¿Cómo lidiar con la corrupción, el crimen organizado y la violencia, esa tríada que azota a Latinoamérica? Un destacado académico y político argentino desmenuza los aciertos y errores de su país en una entrevista que en muchos aspectos parece hablar del Chile que emerge con el caso Hermosilla.

A comienzos de año las bandas de narcos de la ciudad de Rosario, Argentina, desataron una ola de violencia inusitada incluso para una urbe que lleva una década entre las más violentas de Latinoamérica. Los sicarios mataban al azar, disparaban contra buses y hacían una exhibición de brutalidad que recordó el estallido en Ecuador, con la toma de un canal de televisión. Hoy esa violencia se ha detenido de golpe y el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro, presenta esta repentina paz como un éxito de su política de mano dura. El frenazo, sin embargo, es extraño. Las ciudades violentas no dejan de serlo así de golpe. Marcelo Sain, especialista en policías y crimen organizado y ex encargado de seguridad de esa provincia, afirma que la baja solo puede explicarse de una manera: el gobernador llegó a un pacto con los principales líderes narcos (Ver “El pacto de Pullaro es con sicarios y gatilleros”); no hay forma de reducir la violencia de manera tan radical sino es pactando, dijo a una radio.

Con estas afirmaciones Sain no buscaba hacer saltar por los aires el acuerdo que ha traído esta breve paz. Al contrario, Sain felicitó a Pullaro (“lo banco”, dijo) pues él habría hecho lo mismo, si en su época al mando de la seguridad de esa ciudad, se hubieran alineado los fiscales, la prensa y el ministerio de Seguridad de la Nación. Al poner el pacto sobre la mesa lo que Sain en realidad quería era destacar lo mismo que transmite en esta entrevista, hecha cuando Rosario todavía era azotada por la enloquecida violencia narco: la política es, muchas veces, la gran responsable de que el mercado de la droga sea violento; y una administración eficaz y sensata puede permitir que los narcos estén controlados y lucren en paz.

Esto último puede hacer que usted menee la cabeza con desconfianza: ¿una administración eficaz y sensata deja al narco hacer su negocio? ¿No existe la posibilidad de terminar con el tráfico? Pues no. Y eso no solo lo piensa Sain sino todos los entrevistados de esta serie “Democracias Violentas”, desde Benjamin Lessing a Angélica Durán. El problema es simple: la gente demanda mucha droga. Toneladas. Luego se olvidan de eso cuando en las elecciones votan por los que prometen terminar con ese negocio. Así Latinoamérica se ha pasado décadas de guerras contra el narco con miles de muertos y desaparecidos, millones de recursos gastados en armas y miles de comunidades arrinconadas por el miedo. Todo eso sólo hace que el precio de la droga suba y por ello hoy se trafica más que nunca en la historia.

La política no puede detener el negocio, pero después de décadas de investigación y también de trabajo en la burocracia de la seguridad, Sain tiene la convicción de que lo que sí pude hacer, con estrategias decididas e inteligentes, es reducir la violencia. Para ello es necesario, cuando conviene a la paz, recurrir a pactos con las mafias, como ha hecho también Bukele, lo que puede implicar a veces hacer la vista gorda con los narcos que llevan adelante su negocio sin violencia, y así evitar las guerras de sucesión, como las que han escalado la violencia homicida en varias ciudades de la región. Esos pactos y negociaciones son hoy ilegales en Latinoamérica. Sain cree que nuestros países debieran aprobar leyes que permitan a las policías y fiscales tener esas herramientas y usarlas sobre todo para generar paz. Al fin y al cabo, dice, así es como operan los sistemas de seguridad en Europa y en Estados Unidos. Cree que ese es uno de los motivos de por qué la droga, que se asocia con tanta violencia en Latinoamérica, donde se produce, genera una violencia más acotada en los países desarrollados, donde se consume.

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“En el mercado de la droga hay paz cuando alguien lo maneja: puede ser el Estado o un grupo criminal dominante.”

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Sain parte la entrevista explicando el modelo argentino que lleva cien años gobernado al crimen a través de dos pactos: el primero, entre la política y la policía y el segundo, entre la policía y las organizaciones criminales.

