Empujar alzas salariales tiene sentido en un país donde las familias se han financiado con deuda. Pero ¿se puede? La columna sugiere que el éxito de la propuesta de la candidata de la izquierda requiere sindicatos fuertes y criteriosos y un plan complementario de inversión y fomento a las exportaciones no tradicionales.

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Con el categórico triunfo de Jeannette Jara en las primarias de la izquierda el 29 de junio, los ojos se vuelcan sobre su programa de gobierno y los desafíos que podría enfrentar una administración liderada por ella. Más allá de que el programa debiera cambiar con la incorporación del resto de la coalición y que su triunfo se basó más en sus atributos personales que en sus propuestas – situación que muy probablemente se repetirá para la primera vuelta presidencial- , vale la pena analizar algunas de las ideas que presenta.

El primer punto que destaca es la propuesta de centrar el crecimiento económico en la demanda interna. La crítica de adversarios y aliados se ha concentrado en ese asunto, cuestionando la capacidad de la demanda interna de liderar el crecimiento y calificando la idea de “añeja”. Sin embargo, al contrario de lo que se ha querido instalar, la propuesta de Jara no significa un cambio en lo que ha sido la tónica desde la vuelta a la democracia. En efecto, desde 1990 el principal motor del crecimiento ha sido la demanda interna (compuesta por el consumo, la inversión y el gasto público) y no la demanda externa (exportaciones menos importaciones). Así lo indican los datos.

El gráfico 1 registra cuánto aportan al crecimiento del producto interno bruto (PIB, en rojo) tanto las exportaciones (línea oscura) como el consumo de los hogares (línea turquesa), que es el principal componente de la demanda interna. Como se puede observar, en varios periodos el consumo de los hogares aportó más al PIB que las exportaciones. En efecto, lideró el crecimiento del país en 26 de los últimos 34 años, es decir, en tres cuartas partes del periodo entre 1990 y 2024.[1]

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Gráfico 1

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Entonces, el punto relevante a discutir no es si el crecimiento de Chile se basa en la demanda interna -pues así ha ocurrido desde la vuelta a la democracia- sino cómo se sostiene ese crecimiento, esto es, cómo se impulsa el consumo y en qué medida se equilibra con la inversión y el gasto público.

DEUDA

Si bien desde 1990 se han incrementado gradualmente los salarios, el aumento del consumo ha dependido fuertemente del endeudamiento. El gráfico 2 registra la evolución de los tres componentes: consumo, salarios, y deuda. Se observa que mientras el consumo subió 2,5 veces desde el 2000, los salarios promedio escalaron sólo 1,5 veces. En cambio, la deuda de los hogares se multiplicó por 4,5. Es decir, los salarios no alcanzaron a financiar el consumo, el cual creció gracias al endeudamiento de los hogares. Y en efecto, los hogares chilenos son por lejos los más endeudados de América Latina. Chile es un ejemplo de lo que la literatura llama un modelo de crecimiento basado en la deuda privada. Y tal como ocurre en EE.UU. e Inglaterra, este modelo tiende a generar vulnerabilidades a nivel macroeconómico, alta desigualdad, y eventualmente descontento generalizado.

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Gráfico 2

Consumo, salarios promedio y endeudamiento de los hogares

Fuente: Bogliaccini y Madariaga 2024, sobre la base de datos Banco Central y CEPAL.

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En un intento por cambiar lo que ocurrió hasta ahora, la candidata Jara plantea sostener el consumo mediante aumentos del salario mínimo, o su reemplazo por lo que denomina “sueldo vital” de 750 mil pesos. Esto presenta una oportunidad para aumentar el consumo reduciendo el endeudamiento de los hogares, pero conlleva una serie de desafíos. A continuación analizaremos los diversos problemas que pudieran emerger al implementar esta idea.

SALARIOS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO

Los problemas más relevante que pudieran surgir del aumento de salarios propuesto son la inflación y del desempleo.

Respecto de la inflación, dado el contexto de la institucionalidad macroeconómica del país, es mucho más probable que un aumento rápido de los salarios genere una reacción preventiva del Banco Central en el sentido de subir la tasa de interés para reducir la actividad económica (y así frenar la inflación), como hizo durante los años posteriores a la pandemia.

