Ilustración: Leo Camus

Entendiendo el oscuro caso LATAM

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La columna analiza el rol que juegan las AFP como válvula financiera de empresas de dudosa utilidad para la economía chilena. Antes que LATAM, $6 mil millones que los trabajadores pusieron en Provida, terminaron financiando a una sociedad de Álvaro Saieh que hoy está en proceso de quiebra; y hace diez años invirtieron en una compañía que era una burbuja financiera: La Polar. ¿Cuánto afecta el caso LATAM los ahorros previsionales? “Por más que en la prensa circulen sumas específicas, resulta difícil estimar su impacto sobre la jubilación de cada trabajador y trabajadora”, explica el autor.


El sistema de pensiones chileno, junto con ser un sistema de seguridad social anómalo a escala global (debido al exagerado peso de su componente privado), ha estado en el ojo del debate público durante la última década debido a su incapacidad estructural para proveer pensiones dignas.

Además, en sucesivas oportunidades, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han puesto las necesidades de los “peces gordos” de la economía nacional e internacional por delante de los intereses previsionales de los más de 11 millones de trabajadoras y trabajadores afiliados al sistema[1]. En tales coyunturas se devela un aspecto clave del rol que juegan las AFP en la economía chilena, pero sobre el cual sabemos poco: su capacidad para actuar como “válvula financiera” de recursos frescos para negocios de dudosa utilidad (Ruiz Bruzzone, 2021). Un ejemplo de ello es el caso LATAM que hoy concentra el interés público. Explicado en simple, lo que ocurrió aquí fue que durante 2020 esta empresa estuvo muy cerca de una situación de insolvencia económica y en esas complejas circunstancias privilegió los intereses de algunos de sus accionistas de mayor peso (Grupo Cueto) y acreedores relacionados (familia Piñera Morel). Pasada la emergencia, en 2021, la empresa presentó un plan de reestructuración económica que perjudica a sus accionistas y acreedores minoritarios, entre estos las AFP y con ello a las y los trabajadores de Chile.


“De concretarse una pérdida patrimonial y judicializarse el caso LATAM, podría pensarse en una indemnización previsional. Pero en el largo plazo y en beneficio del ahorro previsional como un todo”


Pero esta no es la primera vez que los fondos de pensiones se utilizan como fuente de salvataje de empresarios locales (Ruiz Bruzzone, 2019).

En 2021 nos enteramos de un millonario préstamo (más de seis mil millones de pesos) que AFP Provida efectuó a la sociedad controladora del conglomerado empresarial liderado por Álvaro Saieh, y que hoy es parte de una investigación judicial debido a un incumplimiento en el pago que se arrastra desde 2020 (La Red, 2021). Hace diez años, el sistema económico se remeció frente a un caso aún más complejo: el de la multitienda La Polar. De modo similar a lo ocurrido durante la crisis subprime originada en Estados Unidos, esta compañía montó una burbuja especulativa a partir de préstamos a clientes con escasa capacidad de pago, eludiendo –sospechosamente- todos los cortafuegos de supervisión pública y auditoría privada. Pese a que se contaba con antecedentes para anticipar tal situación, diversas AFP invirtieron cuantiosas sumas en la multitienda. Hasta hoy las consecuencias judiciales del caso siguen activas.

En esta columna explicaré las características del caso LATAM y haré una comparación con el bullado caso La Polar. Luego profundizaré en cómo la regulación permite a las AFP hacer estas inversiones y discutiré un tema clave sobre el cual no existe mayor claridad: el efecto que puede tener el caso Latam en los fondos de pensiones de los chilenos y chilenas.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL CASO LATAM?

En mayo de 2020, debido a los multimillonarios pasivos de más de US$ 11 mil millones que acumulaba, la compañía LATAM se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos[2]  (considerando sus filiales en Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos). Esta maniobra legal le permitiría seguir en funcionamiento –sin liquidar su operación ni irse a quiebra– al tiempo que la empresa elaboraba un plan para cumplir con sus acreedores, reestructurar las operaciones y asegurar fuentes de financiamiento (Pulso, 2020). Sin embargo, poco antes de acogerse a la Ley de Quiebras estadounidese, la familia Cueto[3], cuyo conglomerado empresarial es uno de los principales controladores de LATAM Airlines Group mediante la Sociedad Costa Verde, efectuó una ronda de “pagos voluntarios” a sus acreedores. Entre ellos se cuenta la devolución anticipada de un millonario crédito[4] a Inversiones Odisea, sociedad controlada por los hijos de Sebastián Piñera (Escobar & Cossio, 2020). Al devolverle anticipadamente a Inversiones Odisea, la empresa estableció una suerte de “trato preferencial” en relación a la situación que actualmente enfrentan el resto de los acreedores, entre los cuales se cuentan las AFP.