-Las policías en Argentina siempre tuvieron el monopolio del uso de la fuerza legal e ilegal. Esto incluye la práctica del gatillo fácil, las ejecuciones sumarias, el cambio de carátula de los expedientes y todo lo que conocemos como “Estado ilegal”. Nada de eso es responsabilidad de “manzanas podridas” sino que es el resultado de mecanismos institucionales. Las policías siempre han sido quienes predominan en la calle. Nunca ha habido un grupo capaz de imponerle reglas al aparato policial, con lo cual el delito que hay es un delito de alguna manera admitido estatalmente. Esa dinámica puede producir dos escenarios diferentes. Primero, que la policía pacte con el mundo criminal, pero no participe de su negocio. O sea, la policía dice “no intervengo en esa zona mientras ustedes se arreglen sin hacer líos”, lo que se suele llamar “zonas liberadas”. O puede ocurrir que la policía se asocie con algún grupo en contra de otro y a los competidores les aplique la ley, mientras que a sus socios les da información y los defiende de la actividad persecutoria de otras ramas de la policía. En ambos casos, los criminales están subordinados al Estado.

“Un segundo componente muy importante del caso argentino es que todo lo que he descrito tiene consentimiento político. No hay autonomía policial autoproducida, todo está construido políticamente. O, dicho de otra manera, la autonomía policial es autonomía concedida. Y el poder político da su consentimiento a esta actuación ilegal en la medida en que la policía le maneje el territorio sin causarle problemas políticos, lo que he bautizado como gobernabilidad tranquila. ¿Este tipo de gobernabilidad es una forma de control del crimen? Sí, porque la policía, de manera legal o ilegal, a través del gatillo fácil o de la aplicación de la ley, gestiona el crimen. Cuando un policía le dice a un narco “mirá hermano, vos vendes de acá para allá, porque en este lugar va a estar este otro grupo, y el que se pasa de la raya o lo mato o lo encarcelo”, lo que hace ese policía es gestionar el crimen. Sólo que lo está gestionando ilegalmente. Es más, te diría que está gestionándolo, en la práctica, como lo hacen los países desarrollados.

-¿Por qué?

-Los gringos dejan pasar una parva de cocaína diariamente a Estados Unidos. ¿Y qué hacen los fiscales?: van negociando cargos y condenas. Cuando cae un delincuente le ofrecen libertad a cambio de declarar en contra del narco más grande. Y también pasa que la policía sabe que en una ciudad hay un dealer que hace su negocio sin violencia y le dicen al fiscal, si lo encerramos va a empezar una guerra para remplazarlo. Entonces el fiscal decide dejar que el dealer siga con el negocio en la medida que mantenga baja la violencia. Cuando los gringos hacen eso, están regulando el crimen como nosotros. La diferencia es que tienen normas procesales que les permiten tomar decisiones que aquí son ilegales; y además allá la policía no se asocia con el mundo criminal. Esto hace la diferencia.

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“Investigar crimen organizado te lleva inevitablemente a chocar con estructuras estatales porque el crimen organizado tiende a generar protección estatal”

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-Hablemos del consentimiento que la política le da a la policía para cometer actos ilegales. ¿Cuánto sabe el político de lo que hace la policía?

-No sé si el que gobierna siempre sabe en detalle cómo se desarrollan estos pactos y asociaciones. Pero a estas alturas todos saben bien que hay un grado de regulación policial del crimen.

-Y lo saben también porque de esos pactos sale dinero que va hacia “cajas” que luego financian campañas políticas, ¿no?

-Sí. Pero no todos aceptan eso. Sé de autoridades que no han cobrado dinero, pero que sí sabían que la policía la juntaba. Diría que la retribución económica siempre llega a los escalones policiales, pero no siempre al escalón superior de gobierno.

-Si no es por dinero, ¿cuál es el interés de la política en mantener un sistema en que la policía administra el crimen a través de pactos?

