Usando datos filtrados de un banco que opera en Isla de Man (Reino Unido), el economista Matthew Collin muestra que entre los principales clientes de la banca offshore (extraterritorial) hay políticos de países subdesarrollados (con sus parientes y amigos). Esta nota adjunta bibliografía sobre cómo el ser político o estar relacionado con ellos/as, aumenta la posibilidad de ser rico.
¿Quiénes aprovechan los servicios de los paraísos tributarios? Usando los datos de la filtración del Banco Nacional de Caimán, una reciente investigación académica afirma que:
a) aunque muchos clientes son superricos de países desarrollados, quienes más dinero tienen en esas cuentas son elites de países con problemas en su desarrollo.
b) otro grupo importante de clientes son personas “políticamente conectadas”, es decir, amigos o familiares de políticos, personas que hacen negocios con políticos o políticos puros y duros. El grueso de esas cuentas tiene tres características: primero, un alto nivel de actividad y balances más elevados que el promedio de los clientes del banco (registran entre 100 y 200% más dinero); segundo, es más probable que estos clientes controlen sus cuentas a través de sociedades registradas en paraísos tributarios y que reciban transferencias de otros paraísos, lo que implica que cubren su dinero con varias capas de secreto; y tercero, un alto porcentaje de los “políticamente expuestos” proviene de países que tienen problemas de corrupción, según los rankings internacionales.
Matthew Collin, autor del estudio, es investigador de The Brookings Institution y del Banco Mundial. Publicó sus hallazgos en el paper “Qué hay debajo. Cómo las elites usan la banca extraterritorial: evidencia a partir de datos de cuentas filtradas”, presentado en el seminario Las consecuencias ficales y distributivas de la elusión y la evasión, organizado por la Comisión Europea en septiembre pasado (ver presentación de Collin en el video del tercer día de sesiones).
Cuando una empresa o una persona rica opera en un tax haven lo que consigue es difuminar el control que tiene sobre bienes y recursos que posee en el país donde hace sus negocios y donde tiene obligaciones impositivas.
El investigador accedió a los datos correspondientes a 10 años (2008-2019) de movimientos de las cuentas corrientes de una filial del Banco Nacional de Caimán, ubicada en la Isla de Man. Esta isla es un “paraíso” que depende de la corona británica y al que la Unión Europea califica como una jurisdicción que está cooperando con la UE[1].
El banco de Caimán no tiene las dimensiones de gigantes como el HSBC, sino que es más bien un “banco boutique” que manejaba cuentas como la del magnate ruso Oleg Tinkov o del jefe de la aduana armenia Armen Avertisyan que tenía 10 millones de dólares en una cuenta controlada por su empresa Golden Group Limited.
El banco de Caimán fue infiltrado por la comunidad de hackers Phineas Phisher que entregó los archivos de las cuentas al colectivo de periodistas Distributed Denial of Secrets (DDOS).
¿Qué datos había en la filtración? Todos lo que usualmente los Estados no tienen cuando tratan de cobrar impuestos. En especial, tres muy reveladores.
1) Información de la cuenta (montos mensuales, quién deposita ahí y hacia dónde parten los recursos, etc.) y datos del dueño de la cuenta, incluyendo la dirección y su nacionalidad. Collin usó esta información, entre otras cosas, para mostrar que en el caso de los clientes ingleses del banco estos viven en las áreas más acomodadas del país y en viviendas valoradas en más de US$ 1 millón.
2) Registro de los clientes políticamente conectados.
3) Información sobre el “beneficiario final”[2], es decir, el verdadero dueño de cuentas. Usualmente las autoridades del país donde este beneficiario final debiera tributar no saben que este controla sus negocios desde esas jurisdicciones, pues la propiedad se esconde en largas cascadas de sociedades.
Así ocurría en el caso del Banco de Caimán, donde el 53% de sus clientes eran compañías creadas en la misma Isla de Man o en jurisdicciones parecidas. Es decir, las cuentas estaban controladas mayoritariamente por “compañías escudo” (shell companies) que ocultan al beneficiario final.
Pero dado que la filtración tenía el dato del beneficiario final, el investigador pudo asignar correctamente los fondos de las cuentas y estimó que un 50% de los depósitos que se reportan como pertenecientes a empresas de Isla de Man, en realidad pertenece a personas que no viven ahí.
Para Collin este es uno de los aportes más importantes de su investigación pues muestra que los datos públicos sobre los dineros que circulan por esas jurisdicciones está subestimados. Esos datos, explica, provienen de las estadísticas del Bank of International Settlements, donde se asigna la propiedad del depósito al que figura como controlador inmediato en el banco. “Esto significa que un depósito controlado por una “compañía escudo” que está constituida en un paraíso tributario, será asignado a ese paraíso y no al país del verdadero propietario”, escribe Collin.
