El Ministerio de Educación anunció una profunda transformación al SIMCE, pero el reloj corre en su contra. En 2023, si no se hace nada, el sistema volverá en gloria y majestad: 11 evaluaciones censales con consecuencias, incluyendo una para niñxs de 7 años. La autora analiza evidencia nacional e internacional sobre por qué el SIMCE no es la mejor herramienta para potenciar los resultados de aprendizaje en las escuelas chilenas y propone acuerdos mínimos para transitar hacia un nuevo sistema de evaluación.

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Los días 16, 17, 23 y 24 de Noviembre se rindieron las pruebas SIMCE 2022 para estudiantes de 4º básico y 2º medio. El SIMCE, que parecía tener sus días contados con el gobierno del presidente Boric, sigue vivo.

El Ministerio de Educación, en su cuenta pública de 2022, anunció una profunda modificación al sistema de evaluación vigente “para desmontar todas las consecuencias actualmente ligadas a los resultados del SIMCE”. El objetivo de fondo sería instalar un sistema de evaluación que responda tanto al foco de políticas nacionales (con un diseño muestral y una secuencia razonable de aplicaciones), como al foco pedagógico y de mejoramiento del proceso educativo (asociado a una evaluación con sentido formativo). Para lograr este cambio, el Mineduc propuso varias medidas: (1) ingresar un proyecto de ley que modifica la ley que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (eliminando las consecuencias vinculadas a los resultados de las pruebas estandarizadas); (2) diseñar un nuevo sistema de evaluaciones de carácter formativo, que reemplace al actual SIMCE; (3) renovación del currículum; y (4) rediseñar el sistema de acompañamiento que se ofrece a las escuelas y liceos con un enfoque más profesionalizante, pertinente y colaborativo[1].

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“El problema no es cómo terminar con el SIMCE, sino cómo transitar sin tropiezos entre un SIMCE moribundo y un nuevo sistema sin sanciones y con foco claro en el acompañamiento a los y las docentes”

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Esta propuesta avanza en el camino correcto, muy en la línea de lo que planteamos en la columna “Evaluar sin castigar, propuestas para reemplazar el SIMCE” y además, como mostraré más adelante, sigue la tendencia mundial en investigación y diseño de políticas de evaluación. Sin embargo, imaginar un norte no es suficiente para avanzar hacia él y es importante trazar un camino claro, secuencial y realista que nos lleve hacia donde deseamos antes de que se acabe nuestro tiempo de hacer cambios.

En esta columna planteo la necesidad de definir con claridad y prontamente el destino del plan de evaluaciones que rige actualmente al SIMCE. Esta definición podría parecer trivial, pero desatenderla pueda retrasar o diluir el cambio profundo que se ha propuesto para el sistema de aseguramiento de la calidad y dejar al Mineduc atrapado entre el deseo de un cambio de paradigma y la obligación de resucitar un mecanismo en el que no cree. En este sentido, el problema no es cómo terminar con el SIMCE, sino cómo transitar sin tropiezos entre un SIMCE moribundo y un nuevo sistema sin sanciones y con foco claro en el acompañamiento a los y las docentes.

En este tránsito, un paso central es definir qué va a ocurrir el próximo año. Si bien el del 2022 es un SIMCE debilitado, desprovisto de sus “garras” y con apenas dos de las once pruebas originalmente programadas, su estado agonizante podría terminar abruptamente de continuar vigente el plan que lo rige por decreto hasta 2026. En un escenario como ese, en 2023 veríamos al SIMCE renacer para volver a su máximo esplendor: 11 pruebas censales con consecuencias, incluyendo una para estudiantes de 2do básico que a sus 7 años deberán aprender a responder preguntas poco relevantes para su desarrollo como lectores. Por ejemplo, si según un texto leído los perros guías deben ser a) ciegos, b) traviesos o c) obedientes (pregunta publicada por la Agencia de Calidad de la Educación)[2].

En esta columna propongo algunos acuerdos mínimos que avancen en lo inmediato hacia un sistema que extinga la lógica de premios y castigos como mecanismo de mejora de la calidad de la educación.

PERFECCIONAR EL SISTEMA VIGENTE NO ES LA SOLUCIÓN

En primer lugar, es necesario terminar con la idea de que la muerte del SIMCE como mecanismo para empujar a las escuelas y liceos a mejorar sus resultados de aprendizaje es una “tragedia educacional”; y que la solución sería revertir su estado moribundo, perfeccionando el sistema vigente para potenciar la combinación supuestamente virtuosa entre autonomía y “escrutinio público”[3].