-Porque esta es la forma en que se gobierna la seguridad desde el siglo XIX en Argentina. Cuando ves nuestra historia institucional en materia de asuntos criminales observas que desde la década de 1920 – sobre todo en la provincia de Buenos Aires- los conservadores les daban a los comisarios policiales el poder total del manejo de la calle, lo que incluía el manejo de lo ilegal. De hecho hay registros que muestran que la mayoría de las policías se financiaban con el manejo de la prostitución, el juego clandestino y delitos menores. La lógica era que la policía administrara esos delitos para que no generaran un problema de demanda política. Y esa lógica funcionó sin mayores variaciones hasta la década de 1990 cuando, por diversas razones el crimen comenzó a crecer y la seguridad pública se convirtió en un asunto de preocupación política. Mi argumento es que cuando la Argentina comienza a tener un problema de inseguridad y empiezan a ocurrir grandes manifestaciones por los homicidios y las grandes ciudades empiezan a vivir la experiencia criminal, la política responde a esa demanda profundizando las estrategias que había usado siempre, pero actualizadas. Y los gobiernos, tanto los de derecha como los de izquierda, le dan todo el manejo a la policía, la cual acentúa su control del crimen a través de pactos.

“Aquí es importante destacar que el poder político maneja dos cosas que son determinantes para el mundo policial: los destinos y los ascensos. Si la política supiera el poder que le dan esos recursos y capacitara gente para manejar la institución a través de ellos, la relación sería distinta. Pero la política argentina ha decidido que esto no le importa, entonces el manejo de la calle queda en manos de la policía.”

-¿Y qué pasa con el sistema de justicia? ¿Cómo es la relación justicia-policía-política?

-La justicia, como la policía, ha estado muy subordinada a los poderes políticos. Lo que ocurre es que la política se financia con dinero negro de recursos estatales malversados o con hechos de corrupción y vínculos con el mundo privado. Es muy poco el dinero “blanco” que financia las campañas y para la perpetuación de esto, una condición fundamental es el manejo de la justicia; porque si la justicia investiga, los gobiernos cae y los gobernantes van presos. El control de la justicia es la condición sine qua non para la reproducción de este sistema. Menem, en su primer gobierno, empezó el control político sistemático de la justicia a través de muchos mecanismos. Por ejemplo, de la Secretaría de Inteligencia del Estado salían una gran cantidad de fondos mensuales que iban a la justicia federal que tenía competencia sobre los asuntos administrativos del gobierno. A los jueces les daban la llamada “cajita feliz” que eran entre 10 mil y 20 mil dólares mensuales a “cambio de nada”, simplemente por una cuestión de amistad y de vínculos estrechos. Ese control político de jueces y fiscales se ha perpetuado hasta hoy.  Y la justicia penal termina legitimándose ante el público a través de la judicialización de delitos de bagatela, de delitos de menor cuantía, porque esos casos sirven para justificar la burocracia; si no quedaría demasiado en evidencia que la investigación de las tramas de poder no se hace.

“Al control del poder político se ha sumado, en los últimos años, el poder que ejercen los grupos económicos sobre jueces y fiscales. Entonces hoy la justicia tiene dos grandes amos: los gobernantes y los empresarios altamente concentrados; y por lo tanto todas las ilegalidades del poder y las ilegalidades económicas no son investigadas. Esta es la gran dificultad que tiene Argentina para crear una justicia penal que enfrente a la criminalidad organizada”.

-¿Por qué?

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-Porque la criminalidad canaliza sus fondos en el sistema financiero, donde va a parar todo el dinero negro de la economía legal. Y esa es la fuente fundamental de financiamiento de la política. Si no hay un pacto político y social que ponga coto a estas cosas, no va a haber posibilidad de abordar con éxito el problema de la criminalidad compleja organizada. Rosario es un gran ejemplo: mientras la justicia investiga la comercialización de droga en los barrios populares, no hay problema. Pero cuando sigue el dinero a las estructuras de poder político y financiero, los investigadores empiezan a tener problemas. Investigar crimen organizado te lleva inevitablemente a dar con estructuras estatales porque el crimen organizado tiende a generar protección estatal. El primer escalón de esa protección es la policía, pero luego empiezan a aparecer los vínculos con las estructuras judiciales y con la política.

