Un falso militar se presentó en distintas escuelas de Puerto Montt ofreciendo cursos de alta montaña para disciplinar y dar nuevas oportunidades a niños, niñas y adolescentes. Hace dos meses fue condenado a presidio perpetuo por abuso sexual, estupro y violación de 9 menores de edad. Esta es la historia y la reflexión sobre un sistema -judicial, familiar, escolar- que durante nueve años no pudo proteger a un grupo de menores cuando más lo necesitaban.
El pasado 22 de abril Víctor Gutiérrez Basualto fue sentenciado por la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt a presidio perpetuo por abuso sexual, estupro y violación de 9 niñas y adolescentes de entre 11 y 17 años. Entre 2010 y 2019 Gutiérrez -conocido por sus estudiantes como “el instructor”- lideró una escuela premilitar de montaña a través de una serie de manipulaciones y coacciones grupales, contexto en el cual abusó sexualmente y violó a niñas y adolescentes. Como resultado de estos abusos nacieron tres hijos. Estas experiencias dañaron profundamente a las víctimas, a sus familias y comunidades. Varias de las niñas y adolescentes han experimentado estrés post-traumático, sintomatología depresiva, crisis de pánico e incluso intentos suicidas después de haber sido víctimas de los abusos de Gutiérrez.
Pero, ¿cómo es posible que este tipo de abusos hayan ocurrido y se hayan matenido durante tanto tiempo? En esta columna sostengo que la presencia en nuestro país de violencias estructurales y sistémicas hacia la mujer habilitaron un contexto propicio para el desarrollo de estos delitos sexuales. Las víctimas son niñas en posición de desventaja -porque son menores de edad y de estrato socio-económico bajo- y la discriminación de género que sufren se alimenta e interactúa con esa vulnerabilidad. En suma, son niñas y adolescentes desprotegidas de múltiples maneras. En este caso confluyen al menos cuatro factores que facilitaron la ocurrencia de los mencionados abusos: (a) el contexto de vulnerabilidad y violencia intrafamiliar en el cual se encontraban insertas las víctimas; (b) el contexto social de la Escuela Premilitar de Alta Montaña, que estuvo caracterizado por manipulaciones, coacciones y abuso psicológico grupal aplicado en particular contra mujeres; (c) la negligencia y abandono institucional por parte de los colegios que dieron acceso y facilitaron sus dependencias a Gutiérrez; y (d) distintas falencias por parte de un sistema de justicia que tardó demasiado en entender la gravedad de los casos y vincular causas de distintas fiscalías.
ODA AL INSTRUCTOR ENVIADO POR DIOS
La historia se origina en 2010 cuando Víctor Gutiérrez empezó a reclutar a niños, niñas y adolescentes (NNA) del área de Puerto Montt para participar en una escuela premilitar de alta montaña. Gutiérrez asistió a varios establecimientos educacionales de la zona, obtuvo permisos de sus directores para ingresar y presentó su escuela a estudiantes y apoderados. La promesa era preparar a los y las NNA en actividades de montaña, disciplina y mejorar su rendimiento educacional para luego ser aceptados en distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Gutiérrez se presentaba con uniforme militar, boina y condecoraciones, indicando que era jubilado del Ejército de Chile. Según decía, tenía estudios en medicina y psicología. Sin embargo, ni su rango ni sus estudios eran ciertos.
“Los casos de abuso, estupro y violación sexual de menores de edad en Puerto Montt son un claro reflejo de la violencia estructural y sistemática de la que son víctimas muchas mujeres en nuestro país”
La escuela premilitar comenzó a funcionar con clases en los colegios, primero un día a la semana y después con estadías de viernes a domingo. En vacaciones de verano e invierno comenzaron a desarrollarse campañas de 10 a 15 días en distintas locaciones aisladas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. En estas campañas, Gutiérrez era el único adulto responsable de más de cien NNA. Para participar en la escuela premilitar era necesario cancelar una matrícula y pagos para las campañas. Una vez que los y las NNA ingresaban a la escuela, el ambiente que se vivía era de carácter militar: se asignaban rangos y existían tareas asociadas con éstos. El rango más alto era el de Brigadier Mayor, grado que fue ocupado exclusivamente por mujeres. Era de conocimiento común entre los y las participantes de la escuela que la persona que ocupaba el rango de Brigadier Mayor usualmente dormía con el instructor.
Un primer elemento característico de estos delitos sexuales es la vulnerabilidad de las víctimas que elige Gutiérrez: niñas y adolescentes previamente violentadas en sus derechos. En sus historias se repiten antecedentes de violencia intrafamiliar, alcoholismo y ausencia paterna. La violencia se encontraba normalizada entre ellas. Esta vulnerabilidad vivenciada por las niñas y adolescentes generó una situación de poder desigual entre ellas y el instructor, relaciones de dependencia hacia el mismo y ausencia de redes de apoyo. Gutiérrez no solamente buscó a niñas y adolescentes provenientes de contextos vulnerables, sino que aprovechó esta misma situación para distanciar a las víctimas de sus ya escasas redes sociales y adoptar un rol paterno que le permitió lograr cercanía.
