“La política de mano dura extrema no ha ayudado a controlar a los grupos criminales”, dijo la investigadora. Aún más, ha sido el ingrediente clave para que las bandas se vuelvan más organizadas y violentas. “Los chilenos no deben repetir nuestros errores”, advirtió Pellegrino. Y ejemplificó con el megaoperativo realizado el año pasado en Río de Janeiro, que dejó 121 muertos sin afectar en nada el poder narco que opera ahí. Cerros de cadáveres no traen paz, es la lección brasileña.

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En Chile no sirve el argumento de que la delincuencia es más baja que en el resto de Latinoamérica. Se lo desprecia tal vez porque encaja con la frase “mal de muchos, consuelo de tontos” o porque se percibe como un intento por negar el indudable avance de la criminalidad en la última década. Y, sin embargo, el argumento es cierto: Chile es distinto. No está claro por qué, ni cómo, pero aún nuestra realidad dista de la pesadilla que se vive en los países de la región. La negación de esta realidad ha llevado a aplanar las diferencias e incluso a afirmar que el crimen en Chile es peor. De esas premisas ilógicas se derivan conclusiones inquietantes como que debemos usar los modelos policiales, carcelarios y judiciales de países que tienen graves problemas de criminalidad o que han hipotecado su democracia para conseguir algo más de seguridad.

Tan masivas son estas lógicas que los extranjeros que nos visitan se sorprenden, porque no pueden sino comparar lo que viven en sus países con lo que encuentran acá. Hace unas semanas estuvo en Chile Ana Paula Pellegrino, investigadora que ha estudiado a los sindicatos del crimen brasileños -como el Comando Vermelho (CV), el Primer Comando Capital (PCC) y el Tercer Comando (TC), entre otros- y también ha seguido la huella de las milicias formadas por policías activos y retirados que son otra fuente de muerte y miedo para los ciudadanos. Pellegrino, que a partir de julio se incorporará a la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, participó en seminarios sobre delincuencia, revisó nuestras cifras y estudios recientes y todas las mañanas salió a trotar por el Centro y la Vega, poniendo atención a los personajes que controlaban los mercados ilegales de droga y de prostitución.

Con esa experiencia, la criminalidad de Santiago le recordó lo que veía en las ciudades brasileñas antes de que fueran dominadas por los sindicatos del crimen, es decir, cuando tenían problemas de delitos, como toda gran urbe, pero no estaban sumidas en la espiral de violencia que padecen hoy. Pellegrino cree que aún podemos evitar ese resultado y que debemos tomar conciencia de ello.

-Los chilenos no deben repetir nuestros errores- insistió la investigadora.

¿Cuáles son esos errores? En esta entrevista aborda varios de ellos. Uno muy importante es la creencia de que las organizaciones criminales crecen por falta de mano dura estatal. Esta idea está muy extendida en la política y la ciudadanía, pero las investigaciones de Pellegrino muestran que la violencia descontrolada en las ciudades brasileñas requirió, primero, políticas carcelarias y policiales durísimas y masivas, que incluían ejecuciones y la decisión de meter a muchos jóvenes pobres a la cárcel independientemente de si había pruebas de su culpabilidad.

La política carcelaria durísima también fue clave en la aparición del Tren de Aragua (ver entrevista con Verónica Zubillaga) y en la transformación de las pandillas de esquina que había en El Salvador en los 2000, en las temidas maras (ver entrevista con José Miguel Cruz); Pellegrino argumenta que en Río de Janeiro la violencia estatal empujó a que las bandas forjaran lazos de solidaridad para defenderse de ese enemigo implacable, así como de otros grupos de presos. Eso cambió su naturaleza y su complejidad, lo que luego les permitió controlar el negocio de la droga, dominar amplios territorios y corromper capas más altas del poder estatal. Es decir, la violencia estatal funcionó como un catalizador de la capacidad de daño de estas organizaciones.

 -La evidencia que ofrece Latinoamérica es que las políticas de mano dura extrema no han ayudado a controlar a los grupos criminales- explicó la investigadora a Tercera Dosis.