Con estos datos y cruzándolos con otras fuentes de información Collin identificó dos grupos de clientes problemáticos.
Los ya citados clientes “políticamente expuestos”; y clientes de alto perfil, como celebridades, deportistas y superricos.
Al analizar esos grupos Collin observa que la mayoría provienen de Reino Unido, Rusia, India y Estados Unidos. Pero cuando ordena los países de origen de los clientes usando el Corruption perception index 2019 observa que la mayoría viene de países con alto nivel de corrupción.
EL PROBLEMA ES EL SECRETO
Esta investigación sugiere que el gran problema que representan los paraísos tributarios no es solo el de las bajas tasas, sino la asimetría de información que introducen entre los contribuyentes más ricos y los países donde debieran tributar. En este problema juegan un rol central los bancos, como lo muestra este caso, pero también la más reciente filtración conocida como los FinCEN files que mostró como cinco bancos globales, entre ellos JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, desafiaban las restricciones legales de Estados Unidos “para servir a oligarcas, criminales y terroristas”.
Cuando una empresa o una persona rica opera en un tax haven, abriendo sociedades o cuentas bancarias, lo que consigue es difuminar el control que tiene sobre bienes y recursos que posee en el país donde hace sus negocios y donde tiene obligaciones impositivas.
Lo anterior implica que el secreto es su fortaleza, pero también su punto débil. Collin destaca que los depósitos en estas jurisdicciones caen rápidamente cuando la presión internacional los lleva a firmar acuerdos de intercambio de información. Varios estudios evalúan ese efecto, entre ellos Johannesen y Zucman (2014); y Casi et al. (2020). (Ver “Referencias” para más artículos sobre el tema).
Pero esa vía puede estar bastante limitada dado que la presión debe ser promovida por autoridades políticas y, como muestra Collin, los políticos son grandes usuarios de estos paraísos. Una parte interesante de la bibliografía que ofrece este estudio son investigaciones que muestran cómo ser político o estar vinculado con alguno, permite aumentar la riqueza. (Algunos estudios recientes sobre este tema son: Schilling y Tarp (2021) sobre Mozambique; Rijkers, Freund, y Nucifora (2017) sobre Túnez; y Fafchamps y Labonne (2017) sobre Filipinas)
Esto vuelve muy importantes las filtraciones periodísticas como las que coordina el ICIJ y otras redes de periodistas, ya que estas desenmascaran a los usuarios de paraísos en sus países de origen, pero también causan daño a los tax haven. Así parece haber ocurrido con Panamá, paraíso afectado en 2018 por la difusión de documentos del estudio Mossack Fonseca, conocida como los Panamá Papers. En una entrevista reciente, Jürgen Mossack explicó que desde la filtración, “nadie quiere hacer sociedades a Panamá”. Esto, acusó, ha ocasionado una importante merma de los ingresos del estado. “Nosotros, de lo que cobrábamos, más o menos la mitad de la factura era para el gobierno nacional. (…) Nosotros pagábamos dos o tres millones de dólares anuales al fisco. Y eso se está acabando porque el gobierno anterior no hizo lo que tenía que hacer que era explicar nuestro sistema y defenderlo”.
Aunque las personas con conexiones políticas son monitoreadas por los bancos, éstas siguen usando más que nadie estos servicios con altos niveles de ingresos puestos ahí.
Collin estima, además que las filtraciones ofrecen una oportunidad sin precedentes para que los académicos entiendan cómo las personas esconden su dinero en los paraísos tributarios. Argumenta que aunque hay datos públicos y estadísticas agregadas sobre los paraísos, estos están tan incompletos que basarse en ellos es como sentarse en un bote e inferir qué pasa debajo del mar mirando la superficie de las olas. (Algunos ejemplos de investigaciones académicas basadas en datos filtrados son Caruana-Galizia (2016) y Omartian, (2017). Para más artículos ver “Referencias”)
Recomendaciones de políticas
Collin propone cuatro vías para enfrentar la elusión y la evasión que se produce a través de estos paraísos.
Primero, mirar con más atención a los ricos. Los paraísos tributarios son primariamente un juego de ricos y la probabilidad de que se recurra a ellos aumenta a medida que crece la riqueza.
Segundo, fomentar los regímenes de trasmisión de información y los sistemas que revelan los beneficiarios finales. Eso puede ayudar, dice Collin, pero aún no está claro cuán efectivos son esos mecanismos. Mirando los datos del Banco de Caimán estima que algunos clientes que debieron ser reportados, fueron exitosos en presentar sus negocios de una manera tal que el banco determinó no informarlos.