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“Entre 2000 y 2018 el consumo subió 2,5 mientras que los salarios escalaron sólo 1,5 veces. La deuda, en cambio, se multiplicó por 4,5. Es decir, los salarios no alcanzaron a financiar el consumo, el cual creció gracias al endeudamiento de los hogares.”

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El problema más realista es, entonces, que la restricción monetaria -y el consiguiente enfriamiento de la economía- pudieran reforzar alzas en el desempleo que hoy bordea el 9%. Esto alimentaría la presión de los costos laborales sobre las empresas, las cuales frenarían las contrataciones o aumentarían aún más los despidos.

En este contexto, parece acertado llevar la negociación colectiva al nivel sectorial, lo que permite, según la evidencia comparada, moderar las demandas salariales y negociarlas en conjunto con los empleadores de manera de equilibrar posibles efectos en nivel de precios y especialmente en el empleo. De hecho, un influyente paper plantea que la combinación más propicia de instituciones económicas para asegurar baja inflación y bajo desempleo es tener bancos centrales independientes y negociación colectiva centralizada, particularmente al nivel sectorial.[2] ¿Por qué? Porque las organizaciones sindicales, conociendo los efectos en el desempleo que produce una reacción fuerte del Central, moderan las alzas salariales con lo que ayudan a controlar la inflación. Así, eventualmente, emerge un juego cooperativo que beneficia los intereses de ambos actores.

Respecto del empleo, la evidencia indica que las instituciones de negociación colectiva centralizada (a nivel sectorial o nacional) permiten balancear un mejoramiento significativo de los salarios (mínimos y medios) con el empleo, incluso manteniendo la competitividad de las exportaciones (diremos más sobre esto más abajo). Así ha ocurrido en economías pequeñas, abiertas al comercio y con similares niveles de desarrollo que Chile, como Uruguay, Portugal, España, Polonia e Israel (Ver Empowering Labor, de Juan A. Bogliaccini).

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“En una economía liberalizada y con una capacidad productiva limitada como la chilena, un aumento sostenido del poder adquisitivo arriesga generar un aumento de importaciones con el consiguiente efecto en la balanza comercial.”

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En otras palabras, más allá del monto de $750 mil que propone Jara como un sueldo vital, debiera privilegiarse el establecimiento de estructuras de negociación que permitan consensuar los montos y velocidad de las alzas, e incluir otros beneficios no salariales que empujen aumentos de productividad. Para ello será fundamental contar con organizaciones sindicales que puedan moderar las demandas de las bases y ofrecer otros beneficios a cambio, como trabajo remoto o capacitación, tal como ocurre en los países que tienen dichas estructuras.

En ese sentido, la experiencia de la candidata Jara en la negociación de los aumentos de salario mínimo y de la ley de 40 horas en conjunto con representantes del empresariado, así como el acuerdo que alcanzó en la reforma de pensiones, constituyen un antecedente muy relevante a la hora de poder empujar este tipo de políticas.

FOMENTO DE EXPORTACIONES E INVERSIÓN

Fomentar la demanda interna tiene el potencial de reactivar sectores que fueron muy golpeados por la pandemia y que absorben un gran porcentaje de empleos como la construcción, el comercio y los restaurantes. Ahora bien, en una economía liberalizada y con una capacidad productiva limitada como la chilena, un aumento sostenido del poder adquisitivo arriesga generar un aumento de importaciones (materiales de construcción, bienes durables y otros productos) con el consiguiente efecto en la balanza comercial, esto es, el equilibrio entre exportaciones e importaciones.

Si a esto se suma una guerra comercial en ciernes y posibles alzas arancelarias (como la que acaba de lanzar Donald Trump para el cobre), el impacto puede encarecer aún más nuestras exportaciones en el exterior y hacerlas, por tanto, menos competitivas.

El hecho que haya más importaciones que exportaciones significa que el país tiene que hacer un esfuerzo por conseguir dólares, lo que se logra impulsando las exportaciones -para volver a equilibrar la relación-, o atrayendo capitales desde el exterior.

