En Chile no solo crecen los crímenes violentos y el miedo; también lo hace la producción de leyes contra el delito. Muchos creen que la solución a la actual crisis de seguridad es una nueva ola de normas duras. Esta columna se pregunta si no debiéramos evaluar primero lo hecho, antes de seguir con el actual “frenesí legislativo”.
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La expansión de la seguridad privada y el lento aumento de la pública es un fenómeno complejo en un país muy desigual, pues ¿cómo gestionan su seguridad aquellos que no pueden pagar por ella? La respuesta es, en parte, volverse vigilantes.
Especialista explica cómo los medios y las policías ayudan a que las políticas de mano dura nos parezcan buenas, aunque no funcionen.
¿Por qué nuestras democracias han fallado sistemáticamente en contener y evitar el avance del crimen organizado? Iniciamos una serie semanal de entrevistas y columnas elaboradas por el Instituto Milenio VioDemos y TerceraDosis para abordar esta pregunta.
La encuesta panel OLES busca entender cómo ha evolucionado la legitimidad que la sociedad chilena le reconoce a Carabineros. Aunque ésta ha mejorado, sigue en niveles muy bajos. La mayoría de los consultados cree que Carabineros no actúa de manera justa en sus procedimientos. También son mayoría quienes plantean que la policía trata mejor a heterosexuales que homosexuales, chilenos versus inmigrantes, clase alta versus clase baja.
Un equipo interdisciplinario cuestiona el concepto de «armas menos letales». Plantea que las víctimas de trauma ocular durante el estallido social podrían acusar a los agentes del Estado por delitos graves.
“El Estado no ha asumido la responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos” cometidas tras el estallido de octubre y no ha desplegado una política pública de reparación integral del daño ocasionado a las víctimas y sus familias, sostiene el Informe de seguimiento de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile.
Perciben un Estado ausente que aparece con actuaciones usualmente policiacas y de baja calidad. “En barrios afectados por las drogas el déficit del Estado social es acompañado por el hiper control policial”, explica la autora.