El problema sin embargo no está solo en el trato preferencial dado a algunos acreedores[5]. Al cierre de 2020, el conjunto de las Administradoras de Fondos de Pensiones sostenía una posición del 16,39% del capital accionario de LATAM Airlines Group, lo que equivale a unos US$56 millones según la última memoria anual de la empresa (LATAM, 2020). De acuerdo al plan de reestructuración de deuda presentado por LATAM ante sus accionistas, el pasado 17 de diciembre, esta posición podría reducirse significativamente (aproximadamente a un 20% del valor inicial), perjudicando de esa manera los ahorros de más de 11 millones de trabajadoras y trabajadores afiliados al sistema previsional privatizado, al verse disminuido su patrimonio total invertido (CNN Chile, 2021).  A ello hay que agregar que durante 2021 se abrieron otros flancos al proceso de reorganización de LATAM. Entre ellos, la denuncia que un grupo de acreedores[6] hizo ante el juez estadounidense que supervigila el proceso de reorganización. En esta se planteó que la sociedad controladora de la aerolínea desvió a sociedades establecidas en Islas Caimán, conocido paraíso fiscal, una suma de US$ 1.300 millones, dejando esa cantidad fuera del alcance de los acreedores de Latam Finance (El Mostrador Mercados, 2021).

En suma, este caso muestra al menos dos irregularidades: i) el proceso de reordenamiento iniciado por la compañía en 2020 habría favorecido por medios dudosos –al menos en términos éticos– a sociedades vinculadas a la familia Cueto[7] y Piñera Morel. Esto, al facilitar liquidez tanto para apalancar inversiones en otros países[8], como para privilegiar el pago de deudas anticipadas; y ii) el plan de reestructuración presentado durante 2021 se propondría aumentar el capital de los actores controladores a la vez que diluir la propiedad, lo que podría provocar cuantiosas pérdidas para la generalidad de sus acreedores e inversionistas, entre los cuales se cuentan las Adminstradoras de Fondos Previsionales.

Ahora bien, por más que en la prensa circulen sumas específicas, resulta difícil estimar el impacto específico que este tipo de situaciones produce sobre los ahorros previsionales y jubilación de cada trabajador y trabajadora. También debe considerarse que potenciales pérdidas en una inversión específica, podrían ser compensadas gracias a una cartera de inversión adecuadamente diversificada.  Por último, como muestra el caso La Polar que revisamos a continuación, de concretarse una pérdida patrimonial y judicializarse el caso, podría pensarse en una posible indemnización previsional. Pero en el largo plazo,  y en beneficio del ahorro previsional como un todo.

LAS LECCIONES DEL CASO LA POLAR

En junio de 2011, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) interpuso una demanda colectiva contra La Polar por el repactamiento unilateral de deudas. Entonces se supo que la empresa otorgaba créditos a personas de escasa capacidad de ahorro y repactaba las deudas de manera arbitraria y abusiva[9]. Investigaciones de la época (Chávez y Baires, 2011) revelaron que el status socioeconómico promedio de sus clientes era bajo (categorías C3 y D), con sueldos de a lo más $600.000. Pese a ello, la multitienda les prestaba sumas que en promedio duplicaban o triplicaban tal escala de ingresos, situación que sostenía mediante un mecanismo de repactación de deuda fraudulento (unilateral), que permitía equilibrar los balances de la compañía. La denuncia tuvo un efecto dominó (Fernández, 2011): el directorio de la empresa tuvo que reconocer públicamente la situación irregular que la afectaba, despidiendo y querellándose contra la plana directiva que había estado involucrada en el mantenimiento de una burbuja especulativa.


