Un nuevo actor redefine la política chilena, sugiere el autor: son los entre 5 y 6 millones de electores que entraron al sistema con la aplicación del voto obligatorio y que en su mayoría optaron por Kaiser, Parisi y José Antonio Kast. Sus demandas son diferentes a las de los votantes que dominaron en el ciclo político anterior, el de movilizaciones. ¿Quiénes son estos electores? ¿Qué quieren?¿Puede la izquierda representar sus intereses sin dejar de lado a sus votantes tradicionales?
En el artículo “El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora?”, sostuve la importancia de leer el resultado electoral y el balance de estos cuatro años de gobierno como parte del cierre de un ciclo político más largo, que se abrió con las movilizaciones de 2006 y fue atravesado por el estallido social, la pandemia y los procesos constitucionales fallidos. Mi intención era —y es— tomar distancia de la coyuntura inmediata y analizar este momento con espíritu autocrítico y desde una perspectiva más amplia, considerando la interacción entre movilizaciones sociales, cambios estructurales y respuestas desde la institucionalidad política.
En este marco, quiero proponer como hipótesis que lo que caracteriza el nuevo ciclo en el que estamos es el voto obligatorio, adoptado en el plebiscito de salida de 2022, y que incorporó entre 5 y 6 millones de nuevos electores. De este grupo sabemos poco, pero parece evidente que se distancia mucho del tradicional eje izquierda-derecha, y sus preferencias se alejan de las del votante que dominó en el ciclo anterior. Así, en el nuevo ciclo están los elementos del anterior, pero se han introducido también sensibilidades y demandas distintas, en un contexto de hegemonías en disputa. En este artículo intentaré profundizar en el análisis de estos asuntos.
Pero, antes de partir, quisiera ofrecer un balance del gobierno del presidente Boric y del ciclo de movilización de los últimos 20 años, ya que también se ha generado un debate en torno a aquello.
Sobre el gobierno del presidente Boric
Tal como lo afirmé en el artículo anterior, creo que a la hora de hacer balances la autocrítica es importante. Sin embargo, también creo que no se pueden evaluar los últimos cuatro años sin recordar el contexto en el que asumió el actual gobierno, particularmente en aquellos aspectos que hoy son más sensibles para la población.
- Economía.
Probablemente uno de los asuntos más desafiantes fue el ámbito económico. Hasta diciembre de 2021, 8,3 millones de hogares recibieron un Ingreso Familiar de Emergencia por el equivalente a la línea de pobreza. En marzo de 2022 la inflación alcanzó un 9,8% y en agosto se empinó a un 14,1%, producto del sobrecalentamiento doméstico, de la guerra en Ucrania que subió el precio del petróleo a niveles históricos y los problemas logísticos de China por un rebrote de Covid-19. En paralelo, el presupuesto fiscal del 2022 volvió a la normalidad tras las medidas extraordinarias por la pandemia, con una reducción de más de un 22%.
“Detener el flujo ilegal no lo era todo, porque la cantidad de migrantes que ya había entrado estaba generando un choque cultural complejo y difícil de resolver. Fue aquí donde se alimentó el núcleo del discurso de la ultraderecha contemporánea”
Es en este contexto, con una tasa política monetaria (TPM) escalando hasta el 11,5% y una tasa de interés de la Reserva Federal de EEUU en el peak de los últimos 15 años, se comenzó a sentir que la economía frenaba. En el Congreso se comenzó a discutir un nuevo retiro de fondos de pensiones. En el gobierno nos opusimos, por los efectos nocivos que traería a la economía y a la mayoría de las familias, muchas de las cuales ya no tenían recursos que retirar. Presentamos una versión alternativa: retirar fondos no para gasto corriente, sino para el pago de deudas o ahorro de la primera vivienda. Ambos proyectos se rechazaron.
Aunque tuvimos un año de TPM sobre dos dígitos, aun así se logró superar las proyecciones de crecimiento y, al mismo tiempo, mantener la senda de reducción de pobreza prepandemia.