Mirar con más atención a los políticos. Aunque las personas con conexiones políticas son monitoreadas por los bancos, éstas siguen usando más que nadie estos servicios con altos niveles de ingresos puestos ahí. Collin comenta que estas personas no son vigiladas por los gobiernos a no ser que la prensa los apunte o los bancos informen actividad sospechosa. Los bancos offshore monitorean a esas personas y los gobierno podrían pedir los reportes de todos las personas políticamente expuestas, para entender el riesgo relativo que corren sus sistemas tributarios. Finalmente, para tener más transparencia, Collin sugiere cambios en la forma en que se construye la estadística respecto de quien opera en esos paraísos. Si los bancos informan la nacionalidad del beneficiario final de la cuenta, muchos países encenderían alarmas al descubrir que contribuyentes suyos operan en esas jurisdicciones. Los bancos offshores conocen esa información y entregarla tendría una costo mínimo para ellos.
NOTAS Y REFERENCIAS
[1] Hoy hay un enorme debate sobre los criterios que se usan para elabora la lista negra de la Unión Europea, que el Servicio de Impuestos Internos en Chile ha usado para construir su propia lista. Hace unas semanas la UE sacó de su lista a las islas Seychelles, implicadas en la filtración de los Papeles de Pandora. Según Oxfam, “casi ninguno de los países identificados en esta filtración como jurisdicción secreta figura en la lista negra europea”.
[2] En Chile Jeannette von Wolfersdorff y la organización Chile Transparente han insistido en la necesidad de avanzar en una legislación que identifique al beneficiario final, pero eso aún no ocurre.
Investigaciones que usan datos de filtraciones periodísticas
Alstadsæter, A., N. Johannesen, and G. Zucman (2019a). Tax evasion and inequality. American Economic Review 109 (6), 2073–2103.
Caruana-Galizia, P. y M. Caruana-Galizia (2016). Offshore financial activity and tax policy: evidence from a leaked data set. Journal of Public Policy 36 (3), 457–488.
Omartian, J. D. (2017). Do banks aid and abet asset concealment: Evidence from the panama papers. Available at SSRN 2836635.
Londoño-Velez, J. and J. Avila-Mahecha (2020). Behavioral responses to wealth taxation: Evidence from a developing country. In Annual Congress of the IIPF, Volume 3.
Londoño-Vélez, J. and J. Avila-Mahecha (2021). Enforcing wealth taxes in the developing world: Quasi-experimental evidence from colombia. American Economic Review: Insights.
Artículos que analizan el efecto de las políticas de intercambio de información sobre los paraísos tributarios
Johannesen, N. and G. Zucman (2014). The end of bank secrecy? An evaluation of the g20 tax haven crackdown. American Economic Journal: Economic Policy 6 (1), 65–91.
Beer, S., M. D. Coelho, and S. Leduc (2019). Hidden treasure: The impact of automatic exchange of information on cross-border tax evasion. Technical report, International Monetary Fund.
Menkhoff, L. and J. Miethe (2019). Tax evasion in new disguise? examining tax havens’ international bank deposits. Journal of Public Economics 176, 53–78.
O’Reilly, P., K. P. Ramírez, and M. A. Stemmer (2019). Exchange of information and bank deposits in international financial centres.
Casi, E., C. Spengel, and B. M. Stage (2020). Cross-border tax evasion after the common reporting standard: Game over? Journal of Public Economics 190, 104240.
Artículos que muestran como ser político -o estar relacionado con ellos- aumenta la riqueza.
Asher, S. and P. Novosad (2018). Rent-seeking and criminal politicians: Evidence from mining booms. Available at SSRN 2812315
Faccio, M. (2006). Politically connected firms. American economic review 96 (1), 369–386
Fafchamps, M. and J. Labonne (2017). Do politicians’ relatives get better jobs? evidence from municipal elections. The Journal of Law, Economics, and Organization 33 (2), 268–300.
Fisman, R., F. Schulz, and V. Vig (2014). The private returns to public office. Journal of Political Economy 122 (4), 806–862.
Jones, S., F. Schilling, and F. Tarp (2021). Doing business while holding public office: Evidence from mozambique’s firm registry. Technical Report 21-08, University of Copenhagen. Development Economics Research Group
Rijkers, B., C. Freund, and A. Nucifora (2017). All in the family: State capture in tunisia. Journal of Development Economics 124 (C), 41–59.
Rijkers, B., L. Baghdadi, and G. Raballand (2017). Political connections and tariff evasion evidence from tunisia. The World Bank Economic Review 31 (2), 459–482.
Szakonyi, D. (2018). Businesspeople in elected office: Identifying private benefits from firm-level returns. American Political Science Review 112 (2), 322–338.
JUAN ANDRÉS GUZMÁN