ejercida por alguno de sus cuidadores primarios (4). La evidencia muestra que los NNA que experimentan o son testigos de violencia, malos tratos o negligencia muestran dificultades para lograr los hitos del desarrollo esperados según su edad y un mayor riesgo de presentar trastornos conductuales, estrés postraumático, ansiedad y depresión (5). Lo anterior ha sido explicado a partir del impacto negativo de la adversidad y el trauma en la capacidad de regulación emocional, en las relaciones interpersonales, la memoria y la tolerancia al estrés (6).

Se espera que producto de la pandemia y sus cuarentenas estos números aumenten. Así lo ha mostrado el “Termómetro de la Salud Mental en Chile” realizado por UC y ACHS en abril de este año. Éste indica que un 23,6% de los chilenos presenta sospechas o problemas de salud mental y el 45,9% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor comparado con antes de la pandemia (7). Un artículo publicado en octubre de este año en la prestigiosa revista Lancet, estima que en 204 países -incluidos los latinoamericanos- los trastornos depresivos aumentarán un 27,6% y los trastornos ansiosos 25,6%, lo cual evidencia aún más la necesidad de que el país se haga cargo de esta población (8).

A pesar de estas alarmantes cifras, Chile presenta un importante déficit en el financiamiento de la salud mental si se compara con el promedio a nivel mundial. El presupuesto fiscal destinado a la salud mental en Chile apenas supera el 2% del total del presupuesto en Salud, cifra que está muy por debajo del 5,0% que se propuso como meta en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría de los períodos 2000- 2010 y 2015-2025 (9, 10). Este presupuesto difiere considerablemente del promedio mundial, que alcanza al 5% del gasto total en salud (11). A su vez, la cobertura de atención en salud mental en Chile alcanza aproximadamente un 20% de la población, mientras que en países de medianos ingresos la cobertura alcanza un 50% (10).

Estos recursos son insuficientes para alcanzar los objetivos trazados en materia de promoción, prevención y tratamiento de los trastornos mentales en Chile (12, 13), sobrecargando considerablemente al personal de salud mental y las condiciones en que se entregan los servicios existentes (10).

La brecha aparece, entonces, cuando comparamos la escasa inversión pública con las estadísticas sobre prevalencia de enfermedades de salud mental. Esta brecha resulta en una significativa limitación en la entrega eficaz de los tratamientos, infraestructura y equipamiento en salud mental.

“Los estudios nacionales en niños, niñas y adolescentes muestran una prevalencia de trastornos mentales del 38% (4 de cada 10), con un 43% en niños/as entre 4 y 11 años y un 33% en adolescentes (12 a 18 años)”

En relación al tratamiento de las 85 patologías de salud que actualmente cubre AUGE/GES, sólo cinco (5,9%) corresponden a patologías neuropsiquiátricas (depresión, esquizofrenia, consumo de sustancias, Trastorno Afectivo Bipolar y demencias). Por otro lado, existe actualmente una brecha de 921 cargos de médicos psiquiatras adulto e infanto- adolescente para atención ambulatoria, mientras que para psicólogos(as), trabajadores(as) sociales, terapeutas ocupacionales, y enfermeros(as) la brecha es de 421 cargos (14). Así también, existe un déficit en la cantidad de Centros de Salud Mental Comunitarios, Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia, Hospitales de Día, Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva, y Hogares y Residencias Protegidas. De hecho, en Chile se requieren en total 1.209 de estos dispositivos de atención, pero la oferta es de 377 para todo el país. Incluso cuando se consideran las camas de hospitalización psiquiátrica, se calcula la  necesidad de   2.226   camas   y   actualmente   se   cuenta   únicamente   con  1.433 (14).

Contar con el presupuesto, infraestructura y personal necesario para tratamientos eficaces debe ser fundamental ya que, como el mismo Estado reconoce, las enfermedades mentales empeoran la calidad de vida, aumentan el riesgo de enfermedades físicas y significan un costo económico y social tanto para las personas como para el país (10).

En cuanto al costo económico, las cifras muestran que la depresión tiene un mayor gasto en el costo total de manejo de la enfermedad que el cáncer (15). A diferencia de otras condiciones médicas, los costos indirectos asociados a las enfermedades de salud mental y abuso de sustancias igualan o exceden los costos directos del tratamiento (16). Estos costos indirectos incluyen el gasto gubernamental en vivienda, bienestar, educación y justicia, además de aquellos vinculados a la pérdida de productividad de las personas (17,18). Así, las condiciones neuropsiquiátricas (trastornos depresivos unipolares y bipolares, esquizofrenia, dependencia y consumo de alcohol y drogas ilícitas, trastornos ansiosos, epilepsia, demencias, Parkinson, migraña, parálisis cerebral infantil y síndrome de déficit atencional del niño) son el subgrupo de enfermedades que implica más años de vida saludables perdidos por vivir con discapacidad (AVISA) en Chile, abarcando el 23,2% de los AVISA perdidos en nuestro país (19).

Economistas de la salud plantean que las inversiones de capital no dirigidas a NNA pueden ser entendidas como un “desvío de los recursos” desde el punto de vista de la eficiencia. En este sentido, la intervención temprana en salud mental favorece el abordaje temprano de la sintomatología con mejores resultados que los obtenidos en la adultez (20).