El presidente Boric entregará la banda presidencial en un contexto en que la inflación es del 3%, con cerca de 9,4 millones de personas ocupadas (620 mil más de las que había al inicio de su gobierno), con menores índices de informalidad y una economía cuyos salarios reales habrán crecido casi tres años seguidos. A su vez, en términos fiscales se habrá acercado a la meta de balance estructural, con la menor expansión de deuda, en términos de puntos del PIB, de los últimos tres gobiernos. Habrá que esperar unos días para ver las nuevas cifras de CASEN en términos de desigualdad y pobreza, que esta vez usa una metodología más exigente para subir el estándar de las políticas sociales.
En términos políticos, el dato más revelador lo entrega la encuesta Panel Ciudadano. Mientras en los votantes habituales, la mitad reconoce haber tenido que aceptar condiciones laborales inferiores durante el último tiempo, en los nuevos votantes esa cifra aumenta a 7 de cada 10.
- Migración.
Son datos conocidos: en 2002 la tasa de migración era de 1,3%, en 2017 pasó a un 4,4% y en 2024 se disparó al 8,8%. Buena parte de esa migración está compuesta por la diáspora venezolana tras la crisis política y humanitaria que vive el país caribeño. Es recordada la visita del expresidente Piñera a Cúcuta, la que sumada a la implementación de la Visa de Responsabilidad Democrática, generó expectativas que llevaron a un peak de 56 mil ingresos irregulares en 2021.
Tras asumir el gobierno, se hicieron esfuerzos tecnológicos, administrativos, policiales, militares y diplomáticos para frenar la migración irregular y se logró bajar, durante tres años consecutivos, el número de ingresos irregulares hasta alcanzar prácticamente la mitad de lo que se registró en 2021.
“El discurso antiinmigrante ha sido muy atractivo para los medios de comunicación y los electores, y el progresismo no ha conseguido elaborar una respuesta que unifique a las familias trabajadoras para obtener mejores y mayores derechos y condiciones de trabajo”
Pero detener el flujo ilegal no lo era todo, porque la cantidad de migrantes que ya había entrado generaba un choque cultural complejo y difícil de resolver. Y fue aquí donde se alimentó el núcleo del discurso de la ultraderecha contemporánea. Su maniobra consiguió que el descontento popular no se enfocara en los sectores de mayores ingresos, sino en los migrantes a quienes se presentaba como responsables de todos los males de Chile. Los ingredientes de ese discurso, además de la constante apelación al sentimiento patrio, fueron la permanente asociación del migrante con el delito, además de la instalación de la idea de que los migrantes acceden primero a los servicios públicos.
Aunque ambas ideas son comprobadamente falsas, sí están apoyadas en casuísticas reales. Es decir, ¿hay bandas criminales extranjeras que ocupan métodos más violentos para delinquir? Sí, pero son un porcentaje ínfimo, aunque muy dañino, del total de migrantes. Por otro lado, ¿hay comunas donde los servicios públicos como salud o educación son ocupados por una gran cantidad de migrantes? Sí, pero no porque se los prefiera por sobre los chilenos, sino porque en esas zonas se acumula un alto porcentaje de migrantes.
Frente a esa disyuntiva, el discurso antiinmigrante ha sido muy atractivo para los medios de comunicación y los electores, y el progresismo no ha conseguido elaborar una respuesta que unifique a las familias trabajadoras para obtener mejores y mayores derechos y condiciones de trabajo. La teoría de la aversión a la pérdida de Daniel Kahneman (Pensar rápido, pensar despacio, 2013) lo explica bien: el dolor de perder algo es emocionalmente más intenso que la satisfacción de ganarlo. Y en política, ese sesgo abre un espacio enorme para discursos que prometen “proteger lo que queda”.
- Delincuencia.
Ese sesgo de aversión a la pérdida también se aplica a los fenómenos delictuales, que han sido amplificados por la cobertura mediática y las redes sociales. La paradoja respecto a este tema es doble. Por un lado, durante estos cuatro años se avanzó, bajo cualquier parámetro objetivo, más que cualquier otro gobierno en materia de seguridad: aumentó el presupuesto, mejoró el equipamiento y la coordinación entre actores; se aprobaron más leyes de seguridad que en cualquier otro gobierno, etc. Por otro, la estrategia dio resultados, pues se rompió con la curva ascendente en homicidios, portonazos y otros delitos de alta connotación pública.