Quienes apoyan la idea de una revitalización del SIMCE sugieren que sería el camino recomendado por estudios internacionales. No obstante, organismos como la UNESCO (2017) o la OECD (2020) concluyen que no hay indicios claros de que presionar a las escuelas por resultados a través de evaluaciones como SIMCE mejoren el aprendizaje. En este sentido, los hallazgos de PISA 2018 muestran que un potencial impacto positivo en resultados de aprendizaje del uso de evaluaciones como mecanismo de rendición de cuentas, se diluye a nivel de sistema cuando se incorpora la variable del nivel socioeconómico de los y las estudiantes (OECD, 2020). Adicionalmente, PISA 2018 estudió diferentes  formas de presionar por resultados de aprendizaje a través de evaluaciones (publicación de resultados, información a apoderados y monitoreo de resultados en el tiempo por una institución externa) y se observó que todas estas han disminuido su presencia en los sistemas educativos de la OECD desde 2015 (OECD, 2020).

Por otro lado, un sistema de rendición de cuentas basado en ordenar a los establecimientos según categorías de desempeño (como el que rige actualmente), tampoco ha demostrado ser efectivo en ayudar a aquellos que presentan más desafíos a la hora de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, tal como muestra  el estudio de Muñoz Chereau et al. (2022) sobre el sistema de inspecciones de Inglaterra y su efecto en escuelas que no logran avanzar. Finalmente, un sistema de responsabilización requiere de una batería importante de pruebas que deben aplicarse para evitar errores de precisión, y ya sabemos el efecto empobrecedor que tienen estas pruebas sobre la enseñanza, tal como lo muestran estudios nacionales (Falabella & Opazo, 2014; Meckes et al., 2016, entre otros) e internacionales (Baird et al., 2017; Hannaway & Hamilton, 2008; Hopfenbeck et al. 2015, entre otros).

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“En esta columna propongo algunos acuerdos mínimos que avancen en lo inmediato hacia un sistema que extinga la lógica de premios y castigos como mecanismo de mejora de la calidad de la educación”

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En otras palabras, no hay evidencia suficiente para señalar que un sistema de rendición de cuentas basado en resultados de aprendizaje puede ayudarnos a mejorar y, en cambio, conocemos los efectos negativos de este tipo de políticas.

ACUERDOS MÍNIMOS Y URGENTES PARA ASEGURAR UN CAMBIO PROFUNDO

Como señalé antes, el Ministerio ha indicado que en Marzo de 2023 presentará una propuesta que modificará el actual Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (y, por tanto, las consecuencias y requerimientos de aplicación del SIMCE), pero no es difícil imaginar que su tramitación tomará tiempo y que la necesaria generación de acuerdos políticos probablemente obligará a realizar concesiones para poder avanzar.

Resulta, entonces, urgente resolver qué pasará con el SIMCE en 2023 y qué hacer con el plan de evaluación que rige su vitalidad hasta 2026 (11 pruebas censales anuales), el que fue aprobado hace menos de dos años por el CNED. Cabe destacar que esta institución fue muy crítica ante la propuesta de eliminar las pruebas censales en 2022 y nada hace pensar que esta postura cambiará en 2023. Sabemos también que las pruebas SIMCE se elaboran con al menos un año y medio de anticipación, por lo que resulta urgente saber qué pruebas se aplicarán en los años que vienen y así evitar un gasto innecesario de recursos en evaluaciones que ya no serán aplicadas.

Recordemos, además, que el gobierno termina su mandato el mismo año en el que concluye la vigencia del actual plan de evaluaciones: 2026. Esta coincidencia debe hacer más patente la urgencia de sentar bases sólidas para los cambios que se necesitan y cerrar la puerta a la posibilidad de buscar que todo cambie para que todo siga igual.

