El Observatorio Fiscal que dirige el economista Gabriel Zucman plantea que, con su actual ritmo de acumulación, los milmillonarios de hoy serán billonarios para el 2040. Chile es uno de los casos más extremos: la fortuna de nuestros ultrarricos ha crecido casi un 900% desde el 2000.

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El 1% más rico de Chile concentra el 30% del ingreso nacional, la proporción más elevada de toda América Latina. Y si nos enfocamos en la riqueza acumulada, ese mismo 1% posee cerca del 53% del total nacional. En el otro extremo, la mitad más pobre de la población comparte apenas el 8,2% de la riqueza.

Los números son difíciles de asimilar. También el silencio tanto de la política como de una parte de la academia sobre esta desproporcionada desigualdad. En ese contexto protegido de la crítica, la fortuna de los milmillonarios chilenos ha crecido casi un 900% desde el año 2000, lo que es el segundo mayor aumento de toda la región. En contraste, el patrimonio del 50% más pobre ha permanecido prácticamente estancado durante ese mismo cuarto de siglo.

Los nombres que lideran la acumulación son conocidos: la familia Luksic e Iris Fontbona encabezan la lista con una fortuna estimada en US$ 52.600 millones. Les siguen Jean Salata con US$ 8.400 millones, Julio Ponce Lerou con US$ 3.900 millones, Luis Enrique Yarur Rey con US$ 2.500 millones, y los hermanos Angelini con fortunas de US$ 2.000 y 1.600 millones respectivamente. En este grupo predominan los vínculos con la minería del cobre y el litio, la banca y los grandes conglomerados forestales. Si a esa lista se agregan todos quienes tienen patrimonios superiores a US$ 100 millones , la riqueza total del grupo superaría los US$ 150.000  millones.

Todos los datos que ha leído hasta aquí provienen del informe «Progresividad Fiscal y Desigualdad: Tributación Mínima de Individuos de Alto Patrimonio en América Latina», elaborado por el Observatorio Fiscal Internacional (ITO) que dirige el economista Gabriel Zucman. El informe fue comisionado por el Ministerio de Finanzas de Brasil en el marco de la PTLAC —la Plataforma Permanente para la Cooperación Tributaria en América Latina y el Caribe— y analiza los sistemas tributarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. La conclusión es contundente: nuestra región no solo es la segunda más desigual del mundo, sino que sus sistemas tributarios profundizan esa desigualdad. Si el actual ritmo de acumulación se mantiene hacia 2040 los milmillonarios se habrán transformado en billonarios.

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“No hay evidencia internacional que indique que bajar el impuesto corporativo logre mayor crecimiento que beneficie a toda la población”.

Vicente Silva, autor principal del informe Progresividad Fiscal y Desigualdad: Tributación Mínima de Individuos de Alto Patrimonio en América Latina

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El documento afirma que la riqueza de los milmillonarios latinoamericanos se multiplicó por seis entre 2000 y 2025, pasando de 117 mil millones a cerca de 700 mil millones de dólares, mientras el patrimonio del 50% más pobre ha permanecido estancado durante ese mismo período. Ese 50% más pobre destina en promedio el 30% de sus ingresos al pago de impuestos —es el grupo que proporcionalmente más paga— mientras que el 1% más rico paga en promedio alrededor del 22%.

La propuesta del Observatorio para corregir esta anomalía es un Impuesto Mínimo sobre la Riqueza : una política que busca que quienes tienen patrimonios superiores a US$ 100 millones paguen al menos el 2% de esa riqueza en impuestos. No se trata de un tributo adicional, pues si al sumar todos los impuestos ya pagados, el rico en cuestión ya paga el 2%, entonces no debe cancelar nada más. Solo deben tributar los que, gracias a diversos mecanismos, han aportado menos del 2%, que se constituye como un piso.