“En mi libro Ciudad de Pobres Corazones donde escribo sobre Los Monos y al Clan Alvarado – los grupos narcos de Rosario- explico que cuando aparecían policías vinculados con ellos, rápidamente era evidente que los policías tenían también padrinos políticos. Y si mirabas en detalle sus biografías, podías descubrir, además, los padrinos judiciales, es decir los jueces a los que acudían cuando se le reprochaba enriquecimiento ilícito, relaciones con grupos criminales, gatillo fácil o ejecuciones ilegales, etc. Esos jueces siempre intervenían sobreseyéndolos de causas en las que había elementos de prueba de sobra. Entonces ves cómo esa policía, que es el actor determinante de la regulación del crimen, en realidad tiene un mandato judicial y político.”

“En el libro todo eso está contado con nombre y apellido porque tuve acceso a los expedientes de la investigación. Muestro cómo el grupo policial que trabajaba para el clan Alvarado era protegido por un senador del peronismo santafesino, del sector más conservador. Pero también como una compañera de gabinete mía, que era jueza, iba liberando a los policías de las causas que les abrían. Y eso terminó con que los policías son condenados por formar parte de la organización criminal más robusta, más grande y de mayor envergadura, dedicada al narcotráfico de la provincia de Santa Fe que es el clan que lideraba Esteban Lindor Alvarado, mucho más grande que Los Monos, que eran sus enemigos históricos. Con esto quiero señalar que la justicia es parte de esta modalidad institucional de gobierno de la seguridad pública y es parte del problema.”

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“Si tienes 70 homicidios cada cien mil habitantes, la gente está dispuesta a dejar caer la democracia”.

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-Hablemos ahora de los ciudadanos que no están esperando que la policía “administre” el delito sino que acaba con él. Esa es la promesa electoral que se repite.

-Claro. Lo que se espera es que la autoridad diga cómo hacemos para controlar el crimen, para tratar de morigerarlo e intervenir en los factores que afectan su producción. Ese debería ser el eje central de una política de seguridad.

-Pero eso no ocurre en Argentina.

-Es que en Argentina el Estado no tiene como objetivo estratégico el control del crimen. Su objetivo es crear una estabilización del mundo criminal en función de una estabilización política. Es decir, el objetivo es la gobernabilidad política no el control del crimen. Y por lo tanto si se mantiene el crimen a un nivel bajo en términos del escándalo público que puede generar, eso es eficaz. Son dos objetivos distintos.

¿Cuáles son las implicancias de cada una?

-Cuando buscas el control del crimen el objetivo de tu política de seguridad es cuánto delito hay; buscas entenderlo, pues tus estrategias se derivan de lo que logras comprender. En cambio, cuando el objetivo es “la gobernabilidad tranquila”, no quieres saber cuánto crimen hay y mucho menos darlo a conocer, sino pisarlo, ocultarlo y ocultar también la trama de relaciones del Estado con ese mundo. Lo que se trata de hacer es crear una estabilización del mundo criminal en función de una estabilización política.

-Esta segunda política ¿ha sido eficiente para la población?

-Es eficaz en la medida que no haya altos niveles de delitos comunes. A la gente no le molesta el mercado de drogas que está 10 cuadras de la casa, mientras no haya tiros. La gente consume droga si quiere. Pero sí le preocupa el robo en la calle y la violencia. Le preocupa el robo predatorio, la entradera en la casa, el robo a la salida del banco, los motochorros. Y en Argentina hay mucho de eso. Por ello la gobernabilidad tranquila tiene legitimidad política pero no social.

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-En Latinoamérica está bastante probado que no se puede acabar con el narcotráfico, ¿es esta gobernanza una estrategia realista? O dicho de otro modo, si tienes bandas criminales a las que no puedes derrotar; ¿es una salida el administrar la violencia como hace Argentina?

-Es relativo. Si vivimos en Rosario y no podemos salir a la calle por los robos y por los enfrentamientos entre los narcos, viene una camada de policías que van a pactar con el mundo criminal y no sólo van a controlar los delitos predatorios sino que van a usar la violencia institucional ilegal -o sea, van a haber ejecuciones-  y al mismo tiempo va a haber un pacto con el mundo criminal y como resultado el narcotráfico va a estar absolutamente controlado… bueno, cualquier rosarino y también ustedes y yo firmaríamos esto. Eso yo lo dije como ministro, cuando estaba en Rosario: si tuviéramos 20 comisarios de la Policía Bonaerense, estas cosas no pasarían acá. Porque el policía bonaerense hace que vuelva el control de las calles porque saben que si no pacifican el territorio no le pueden extraer dinero al mundo criminal.