Esto nos lleva a la importancia de tres asuntos que están relacionados: la inversión, componente clave de la demanda interna que ha estado deprimida durante las últimas décadas; la productividad, parte fundamental de la inversión; y la competitividad de nuestras exportaciones.

Mientras los candidatos de la derecha plantean incentivar estos componentes mediante una carrera hacia el piso, es decir, bajando impuestos y regulaciones –con los consiguientes efectos en arcas fiscales, precarización laboral y deterioro ambiental–, en el programa de Jeannette Jara podemos encontrar algunas propuestas que van en la dirección correcta y que complementadas con políticas que se han implementado desde los gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, pueden ser aún más efectivas.

En primer lugar, nuevamente es clave la negociación colectiva a nivel sectorial. Como muestran los países mencionados antes y que tienen similares condiciones que Chile, pero también países desarrollados con fuerte vocación exportadora como Dinamarca y Suecia -y otras potencias como Alemania- la negociación colectiva sectorial es fundamental para que las alzas de salarios reflejen tanto las condiciones de cada industria como las necesidades de los trabajadores. Un aspecto central –y respecto al cual se dice poco en el programa de Jara- es la capacitación. En los países mencionados las alzas de salarios tienen en cuenta, por lo general, la competitividad externa de la industria y van de la mano con el mejoramiento de la cualificación de los trabajadores de manera de incrementar la productividad.

La misma estructura de cooperación que propicia la negociación colectiva hace posible generar confianzas entre empresas competidoras y trabajadores para coordinar sus necesidades de mano de obra cualificada. Ejemplos de ello abundan tanto en los países mencionados como en otros con estructuras productivas más similares a la chilena (como Australia), y la positiva experiencia desarrollada al respecto por el Consejo de Competencias Mineras que lidera el Consejo Minero junto a Fundación Chile son importantes antecedentes para considerar en otros sectores exportadores, como ya se está haciendo.

En concordancia con lo anterior, una reforma importante al sistema de capacitación y formación de competencias puede convertirse en un pilar fundamental para mejorar la empleabilidad de quienes han tenido más problemas para encontrar trabajos desde la pandemia, principalmente mujeres, que se han dedicado a labores de cuidado, y trabajadores en edades cercanas a la jubilación. Eso requiere, sin embargo, que la capacitación vaya más allá de la franquicia tributaria que es hoy y se enfoque en establecer estructuras que permitan coordinar la demanda con la oferta de trabajo, y subir las cualificaciones según las necesidades de cada industria.

El segundo punto se vincula directamente con otro de los componentes de la demanda interna, la inversión. El programa de gobierno plantea un plan de “inversión pública estratégica” poco definido. Si este se articula con otras propuestas del programa, puede contribuir a mejorar el empleo y la competitividad en tres aspectos:

1) Las inversiones en infraestructura planteadas pueden apuntalar el empleo particularmente en el sector construcción, que es uno de los más golpeados desde la pandemia; 2) lo anterior también permitirá mejorar la competitividad a través del perfeccionamiento de la conectividad (transporte, comunicaciones y logística) baja en carbono, tal como es el caso con los trenes regionales propuestos; 3) el plan de inversión debiera tender a mejorar la resiliencia de dicha infraestructura enfocando en inversiones que mejoren su adaptación al cambio climático y los desafíos ambientales que enfrenta el país.

El programa menciona además un plan de inversión en plantas comunales de energías renovables, que tiene un impacto doble. Por un lado, busca fortalecer el componente ambiental del programa, pero también, morigerar los costos de la energía y por esa vía, ayudar a aliviar las posibles presiones inflacionarias mencionadas arriba.

Un efecto similar puede lograrse con el plan de inversión en áreas rurales que plantea el programa: fomentando la productividad de pequeños agricultores mediante mejoras en infraestructura y acceso a crédito blando para adquisición de capital, además de impulsar la asociatividad y el cooperativismo, no sólo se favorecen las condiciones de empleo de dichas zonas, sino también, contribuye a la seguridad alimentaria que necesita el país para enfrentar las alzas de precios de alimentos que son uno de los principales componentes de la inflación, tal como está haciendo en estos días la Unión Europea.