Aplicado a los siete países analizados, ese 2% generaría cerca de US$ 24 mil millones anuales, equivalentes al 0,6% del PIB regional. Con una tasa del 3%, la cifra subiría a US$ 36 mil millones. Para el caso chileno, aplicar el impuesto mínimo a los 500 más ricos permitiría recaudar aproximadamente US$ 3.000 millones, cerca del 1% del PIB. Y con un impuesto mínimo de 3%, el estado obtendría más de US$ 4.000 millones, el 1,5% del PIB, explica Vicente Silva, abogado chileno, asesor senior del Observatorio Fiscal Internacional y autor principal de este informe (ver recuadro lateral).

Por qué un superrico es un problema

-¿Cuál es el problema de tener un grupo pequeño que controla tanta riqueza?

Se producen básicamente dos problemas. Lo primero es que una concentración extrema de riqueza siempre termina siendo también una concentración extrema de poder. Y cuando el poder se concentra tanto, la democracia se desequilibra, ya que un grupo muy pequeño adquiere una capacidad excesiva para proteger sus intereses y limitar cambios que podrían beneficiar al conjunto de la sociedad. Lo segundo es que esa concentración también afecta la igualdad de oportunidades. Cuando se concentra la riqueza también se concentran el acceso al capital, a las redes y a la mejor educación. Y eso hace que la sociedad funcione menos por mérito y más por privilegio heredado.

-Es curioso que al mismo tiempo muchas personas parecen convencidas de que bajar los impuestos a los ricos es beneficioso para todos.

-Sí. Y lo interesante es que mientras menos resulta esa idea, más se propone. Porque lo que dice la evidencia es que eso no funciona. Bajar impuestos a los ricos no genera crecimiento económico, no tiene beneficios sociales. Lo que sí está muy bien documentado es que cuando se les bajan los impuestos, aumenta la desigualdad. Y hay mucha evidencia de cómo la elevada desigualdad rompe el contrato social, daña la democracia y afecta el crecimiento de largo plazo.

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La carga tributaria chilena se hace más liviana a medida que aumentan los ingresos y en el tramo más alto cae a la mitad de lo que paga un trabajador de clase media.

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-¿Qué dice la evidencia sobre cómo los impuestos afectan a la inversión?

-Piénsalo de esta manera: las grandes compañías tecnológicas —Apple, Microsoft, Oracle— se crearon en los años setenta, cuando las tasas de impuesto sobre la renta personal en Estados Unidos llegaban al 70% y las corporativas al 50%. Nadie dijo en ese momento «no haré esta empresa porque el impuesto es muy alto».

-Es decir, lo importante para empezar un negocio es tener una idea, ver una oportunidad de negocio. Después te preocupas de los impuestos.

-Exactamente. Importa mucho más que las reglas del juego estén claras, que haya instituciones sólidas, que exista infraestructura adecuada y trabajadores calificados.  La tasa impositiva nunca ha sido el factor decisivo para la inversión.

Chile: los números que incomodan

Los datos del Observatorio muestran un Chile extremadamente regresivo en términos tributarios. El 50% más pobre paga un poco menos que el 30% de sus ingresos en impuestos, mientras que el 1% más rico paga cerca del 20%. Y si nos enfocamos en la parte alta de la distribución de ingreso, se observa que el 0,01% más rico —aproximadamente 1.400 personas— paga apenas un 11,7% de tasa efectiva total.

En otras palabras, la carga tributaria chilena se hace más liviana a medida que aumentan los ingresos y en el tramo más alto cae a la mitad de lo que paga un trabajador de clase media. El país tiene una carga tributaria total del 20,6% del PIB —la segunda más baja de la OCDE, cuyo promedio es de 34%.

¿Cómo consiguen los más ricos no pagar lo que deben? Ocurre que ellos y ellas no viven principalmente de un sueldo. Su riqueza está estructurada en empresas y activos que pueden seguir creciendo sin transformarse en ingreso personal gravable. Y cuando necesitan dinero, muchas veces no retiran utilidades: piden crédito usando su patrimonio como respaldo. Así obtienen liquidez sin gatillar impuestos personales inmediatos. Esto es perfectamente legal y es precisamente lo que permite que cualquier medida apuntada al ingreso no llegue a ellos.

