Las armas menos letales pueden ser muy peligrosas pues la policía las usa justamente por que se supone que son más inofensivas. A partir del caso chileno y experiencia internacional, un equipo interdisciplinario cuestiona el concepto y plantea que, siguiendo esta definición, las víctimas de trauma ocular podrían acusar a los agentes del Estado por delitos graves durante el estallido social.

---

El Jueves 28 de Julio se lanzó el libro colectivo Estudios Interdisciplinarios para Investigar las Violaciones a los Derechos Humanos por Armas Menos Letales[1]. El texto aborda interdisciplinariamente y con una mirada crítica diversos aspectos teórico-conceptuales y prácticos vinculados al uso de la fuerza por medio de armas menos letales y en específico, de proyectiles de impacto cinético (ver Velásquez et al, 2021). Como se sabe, durante el “estallido social” se recurrió masivamente al uso de este tipo de artefactos, afectando los derechos fundamentales de un ingente número de personas manifestantes.

Si bien han existido diversas cifras, la más detallada proviene de un reporte realizado por los médicos de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital de El Salvador en Santiago. De un total de 259 personas que sufrieron lesiones oculares durante las manifestaciones ocurridas entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, se identificaron 182 casos donde la causa probable de las lesiones eran proyectiles de impacto de energía cinética. De este ultimo grupo al menos 85 personas quedaron legalmente ciegas de al menos de uno de sus dos ojos, 28 tuvieron perdida de visión relevante en uno de sus ojos y 69 quedaron sin secuelas (Ver Rodriguez, et al, 2020).

Entre los objetivos del libro está debatir sobre los dilemas morales, éticos y políticos que supone el uso de este armamento menos letal como medio para disuadir y obstaculizar la protesta como ejercicio de un derecho fundamental e incluso, en algunos casos, castigar a los civiles por manifestarse (Rocher, 2020; Velásquez et al, 2021 y Velásquez et al,  2022; Rocher, 2022; Rivera, 2022). En el libro también se da cuenta del papel que juega la sociedad civil mediante la articulación de una red de apoyo a las víctimas, tanto en lo que se refiere a la atención de emergencia inmediatamente después de haber sufrido una afectación (Cabrera et al, 2022), como la necesidad de su acompañamiento para enfrentar los procesos judiciales en que deberán determinarse las responsabilidades de los perpetradores.

A pesar del tiempo transcurrido desde octubre de 2019, en Chile no se ha publicado ninguna obra jurídica con perspectiva interdisciplinaria sobre el problema de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas mediante el uso proyectiles de impacto cinético, ni sobre las armas menos letales. Este libro pretende profundizar un debate necesario.

---

“La evidencia forense da cuenta de muchos casos en muy diversos contextos en que el uso de este armamento produce la muerte o lesiones irreparables en las personas”

---

Como han desarrollado Rocher y Velásquez et al (2021 y 2022) varios gobiernos han introducido “armas menos letales” argumentando su idoneidad para la función policial dado que estarían diseñadas para no causar la muerte. Sin embargo, y como se explica en varios de los capítulos del libro, las consecuencias que generan estos artefactos dependen de múltiples factores. De hecho, la evidencia forense da cuenta de muchos casos en muy diversos contextos en que el uso de este armamento produce la muerte o lesiones irreparables en las personas (por ejemplo, Haar y Iacopino, 2017).

Por lo mismo, el libro se hace eco de una tradición que se remonta a la filósofa Simone Weil (ver Chamayou, 2017; Weill,1931/1999), para quien el estudio de un armamento no puede reducirse al análisis de sus características técnicas, sino que debe centrar la mirada en las consecuencias que produce en la práctica.

Esta obra no sólo está dirigida a la academia, sino a la comunidad en general, dado que los hechos acaecidos generaron una ruptura en el tejido social del que formamos parte y cuya reconstrucción requiere de un esfuerzo dialógico colectivo.

El libro se estructura en nueve capítulos que intentan responder varias preguntas para estimular un debate entre las autoras y autores que contribuyeron con sus reflexiones. Entre ellas: ¿Cómo es posible que hayan ocurridos hechos de esta naturaleza? ¿Es un problema del armamento? ¿Por qué se sigue utilizando? ¿Cómo investigar y sancionar a los agentes responsables? ¿Qué papel juega la sociedad civil? ¿Cómo debe repararse integralmente a las víctimas? ¿Cuál es el papel de las víctimas en este proceso? ¿Qué dificultades han enfrentado el desarrollado de las investigaciones judiciales? ¿Qué debe hacer el Estado para asegurar la no repetición de situaciones similares?

