“El Estado no ha asumido la responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos” cometidas tras el estallido de octubre y no ha desplegado una política pública de reparación integral del daño ocasionado a las víctimas y sus familias, sostiene el Informe de seguimiento de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile.
El lunes 25 de octubre de 2021, a dos años de las mayores manifestaciones públicas en el marco de las movilizaciones de 2019, se presentó el informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas en 2019 al Estado de Chile por parte de El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH). Este informe concluye que “se han registrado avances por parte del Estado (…) Sin embargo, aún existen desafíos y obstáculos que afectan negativamente el acceso a la justicia, reparación y garantías para evitar la recurrencia”.
Para calibrar los alcances del informe, debemos tener presente que, frente a un cuadro de graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos como las que ocurrieron en 2019, la protección internacional que puede brindar el ACNUDH tiene tres dimensiones: registro de las violaciones, presión política al Gobierno que las implementa y acompañamiento a las víctimas.
El informe de seguimiento se hace cargo de la primera de estas cuestiones (el registro), indirectamente de la segunda (la presión política al gobierno), pero también tiene un efecto en la tercera (acompañamiento de las víctimas), ya que éste viene a suplir un paupérrimo segundo informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2021) y el total abandono por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la situación de Chile (la cual aún no entrega su informe de la vista en enero de 2020).
El registro de las violaciones de derechos humanos
Sobre las prácticas de violaciones de Derechos Humanos, el informe da cuenta que éstas continuaron con posterioridad a diciembre de 2019. En el apartado sobre uso de la fuerza (Capítulo 2) se señala que, si bien, hubo cambios en los medios utilizados por Carabineros, no cambiaron los métodos (“Carabineros de Chile no aseguró la estricta observancia de las reglas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento”).
Para el ACNUDH se están adoptando cambios que “contravienen los estándares internacionales, tales como criminalización de la protesta y exención de responsabilidad penal ex ante para funcionarios que utilizan su arma”
Así pues, el informe deja establecido que cuando Carabineros disminuyó el uso de las escopetas de perdigones, comenzó a emplear productos químicos para dañar a las personas; incluso el lanzamiento de bombas lacrimógenas se utiliza como un medio de impacto dirigido directamente a los manifestantes (párrafos 30 y 31).
Si bien el informe da cuenta de cambios en los protocolos de Carabineros, deja claramente establecido que las prácticas ilegítimas en el uso de la fuerza se han mantenido.
Podemos concluir entonces que, tal como denunció Amnistía Internacional en su informe luego de una misión de crisis a Chile en 2019, el objetivo de la actuación represiva ha sido castigar a los manifestantes, causándoles daños físicos y psicológicos, y aterrorizar a la población para que no se expresaran en las calles. ACNUDH da cuenta de que estas prácticas se han mantenido más allá de marzo de 2020, cuando las protestas disminuyeron producto de la pandemia.
El informe es muy crítico también con el entramado normativo que ha desarrollado el Gobierno para criminalizar la protesta y dar más eficacia a la represión (capítulos I, II, III, VI).
Se constata que el vacío de legislación sobre el derecho de reunión sigue completamente vigente (capítulo I); que se ha avanzado en forma insuficiente en la regulación del uso de la fuerza (capítulo II). Destaca en cambio que sí se avanzó en la criminalización de la protesta a través de la ley anti-barricadas (capítulo VI); y, que se ha desarrollado una ardua tarea legislativa para avanzar en proyectos destinados a generar condiciones de impunidad a las policías e involucrar a las Fuerzas Armadas en materia de orden público (capítulo III).
“Se constata que las investigaciones en Carabineros no han sido eficaces y que las informaciones que entrega al Ministerio Público han sido “parciales, fragmentadas o desorganizadas””.
En síntesis, para el ACNUDH “se están adoptando o proponiendo cambios que contravienen los estándares internacionales, tales como criminalización de la protesta y exención de responsabilidad penal ex ante para funcionarios que utilizan su arma en varias situaciones” (párrafo 205).
En cuanto a la respuesta del Estado frente a las violaciones de Derechos Humanos, se denuncia la sensación de desamparo por parte de las víctimas y la impunidad que se ha ido consolidando en el país (en el capítulo IV, primera parte). Se destaca “un bajo porcentaje de investigaciones formalizadas, acusaciones y juicios orales en las causas penales que versan sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en dicho contexto” (párrafo 108).