Sin embargo, y aquí se explica la paradoja, la población nunca fue capaz de reconocer que el gobierno de Boric avanzó en esta materia. El neurocientífico Anil Seth explicó en el Congreso Futuro de 2019 que el cerebro no funciona de la manera en que tradicionalmente creemos que lo hace, es decir, exigiendo evidencia para creer en algo, tal como propone la famosa frase “ver para creer”. En cambio, explica Seth, el cerebro debe primero tener una idea preconcebida y conceptualizada de “algo”, para luego “verla”. Entonces, lo que realmente sucede es que “hay que creer para ver”.
Esto, me parece, ilustra muy bien lo que ocurrió con la delincuencia y la migración. La imagen del entonces diputado Boric enfrentando a un militar para que no se violaran derechos humanos durante el estallido social no quedó sólo como una anécdota. A pesar de que el mismo diputado Boric firmó luego el Acuerdo del 15 de Noviembre, fue funado en la calle por una ultra, y más importante aún, a pesar de todo lo que hizo como presidente para combatir el delito, hubo una idea preconcebida que fue alimentada a través de una narrativa constante y que asociaba el delito al gobierno. Esa preconcepción, sumada a errores como el indulto de Luis Castillo, terminó siendo más poderosa que cualquier evidencia.
- Convención Constitucional.
Pienso que en términos políticos, como fuerzas de gobierno, tuvimos un tardío y distante rol respecto a la Convención Constitucional, que —a la luz de su fracaso y centralidad en el devenir del gobierno— vale la pena cuestionar. Es cierto que entre todas las fuerzas de gobierno aún sumaban una minoría y que antes de asumir el gobierno ya había terminado la primera ronda de revisión de propuestas del pleno de la convención constitucional que aceptó algunas propuestas y devolvió otras a las comisiones, pero aun así, creo que no actuamos a tiempo.
Desde que asumimos, se realizaron gestiones con fuerzas políticas de la coalición de gobierno (principalmente FA y PS) para intentar enmendar el rumbo y contribuir a un texto constitucional que minimizara los temores que se estaban instalando en el debate de comisiones. Pero para marzo, cuando llegamos a actuar, buena parte de la credibilidad del órgano ya estaba medianamente jugada, por eso la crítica es a una falta de decisión anterior. Quizás debimos iniciar esas conversaciones con mayor intensidad desde el momento de la elección de segunda vuelta, incluso desde el paso a segunda vuelta.
Por cierto, nada garantiza que eso hubiera permitido cambiar el rumbo constitucional y lograr un acuerdo más amplio y convocante, pero me he formado la convicción de que esa omisión y respeto casi religioso a la autonomía del órgano constituyente fue un error, sobre todo porque era inevitable y previsible que el gobierno sería juzgado por el desenlace de la Convención, a seis meses de haber asumido.
- Logros.
Quizás enumerar los logros sin al menos dar alguna magnitud de lo que significan, les resta importancia. Más aún, cuando se ha abierto el debate entre izquierdas materialistas e izquierdas identitarias o “woke”. Por lo mismo creo que es importante recapitular a este respecto.
La reforma de pensiones, presentada en 2022, se logró tramitar tras un acuerdo liderado por los ministros Jeannette Jara y Mario Marcel, pese a ser minoría, lo que se traduce en mejoras concretas y significativas para todas las personas mayores y para las mujeres en particular. El aumento del salario mínimo, con subsidios a las pymes, será de un 22,3% en términos reales durante el período presidencial, comparado con un 8,2% del gobierno anterior. A eso se suma la disminución gradual de la jornada laboral semanal, de 45 a 40 horas.
La ley del royalty minero traslada anualmente US$1.450 millones de las rentas provenientes de las grandes empresas mineras a los gobiernos locales y la innovación tecnológica, generando justicia territorial. ¿Podría ser más ambicioso? Claro, pero se avanzó de forma concreta en esta materia.
El Copago Cero implica hacer gratuita toda la red de salud pública para más de 17 millones de personas. Esta medida está orientada principalmente a los tramos C y D de Fonasa, por lo que desde su implementación, casi 2 millones de personas de clase media han sido beneficiadas por un monto equivalente a $370 mil millones de ahorros familiares totales.