El segundo factor que facilitó el mantenimiento en el tiempo de los abusos fueron las manipulaciones, coacciones y abuso psicológico grupal aplicado en particular contra mujeres al interior de la Escuela Premilitar de Alta Montaña. Gutiérrez lideró la escuela a través de prácticas que buscaban someter a las participantes a sus órdenes. Estas acciones son consistentes con las características del abuso psicológico grupal (Rodríguez-Carballeira et al., 2015): aislamiento; imposición de una autoridad única y extraordinaria; control y manipulación de la información; control de la vida personal; abuso emocional; y adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo.
“El sistema judicial fue lento en procesar denuncias y entender el nivel de manipulación que se encontraba a la base”
Las menores fueron aisladas de sus familias y amigos a través de la inmersión en la escuela premilitar y debido a que el instructor buscaba ponerlas en contra de sus familias. Las campañas se realizaban en lugares alejados y aislados. Al llegar a estas instancias, los celulares eran confiscados y estaba prohibido utilizar redes sociales y compartir información de lo que ocurría al interior de la escuela.
Al mismo tiempo, Gutiérrez se impuso a sí mismo como autoridad única y extraordinaria. Un ejemplo ilustrativo de esto es la “Oda al Instructor” que los y las participantes de la escuela debían recitar de memoria al iniciar y terminar los cursos y las campañas. Esta oda indica que “Mi instructor es un enviado de Dios sobre la tierra, de figura corporal como la nuestra, al cual debemos amar y respetar por sobre todas las cosas”. Fueron muchas las mentiras que contó Gutiérrez para conseguir elevarse como autoridad: inventó historias sobre sus logros, tales como indicar que había subido el monte Everest, que había sido llamado al rescate de Felipe Camiroaga y que había reconocido como padre a niños y niñas para ayudar a sus madres y ser un buen samaritano (cuando, en realidad, eran sus propios hijos). También inventó historias que le permitieron victimizarse y generar simpatía entre los y las participantes, como indicar que tenía un tumor cerebral que le generaba convulsiones y que lo había obligado a retirarse del Ejército.
El instructor también mantuvo importantes niveles de control y manipulación de la información al interior de la escuela. Gutiérrez solicitaba a las participantes informar sobre sus ciclos menstruales y los medicamentos que tomaban, al mismo tiempo que conocía en detalle sus situaciones familiares y vínculos sociales. Incluso llegó al punto de amedrentar a víctimas y sus familias para que no hablaran ni hicieran denuncias. Una vez detenido, indicó a los y las participantes de la escuela qué historia debían contar a la justicia.
NUEVE AÑOS DE ABUSO
Gutiérrez no solamente controlaba la información, sino que también controlaba la vida personal de las participantes: incidió en las decisiones educacionales y de vínculos personales de ellas, mientras les pedía matrimonio, las ponía en contra de sus familias y les prometía sacarlas de esos contextos. Además, se jactaba de solo tener relaciones con mujeres vírgenes. Con respecto a sus víctimas, él decidió unilateralmente que no debían usar métodos anticonceptivos, cosa que llevó a que tres de las menores tuvieran hijos con Gutiérrez.
“El miedo que muchas participantes mencionan dificultó el proceso de denuncia. Varias de las niñas y adolescentes dijeron sentir que no podían escapar de Gutiérrez”
Las niñas y adolescentes también vivieron variadas experiencias de abuso emocional. El instructor demandaba entregas de amor, por ejemplo, solicitándoles que le escribieran cartas de amor. Cuando algún comportamiento se salía de las reglas por él declaradas, Gutiérrez intimidaba a los y las participantes y les degradaba en público. Usó la fuerza física para lograr tener relaciones sexuales con las víctimas y como forma de castigo contra participantes cuando estaba enojado. Incluso mostraba su pistola como forma de intimidación. El miedo que muchas participantes mencionan dificultó el proceso de denuncia. Varias de las niñas y adolescentes dijeron sentir que no podían escapar de Gutiérrez.
Por último, la escuela funcionaba promoviendo un sistema de creencias absolutas y desvalorizando el pensamiento crítico. Los y las participantes debían obedecer y respetar al instructor en todos los ámbitos de su vida. Al igual que en otras instituciones militares, el pensamiento crítico era desvalorizado y hasta penalizado. Una adolescente hizo alusión a no poder decirle que no al instructor, ya que “era una figura de Dios”.
El tercer factor que permitió la perpetuación de los abusos durante 9 años fue la negligencia y el abandono institucional que estas niñas y adolescentes vivieron por parte de los establecimientos educacionales a los que asistían. Cabe cuestionarse por qué las escuelas le permitieron acceso a Gutiérrez sin corroborar si sus antecedentes profesionales y académicos eran ciertos. A su vez, las dependencias de los colegios fueron utilizadas para las clases de la escuela, sin la participación de un adulto responsable asociado al colegio o de un apoderado. De hecho, fue en estos lugares donde varios de los abusos se llevaron a cabo. Si bien algunas psicólogas escolares intentaron apoyar a las víctimas para que denunciaran, en términos generales es justo indicar que el sistema educacional falló de manera tajante en proteger a sus estudiantes mujeres. Tanto así, que el abogado de las víctimas, Óscar Montecinos, se querelló contra el alcalde de Puerto Montt, el director subrogante de educación municipal DAEM y quienes resulten responsables de autorizar el ingreso a los colegios a Víctor Gutérrez sin haber revisado sus antecedentes.