Quienes creen que estas afirmaciones son palabrería, consideren la evidencia reciente que aporta Río de Janeiro. En octubre del año (1) pasado, el entonces gobernador de la ciudad -un fan de la mano dura y partidario de Jair Bolsonaro-, mandó a 2.500 policías para desarticular al Comando Vermelho (CV) que opera en las favelas de Alemão y Penha. La operación terminó con 121 muertos en un día, un cerro de cuerpos en el que se mezclaban delincuentes, habitantes de la zona y policías. En ese momento los chilenos estábamos en medio de la campaña presidencial y la operación fue usada por candidatos de derecha para decir que ellos sí tenían el arrojo para ordenar operaciones como esa, en contraposición con la izquierda, que quería tratar a los delincuentes con amor.

¿Funcionó esa política? ¿Se desarticuló el CV? ¿Las favelas afectadas se volvieron más seguras?

No, no y no.

Diversos especialistas han mostrado que el megaoperativo fue un fracaso, pues tuvo un efecto “insignificante” en el control del CV. Por una parte, en la lista de muertos y detenidos no estaban los cabecillas más buscados; y de acuerdo con testimonios recogidos por la prensa, al día siguiente, mientras aún se contaban los cadáveres, delincuentes del CV patrullaban las calles de las favelas mostrando su poderío. Antes del operativo controlaban no solo la venta de drogas sino el suministro de gas, televisión por cable, internet y transporte en esa zona. Y hoy sigue ocurriendo. Y la cantidad de muertos en incidentes criminales no ha bajado (2).

Lo cierto es que la mano dura no ha servido ni para prevenir que las organizaciones criminales crezcan ni para detenerlas una vez que se han vuelto gigantes (ver entrevista con Benjamin Lessing). En este último caso, las organizaciones cuentan con ingresos que les permiten corromper profundamente el aparato público y eso se traduce en que pueden seguir controlando su negocio desde dentro de la cárcel. Tampoco funciona matar a sus miembros, pues el negocio de la droga tiene una división de roles muy clara.

-Si matan tres personas operativas en una zona, la organización sigue funcionando en los otros puntos de venta. Además, es muy fácil reemplazar a los operativos pues estos grupos tienen amplio acceso a jóvenes dispuestos a arriesgarse. Entonces, una respuesta militarizada que solo contempla matar o encarcelar, sin tener en cuenta que las personas son reemplazables y que el negocio se puede manejar desde prisión, va a tener resultados frustrantes-, explicó Pellegrino.

¿Y si matamos a los líderes? Tampoco funciona. Cuando una organización criminal es descabezada, rápidamente se desatan pugnas entre los mandos medios para lograr el control, nos recuerda Pellegrino. Y eso tiene costos infernales para la población civil. Así ocurrió, por ejemplo, en Rosario, Argentina, el año pasado cuando la guerra entre bandas y el Estado desató una ola de violencia sin sentido (ver entrevista con Marcelo Saín); y también en México donde la fracasada guerra contra el narco dejó más de 132 mil personas desparecidas (la mayor parte de ellas desapareció “durante el periodo de militarización de la seguridad”, precisa Edith Olivares Ferreto encargada de Amnistía internacional en México, ver entrevista en DW, minuto 18:12). La guerra puede capturar y matar a los líderes, pero eso no trae paz.

-El problema es que la mayor parte de nuestras políticas de seguridad se reducen a policías y cárceles y casi nada de prevención real. Y eso es como si en la salud pública solo pudiéramos usar los medicamentos más fuertes, los que se hacen para las personas que están muy mal. Pero eso no sirve, por ejemplo, para trabajar con niños que están en riesgo de entrar en un grupo criminal. Hoy esperamos que entren en un grupo para hacer una intervención- dijo Pellegrino.

EL ESPACIO QUE OCUPARON LAS FACCIONES

Además de la violencia del Estado, en la creación de las grandes y peligrosas mafias latinoamericanas siempre hay una cronología de fallas y abandonos públicos que deja a un gran número de población en los márgenes de la sociedad. Ese repliegue estatal en lo social termina construyendo un sustrato que permite a las mafias reclutar cientos de niños y jóvenes y conseguir control territorial. En el caso de las favelas de Río de Janeiro, Pellegrino observa, en primer lugar, décadas de decisiones urbanísticas que excluyeron a las favelas de la vida institucional de la ciudad.

