A partir de casos por intoxicación con pesticida en el campo paraguayo, el artículo cuestiona una creencia común en Latinoamérica: que es posible resolver conflictos sociales exclusivamente con leyes, idea que subestima la complejidad de los problemas y sobreestima el potencial del derecho.

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¿Qué puede hacer el Estado frente a la muerte? ¿Qué pueden hacer las burocracias y las leyes para impedir la muerte de campesinos a causa de balas o de cáncer, y la de plantas, árboles e insectos que se interponen a un proyecto de crecimiento económico? Siguiendo a distintos actores en lugares tan diferentes como Asunción, Nueva York y Puerto Bertoni, y en distintos momentos de la historia de Paraguay, el libro El gobierno de la soja: La regulación de la vida en la era de los monocultivos (Kregg Hetherington, 2023, Asunción: CEADUC) describe cómo un grupo de personas intentaron hacer que el derecho y las burocracias controlaran el daño social y medioambiental causado por el monocultivo de la soya.

El libro empieza relatando lo que ocurrió en enero de 2003, cuando un niño de 11 años llamado Silvino Talavera moría intoxicado en un hospital rural. Días antes, mientras volvía a su casa en bicicleta, había sido rociado con la mezcla de herbicida e insecticida que un vecino usaba para fumigar sus cultivos. En las dos ocasiones en que el caso fue llevado a la justicia, el vecino fue declarado culpable de homicidio culposo – o cuasidelito de homicidio – del niño. Según la sentencia, no porque hubiera fumigado sus campos o porque lo hubiera hecho con agroquímicos, sino que porque lo hizo de forma imprudente, muy cerca del camino que permitía volver a sus casas a las familias de pequeños productores cuyas tierras aún no eran convertidas al cultivo que más suelo ocupa en Paraguay: la soya.

El caso no fue simple. Mientras que para el Ministerio Público la muerte de Silvino fue causada por los productos químicos que cubrieron su cuerpo; para la defensa, el niño murió a causa de factores como la malnutrición, la intoxicación alimentaria, la ignorancia, y la falta de recursos en el hospital local, es decir, la pobreza había causado su muerte. Y, de cierta forma, ambos argumentos eran ciertos ya que, con un 80% de la tierra cultivable sembrada de soya y casi un 30% de su población en la pobreza, si nos atenemos a esos mismos argumentos desplegados en tribunales, las posibilidades de ser rociado con RoundUp y morir, en Paraguay, no son menores.

Enfocándose en un momento en la historia de Paraguay en el que pareció posible medir, regular, fiscalizar y, a fin de cuentas, “gobernar” la soya, el libro describe los esfuerzos que llevó a cabo un grupo de funcionarios quienes, valiéndose de las prerrogativas legales de sus respectivos servicios públicos, intentaron contener los problemas causados por lo que se ha llamado “el boom” de la soya. ¿Cómo lo hicieron? Pues con los típicos procedimientos que gozan de tanta confianza por parte de los juristas. Montaron una unidad de participación ciudadana que realizaba visitas a terrenos para fiscalizar y recibir denuncias respecto de violaciones a regulaciones ambientales. Por ejemplo, un decreto obligaba a los soyeros a instalar “barreras vivas” y “franjas de seguridad” alrededor de sus campos, las que debían generar una especie de separación entre los cultivos de soya y los campos de las familias campesinas. En terreno, además de entregar a los infractores unos documentos que llamaban “citaciones”, esta unidad también recolectaba muestras de hojas, agua, insectos muertos y botellas de pesticidas abandonadas, las que llevaban de vuelta a Asunción para que un laboratorio las analizara. A través de estas acciones, buscaban hacer aplicar una ley que pocas veces se respetaba.

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y de la intensa labor de quienes participaron en el trabajo legislativo que llevó a la adopción de esta nueva regulación, así como de quienes diariamente se subían al furgón que llevaba a la unidad de participación ciudadana a los campos, las citaciones no se convertían necesariamente en barreras vivas y las muestras no se convertían necesariamente en menos pesticida en el agua.

El problema es que el mundo real difiere a veces demasiado del que imaginan legisladores y redactores de decretos y reglamentos. En Paraguay, los textos legales terminaron no haciendo aquello para lo que se les diseñó no sólo porque daban pie a ciertas confusiones en su interpretación, que sí lo hacían, o porque los productores de soya habían aprendido a “burlar la ley”, que también sí lo hacían, como cuando instalaban unas estructuras que parecían ser casas para mostrar que en esas parcelas usadas para la soya había también habitantes. Los instrumentos jurídicos terminaron por no cumplir su objetivo principalmente porque, como muestra el libro, el problema que intentaban resolver estaba constantemente sobrepasándolos.