-Los más ricos tienen mucho ingreso económico gracias al crecimiento de sus empresas, pero generan muy poco ingreso gravable. Por eso, cuando simulamos que pasaría si, por ejemplo, se aumentara, el impuesto a la renta en un 50% a este grupo, el resultado es que la tasa efectiva de impuesto les sube muy poco (un punto) —explicó Silva.

-El gobierno de José Antonio Kast quiere rebajar el impuesto corporativo del 27% al 23%. ¿Cómo evalúas ese plan a la luz de los datos del Observatorio sobre la concentración de la riqueza?

-Es una mala idea y no hay evidencia internacional que indique que bajar el impuesto corporativo logre mayor crecimiento que beneficie a toda la población. Aumentar la inversión a través de la competencia fiscal es un juego de suma cero. Lo que finalmente sucede es que se afecta la recaudación y se debilitan los motores del desarrollo que son inversión pública en salud, educación e infraestructura. Además, implementar esta medida en un contexto en que las familias están soportando el alza del costo de la vida, me parece que profundiza la regresividad del sistema. Si hoy ya sabemos que las grandes fortunas están tributando proporcionalmente menos que el resto, quizás valdría la pena revisar eso y partir por ahí.

UN MÍNIMO DE 2%

Como se dijo más arriba, el informe del Observatorio sostiene que en los siete países estudiados la riqueza de los milmillonarios se multiplicó por seis en los últimos 25 años. Frente a esa trayectoria, el equipo que lidera Gabriel Zucman propone un impuesto mínimo del 2% sobre patrimonios superiores a US$ 100 millones. Aplicado a los siete países analizados, generaría cerca de US$ 24 mil millones anuales —equivalentes al 0,6% del PIB regional— con una tasa del 2%, y hasta US$ 36 mil millones con una tasa del 3%.

-¿En qué consiste exactamente el impuesto que propone Zucman?

-Lo primero que hay que entender es que no se trata de un impuesto adicional a lo que ya pagan las grandes fortunas. Se trata de fijar un piso, un mínimo. Es decir, si una persona, sumando todos los impuestos que ya pagó, alcanza el umbral del 2% de su patrimonio, entonces no debe pagar nada extra. Pero si la persona no alcanza ese umbral, debe completar la diferencia.  En la práctica, este impuesto sólo se aplica a aquellos que hoy no pagan el mínimo.

-Me imagino que la reacción de los ricos es de rechazo.

– En Francia hubo muchos multimillonarios, como Bernard Arnault, que se opusieron con fuerza a esta propuesta. Ahora, uno podría pensar que, si ya estuvieran pagando ese 2%, no deberían inquietarse demasiado, porque el impuesto simplemente no les afectaría. Pero lo que debiese quedar claro es que no estamos hablando de castigar la riqueza ni de penalizar el éxito, sino de establecer un piso mínimo de contribución para que quienes concentran más patrimonio no terminen pagando proporcionalmente menos que el resto de la sociedad.

-¿Cuánto recaudaría ese impuesto para el caso chileno?

-Con una tasa del 2% aplicada a fortunas por sobre US$ 100 millones se podría recaudar cerca del 1% del PIB anual que podría destinarse a programas de salud, educación y cubrir otras demandas sociales. Pero el efecto más importante del instrumento es que la tasa efectiva del 0,01% más rico subiría del 11% al 33%. Es decir, el sistema recuperaría su progresividad exactamente donde hoy se quiebra, permitiendo que los que más tienen paguen proporcionalmente al menos lo mismo que el resto.

-Cuando se trata de hacer tributar a los más ricos siempre aparece un problema ¿cómo se puede conocer la riqueza de alguien que tiene sus recursos distribuidos en holdings, en cadenas de sociedades familiares o en activos no listados?