-Hasta 1983 la alcaldía de Río ni siquiera consideraba a las favelas en sus mapas oficiales. Esas zonas quedaban en blanco o dibujaban solo la topografía, como si esas personas no existieran. Pero llevaban mucho tiempo ahí. Las favelas surgieron a fines del siglo XIX como asentamientos informales donde iban a parar migrantes campesinos y exesclavos que no tenían dónde vivir. Esta segregación se consolidó con decisiones urbanísticas que sacaron a la población más pobre del centro de Río. En estas zonas invisibles la decisión de no regularizar fue una opción política que generó un conflicto clave. El Estado no estaba presente en el día a día: no se recogía la basura, no se proveía agua, electricidad, nada. Entonces, cuando se empezó a desarrollar el menudeo de drogas, se ubicó justamente en estos espacios. Y como sabemos los cientistas políticos, donde no está el Estado controlando el orden, otra fuerza lo controla.

-El Comando Vermelho surge en los años setenta en una prisión, a partir de la alianza entre presos comunes. ¿Cómo ocurrió esa alianza y cómo pasan de controlar la cárcel a controlar las favelas?

-Ese fenómeno lo estudié a fondo en mi tesis, cuando abordé el origen del Comando Vermelho, del Tercer Comando y del PCC. Un momento clave es la decisión que tomó la dictadura militar de tratar de la misma manera a los crímenes políticos y a los crímenes graves de la calle. Eso llevó a que los presos políticos y los criminales comunes estuvieran juntos en un ambiente sin control y donde había mucha violencia tanto de parte de la administración como de los propios presos comunes. Los presos empezaron a notar que la gente de la resistencia a la dictadura no se metía en la violencia y se protegía entre ellos. Y dijeron: “Nosotros también podemos crear un grupo de autoprotección y juntar esfuerzos para salir de aquí”. Eso ocurrió en la cárcel de Ilha Grande, una isla cercana a Río. Fue la primera vez que surge la cooperación defensiva entre presos. El liderazgo de ese primer grupo lo tenía gente que hacía grandes robos a bancos con explosivos, gente muy violenta. Por supuesto, tuvieron pugnas de poder; pero con el tiempo se fueron consolidando distintos comandos. Los ayudó el hecho de que la administración carcelaria, para evitar riñas, los separó en distintas cárceles. Así, cada vez que alguien caía preso era llevado a la cárcel donde estaba la facción que dominaba en su lugar de residencia, aunque la persona no fuera miembro de una facción. Entonces, la cárcel empezó a funcionar como mecanismo de reclutamiento. Eso ocurre hasta hoy.

“Otro momento importante fue cuando estas organizaciones se metieron al negocio de la droga.  En los setenta los vendedores eran pequeñas bandas que operaban en lugares de afluencia de público. Esa gente no estaba tan armada y huía cuando llegaba la policía. Todo eso cambió cuando las organizaciones surgidas de la cárcel se metieron en el negocio y lo dominaron. En mis entrevistas con policías me dicen que 1987 es clave: ahí entró el Comando Vermelho usando otro tipo de armamento y desplegando una actitud distinta frente a la policía.”

-¿Qué actitud?

-El Comando Vermelho siempre fue violento. Hay un episodio que todos cuentan, el de los “400 contra 1”: dos miembros del grupo asaltaron un banco, huyeron con la plata y se atrincheraron en un edificio residencial. La policía armó un cerco con 400 agentes. Los delincuentes lograron matar a un centenar de policías. Entonces, cuando esa gente llega al tráfico de drogas, empieza a hacer control de los puntos de venta con la misma lógica: “no vamos a dejar que la policía entre, vamos a resistir”. Así, la violencia de la cárcel se trasladó a la calle. Antes de eso, la policía incluso tenía puestos dentro de las favelas de Río. Después ya no fue posible.

“Ahora, hay que decir que la violencia del Comando Vermelho es muy particular. Porque para evitar que la policía entre a las favelas, los traficantes reducen los otros crímenes que se cometían ahí. Entonces empieza a verse una cooperación de los traficantes con la población. No quiero decir que las personas estén felices, pero los grupos establecen un mínimo de regulación de la criminalidad, proveen cierto orden que la policía ya no puede o no quiere proveer. Por supuesto, hay mucha violencia en todo este proceso: peleas por los puntos estratégicos de venta, por puntos logísticos de llegada y salida de la ciudad.