CRITICANDO LA NOCIÓN DE “NO LETALIDAD”

En el capítulo primero, Javier Velásquez Valenzuela, Natalia Cabrera Morales y Alejandro Fernández Jullian, desarrollan una crítica a la utilización de proyectiles de impacto cinético para el control de multitudes por parte de agentes del Estado y las implicancias de considerar esta munición como un “arma menos letal”. Los autores y la autora revisan experiencias comparadas para demostrar que el uso de estos dispositivos no necesariamente supone una alternativa viable a las armas letales en atención a las graves consecuencias en materia de derechos humanos. El capítulo es una invitación a cuestionar las motivaciones que los Estados tienen en cuenta para construir un discurso que intenta legitimar la utilización de estas armas.

Tras la exposición de la genealogía del uso de los proyectiles de impacto cinético en el mundo y sus efectos en las personas, Scott Reynhout, en el segundo capítulo, explica conceptos de la física y la balística que permiten entender por qué el uso de estos proyectiles generó el nivel de daño registrado durante el estallido social. A través de un detallado análisis, el autor deja en evidencia que la cantidad de víctimas de lesión y trauma ocular en Chile se explica por el tipo de armamento y munición utilizada, cuyas características técnicas exigen un personal experto que las manipule en un escenario, por cierto, muy distinto al que tuvo lugar desde el 18 de octubre de 2019. El capítulo es también relevante para comprender la necesidad de una supervisión independiente para asegurar el uso responsable de este tipo de armamento.

---

“El estudio de un armamento no puede reducirse al análisis de sus características técnicas, sino que debe centrar la mirada en las consecuencias que produce en la práctica”

---

En el tercer capítulo, Paul Rocher analiza los motivos por los cuales sugerir que un arma es por definición “no letal” e inofensiva supone un gran riesgo moral. Rocher propone que la disponibilidad de armas no letales, y en específico de municiones de goma, torna a la policía más propensa a utilizarlas de manera inmediata, generando un significativo aumento de la violencia policial y, consecuentemente, de lesiones graves, algunas mutiladoras e incluso letales. En efecto, la no letalidad no es inherente a su naturaleza, sino condicional a su uso. Apoyándose en un trabajo previo de revisión de literatura de Velásquez et al (2021), el autor esclarece cómo estas armas inducen a la violencia policial. En relación con lo anterior, el autor adopta una posición clara en orden a abogar por la prohibición total de la utilización de estas municiones.

---

---

PERSIGUIENDO LAS RESPONSABILIDADES

A partir de lo expuesto, surge el cuestionamiento sobre la responsabilidad penal de los agentes del Estado chileno al utilizar proyectiles de impacto cinético en contra de quienes se manifestaban. ¿Podría la actuación de estos agentes configurar alguno de los delitos tipificados en el Código Penal, como la tortura o los apremios ilegítimos? Esta pregunta inspiró a Pablo Rivera Lucero a escribir el cuarto capítulo del libro. Tras exponer algunas ideas básicas sobre la tortura como una violación gravísima a los derechos humanos, el autor analiza la posibilidad de aplicar los tipos penales antes señalados a la conducta de los agentes policiales que, infringiendo los protocolos, disparan municiones de impacto cinético en contra de manifestantes. Por ende, se trata de un capítulo relevante por la incidencia que podría generar en las actuales investigaciones judiciales vinculadas al estallido social.[2]

En el quinto capítulo, siguiendo con los estudios sobre la legislación penal, Andrea Gattini Zenteno y Francisco Bustos Bustos desarrollan un análisis sobre la posible configuración del delito de mutilación y tortura agravada en relación con las lesiones y mutilaciones oculares generadas durante el estallido social. Especialmente, se dedican a abordar en qué consiste la obligación que pesa sobre el Estado de investigar, perseguir y sancionar a quienes sean responsables de estas violaciones, de acuerdo con los estándares internacionales, para luego analizar, con un enfoque práctico, las principales dificultades que actualmente enfrentan las investigaciones penales de estos casos y el papel que podrían jugar en generar un contexto de impunidad.

Sobre este punto es importante recalcar que parte de la función de este libro es problematizar los medios usados por la policía. La ausencia de control civil sobre los mismos es relevante para determinar no solo responsabilidades penales, sino también la que puede recaer al Estado por las mutilaciones. Esto se vuelve aún más relevante considerando que recientemente CIPER ha reportado que las autoridades del gobierno de la época, al parecer, habrían autorizado la compra de proyectiles de impacto de energía cinética ya en diciembre de 2019, cuando gran parte de los problemas sobre la legalidad e idoneidad de la munición ya se conocían[3].