-Es un problema real, pero tiene solución. La mitad de la riqueza de los ultrarricos está en acciones que cotizan en bolsa y eso el mercado lo valora todos los días. Lo más difícil de valorar son las empresas privadas o acciones no listadas, pero también ahí hay métodos conocidos, como la valorización por comparables. Eso ya se usa todos los días en finanzas, en fusiones, en herencias y en litigios tributarios y consiste en usar como parámetro el valor de una empresa de características similares que sí cotiza en bolsa. Con eso se puede hacer una estimación. Además, no estamos partiendo de cero: los últimos quince años han logrado avances enormes en las herramientas para rastrear riqueza offshore, gracias a la cooperación fiscal internacional. Yo diría que el principal problema hoy no es tanto la dificultad de medir sino de tener la decisión política de actuar sobre aquello que podemos valorar.

-Hacer tributar a los ricos no es una meta nueva. ¿En qué se diferencia esta propuesta de los llamados “impuestos patrimoniales” que tenía Europa y que fueron desapareciendo a lo largo de los 2000?

-Los impuestos patrimoniales fallaron por problemas de diseño. Partían de umbrales demasiado bajos, por lo que afectaban a personas que en rigor no eran ultrarricos y permitían muchas exenciones, sobre todo de activos empresariales, que básicamente vaciaban la base del impuesto.  Nuestra propuesta aprende de las lecciones del pasado y fija umbrales muy altos, aplicados a muy pocas personas, sin exenciones de ningún tipo. Y además tiene una innovación que es clave para que funcione: un mecanismo antisalida.

-Cuando se proponen tributos a los más ricos los economistas suelen advertir que se van a ir del país si se los trata así ¿Para eso es el mecanismo antisalida?

-Sí. Pero primero digamos que la evidencia muestra que los que se van son muy pocos. Sin embargo, la amenaza de irse si tiene un efecto político sobre el debate tributario y esta propuesta apunta a reducir ese margen de presión y hacer más creíble el instrumento. La idea es que, si te vas del país, durante cinco, diez o quince años sigues pagando el impuesto mínimo en tu país de origen porque tu riqueza fue construida con los servicios públicos, la infraestructura, y la fuerza laboral de ese país. Eso no desaparece el día que cambias de pasaporte.

CON EL VIENTO EN CONTRA

-Hoy el escenario internacional parece adverso para una propuesta como esta. Estoy pensando en que los gobiernos de ultraderecha, aunque le dan un rol al Estado, odian los impuestos; y el multilateralismo es constantemente puesto en duda.

-Sí, es cierto que hay una crisis del multilateralismo, pero al mismo tiempo el debate sobre hacer tributar a los superricos nunca ha estado más presente en tantos lugares, como lo está hoy. Dinamarca lo discutió en sus últimas elecciones, en el Reino Unido, Holanda y en España el debate va tomando mucha tracción política; también en Francia el debate va a seguir y fue de cierta manera el bastión desde donde partió todo esto. Ahora en Nueva York, con el alcalde Mamdani, el tema está en el centro de la agenda. Y es posible que haya también un referéndum en California en noviembre de 2026. Probablemente en los próximos años veamos aún más iniciativas de este tipo.

-¿Es posible actuar unilateralmente en este tema un mundo donde el capital se mueve tan rápido?

-Lo ideal sería tener un estándar global, porque es la forma más eficiente y además ayuda a generar un sentido común en torno a la idea. De hecho, fue lo que impulsamos el año 2024 con la propuesta que Gabriel Zucman presentó al G20. Dicho eso, hay otras maneras en que los Estados pueden avanzar. Una forma es a través de coaliciones de países dispuestos a cooperar, que es una iniciativa que hoy viene liderando España y Brasil, por ejemplo, pero a la que cada vez se están sumando más países. Otra manera es hacerlo de manera unilateral, en que los países soberanamente deciden implementar el impuesto mínimo sin esperar la coordinación perfecta.  Nuestra propuesta incorpora mecanismos para que los Estados puedan implementar el impuesto desde ya.