Por su parte, la ley de pago de pensiones de alimentos, popularizada como Ley Papito Corazón, a la fecha ha ordenado el pago del orden de 3 millones de millones de pesos (sí, billones), y ha logrado que 7 de cada 10 denunciados hayan regularizado su situación.
En la última recta están el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el de la Sala Cuna Universal y también el que termina con el CAE, condona parcialmente deudas universitarias y establece un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior.
A eso se suman iniciativas de gestión, como la expansión y prioridad en los Trenes para Chile, el transporte sostenible o un sistema de ventanilla única digital para acceder a los beneficios sociales del Estado. Respecto al cumplimiento de las 260 mil viviendas sociales, que ya alcanza más de un 90%, se recibieron 55 mil de la administración anterior y se dejaron 110 mil en construcción, lo que amplía la capacidad de respuesta ante la emergencia habitacional.
Como podemos ver, no están todas las medidas que se proponían en el acuerdo de implementación programática de la segunda vuelta de 2021, pero creo que no se podía decir que son representativas de una izquierda identitaria.
Probablemente uno de los mayores obstáculos para avanzar más fue el traspié en el debate tributario. Se presentó el 1 de julio de 2022 y tras la tramitación en la comisión de Hacienda, en marzo de 2023, se rechazó la idea de legislar en la sala de la Cámara, con la ausencia temporal de la sala de tres parlamentarias que en teoría podrían haber aprobado la iniciativa: Mónica Arce, Viviana Delgado y Pamela Jiles. No asegurar las condiciones para la aprobación de un proyecto tan emblemático, y la imposibilidad constitucional de presentarlo hasta dentro de un año calendario, marcó buena parte del destino de la política fiscal del gobierno. El mismo Mario Marcel cuenta que “la mayor frustración que he tenido como ministro de Hacienda de Chile es haber sufrido el rechazo de una reforma tributaria”. Es cierto que dos años después se logró promulgar una parte de esa reforma —la Ley de Cumplimiento Tributario—, pero este rechazo alteró tanto el flujo como la totalidad de los recursos a disposición de las reformas, lo que por supuesto complicó el desempeño político del gobierno.
- Coalición.
La coalición que se armó con múltiples tensiones entre fines de 2021 y marzo de 2022, fue mostrando una ambivalencia durante los años siguientes. Si bien dentro del ejecutivo se veía unidad de acción y épica en los proyectos a desarrollar, a nivel de liderazgos partidarios y del Congreso estaba sumamente tensionada, al punto de llegar a las elecciones del Consejo Constitucional en 2023 con una escisión del PPD, el PRSD y la DC en una lista distinta del oficialismo. Tras la debacle que significó esa elección, se realizó un trabajo político que condujo a la posibilidad de afrontar las elecciones municipales en unidad, lo que maximizó los resultados y generó una leve situación de estabilidad.
Esa unidad se repitió para las primarias presidenciales, sin embargo, para la parlamentaria tanto los regionalistas verdes (FREVS) como Acción Humanista terminaron saliéndose del pacto oficialista ampliado. Con resultados en mano podemos ver que si hubiéramos tenido la unidad completa, se tendrían 8 escaños más en la cámara de diputados y diputadas.
“Habrá que ver cuánta batalla cultural se puede permitir el gobierno de Kast, pero sin duda, retroceder en aquello que la población considera avances podría implicar un grave revés a su apoyo”
Ahora, en términos políticos se ha desencadenado una disputa de tesis políticas sobre cómo abordar el período que viene. Mi impresión, siguiendo el razonamiento del diputado electo del partido socialista, César Valenzuela, es que no se trata de lo que cada grupo “quiera hacer” en función de sus identidades e historias particulares, sino de la responsabilidad histórica de cada partido para con las ideas progresistas que nos movilizan y de cómo conseguir que se vuelvan mayoritarias. Y ahí no sobra nadie.