“Una adolescente hizo alusión a no poder decirle que no al instructor, ya que “era una figura de Dios”
Un último factor dice relación con las falencias del sistema de justicia. Desde 2013, varias de las adolescentes interpusieron denuncias en contra del instructor. ¿Cómo es posible que recién en 2019 estas denuncias hayan derivado en la detención de Gutiérrez? Es importante entender que este fue capaz de controlar y manipular a las participantes para frustrar intentos de denuncia. Es más, en varias ocasiones estas fueron retractadas debido a amenazas por parte del instructor hacia sus víctimas. Dicho esto, también es cierto que el sistema judicial fue lento en procesar denuncias y entender el nivel de manipulación que se encontraba a la base.En un país donde las relaciones sexuales con mayores de 14 años no están penalizadas, resultó aún más difícil que las instituciones entendieran que las relaciones que estableció Gutiérrez con adolescentes de entre 14 y 17 años de edad estaban ocurriendo de manera forzada y bajo un consentimiento viciado (es decir, sin plena voluntad de las menores de edad). A su vez, según describieron fuentes de la causa, las denuncias fueron hechas en distintas fiscalías de la región y por años no fueron vinculadas para detectar el patrón común de estos delitos sexuales en contextos de manipulación y dependencia. En dos casos las denuncias derivaron en órdenes de detención pero estas no fueron ejecutadas.
VUELCO EN EL CASO
Fue gracias al trabajo investigativo acucioso de la fiscal Ana María Agüero que los distintos casos fueron recogidos y vinculados entre sí en 2019, lo que terminó en la detención y juicio a Gutiérrez[1].
La fiscal Agüero detectó el patrón común y el rol que jugaba la manipulación que Gutiérrez ejercía sobre las niñas y adolescentes. Entendiendo el rol de la dependencia emocional existente, Agüero pudo identificar el vicio en los consentimientos de las menores y trabajar con ellas para que se atrevieran a testificar. Estos acontecimientos muestran la importante dependencia que el sistema de justicia tiene del trabajo extra que sus funcionarios y funcionarias realizan día a día, y cómo sin ello pueden pasar desapercibidas situaciones tan graves como las descritas en esta columna.
Los casos de abuso, estupro y violación sexual de mujeres menores de edad en Puerto Montt son un claro reflejo de la violencia estructural y sistemática de la que son víctimas muchas mujeres en nuestro país. Esta violencia genera contextos propicios para el abuso y pone importantes barreras a la prevención, identificación e intervención por parte de víctimas y sus entornos. Hechos como estos reflejan las importantes desigualdades de género y entre niveles socioeconómicos existentes en Chile y nos interpelan a avanzar en la protección de niñas y adolescentes desde una perspectiva de género. Resulta fundamental, por ejemplo, desarrollar un programa de educación sexual integral que pueda incorporar la mirada de género y el conocimiento sobre distintas estrategias de manipulación y abuso en la violencia hacia mujeres.
REFLEXIONES FINALES
La autora de esta columna participó como perito experta en el mencionado juicio, realizando un análisis pericial psicosocial de los vínculos sociales grupales e interpersonales al interior de la Escuela Premilitar de Montaña. La información recogida en esta columna es parte de la sentencia del caso. Leer sobre los delitos sexuales cometidos por Gutiérrez fue duro, pero más lo fue leer sobre las dificultades que han tenido niñas y adolescentes para salir de estas relaciones dañinas y las consecuencias que la violencia sufrida ha tenido sobre sus vidas y las de sus familias y comunidades.
Al comenzar a redactar esta columna, Chile se encontraba consternado por los abusos cometidos por el cineasta Nicolás López. Hoy está comenzando el juicio por violación y abusos sexuales contra Martín Pradenas. Los contextos sociales son, sin duda, diferentes. Sin embargo, los mecanismos son parecidos: manipulaciones, aprovechamiento de diferenciales de poder y coacción que han desembocado en una violencia experimentada por adolescentes y mujeres. Estas historias también coinciden en la participación de valientes mujeres que logran denunciar y enfrentar a sus agresores. Pero, si sabemos que en muchas situaciones las manipulaciones y relaciones de dependencia ocultan los abusos, que denunciar genera miedo y que las instituciones muchas veces no logran proteger a mujeres victimizadas, ¿cuántas otras niñas y adolescentes se encontrarán en relaciones abusivas y violentas sin poder salir de ellas?
NOTAS Y REFERENCIAS
[1] El juicio fue litigado por el fiscal Marcelo Maldonado
Mónica Gerber