“A las AFP no se les exigen estándares distintos a los de cualquier otro actor bursátil, pese a la sensibilidad e importancia de los fondos que administran”


En el caso de La Polar, a pesar de haber contado con algunos antecedentes respecto a la frágil solvencia económica de la empresa, las AFP siguieron invirtiendo en ella, haciendo que los recursos de las y los cotizantes se transformaran en el flujo de dinero que contribuía a sostener la liquidez de una empresa que no podía mantenerse por sí sola. De hecho, de acuerdo a los antecedentes recogidos en la época, se identificaron dos fuentes de inversión por parte de las AFP. Por un lado, éstas mantenían US$ 337 millones en bonos de deuda de la empresa, lo que en ese momento equivalía al 0,24% del fondo de pensiones. Por otro, las AFP tenían invertidos US$ 330 millones en acciones de la multitienda, suma que equivalía al 24% de la propiedad de la compañía y al 0,21% del fondo previsional. Además, según consigó un reportaje publicado en CIPER, la caída de la valorización bursátil de La Polar una vez que se desató el escándalo implicó una pérdida de hasta el 72% del valor de aquella inversión (Chávez y Baires, 2011).

Más allá de los entretelones del caso, lo que resulta de interés para poner en perspectiva a la hora de analizar el tema LATAM-AFP, puede resumirse en dos elementos. Primero, pese a que existía cierta evidencia para sospechar de la multitienda, las AFP mantenían significativas inversiones en la compañía. En segundo lugar, es importante tener presente que tal estrategia de inversión se enmarcaba dentro de la legalidad del sistema. Es decir, a las AFP no se les exigen estándares muy distintos a los de cualquier otro actor bursátil, pese a la sensibilidad e importancia de los fondos que administran[10]. Con posterioridad al caso La Polar, tampoco se llevaron a cabo reformas a la institucionalidad para elevar tales estándares.

El camino judicial desarrollado en el marco del caso La Polar también nos da algunas pistas de cómo evolucionan en Chile estos temas. Tras el escándalo, AFP Capital se querelló por estafa contra la multitienda; y Capital y Provida, se querellaron contra la empresa auditora PwC. Pero, tras más de diez años de ocurrido, el caso sigue abierto. De hecho, recién en septiembre de 2021 la Corte Suprema resolvió que PwC Chile junto con empresa La Polar  y nueve de sus ex ejecutivos debían pagar una millonaria compensación (que todavía tiene que ser determinada) por las demandas que interpusieron AFP Capital y Provida. Sin embargo, debido a la “alta complejidad” (Marusic y Cofré, 2021) que reviste calcular el perjuicio individual que esta situación produjo a nivel de cotizantes, es altamente probable que la indemnización que se logre sea restituida al fondo general de pensiones de manera no individualizada.

¿QUÉ ES LO QUE SE VIENE PARA EL CASO LATAM Y LAS AFP?

Durante el primer trimestre de 2022 dentro de LATAM se buscará obtener los votos de la junta de accionistas para ejecutar el plan ya presentado a finales de 2021 (CNN Chile, 2021). Por tanto, la polémica seguirá abierta, así como la evaluación del impacto que este tipo de situaciones tendrá sobre los ya mermados ahorros previsionales de las chilenas y chilenos.

Hasta el momento los principales organismos reguladores no han efectuado mayores acciones, aunque desde la Cámara de Diputados ya se interpuso un oficio ante la Superintendencia de Pensiones para que se lleve a cabo una investigación sobre las administradoras de pensiones y sus vínculos de inversión con LATAM. En ese marco, la empresa ha salido a desmentir las diferentes objeciones a su actuar que han circulado durante las últimas semanas, mientras que el ente regulador ha solicitado a las administradoras que informen sobre las diferentes operaciones de inversión efectuadas sobre LATAM, y que inicien acciones legales de detectarse irregularidades (24 Horas, 2021).

LOS VACÍOS DE LA REGULACIÓN

En suma, lo que con seguridad podemos afirmar es que no sabemos cuál será el resultado final de los casos analizados, lo que resulta preocupante en términos de la administración eficiente de nuestro sistema previsional y arroja un manto de dudas sobre la real capacidad de administración de las entidades empresariales (AFP) a cargo del mismo.