La decisión de dirigir la inversión pública en estas materias se podría potenciar a través de las normas de inversión de las AFPs en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. A fines de 2020, la Superintendencia de AFPs publicó una norma que regula la incorporación de criterios de sostenibilidad en las inversiones que hacen las AFPS, y que estas han venido incorporando de manera paulatina. Potenciar dichas normativas e incorporar porcentajes mínimos de inversión en infraestructura y proyectos bajos en carbono y amigables con el medio ambiente –como fue el caso de las políticas que propiciaron la exitosa entrada de energías renovables a nuestra matriz eléctrica– puede ser una manera eficaz de canalizar los recursos existentes hacia una mayor y mejor inversión.

Un tercer elemento para mejorar la competitividad y la entrada de divisas es el fomento productivo y el apoyo a la ciencia y la innovación pública, que son mencionados en el programa, pero no desarrollados. Aquí, creemos que hay sinergias importantes que hacer con amplios sectores del socialismo democrático y del Frente Amplio que impulsaron la reconstrucción de las capacidades de fomento del Estado desde los gobiernos de Michelle Bachelet en adelante.

En este sentido, parece importante reforzar el rol estratégico del Estado en sectores clave como cobre, litio y otros que puedan emerger, pero con algunas salvedades. Como lo han mostrado diversos trabajos sobre políticas industriales modernas exitosas, una guía decidida del Estado y la cooperación público-privada en este ámbito es necesaria –aunque no suficiente– para asegurar frutos.

Sin embargo, el Estado enfrenta actualmente barreras para retomar tareas productivas, particularmente en sectores en los que no tiene conocimiento como es la minería del litio. En estos casos, la experiencia comparada muestra que establecer acuerdos de cooperación, desarrollo tecnológico y transferencia de capacidades en conjunto con el sector privado nacional y extranjero, resulta la manera más fructífera de dar al Estado en un rol estratégico clave en dicha misión.

Trabajos como el del economista de Harvard, Dani Rodrik, han destacado, en este sentido, que es fundamental vincular los beneficios que ofrece el Estado con condiciones claras a las empresas en términos de metas a cumplir, de manera de asegurar que dichas políticas rindan frutos. Es posible, así, que un beneficio no anticipado del liderazgo comunista sea asegurar mejores acuerdos de cooperación con China, por lejos el líder mundial en el desarrollo de tecnologías limpias, que permitan materializar las importantes inversiones que empresas de ese país han anunciado en plantas de fabricación de cátodos y baterías en Chile que a la fecha no se han concretado.

Respecto de la inversión extranjera, un programa que profundice en el fomento productivo en áreas estratégicas no debiera sino mantener el importante flujo de inversión extranjera que se ha observado durante este gobierno. Adicionalmente, gracias a su sólida institucionalidad, Chile se encuentra particularmente bien emplazado para aprovechar los acuerdos multilaterales de financiamiento verde que aseguran acceso de bajo costo a capitales dirigidos especialmente a fomentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

En este contexto, será fundamental que, siguiendo la intención del programa de aumentar la inversión en innovación y desarrollo, esta se dirija hacia áreas prioritarias del país como lo son las tecnologías limpias, aquellas que propician un menor uso de recursos, y en general, aquellas que nos aseguran una transición más rápida a una economía baja en carbono y más amigable con el entorno natural, de manera que nuestro país dependa cada vez menos de la extracción de recursos naturales y más de la economía del conocimiento. En otras palabras, y tomando el ejemplo del litio, una economía que dependa menos de la extracción de sales de litio y más de tecnologías que hagan más eficientes los procesos de extracción, más de la fabricación de materiales asociados a baterías, y por qué no, de investigación y aplicaciones asociadas a las bacterias que habitan los salares. En síntesis, el programa de Jeannette Jara presenta una serie de oportunidades y desafíos tanto en términos económicos como políticos. Parece posible aunar a amplios sectores de la izquierda y la centroizquierda bajo un programa de cuño socialdemócrata clásico que combine las mejores experiencias de los gobiernos de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio –de los que el partido comunista ya ha sido parte- con las de los países a los que Chile aspira a convertirse, potenciando crecimiento, innovación, cuidado del medio ambiente y equidad.

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