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“Organismos como la UNESCO (2017) o la OECD (2020) concluyen que no hay indicios claros de que presionar a las escuelas por resultados a través de evaluaciones como SIMCE mejoren el aprendizaje”

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Ante este escenario inminente, y considerando que la opción de eliminar las pruebas censales no parece políticamente viable en el corto plazo, se hace necesario avanzar hacia la generación de consensos mínimos que permitan abrir paso hacia un nuevo sistema nacional de evaluación. Estos mínimos deben ser explícitos y deben fundarse en acuerdos más allá del Ministerio de Educación, de manera que el CNED -al enfrentarse a una propuesta para modificar el SIMCE- responda ante una demanda amplia de diferentes sectores del sistema educacional. Como mínimos para este proceso, sugiero cuatro:

1. Terminar para siempre con la idea de una prueba para 2do básico donde los y las docentes solo tienen el rol de espectadores. Tal como señala el mismo CNED en su acuerdo sobre el plan de evaluaciones 2021-2026, “la evidencia internacional indica que son pocos los países que tienen pruebas estandarizadas en un nivel tan temprano, y los que sí las implementan no recurren a examinadores externos” (p.4). Esta prueba, además de ser una rareza en el panorama mundial, somete a niños y niñas de 7 años a un estrés innecesario, entregando una idea estrechísima de lo que significa aprender a leer y poniendo una vara donde todavía la habilidad está en pleno desarrollo. No es cierto que las escuelas están ciegas sin el SIMCE de 2do básico, pues los y las docentes observan con profesionalismo y cariño el desarrollo de sus estudiantes todos los días. ¿Necesitan más apoyo para ello? Sin duda, pero una prueba censal no contribuye en ese sentido. Sacar la prueba de 2do básico del panorama puede ser un buen inicio para lograr acuerdos mayores.
2. Mantener la eliminación de consecuencias para escuelas y liceos considerando que aún se encuentran en una fase de recuperación de la pandemia y que la evidencia es muy débil como para asegurar que esta es la vía para mejorar. A su vez, aprovechar la ausencia de consecuencias para mejorar la transparencia del sistema (mayor publicación de pruebas y orientaciones de evaluación, por ejemplo) y orientar el sistema de visitas de la agencia hacia el acompañamiento para la implementación de prácticas que potencian el aprendizaje y aborden los efectos del cierre prolongado de los establecimientos como, por ejemplo, las alarmantes cifras de deserción escolar.
3. Introducir la transformación de pruebas originalmente diseñadas para ser censales en pruebas muestrales. Sería interesante que estas fueran las pruebas ya aplicadas de manera censal en 2022 para así mantener el seguimiento de estos niveles y dejar como censales una selección de pruebas de asignaturas y niveles no evaluados en 2022. Este esquema podría reiterarse mientras no se implemente un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad y hasta que concluya la vigencia del plan de evaluaciones actual. Luego de eso, será relevante repensar el propósito de las evaluaciones censales y del sistema en general a través de una discusión amplia que involucre a los y las docentes.
4. Desarrollar y difundir prontamente un plan de comunicación y uso de los resultados de este sistema en transición. Es necesario anticipar cómo serán comunicados y empleados los resultados de las pruebas aplicadas en 2022 y de las que sigan hasta la modificación del sistema de aseguramiento de la calidad. Este plan debiese incluir, al menos, el resguardo de la información por establecimiento para que no se realicen rankings ni comparaciones y qué estrategias serán puestas en marcha para profundizar el apoyo  al trabajo de docentes y directivos de establecimientos que presentan los mayores desafíos.

Estos mínimos complementan la mirada de largo plazo que proponemos en “Evaluar sin castigar, propuestas para reemplazar el SIMCE” y abordan la urgencia de continuar con el proceso de extinción del SIMCE iniciado este año.

Sin duda, estos mínimos no son suficientes para asegurar la creación de un sistema de evaluación que efectivamente contribuya a potenciar el aprendizaje, pero permiten revertir la idea de que el Ministerio de Educación aplica el SIMCE con desgano o sin convicción, ya que el SIMCE en este contexto se vuelve parte fundamental de una transformación hacia un sistema de evaluación que efectivamente apoye la labor de los y las docentes. El SIMCE, entonces, no renace como el fénix, sino que se extingue para dar paso a una nueva etapa donde podremos tener un sistema donde conviven evaluaciones nacionales, locales y en el aula, con un fuerte foco en el acompañamiento a docentes y directivos, y donde el “escrutinio público” se centra en asegurar condiciones de aprendizaje adecuadas para el desarrollo de los y las estudiantes de nuestro país. En otras palabras, se puede terminar con el SIMCE, pero no será de un año para otro y requerirá de aunar voluntades de cambio hacia un sistema que apoya en lugar de sancionar para mejorar.