Las normas que regulan a las administradoras no imponen ninguna obligación de responder con patrimonio propio ante operaciones de inversión que resulten en pérdidas. Ahora, si hay impactos patrimoniales negativos como resultado de sus decisiones de inversión, el costo es asumido por las jubilaciones de cada contribuyente.

A la fecha contamos con bastante evidencia para afirmar que la estructura actual del sistema de pensiones privatizado en Chile es insuficiente para su objetivo de pagar jubilaciones. Las AFP no sólo pagan pensiones de miseria en términos absolutos; en términos relativos, entre 1981 y 2020 han aportado sólo el 38% de los fondos destinados a pagar pensiones en Chile: el restante 62% lo ha financiado la misma sociedad chilena a partir de impuestos que permiten que el Estado efectúe tal gasto social[11]. Lo complejo del asunto es que al dar cuenta de las cifras mencionadas y al observar situaciones como las de La Polar o LATAM, uno puede concluir que el objetivo del sistema de AFP no es el pago de pensiones, sino más bien apalancar inversiones en actores empresariales que –al menos en el plano nacional– parecen ser bastante ineficientes en su “emprender”.

Como ya indicamos, ello no resulta ilegal para la regulación actualmente existente. Es más, debido a las intrincadas redes financieras de la clase empresarial en Chile, el financiamiento con que los afiliados al sistema previsional concurren a apalancar la construcción de riqueza se efectúa no sólo directamente mediante las AFP, sino que también de forma indirecta mediante otros tipos de entidades financieras en que se encuentran invertidos los fondos previsionales. Tal es el caso por ejemplo del fondo de inversión “Deuda Privada” administrado por BTG Pactual –entidad bancaria y financiera de origen brasileño– que maneja US$ 41,1 millones que provienen de los fondos de pensiones (en su totalidad desde AFP Provida) y que han sido invertidos en títulos de deuda de los mismos actores empresariales que enfrentan una situación de quiebra: el grupo Cueto y el grupo Saieh (Solís & Tromben, 2020).

Lo cierto es que este tipo de situaciones ponen sobre la mesa un problema revestido de formas éticas, pero con un profundo contenido político. A nuestro juicio, el punto más relevante de todo esto es el bajo nivel de democracia que detentan las y los trabajadores sobre las válvulas más relevantes del modelo de desarrollo chileno. Ello no refiere solamente, como hemos planteado en otros estudios (Ruiz Encina et al., 2021), a la generalidad de instituciones que dan forma a la política económica. La sobre determinación de la clase empresarial rentista sobre la vida nacional impacta en que incluso las diferentes áreas más relevantes del “gasto público social” (educación, salud, pensiones) están capturadas por lógicas de acumulación privada (Boccardo et al., 2020) conformando lo que se ha denominado como “capitalismo de servicio público” cuyas contradicciones están a la base de la conflictividad social de las últimas décadas (Ruiz Encina & Miranda, 2018). Esto nos lleva a plantear algunas preguntas centrales: ¿porqué las y los trabajadores de Chile no tienen participación sobre la política de inversión de sus fondos previsionales? Tan relevante como lo anterior, ¿hasta qué punto la actual gestión de estos fondos se orienta o no hacia los intereses mayoritarios de la sociedad chilena? En ese marco ¿prolongaremos una situación en la cual se privilegie el salvataje de empresas ineficientes con cargo al ahorro previsional de todo Chile? ¿O avanzaremos en una definición constitucional que asegure la gestión de la seguridad social en clave pública y de derechos? Una transformación radical del sistema de pensiones es urgente, y de ser sustantiva esta supondrá enfrentar a los intereses creados que los grupos empreariales tienen sobre los fondos previsionales (Ruiz Bruzzone, 2020).


NOTAS Y REFERENCIAS

[1] A noviembre de 2021, según datos de la Superintendencia de Pensiones los afiliados son 11.311.366 personas.

[2] La peculiaridad de este proceso es que permite a deudores acogerse al beneficio de suspender el pago de deudas a acreedores, para así mantener en funcionamiento el negocio mientras se llega a un plan de reestructuración viable.

[3] Con el 16,39% del total de acciones al cierre de 2020 (LATAM, 2020).