RÍO Y SÃO PAULO: CAMINOS OPUESTOS

Una de las claves para entender cómo evolucionó la violencia en Brasil y extraer algunas enseñanzas es comparar la criminalidad que opera en Río de Janeiro y en São Paulo. En ambas ciudades rigen poderosas facciones criminales nacidas en las cárceles, pero su forma de operar es distinta, en parte porque las policías de cada ciudad tienen trayectorias divergentes.

-¿Qué diferencia los ecosistemas criminales de Río y São Paulo?

– En São Paulo ocurrió algo distinto a Río. Veinte años después de que se formaron el Comando Vermelho, el Tercer Comando y luego el ADA —Amigos de los Amigos—, en São Paulo continuaba la misma lógica de violencia entre las bandas criminales en la calle y en la cárcel. Entonces, en 1992, ocurrió la masacre de la cárcel de Carandiru en la que la policía mató a más de cien presos. Un grupo se organizó y formó el Primer Comando de la Capital (PCC) usando como modelo al Comando Vermelho. Adoptaron una idea de no agresión mutua y cooperación para mejorar la vida de los encarcelados: se organizaron para apoyar a las familias de los presos, para alquilar autobuses para que pudieran ir a visitarlos. Desde el inicio era distinto.

“Un error fatal, que permitió la expansión del PCC, fue que la administración carcelaria intentó dispersar a este grupo mandando a sus líderes a distintos penales. Y en un par de años el PCC absorbió a todos los grupos de presos y controló a todo el sistema carcelario de São Paulo.

-¿Qué lección se puede sacar de las políticas carcelarias en Brasil?

-Brasil ha ensayado casi todos los usos posibles de la cárcel y no funciona. No tenemos ni siquiera una cárcel que cumpla con el objetivo básico de hacer que los líderes presos del crimen organizado dejen de controlar la operación cotidiana de sus grupos. La gente presa sigue operando el tráfico de drogas, sigue tomando decisiones de estrategia empresarial de su grupo. Y lo segundo: encarcelamos demasiado. A fines de 2024 había 900 mil reclusos. Y si miras quién está por tráfico de drogas, no ves a la gente más importante de las organizaciones. Tenemos muchas personas que trabajan en la base de la pirámide. Es como si no lográramos ir contra los grupos, sino solo contra los individuos. Hoy hay un gran debate en el derecho penal brasileño sobre cómo construir una política que sirva para enfrentar a grupos, no solo a personas. A la gente de la base que apresamos tampoco le damos opciones de qué hacer después. La tasa de reincidencia en Brasil es desconocida y ese hecho es una señal de que la política carcelaria no está pensada para reducir la reincidencia.

LA POLICÍA COMO PROBLEMA

-¿Qué se puede decir de las policías en Río y São Paulo?

-Siguen caminos distintos. En São Paulo, después de la dictadura, las autoridades civiles lograron controlar a la policía, ponerle procedimientos, reglas y monitoreo. Y cuando el PCC comenzó a controlar las calles, se le dio a la policía un mandato condicional: podían usar fuerza, pero dentro de parámetros claros. En 2006, el PCC empezó a matar policías en la calle, a atacar comisarías con ametralladoras. Fue horrible. La policía respondió matando mucha gente. Pero terminaron acomodándose todos y confluyendo en el objetivo de disminuir la violencia. El PCC acabó con los grupos que mataban civiles y la policía militar dejó de usar tanta violencia contra el PCC. En mis entrevistas muchas personas me dijeron que si un policía ve a alguien del PCC, muchas veces no hace nada, es porque sabe que no es su rol actuar solo. Ahora, si el tipo está armado, si está poniendo en riesgo a la gente, el policía responde. Pero sabe que no tiene el mandato de hacer frente al grupo de manera aislada. Lo que sí hacen es actuar junto a la fiscalía y la policía civil, con investigaciones y operaciones coordinadas. Usando esa estrategia hemos visto avances importantes contra el PCC.

En Río ocurrió algo muy distinto. Cuando pasamos del régimen autoritario a la democracia, ya teníamos el Comando Vermelho. Nunca se logró hacer un cambio en la política de seguridad ni en el trabajo policial. Entonces en Río tenemos una policía con un mandato de uso de la fuerza muy amplio, y eso viene asociado a la historia de los escuadrones de la muerte. En Río, entre los años noventa y 2000, un policía que estaba en la calle tenía la percepción de que podía hacer lo que quisiera.