Se valoran algunas medidas adoptadas por el Ministerio Público, pero se deja claramente establecido que las investigaciones “no han sido suficientes o no han tenido el resultado esperado” (párrafo 117). Además, se critica el enfoque de las investigaciones (“caso a caso”) pues no miran el fenómeno integralmente, lo que impide establecer adecuadamente responsabilidades del alto mando policial y garantizar a las víctimas el derecho a justicia (párrafo 120-124).
De la misma forma, el informe plantea que esta estrategia también impediría avanzar en la investigación por crímenes de lesa humanidad que se siguen respecto de autoridades policiales y políticas (incluido el presidente Sebastián Piñera).
El ACNUDH “subraya la importancia de realizar investigaciones en contexto y de macro casos, basadas en patrones de actuación, tomando en cuenta aspectos de orden geográfico, político, económico, histórico y social, entre otros, ampliando el foco de investigación al reconocer que algunos hechos delictivos no han ocurrido de manera aislada y atendiendo a circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles” (párrafo 122).
Asimismo, constata que las investigaciones administrativas en Carabineros no han resultado eficaces y que las informaciones entregadas por la institución al Ministerio Público han sido “parciales, fragmentadas o desorganizadas” (párrafo 130).
En relación con la reparación de las víctimas de violaciones de DDHH (capítulo IV, segunda parte) deja claramente establecido estas son quienes sufren la violación de sus derechos, sin perjuicio de que aún esté pendiente establecer las responsabilidades penales personales asociadas (párrafo 93). Esta es una cuestión muy importante, ya que el Gobierno ha sostenido una tesis que busca limitar su responsabilidad o al menos dilatarla en el tiempo, discutiendo la calidad de las víctimas mientras no existan sentencias penales asociadas a los ilícitos correspondientes.
De la misma forma, se releva en el informe la denuncia de que “las víctimas en general siguen profundamente afectadas por la falta de reconocimiento expreso del Estado que se han cometido violaciones a sus derechos humanos” (párrafo 102).
“El informe llama la atención sobre 302 denuncias de detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza en contra de periodistas”
También se critica que no ha habido una política pública de reparación integral del daño ocasionado a las víctimas y sus familias. Y que las escasas y aisladas medidas que se han adoptado han sido insuficientes para enfrentar la magnitud de los daños físicos y psicológicos ocasionados por la represión política (párrafo 162).
En su capítulo V, el ACNUDH da cuenta de la situación de los Defensores de Derechos Humanos. Este es un apartado importante, ya que deja constancia de que ha habido una política de ataques crecientes contra las brigadas de salud y observadores de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones (“agresiones y hostigamiento contra observadores de organizaciones de derechos humanos” (párrafo 164) y “una persistente tendencia en el uso de la fuerza y agresiones de integrantes de Carabineros de Chile contra brigadistas de salud durante el periodo reportado” (párrafo 168)).
De la misma forma, se constatan las graves violaciones a la libertad de expresión que vienen ocurriendo en Chile desde 2019. Llama la atención del ACNUDH las 302 denuncias de detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza en contra de periodistas (párrafo 172) que incluyen 131 detenciones que terminan en nada y 189 casos de periodistas que fueron impactados por proyectiles (perdigones o bombas lacrimógenas,) o por el uso de gas disuasivo. “De especial preocupación son las denuncias de malos tratos y violencia sexual por parte de funcionarios policiales contra periodistas detenidas”, destaca el informe (párrafo 175).
En el capítulo VI, sobre otras cuestiones, destaca el hecho que “persisten usos y costumbres institucionales fuertemente arraigados que generan un entorno que dificulta prevenir la tortura y malos tratos en lugares de detención” (párrafo 181). Se denuncia la falta de chequeos médicos (párrafo 182) y traslados para chequeos a lugares distantes innecesariamente que desincentiva la denuncia al prolongar la situación de detención (párrafo 183).
En relación con la prisión preventiva, el informe registró una utilización excesiva de esta respecto de personas detenidas en contexto de protestas sociales que puede llegar a constituir una “pena anticipada” (párrafo 192).
Por último, se valoran los esfuerzos iniciales para institucionalizar el seguimiento de las recomendaciones, pero se llama la atención de que estos han menguado con el paso del tiempo (párrafos 202 y 203).