[4] El crédito tenía 2021 como fecha de vencimiento

[5] Jorge Said Yarur, accionista minoritario de LATAM acusa una situación que ha catalogado como un “portonazo” contra los accionistas minoritarios de la aerolínea. Como antecedente de tales comportamientos, en una reciente entrevista pública señaló que LATAM tiene un amplio prontuario que le significado pagar a nivel mundial 278 millones de dólares en multas por colusión y cohecho, ello en jurisdicciones como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Brasil y Argentina. En relación al proceso de quiebra y al perjuicio que enfrentaría los accionistas minoritarios ha señalado: “Voy a hablar con el presidente Boric, esto no puede seguir pasado en Chile. Es un ‘portonazo’ a los accionistas, a las AFP, a la AFC, a los bonistas, a todo el mundo y no corresponde. En Estados Unidos Bernie Madoff hizo algo así y terminó preso. (…) Y acá en Chile que les dan, ¿clases de ética? La CMF no hace nada, la FNE no hace nada. Es extraño.” (CNN Chile, 2021).

[6] Entre los que se cuentan AFPs como Provida, Cuprum, Capital.

[7] En sentido Said Yarur expresó: “El año pasado el señor Cueto compró una exportadora de fruta en Perú a través de Costa Verde, que tiene el mayor ingreso de LATAM. Yo me pregunto cómo mientras quiebra en Estados Unidos, y no le paga a los bancos ni a las AFP ni a la AFC ni a los bonistas, está haciendo un negocio donde va a ser la tercera exportadora más grande de Perú.” (CNN Chile, 2021).

[8] Según publicó El Mercurio, la familia Cueto habría entrado durante 2020 a un importante negocio agroexportador en el Perú mediante la mentada Sociedad Costa Verde, adquiriendo el control de la frutícola Pura Fruit. De este modo, se observa una segunda operación indicativa de una abultada liquidez del grupo controlador de LATAM a lo largo de 2020, y que posicionaría desde 2021 a esta nueva adquisición como una de las tres productoras más relevantes de uva de mesa en el vecino país.

[9] La multitienda reconoció que desde 2005 cerca de un millón de clientes habían sido perjudicados por el mecanismo de repactación unilateral de deuda

[10] La Superintendencia de Pensiones fue creada el año 2008 (ley 20.255) para actualizar la institucionalidad de supervigilancia del sistema previsional (Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones) heredada desde su creación en 1980. Ésta debe supervigilar y controlar al sistema público administrado por el Instituto de Previsión Social y a las administradoras de fondos previsionales según lo indicado en el DL 101 de 1980. En relación a esta últimas, entre sus facultades se cuenta la aprobación de la creación o disolución de administradoras, la evaluación general del fondo de pensiones, balances, reservas de capital y de fluctuación de las administradoras, encabezar sumarios fiscalizadores e impartir sanciones económicas o administrativas en caso de incumplientos de reglamentos o legislaciones específicas. El foco del control, más que en la cartera de inversione específicas, está puesto en la solvencia general de las administradoras y en cautelar que no hayan situaciones de fraude o intereses relacionados. Toda la información sobre el marco regulatorio del sistema previsional chileno puede encontrarse aquí:

[11] Si se descompone el gasto previsional total, puede medirse cuánto pesa cada “componente” del sistema de pensiones en Chile. El Estado, junto con pagar las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden financia las pensiones públicas (pensión básica solidaria y aporte previsional solidario, entre otros gastos) orientadas a los segmentos de menores ingresos de la población: esto representa aproximadamente 2/3 del gasto previsional total del país. Las AFP sólo desembolsan pensiones de quienes ahorren en ellas, y los pagos que efectúan corresponden a cerca de 1/3 del gasto previsional total. Estos datos pueden reconstruirse a partir de lo sistematizado por la Superintendencia de Pensiones. El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA, 2021) actualiza periódicamente las cifras mencionadas; las proporciones indicadas logran resumir lo que ha sido la tendencia del sistema durante sus tres décadas de existencia (Ruiz Bruzzone, 2021).


Referencias

24 Horas (2021, 30 de diciembre). Denuncia contra Latam: Superintendencia de Pensiones instruyó a las AFPs a tomar acciones legales. 24horas.cl.

Boccardo, G., Caviedes, S., & Ruiz Bruzzone, F. (2020). 30 años de política neoliberal en Chile. La privatización de los servicios públicos: Su historia, impacto sobre las condiciones de vida y efectos sobre la democracia. Fundación Nodo XXI – Public Services International. Ver aquí.