“Los gobiernos progresistas que hubo en Río intentaron cambiar esto. El segundo gobierno de Leonel Brizola ensayó experiencias de policía comunitaria y suspendió el mandato amplio de uso de la fuerza. Pero después vino una intervención federal que desplegó el ejército en la calle y por primera vez la policía de Río tuvo acceso a armas de grueso calibre. En los años noventa se decidió también aumentar el sueldo de los policías que mataban a gente en acción. Era brutal, pero tenía apoyo de la población. Cuando el siguiente gobierno intentó cambiar eso, hubo una resistencia enorme y se volvió al mandato amplio de uso de la fuerza. Entonces lo que hemos tenido es una espiral de mano dura que no funciona, que genera más violencia, y al mismo tiempo genera apoyo popular. Un círculo vicioso de violencia: la gente vive mal bajo el control de los grupos, pide que se haga algo, y la única respuesta que se ofrece es más policía, más operativos, más muertos. Lo cierto es que después de todas estas muertes no tenemos una idea de política pública de seguridad que incluya a otros actores que no sean policiales y que considere otras acciones policiales que no sean la represión. Tampoco tenemos un debate real sobre política penal. Si hay un crimen que llama mucha la atención, creamos una nueva ley, pero no hay reflexión sobre si ese cambio va a funcionar o cómo llegar a objetivos claros.

-Tu tesis doctoral se centra en otro actor de este problema: las milicias. Háblanos de ellas.

Los milicianos son policías activos y retirados que forman grupos para controlar territorios. Ellos perciben muy rápidamente que el control que tienen vale dinero: no solo en los mercados que regulan —drogas, gas, internet, transporte— sino en el mercado político. Y ese mercado les permite explotar aún más los mercados ilícitos. En Río, por ejemplo, hay una relación directa entre lo que hacen las milicias y el desarrollo urbano: construyen edificios, venden o alquilan pisos, llevan gente a zonas que aún no están urbanizadas, crean esos espacios y después negocian los títulos de propiedad. Este es un mercado del que se ha sacado mucha plata en estos años, y para controlarlo necesitan apoyo político. En ese sentido yo he sostenido que la policía ha dejado de ser un apoyo en la solución del problema criminal.

“Las milicias también controlan la movilidad de la población en días de elección. Controlan la nominación de personas a cargos públicos en salud, en escuelas e incluso presentaban candidatos. Cuando eso quedó en evidencia, empezaron a tercerizar la representación política”.

-¿El Comando Vermelho tiene relación con la política?

-No está tan involucrado con la política como las milicias. Lo que ocurre es que combatir a los narcos provee mucho capital político mientras que ir contra las milicias no. Las milicias surgen cuando se estaba combatiendo fuertemente al CV y, en cierta medida, son vistas como ayudantes del Estado. Los políticos no denunciaban el daño de las milicias. Tomó un tiempo hasta que las vieron como un problema.

ELIMINACIÓN COMO ESTRATEGIA

-¿Qué le dirías a alguien que pensó que el megaoperativo de octubre de 2025 reduciría la violencia en Río?

-Le diría que un operativo como ese es continuidad más que novedad. Lo que chocó fue la cantidad de muertes, la escala, porque desnuda que la estrategia es matar. Eso chocó. Pero operaciones que mataban a 15 o 20 personas ya las había. La más letal, antes del megaoperativo, dejó 28 muertos. Pasar de 28 a más de 120 es otro nivel. Es otro mensaje político.

-¿Qué mensaje?

-El Estado venía diciendo que, por las restricciones impuestas por la Corte Suprema, no podía hacer esas operaciones. Ahora el mensaje es: “Tenemos la capacidad, la población quiere que lo hagamos y lo hacemos”. Pero si imaginamos que en el Complexo do Alemão hay 1.500 miembros del Comando Vermelho, en esta operación mataron a menos del 10%. Por eso, al día siguiente había un montón de gente haciendo control del territorio, y estaban aún más duros con la población.

-Se esperaba que el Comando Vermelho respondiera con violencia, pero no lo hizo, ¿por qué?