Complementariamente, el reporte de Políticas Públicas para la primera infancia desarrollado por la Universidad de Harvard, señala que las intervenciones dirigidas a niños/as expuestos a experiencias adversas en contextos de mayor vulnerabilidad es uno de los factores clave para el éxito de los programas focalizados en la infancia y la reducción del gasto en salud (21).

En relación a la productividad, la tasa de ausentismo laboral por problemas de salud mental se ha estimado entre el 35% y 45% (considerando varios países) (22). A su vez, en Chile los trastornos mentales y del comportamiento se posicionan desde el año 2008 en el primer puesto de licencias otorgadas. Tienen el primer y segundo lugar en gasto por licencias médicas (23, 24, 25). Esto implica el 30% del gasto total de licencias médicas en el sistema público de salud y el 21,2% en el sistema privado (10), lo que en 2019 significó un 18,2% del gasto en subsidio por incapacidad laboral (24), representando el segundo mayor gasto en licencias médicas tramitadas. De estas, 55,1% son por episodios depresivos, 21,3% por trastornos de ansiedad y 15,1% por estrés grave y trastornos de adaptación (26). En general, la mayor prevalencia de sintomatología depresiva ocurre precisamente en la población en edad laboral (27). Producto de la pandemia COVID se ha observado en el 2020 un aumento de licencias médicas por trastornos mentales del 28,7%, mientras que el gasto en subsidio por incapacidad laboral por trastornos mentales subió un 24.9% (25). A pesar de ellos, entre 2009 y 2014 en el sistema de salud particular (ISAPRES) sólo se autorizaron el 46,7% del total de días solicitados por licencias médicas por salud mental, mientras que, para licencias médicas por enfermedades no mentales, en promedio se autorizó el 80,5% de los días solicitados (10).

Los costos sociales vinculados a las enfermedades de salud mental también son altos. Ya que sufrir de un trastorno mental implica pérdida de productividad y el costo de un tratamiento a largo plazo, esto contribuye a mantener una situación de pobreza; al mismo tiempo, vivir en situación de pobreza contribuye a la aparición y mantención de los trastornos mentales, generando un círculo vicioso (22). Es más, la Organización Mundial de la Salud considera que sin una inversión adecuada en salud mental se perpetúa el círculo de la pobreza y se detiene el desarrollo (22). Se debe considerar además la discriminación que sufren las personas que padecen trastornos mentales, siendo la más evidente las diferencias en el acceso a tratamiento entre las enfermedades físicas y mentales. Éstas últimas han tenido históricamente una menor cobertura del gasto, ya sea por financiadores públicos o privados, lo que implica una discriminación hacia los pacientes que sufren patologías mentales.

“De acuerdo a las cifras entregadas por UNICEF un 71% de niños, niñas y adolescentes chilenos, recibe algún tipo de violencia ejercida por alguno de sus cuidadores primarios”

El bajo porcentaje del presupuesto total de salud que es destinado a salud mental y las brechas existentes son contradictorias con lo que la evidencia muestra a nivel mundial y chileno acerca de la efectividad de los tratamientos. Cada vez más la evidencia indica que existen intervenciones para los trastornos mentales, tales como la esquizofrenia o la depresión, que son eficaces, asequibles y rentables económicamente (22). Se ha visto que el tratamiento adecuado de las patologías psiquiátricas mejora la salud general de las personas, disminuye los días de trabajo perdidos y la incapacidad laboral (28). También se ha demostrado que las inversiones dirigidas a promover, prevenir, detectar y tratar tempranamente las enfermedades mentales pueden ser rentable y eficaces, produciendo retornos de la inversión inicial a mediano plazo, auto-financiamiento y disminución de los costos tanto en salud como en otras áreas (e.g. criminalidad), la mayoría en un plazo menor a 5 años (29, 30).

Considerando que en la Estrategia Nacional de Salud (2011-2020) se declara la intención de dar a la salud mental una atención digna y similar a la atención de salud física, proponemos las siguientes medidas:

1)        Seguir el ejemplo de países como Inglaterra y Australia que han posicionado la temática de salud mental como una prioridad de política pública (31, 32).

2)        Destinar un mayor porcentaje del presupuesto público de salud a salud mental, para alcanzar al menos el 5% que se había propuesto hace más de una década para el 2010 y que se acerca al 5,1% destinado por los países de altos ingresos (13). Al 2030 se podría plantear una meta de 10%, la cual sería más acorde al gasto económico que significan las enfermedades mentales para el país.

3)        Priorizar las patologías mentales dentro de las nuevas enfermedades que serán incorporadas al plan AUGE/GES.

4)        Priorizar las atenciones en salud mental infantil en las nuevas patologías incorporadas al plan AUGE/GES, entendiendo que la salud mental infanto- juvenil es un componente clave para garantizar la protección, el bienestar y la calidad de vida de NNA, que actúa además como un factor protector de la salud mental en la adultez.

5)        Promover una ley similar al Acta de Paridad de la Salud Mental y Equidad de la Adicción de Estados Unidos para disminuir la discriminación que sufren las personas con trastornos mentales en Chile.

Esperando consideren nuestras propuestas y promuevan el debate en torno a la salud mental, se despide atentamente,

Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad-MIDAP