Chavez, A. y Baires, R. (2011). Todas las señales del descalabro de La Polar que las AFP omitieron. CIPER.

CENDA (2021). Índices Mensuales de Actividad Económica Interna. Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo:

CNN Chile. (2021). Accionista minoritario de Latam por plan de reestructuración: «Se están favoreciendo ellos mismos».

El Mercurio. (2021). Los planes de la frutícola de Costa Verde en Perú para potenciar nueva exportadora con Gesex (Economía y Negocios). El Mercurio.

El Mostrador Mercados. (2021). Acreedores de Latam solicitan litigio por US$1.300 millones que la aerolínea habría puesto en Islas Caimán previo a acogerse a ley de quiebras en EE.UU. El Mostrador.

Escobar, S., & Cossio, H. (2020). Familia Cueto paga millonaria deuda con los Piñera semanas antes que LATAM se acogiera a Ley de Bancarrota en EE.UU. El Mostrador.

Fernandez, M. (2011). El escándalo de La Polar en el año que removió al retail. El Mercurio:

La Red. (2021). ¿Quién paga la deuda?: El préstamo de más de $6 mil millones que AFP Provida le hizo a sociedad en quiebra de Saieh.

LATAM. (2020). LATAM Airlines Group. Memoria Integrada 2020. LATAM Airlines Group.

Marusic, M. y Cofré, V. (2021, 09 de septiembre). ¿Cómo repartir la indemnización del caso La Polar a los afiliados de las AFP?: El precedente que indica un camino. La Tercera:

Pulso. (2020). Latam se acoge al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU para su reorganización financiera. La Tercera. https://www.latercera.com/pulso/noticia/latam-activa-su-reorganizacion-en-eeuu-para-evitar-su-quiebra/L7CBKJ25YNFGPDCNKVUJIYLXW4/

Ruiz Bruzzone, F. (2019). El empresariado del sistema de pensiones en Chile (2000-2018) [Tesis para optar al grado de magíster en Ciencias Sociales, con mención en Sociología de la Modernización y al título profesional de sociólogo, Universidad de Chile].

Ruiz Bruzzone, F. (2020). Formación de clases y conflicto social en el sistema previsional chileno: Mecanismos de acumulación capitalista y desafíos para la democracia. Revista Encuentros, 18(3), 88-99.

Ruiz Bruzzone, F. (2021). Financialization and the Construction of Peripheral Business Power in the Chilean Pension System. En A. Madariaga & S. Palestini (Eds.), Dependent Capitalisms in Contemporary Latin America and Europe (pp. 231-257). Springer International Publishing.

Ruiz Encina, C., Caviedes, S., & Ruiz Bruzzone, F. (2021). Desarrollo Económico en Chile: Elementos para el debate constituyente. Fundación Nodo XXI / Centre for Research on Multinational Corporations.

Ruiz Encina, C., & Miranda, C. (2018). El neoliberalismo y su promesa incumplida de emancipación: Bases del malestar y de la ola feminista. Anales de la Universidad de Chile, 14, 189-201.

Solís, C., & Tromben, C. (2020). El fondo de BTG Pactual que financia deudas de Saieh y Cueto con dineros de las AFP. Interferencia.

SP.  (2021). Ficha Estadística Previsional N° 109, diciembre 2021. Superintendencia de Pensiones.

3 comentarios de “Entendiendo el oscuro caso LATAM

  1. Myriam Espinoza Castillo dice:

    Excelente investigación Felicitaciones por su claridad y sencillo lenguaje empleado para:1.comprender como se nos ha perjudicado a los trabajadores con «los negocios de las afp» y 2.resfirmar sosteniendo que las afp deben terminarse ya que no cumplen con dar pensiones dignas sino muy por el contrario y que solo se sustentan para favorecer el salvataje y enriquecimiento de grupos económicos con los dineros de los trabajadores.

  2. Lorena Álvarez Flores dice:

    Felicito a Felipe Ruiz B. Autor de esta excelente investigación que preocupa y es tema de todos los chilenos, fácil de entender y sobretodo dejando en claro que las AFP no cumplen ninguna función a favor de sus afiliados; por el contrario se prestan para robar y empobrecer más al jubilado.

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