El cambio nunca es lineal
En la Francia de comienzos de 1968, la conjunción del movimiento estudiantil, el movimiento sindical y una serie de nuevos movimientos contraculturales, convirtieron las protestas de mayo en una referencia global. Las referencias al “prohibido prohibir” o “seamos realistas, exijamos lo imposible”, han sido desde entonces parte de la iconografía de las movilizaciones sociales. Sin embargo, ante las protestas más masivas que se hayan registrado en Francia y Europa, la respuesta de la población en las elecciones anticipadas convocadas por el general Charles de Gaulle significó una aplastante derrota para los partidos de izquierda y un triunfo del statu quo. Sin embargo, desde los Acuerdos de Grenelle por mejores condiciones laborales, la Ley Faure de Educación Superior, hasta la despenalización del aborto a mediados de los años setenta, sugieren que, además del cambio cultural, hubo cambios concretos en la sociedad francesa. Medio siglo después, ¿hay alguien que pueda sostener que el mayo francés no cambió nada en Francia y en Europa?
Esta paradoja es la que Geoffrey Pleyers utiliza para argumentar que el cambio social nunca es lineal, que muchas veces aquello que se siembra no tiene una cosecha temprana, que hay avances y retrocesos, pero todo eso, a la larga, va ampliando los horizontes o el sentido común de la población. Si hacemos un paralelo con el caso chileno, a pesar de que nadie puede plantear que se consiguieron todas las demandas por cambio social en el país, sí hay algo que cambió en Chile con este ciclo de variopintas movilizaciones y parece ser difícil que vuelva a ser como antes. Por supuesto, habrá que ver cuánta batalla cultural se puede permitir el gobierno de Kast, pero sin duda, retroceder en aquello que la población considera como avances podría implicar un grave revés a su apoyo ciudadano.
En los últimos 10 años el Estado reemplazó el copago en escuelas, colegios y liceos, pasando de 45% de la matrícula escolar gratuita a un 75%. Difícil volver atrás. En ese mismo período, más de un millón de estudiantes han ingresado a la educación superior con la gratuidad a la que el mismo Kast se opuso. Difícil volver atrás. Anualmente el sistema público de salud distribuye del orden de 25 mil píldoras del día después y se realizan unas 700 interrupciones del embarazo por alguna de las tres causales. Difícil volver atrás. Parejas del mismo sexo que han optado por comprometerse desde la legislación, unas 8 mil en matrimonio y más de 80 mil como acuerdos de unión civil. Difícil volver atrás. Desde 2022, 2 millones de usuarios de clase media se atendieron sin copago en el sistema de salud público. Difícil volver atrás. Se puede seguir, ¿Eliminar el límite a las reelecciones en los cargos de elección popular? ¿Reinstalar los aportes reservados a las campañas? ¿Eliminar la responsabilidad penal para las empresas? ¿Volver a la dieta parlamentaria que se opuso a rebajar, de más de 370 UF (actuales 14.7 millones)? Difícil volver atrás.
No digo que sea imposible deshacer los cambios. De hecho, en otras latitudes algunos representantes de este nuevo populismo de ultraderecha lo han logrado. Sin embargo, la fórmula de “gobierno de emergencia” que le permitió ganar en segunda vuelta a Kast, sumada a un Congreso Nacional fragmentado y casi empatado, no le hará fácil empujar buena parte de sus deseos ideológicos.
El voto obligatorio o el cambio de clivaje
El 14 de noviembre de 2019 se vivió una de las más tensas y extensas jornadas de nuestra democracia reciente. En las salas y pasillos del ex Congreso Nacional se intentaba encontrar una respuesta o cauce institucional al malestar que se expresaba en las calles y que, a diferencia de lo que algunos intentan reescribir, no estaba bajo la conducción de ningún partido político u organización de la sociedad civil.
“En el contexto de la negociación del proceso constitucional, el oficialismo se opuso al voto obligatorio y fuimos las distintas fuerzas de la entonces oposición, las que argumentamos que un proceso constitucional debía contar con la mayor participación posible”
Ya en la madrugada del 15 de noviembre y en una declaración pública a todo el país, representantes de casi todos los partidos políticos con presencia en el Congreso firmaban y daban a conocer el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. En el punto 8, tras definir el plebiscito ratificatorio, se incorpora la frase “Esta votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio”.
Si bien el voto obligatorio era una tendencia mayoritaria a nivel transversal en las fuerzas del Congreso Nacional y había varias mociones parlamentarias para volver a dicho mecanismo (Fuentes, 2018), en el contexto de la negociación del proceso constitucional el oficialismo se oponía a dicha medida y fuimos las distintas fuerzas de la entonces oposición, las que argumentamos que un proceso constitucional debía contar con la mayor participación posible. El resultado fue un proceso asimétrico, con plebiscito de entrada y elección de convencionales con voto voluntario y el plebiscito de salida con voto obligatorio. Y en la práctica, lo cambió todo.