“Se hubiese esperado una visión crítica por parte de Naciones Unidas respecto al rol que ha cumplido el INDH, cuyos problemas internos lo tienen prácticamente paralizado desde hace meses”
Finalmente, en sus conclusiones, el informe critica al Estado, en su conjunto, y la forma en que este ha encarado las violaciones de derechos humanos:
“el ACNUDH lamenta que el Estado, en su conjunto, no haya asumido la responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, en algunos casos, la ambivalencia del discurso público por altas autoridades y la falta de celeridad en la adopción de ciertas acciones necesarias ha impactado negativamente en los derechos de las víctimas y creado un contexto que busca, o puede, relativizar o minimizar las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante las protestas” (párrafo 210).
ALGUNAS OBSERVACIONES AL INFORME
Las conclusiones del informe del ACNUDH son concordantes con el informe de seguimiento del INDH, publicado en febrero de 2021. En efecto, ambas instituciones coinciden en el hecho de que ha sido el Estado, en su conjunto y no sólo el Gobierno, el que ha fracasado en dar una respuesta eficaz frente a una grave crisis de Derechos Humanos en Chile.
Por cierto, hay algunos temas que se hubiese esperado fueran desarrollados con mayor detalle en el informe de seguimiento.
Por una parte, las muertes provocadas en el contexto de las movilizaciones sociales no aparecen suficientemente desarrolladas en el informe.
Además, en materia de protección judicial, se extraña un análisis más profundo del rol incumplido por parte de los tribunales de Justicia y, en particular, por parte de los tribunales de garantía, cortes de apelaciones y la propia Corte Suprema. No hay duda de que una protección judicial efectiva hubiese sido un aporte fundamental para evitar las graves consecuencias de la política de represión asumida por el Gobierno como su principal respuesta frente a la protesta social.
Por último, también se hubiese esperado una visión crítica por parte de Naciones Unidas respecto al rol que ha cumplido el INDH. Los graves problemas de la institución que la tienen prácticamente paralizada desde hace meses, debiera ser parte también del análisis en un informe de DDHH con una mirada crítica a lo que sucede en el ámbito interno.
¿Qué podemos concluir a partir del informe?
Tal vez la principal idea es que la regresión autoritaria del Estado de Chile frente a las movilizaciones y la protesta social se ha ido consolidando con el tiempo. En efecto, si bien seguimos viviendo bajo un Gobierno elegido democráticamente y con instituciones que siguen gozando de independencia formal, se ha profundizado la total falta de controles interinstitucionales consecuencia de la alineación del Parlamento y del Poder Judicial tras la política represiva. Además, se va normalizando la violación de Derechos Humanos y la impunidad crónica que afecta a este país en materia de Derechos Humanos, se consolida. Un escenario nada alentador.
Desafíos a partir del Informe
En tiempos electorales y con un Gobierno que en pocos meses más dejará el poder, el informe del ACNUDH plantea desafíos relevantes para el futuro inmediato. Por una parte, urge que el Poder Ejecutivo cese con su política de violaciones de Derechos Humanos y que, a lo menos, en los meses que le quedan en el poder desarrolle una verdadera política pública de reparación integral. Su desamparo y la impunidad que sufren las víctimas no debieran ser toleradas en una sociedad mínimamente democrática.
El poder legislativo, que será elegido en unas semanas, tiene el enorme desafío de desarticular el entramado autoritario que le ha permitido al Gobierno implementar una política de violaciones de Derechos Humanos.
El Poder Judicial, debe actuar prontamente modificando su postura de prescindencia frente a las violaciones de Derechos Humanos y asumir el rol de garante de los DDHH y no sólo del derecho de propiedad como ha sido hasta ahora la prioridad de las altas cortes y, particularmente, de la Corte Suprema.
Por último, el informe debiera servir para que la Convención Constitucional asuma el imperativo de asegurar que el Estado de Derecho, la Democracia y la protección de Derechos Humanos sean el eje central del futuro diseño institucional.
En síntesis, un informe necesario y que justifica que la sociedad civil haya insistido en que se publicara y, afortunadamente, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, decidió levantar el veto para que así este informe viera, finalmente, la luz.[1]
NOTAS Y REFERENCIAS
[1] En abril de 2021 un grupo de organizaciones de derechos humanos envió una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos demandando la publicación del informe de seguimiento que había sido anunciado por la propia Michelle Bachelet en su declaración ante el Ministerio Público en el marco de la querella por crímenes de lesa humanidad en contra del Presidente Piñera. Para que el informe se publicara se requiere el visto bueno de la Alta Comisionada, cuestión que no ocurrió sino hasta ahora.
CLAUDIO NASH