“Con esto quiero decir que esta es una solución “fácticamente” viable. Pero no lo es desde el punto de vista de que este doble pacto de gobernabilidad a la larga conduce a la construcción de un Estado ilegal. Además, es eficaz en la medida que no se alteren los equilibrios. Porque si tienes un mercado de drogas que crece, que se diversifica, se empieza a agrietar el pacto y empieza a entrar en crisis tanto el consentimiento de la política hacia la policía como de la policía manejando la calle.

-Es muy inestable ese pacto, entonces.

-Mucho. Además el doble pacto tiene el problema de que no es para nada sencillo salir de él. Porque si estoy en el desastre de Rosario puedo querer, como una salida realista, el doble pacto que hace décadas practica la política y la Policía Bonaerense. Ahora, si tengo a la Policía Bonaerense, es un desastre. Entonces, la pregunta que importa es cómo vamos hacia un Estado con una regulación a la europea o a la norteamericana. Ahí está el problema, porque tienes que construir una agenda política complejísima que implica, primero, una reforma policial integral. Esa reforma, entre otras cosas, debe implicar la formación de policías que sepan investigar crimen organizado y que rompan con la lógica de la ocupación territorial. Lo que se necesita es lo que llama “policiamiento focalizado”: dejar de preocuparse por la ocupación del territorio y, en cambio, tener una policía que sabe dónde están los focos del crimen y va hacia allá; y si ese crimen se corre para un lado, lo sigue. Esa es otra policía, y para construirla tienes que cambiar toda la estructura de la seguridad pública. Esa reforma no la puede hacer la misma policía, porque adentro de la institución hay un deterioro enorme y las conducciones policiales no se auto reforman, no tienen capacidad para eso. La reforma la tiene que hacer la política; pero la política no tiene cuadros que entiendan del crimen, de la policía y de seguridad. La política tiene cuadros en desarrollo social, en educación, en trabajo social, en economía, pero no en seguridad. Además, estos cambios requieren seguir una agenda que va más allá del calendario electoral de un gobierno. Entonces, cuando tienes un sistema político fragmentado como el chileno o el argentino, ¿cómo carajo haces para pactar con el adversario una agenda de reforma policial que requiere 10 años de continuidad y de inversión? Una reforma así requiere no solo de acuerdo para aprobar normas en el congreso, sino también garantizar recursos financieros suficientes, porque las buenas policías y los buenos sistemas de seguridad son caros. Europa invirtió fortunas en las reformas policiales. Europol es caro,  les salió mucho dinero. En un momento se discutió si valía la pena tal nivel de inversión dada la magnitud de delitos que tenían. ¿Sabes qué fue lo que aflojó los tornillos del financiamiento? El terrorismo. Le vino como anillo al dedo a los partidarios de las reformas policiales. En América Latina no veo condiciones para esto,  para un pacto social y político que construya una nueva policía en un periodo de 10 años. Porque además los partidos están atravesados por intereses corporativos de policías, de jueces y fiscales y de la propia política que se beneficia de este sistema tal como está. Entonces siempre hay capacidad de extorsión o de boicot del acuerdo inter-partidario.

“Por lo tanto, se puede regular el crimen sin asociarse con él siempre que tengas una buena policía, una justicia independiente sin limitaciones para llegar hasta las estructuras de poder y si tienes una política que dice “esto es lo que hemos pactado democráticamente y lo sostenemos”. Ahí es donde yo tengo un pesimismo fenomenal para mi país porque la transformación de la seguridad requiere de condiciones políticas, administrativas y financieras que no veo en este momento. Y con el trastornado que está de presidente, menos todavía.

– En ese vacío es que ganan los Bukeles.