Catalina Fernández Carter, en el sexto capítulo, explora la posibilidad de abordar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía desde el ámbito del derecho penal internacional. La autora propone que calificar estos hechos como un delito “común” de lesiones o malos tratos, no es lo mismo que considerarlos como un crimen internacional. Para ello, analiza críticamente si es posible enmarcar las conductas que dieron lugar a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social como crímenes de lesa humanidad y explora el impacto que esta calificación podría tener en la responsabilidad de los perpetradores, tomando especialmente en cuenta, no solo la normativa internacional sino, sobre todo, la regulación nacional que tipifica esta categoría de crímenes.

COLABORANDO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Aunque existe un incipiente desarrollo de estándares internacionales de derechos humanos que pretenden orientar a los Estados en el despliegue de la fuerza menos letal, durante los últimos años el recurso a la misma ha aumentado. En relación con ello, son muchas las dificultades que existen para la recopilación de las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad de sus autores. En general, los ilícitos cometidos por la policía en este tipo de contextos quedan impunes. Para Matthew McEvoy, Rafael Barreto Souza y Verónica Hinestroza Arenas, la sociedad civil podría jugar un rol decisivo en la persecución de la responsabilidad del Estado y sus agentes. En el capítulo séptimo, explican de qué manera las y los integrantes de la sociedad civil pueden desempeñar un rol clave adoptando buenas prácticas para monitorear multidisciplinariamente el uso de proyectiles de impacto cinético, con la finalidad de registrar los hechos y elaborar documentos que pueden ser útiles como elementos de prueba en un proceso judicial.

En el octavo capítulo, Rodrigo Cabrera del Valle, Mauricio Figueroa Hernández, Fernanda Zúñiga Rodríguez, Jorge Ibáñez López y Carlos Carroza Sandaño evidencian la importancia de la articulación de la sociedad civil generada en torno al estallido social. A partir de su experiencia en el Centro de Atención a Víctimas de la Represión de Valparaíso POCURO, desarrollan interdisciplinariamente la génesis y las distintas fases por las que transitó el centro y su relación con las víctimas. A lo largo del capítulo se evidencia que, mientras el Estado es la principal institución obligada a cumplir con una serie de lineamientos, existen actores de la sociedad civil comprometidos con los derechos humanos que han sido capaces de contener y atender a las víctimas, aplicando estándares internacionales para la documentación de las lesiones y de la tortura, cuyo registro ha posibilitado la elaboración de informes que eventualmente podrían emplearse como medios de prueba en procesos judiciales o ser utilizados como fuentes de información por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

PROMOVIENDO LA REPARACIÓN INTEGRAL

El noveno y último capítulo del libro desarrolla la importancia del derecho a la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos como consecuencia del uso municiones y armas menos letales en el marco del estallido social. Para ello, Rocío Sánchez Pérez, Pietro Sferrazza Taibi e Isabel Severin Fuster, dan cuenta de los estándares internacionales existentes en materia de reparación integral y de las correlativas obligaciones del Estado, contrastándolas con las medidas implementadas efectivamente por el Estado de Chile hasta nuestros días, con la finalidad de evaluar su nivel de cumplimiento. Aun cuando el capítulo pretende servir como marco orientativo para la elaboración de una política pública de reparación integral, reconoce que su diseño, implementación y supervisión no son posibles si no se considera la participación de las víctimas y las peculiaridades del contexto nacional.

INVITANDO A DIALOGAR

El libro no pretende zanjar de manera definitiva los debates en los que se adentra, sino invitar a la academia y a la comunidad en general, a seguir pensando en soluciones dirigidas a la reparación de los daños causados a las víctimas y la persecución de la justicia considerando que respecto de ambas cuestiones los avances que se han logrado a la fecha son muy insatisfactorios. Deseamos sinceramente que este texto logre provocar esas conversaciones que algunos(as) desean callar.

El libro pretende poner a disposición una perspectiva amplia el problema del uso de estas municiones. Y, quizás, los lectores terminen su lectura con más preguntas que respuestas. A casi tres años del Estallido, la evidencia que manejamos nos plantea diversas preguntas que a la fecha están sin respuestas: ¿Fue legal la decisión desplegar estas municiones durante el estallido social? ¿Qué antecedentes sobre las consecuencias de estas municiones manejaban los funcionarios del Estado de Chile? Luego ¿Es posible acreditar que conocían los riesgos del uso de estas municiones y, pese a ello, decidieron emplearlas? Y en ese caso ¿Qué tipo de responsabilidad jurídica corresponde aplicarles a los funcionarios competentes y al Estado?