-¿Cómo es el apoyo ciudadano a medidas de este tipo?

-Es consistentemente alto en las encuestas. Entre el 60% y el 86% en distintos países, con Francia en el extremo más alto. En Chile, en un contexto donde solo el 18% cree que el sistema tributario es justo, y donde acaba de subir el precio de la bencina con más fuerza que nunca mientras se discute una rebaja de impuestos a las grandes empresas, creo que las condiciones para instalar esta propuesta en el debate son mejores de lo que parecen. No digo que sea fácil, porque el poder que concentran los grandes grupos económicos es enorme. Pero la propuesta del impuesto mínimo se podría poner sobre la mesa y tener una discusión seria al respecto. Tal como está formulada, es modesta, altamente focalizada y técnicamente viable. Creo que hay que ser mucho más claros en que hay opciones, hay recursos, y hay un grupo muy pequeño que no está pagando su justa parte. Eso no es ideología. Es lo que dicen los datos.

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RECUADRO

EXAMINANDO FISURAS EN EL ARGUMENTO

Usando la IA Claude se hizo un barrido de las principales críticas expresadas contra la idea del impuesto mínimo.

El problema de los datos. El economista Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, ha cuestionado públicamente las estimaciones de concentración de riqueza de Zucman y su coautor Emmanuel Saez, señalando que probablemente sobreestiman la desigualdad y que los ingresos proyectados del impuesto podrían ser menos de la mitad de lo calculado. La controversia se centra en cómo se asigna el ingreso «no observable» —la diferencia entre el ingreso nacional y lo que aparece en las declaraciones de impuestos— en los distintos tramos de la distribución. Zucman y Saez han respondido que sus metodologías son las más rigurosas disponibles, pero la disputa no está del todo cerrada.

El problema de valoración de activos no listados. Uno de los desafíos técnicos más serios es la valoración anual de activos en empresas privadas, holdings familiares y estructuras complejas. El economista Wojciech Kopczuk, de Columbia, ha señalado que valorar activos a través de comparaciones es costoso, especulativamente impreciso y generan incentivos perversos cuando el objetivo de la valoración es tributario en lugar de comercial. El proceso requiere tasadores especializados para miles de contribuyentes cada año, lo que eleva los costos administrativos y abre espacio para litigios continuos.

La evidencia europea mixta contra el impuesto al patrimonio. Noruega ofrece un ejemplo reciente de que los ricos sí se pueden ir cuando les suben los impuestos. Ante alzas de tasas un número significativo de multimillonarios trasladó su residencia fiscal a Suiza, generando una pérdida neta de recaudación. Ya antes de Noruega, Suecia abolió también su impuesto sobre el patrimonio en parte por el mismo efecto de fuga. Si bien la propuesta del Observatorio incorpora el mecanismo antisalida su la implementación práctica en países latinoamericanos con instituciones tributarias más débiles es una pregunta abierta.

El problema del apoyo ciudadano. El apoyo ciudadano al impuesto a los más ricos es consistentemente alto en las encuestas, pero los impuestos patrimoniales han ido desapareciendo de los sistemas tributarios del mundo en los últimos veinte años: en la OCDE, solo Noruega, Suiza y España los mantienen. Esa brecha entre lo que la gente dice querer y lo que los sistemas políticos efectivamente aprueban sugiere que el obstáculo no es solo técnico ni económico: es político en el sentido más profundo, es decir, tiene que ver con quién tiene poder de veto sobre las reformas fiscales.

¿Es suficiente el 2%? Algunos críticos desde la izquierda del espectro señalan que el impuesto mínimo, precisamente por ser un piso y no un techo, podría terminar legitimando una contribución que sigue siendo muy baja en relación con la riqueza acumulada. La pregunta es si el pragmatismo de «empezar por algo» es una estrategia inteligente —construir capacidad institucional antes de subir tasas— o si normaliza una tributación de la riqueza extrema que seguirá siendo simbólica.