-Hicieron una tentativa de dispersión de la policía, tomaron puntos de la ciudad, cerraron calles, generaron algo de pánico, pero nada que implicara un enfrentamiento directo. Pienso que no querían aumentar el costo para la población que está bajo su control, porque necesitan mantener un mínimo de trato con esa gente. Fue una decisión estratégica. Generar más pánico no los iba a ayudar en ese momento.

TRUMP Y EL NARCOTERRORISMO

-Estados Unidos avanza en designar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas (3). ¿Qué implicancias tiene eso?

-Una intervención tipo Venezuela tiene muy pocas posibilidades en Brasil. Lo que veo como más probable y arriesgado es que al llamar a estos grupos “narcoterroristas” se alienten aún más los discursos de mano dura en la región. La gente que antes miraba a Bukele como modelo ahora va a decir: “Trump logró salvar a Venezuela de los narcos con una intervención militar, eso es lo que hay que hacer”. En nuestra región, pensar en designaciones terroristas abre espacio para intervenciones militares en un tema donde llevamos décadas de mano dura sin resultados.

-Sabemos los costos de la mano dura, pero ¿qué alternativas efectivas y electoralmente potentes se pueden poner al frente?

-Yo me pregunto esto todo el día. ¿Cómo quitarles poder a estos grupos? Creo que hay que apuntar a cambios marginales enfocándose en el control territorial. Primero, hay que disminuir la corrupción policial. Segundo, hay que invertir en justicia criminal y en estrategias de reducción de homicidios, porque la violencia homicida es la manera en que estos grupos establecen autoridad sobre la población. Tercero, hay que sacarles las armas: en Brasil muchas de las armas, sobre todo en São Paulo, son de producción nacional. Y hay que decir que hubo una expansión tremenda del mercado de armas con la legislación de Jair Bolsonaro. Son cosas marginales que podemos hacer mañana, sin cambiar una sola ley.

-¿Hay algún modelo policial brasileño que funcione, que no sea la eliminación?

-Sí. Lo que están haciendo en Río Grande do Sul me parece un contrapunto muy interesante a lo que hicieron en Río. Cuando hay un homicidio vinculado al crimen organizado, no hacen una operación de llegar y matar. Hacen lo que llaman una “operación asfixia”: se instalan en la entrada del territorio controlado por la facción, no dejan que entre ni salga nadie, y les comunican: “estamos haciendo esto porque ustedes mataron, y eso no está bien”. Con eso se alejan los compradores, se pierde la plata, y eso les duele. Si la facción no para de matar, se aplican medidas que van escalando: llegan a los líderes, los ponen en aislamiento, aplican medidas penales que son costosas para el grupo. El objetivo es la reducción de homicidios. No sé si logra también reducir el control territorial del crimen organizado —tengo esa duda—, pero la lógica es identificar qué les duele a los narcos para que cambien su comportamiento. Eso es política pública de seguridad: tácticas específicas para objetivos claros, que se miden y se debaten. Eso no lo hemos tenido en Río en décadas.

“Después hay temas en los que no tenemos ni idea por dónde empezar como las cárceles y el empleo. El empleo es fundamental: al trilema de “droga, violencia y corrupción” que menciona Benjamin Lessing (4), hay que añadir la falta de empleo que es lo que alimenta la potencia económica del mercado irregular.

-Suena deprimente.

-Creo que lo que eventualmente puede contribuir a reducir la violencia es hacer reformas pequeñas en temas puntuales. El reto mayor es la política: ¿cómo hacer que estos pasos pequeños sean electoralmente atractivos? Nada de esto va a producir resultados rápidos y los ciclos electorales son cortos. Veo un camino a través de la Corte Suprema.

-¿Qué está haciendo la Corte Suprema de Brasil?

-Tienen una acción constitucional para evaluar el uso de operaciones policiales en las favelas. Crearon un plan de monitoreo y acompañamiento de sus decisiones, con un comité que incluye a investigadores. La idea es que el gobierno aumente el control y monitoreo y reduzca el mandato policial. En la literatura de street-level bureaucracy sabemos que los burócratas de calle filtran la autoridad que se les da, y en el caso de las policías en contextos de mano dura, esa autoridad filtrada se convierte en violencia y en capacidad de extraer dinero a cambio de pactos de protección. Cuando el Ejecutivo no hace los cambios, la Corte Suprema empieza a forzarlos.

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