-Claro, porque si tienes 70 homicidios cada cien mil habitantes, la gente está dispuesta a dejar caer la democracia… Cuando fui a El Salvador hace unos años no podías andar tres cuadras sin riesgo de que te mataran. Un país con esas circunstancias permite que Bukele tumbe la democracia. Bukele dio un golpe de Estado, “blando”, si quieren, pero se comió la justicia, la legislatura y está gobernando con un decreto que declaró el Estado de Emergencia hace dos años. En ese marco, cerca de 15 mil personas detenidas fueron liberadas sin ningún tipo de acusación penal porque fueron detenidos administrativamente. A cambio de eso, realmente logró desarticular las maras, las descabezó. Pero también hubo un nivel de inversión importantísimo. La mano dura es cara.

-¿Qué le dirías a una persona que quiere que la policía termine con el crimen? ¿Le dirías que eso no se pude y que la seguridad pasa por la administración del crimen?

-Soy el menos indicado para decirle a las personas cómo funciona la política criminal. Cuando fui ministro de seguridad en Santa Fe, fui un desastre en materia comunicacional. Si tomas mis entrevistas vas a ver que expliqué en detalle lo que estaba pasando. Expliqué con la sapiencia que teníamos desde la sociología. Mi equipo de investigación de la universidad lo llevé entero a mi gabinete: teníamos la experiencia de 30 años de investigación. Y pensé que era necesario un signo de transparencia. Pero no funcionó porque los santafecinos querían escuchar a un Bukele. Y además es una provincia donde a la gente le gusta que le mientan. Yo, por ejemplo, les dije, ustedes me piden que pare con los robos de celulares, pero los ladrones no son coleccionistas, no los tienen en la casa, los venden en los mercados donde la clase media va y compra los repuestos, entonces les pido un compromiso. Y la respuesta fue: “este porteño de mierda mirá lo que dice”. Te diría, entonces, que el mensaje para la gente tiene que elaborarlo una buena consultora comunicacional que traduzca las políticas que son necesarias a un mensaje que llegue a la gente. Ahora, yendo al fondo, imagínate que hay un narco que tiene controlada la situación en una zona, que tiene negocios legales y no tira tiros; y tienes todo para detenerlo pero sabes que si lo detienes y lo sacas vas a desatar una guerra por la sucesión. Y entonces lo que corresponde es dejarlo para evitar la carnicería. Pero si los ficales hacen eso, van presos.

-Esa política no se pude transparentar.

-Por supuesto que no, porque estaría violando la ley.  Y por eso creo que lo que hay que hacer es discutir las normas procesales y las normas de ejecución penal.

-Hablemos de Rosario,  ¿qué pasó en esa ciudad?

-Pasó que la policía perdió el control de la calle; se quebró la regulación policial del crimen que históricamente existía. La explosión del mercado de drogas en Rosario es entre 2008-2010

-¿Es está vinculado con el boom de la soja y el crecimiento económico?

-Claro, porque el grueso del consumo de cocaína en Argentina y en Rosario es recreativo. Es más, se consume entre jueves y domingo; escomo tomar cerveza. Y hasta 2010 la policía manejaba el negocio, tanto del chiquitaje como de la criminalidad de alta rentabilidad. Sin embargo, a partir de la llegada del socialismo al gobierno de la provincia, en 2007, comenzaron los cambios. La política les dijo “no vamos a cobrar dinero”, pero a la vez dejaron muy suelta la policía. Y ésta no tuvo una línea clara como sí la tenía con el peronismo. Y entonces ocurre el estallido del mercado de la cocaína en Rosario. La bonanza económica produjo una rentabilidad que ni los narcos imaginaban. Como eran personas muy rústicas lo primero que hicieron fue comprar varios autos de alta gama por semana. Luego sus abogados los ayudaron a lavar, a gerenciar el dinero de otra manera y los vincularon con el mundo de la economía negra de la soja y las financieras históricas de Rosario que se dedicaban a los grandes negocios inmobiliarios. Y ahí empiezan a gerenciar y legalizar la plata.