Hoy tenemos pistas para sospechar que, más allá de todas las legítimas críticas al proceso constitucional o a la gestión de gobierno, si al plebiscito o incluso la reciente segunda vuelta hubieran concurrido sólo votantes habituales, el resultado podría haberse inclinado para cualquier lado.
Por lo mismo, hablar de un nuevo clivaje que cruza identitariamente a nuestro país —como lo ha planteado el politólogo David Altman— no parece tener mucho asidero. Menos aún si se considera que en el plebiscito de salida del segundo proceso constitucional la opción en contra ganó por un 56% vs 44% del a favor.
Uno de los factores que cambia el juego y hace pensar en un término de ciclo es el nuevo electorado “obligado”, que no se mueve en las mismas coordenadas que el votante habitual. Así lo han argumentado también Cristián Valdivieso de Criteria y Juan Pablo Lavín de Panel Ciudadano-UDD.
Los otros factores que menciono como característicos de este cambio de ciclo, son los cambios estructurales que ha vivido la sociedad chilena, desde un estancamiento de la productividad hace 15 años; la baja en la natalidad y gran flujo migratorio de los últimos 10 años, que cambian la composición demográfica; la reducción sistemática de la pobreza en Chile, que habilita la aparición de una clase media más exigente; la revolución tecnológica que transforma prácticamente todas las relaciones: sentimentales, familiares, de consumo, de comunicación, de producción, de enseñanza-aprendizaje y de ocio, entre otras; y el cambio de las dinámicas en el delito y crimen organizado en Chile. A estos, se le suma un proceso global que ha llevado a la ultraderecha a ganar posiciones de poder. Por supuesto, ninguno de estos cambios se forjó de la noche a la mañana, sino que son parte de una tendencia que avanza, pero nos permite observar las particulares condiciones bajo las cuales emerge este nuevo sujeto político que antes no se hacía escuchar ante la institucionalidad política.
Que el nuevo electorado sea el principal factor no significa que haya que dejar de hacerse las preguntas de fondo. ¿Qué los moviliza? ¿Cuáles son sus principales ocupaciones? ¿Qué dinámicas de consumo tienen? ¿Qué uso y evaluación tienen de los servicios públicos en general y de los avances de la última década en particular? ¿Cuáles son sus principales anhelos y miedos? ¿Qué composición familiar tienen? ¿Bajo qué dinámicas de poder deben actuar en el día a día? ¿Cuáles son sus sistemas de creencias? ¿A través de qué vías de comunicación se informan? ¿Varía según distribución geográfica o territorial? ¿Según tramo etario, género, situación socioeconómica? ¿Según el país de nacimiento?
Muchas de estas preguntas están presentes en trabajos de investigación social, desde el Informe del Desarrollo Humano del PNUD 2024, pasando por la Radiografía del Cambio Social en Chile 2016-2022 del COES, las series ICSO-UDP este 2025 e incluso el análisis de Panel Ciudadano-UDD “El Chile Sumergido”, en sus dos partes.
La desconexión de los partidos e institucionalidad política con el Chile profundo es lo que tanto Kathya Araujo como Juan Pablo Luna han advertido en sus investigaciones. Sin embargo, para el trabajo de representación política, no basta con los estudios de investigación social. Si se quiere aspirar a representar al pueblo, los partidos deben formar parte del mismo, y no limitarse a observar o escuchar (como correctamente me advirtieron que mi anterior texto se podría concluir).
La tarea de articular una oposición responsable, alerta, firme y propositiva por cierto debe tener una manifestación en el debate del Congreso Nacional. Sin embargo, dado que Chile vivirá tres años sin procesos electorales, quizás conviene pensar de qué manera esas conversaciones se dan a nivel territorial y de ecosistemas mediáticos.
Espero que el proceso en curso de reflexiones, autocríticas y redefiniciones facilite dicha articulación, y que permita ir superando las heridas que se hayan sentido en el camino. Hay mucho en juego. Y sólo el tiempo nos dará la respuesta.
Giorgio Jackson