Tal y como al tribunal en el caso de la muerte de Silvino le costaba separar lo que serían incidentes aislados (la muerte de un niño, una barrera viva, una citación) de lo estructural (los factores relacionados con la enorme desigualdad en el país), los intentos por regular la soya que llevó a cabo la unidad de participación ciudadana se inscribían en historias más largas respecto a la soberanía de Paraguay sobre terrenos fronterizos con Brasil, a la excepción paraguaya en la estrategia latinoamericana de sustitución de importaciones, y a la llamada “Revolución Verde” y su fallida promesa de alimentar al mundo.

Estos mismos campesinos que saldrían de la pobreza gracias a una productividad incrementada de sus cultivos están ahora – según la OMS y entre múltiples controversias – expuestos a niveles cancerígenos de glifosato, el principal componente del herbicida RoundUp, en una dinámica que se parece demasiado a la que alguna vez existió respecto del DDT y del paratión, sustancias químicas que, luego de muchas controversias, fueron reconocidas como dañinas para los humanos y el planeta.

Los esfuerzos de la unidad de participación ciudadana porque se cumplieran las leyes que regulaban la soya llegaron a un abrupto fin cuando, en 2012, un golpe de Estado acabó con el gobierno de Fernando Lugo y con ello, se suspendieron de facto las regulaciones sobre el uso de pesticidas y otras medidas para controlar la soya. Luego de la tristemente conocida masacre de Curuguaty, la esperanza de tener un Estado capaz de proteger la pequeña agricultura familiar y la biodiversidad fue reemplazada por más soya, más pesticidas, más químicos.

El libro describe la decepción de quienes habían trabajado en esta unidad, consternados porque algo que había tomado tanto trabajo – montar la unidad que regularía la soya – podía tan rápidamente ser desmantelado. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Fracasaron? Evaluar sus esfuerzos en clave dicotómica o absoluta, como si la unidad de participación ciudadana, la legislación que grupos progresistas lograron en algún momento hacer adoptar o las decisiones que tribunales nacionales e internacionales emitieron respecto a intoxicaciones y asesinatos no tuvieran impacto alguno, es quedarse cortos frente a la complejidad del gobierno “sobre” y “de” la soya.

Lo que tiene más sentido es pensar en cómo el derecho puede ser una herramienta al mismo tiempo inútil y eficaz para lidiar con proyectos de vida y de muerte, tanto de humanos como de plantas. Más que la oposición entre éxito y fracaso, o entre utilidad o inutilidad, el libro deja en evidencia el carácter intrínsecamente incierto del Estado y del derecho como portadores de promesas de justicia y equidad frente a fenómenos sociales que se terminan mostrando siempre más complejos y más estructurales. El derecho, después de todo, es una extraña y poderosa herramienta para efectivamente producir justicia, equidad o seguridad; y la creencia, compartida por muchos sectores políticos, en que es posible resolver problemas sociales exclusivamente a través del derecho – desde nuevas constituciones a agendas de seguridad – da cuenta de una tendencia a subestimar la complejidad de los problemas y a sobreestimar el potencial del derecho.

La historia de este grupo de personas en Paraguay no es, en ninguna circunstancia, una manifestación de la futilidad de la regulación o de la insignificancia de los esfuerzos de quienes, movilizando leyes, legislaturas y tribunales, buscaron y buscan resolver problemas. Por el contrario, con cada “franja de seguridad” que los miembros de la unidad de participación ciudadana medían, y con cada muestra de agua que tomaban, ejercían algo que el libro llama “soberanía táctica”: les recordaban a los campesinos que había una ley que, aunque no se cumpliera, buscaba protegerlos, y, a los soyeros, que había un Estado que había establecido reglas. Que estos esfuerzos no se hayan traducido en menos soya, en menos pesticidas o en menos muerte, no los vuelve inútiles; es más, nos recuerdan que esa tenacidad de la vida misma frente al derecho positivo, a los Estados y a las burocracias, puede ser la misma tenacidad de quienes se apoyan en regulaciones, legislaturas y tribunales para hacer, de alguna manera, justicia.