“Entonces, tenemos una la policía sin conducción política que se enfrenta con grupos que cada vez tienen mayor rentabilidad; y empieza a haber una afluencia importante de dinero hacia la institución pero sin control policial del mundo criminal. A esto se suma la reforma judicial que instituye el sistema acusatorio y crea al Ministerio Público de la Acusación con fiscales sin experiencia. Estos fiscales no son viejos operadores del sistema, sino que eligieron a jóvenes recién salidos de la universidad, chiquitos y chiquitas que no entendían nada de la vida criminal. No tenían la más mínima preparación frente a la problemática criminal. Entonces la policía quedó absolutamente fragmentada y empezaron a formarse muchas bandas dentro de la policía que se disputaban el territorio. Hay escuchas telefónicas que te muestran al primer jefe de Los Monos, el Pájaro Cantero que dice “ya arreglamos con Dorrego” (que era la brigada de investigación) y también con la comisaría; pero ahora viene a cobrar este otro grupo y al final trabajamos para la policía”. Es decir, había muchas terminales policiales, todas iban a comerse un pedacito del negocio, había enfrentamiento dentro de la institución y eso rompió la regulación y la capacidad de establecer un orden pacífico.”

“Y a medida que los grupos criminales se hicieron más poderosos, los policías comenzaron a trabajar para las organizaciones delictivas. Cuando se condenaron a Los Monos en el 2018 y al clan Alvarado en el 2022, también se condenaron grupos policiales que eran subordinados de los grupos criminales. Ese fenómeno fue único en Argentina. No hay ningún caso de policías condenados como parte de organizaciones criminales en un plano subordinado a los líderes narcos. Esa es una anomalía rosarina.

“Entonces, para resumir, en el mercado de la droga hay paz cuando alguien lo maneja, lo dirige: puede ser el Estado o un grupo criminal dominante. Si Esteban Alvarado se hubiera “comido” al resto de los narcos hoy habría paz en Rosario. Pero la fragmentación criminal, sumada al quiebre de la regulación estatal es lo que explica que ese mercado de drogas esté atravesado por la violencia. Esto no pasa en Buenos Aires o en Córdoba porque allá la policía maneja todo y los narcos entienden que la paz les da mayor rédito que la guerra. Por otra parte, hay que tomar en cuenta otro elemento: en Santa Fe cuando el crimen atacó violentamente al Estado o a funcionarios (otra anomalía rosarina) fue porque se rompieron acuerdos secretos con el Estado. En 2018 hubo atentados contra el poder judicial cuando el Guille Cantero pactó un juicio abreviado con la justicia. La prensa se enteró y el gobierno no tuvo alternativa y tuvo que rechazar el procedimiento abreviado e ir al juicio pleno. Él había pactado un tercio de la pena que le dieron al final y la respuesta fue balacera a todas las sedes policiales y judiciales. Ahora volvieron a hacer lo mismo contra este gobierno. La ruptura del pacto fue muy sencilla: el gobierno de Maximliano Pullaro empezó a hacer propaganda con los detenidos, con los familiares de los detenidos y también rompiendo algunos bunkers [locales de venta de droga al por menor]; entonces el mundo criminal dijo “pero si yo financio la policía y la protección penitenciaria con ese negocio y este tipo está haciendo propaganda rompiendo estos negocios, cuando en verdad tenemos un acuerdo, bueno acá tenés tu merecido”. Ese es el trasfondo, eso es lo que ha estado pasando en Rosario.

-Por último, dices que el microtraficante –el chiquitaje– va preso mientras que el gran narcotráfico no tiene esos problemas. ¿Cuán integrados verticalmente están hoy esos negocios en Argentina?

-Hay un relato periodístico que establece una vinculación entre una cosa y la otra.Pero no hay una sola evidencia, una sola causa judicial, un solo reporte que dé cuenta de que hay una relación entre los grupos que se dedican al tráfico internacional y los grupos locales que abastecen de drogas a Buenos Aires, Rosario o Córdoba o las grandes ciudades.  Particularmente los de Rosario, son clanes familiares con tramas barriales que adquieren la droga en la frontera y los trasladan por avioneta o por tierra. Los que se dedican al negocio internacional no operarían con ellos porque éstos no tienen la capacidad para brindar logística, pero además, porque son muy violentos. Están todo el día enfrentándose con otros grupos y eso no es garantía de resguardo. Si nosotros tres tenemos que meter 4.000 kilos por mes de cocaína en Europa, cuando la droga pasa por Santa Fe no le vamos a confiar la custodia a Los Monos, que en cualquier momento la roban, porque son depredadores y andan a los tiros con todo el mundo. Ni loco me asocio con ellos.

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