Tan importante como contar con datos es promover colaboración entre quienes toman decisiones. La columna examina una iniciativa piloto desarrollada en Chile y propone cuatro criterios metodológicos para impulsar políticas públicas diseñadas a partir de información y relaciones de confianza entre ciencia y política.

Los sistemas de conocimientos, en la amplia diversidad de sus orígenes y aplicaciones, pueden ser fundamentales para proporcionar evidencias que informen las decisiones respecto a desafíos futuros en materia medioambiental, social, cultural y económica. Chile no parece ser la excepción; el gobierno actual proclamó un plan de Conocimientos 2030. Además, la nueva constitución -inédita en sus articulados sobre este tema- define los sistemas de conocimientos como un principio para resguardar las condiciones sociales, materiales y culturales de la vida humana y no humana en el territorio nacional. Sin embargo, la evidencia no es evidente; la hacemos evidente en su uso. Sin un uso adecuado, los conocimientos se tornan tan frágiles como cualquier otra información sujeta a intereses particulares. Así lo han mostrado polémicas recientes sobre manipulación de datos en encuestas (Lagos 2021, Titelman 2021) y sobre las condiciones laborales precarias que afectan hoy a la producción de conocimientos (Fardella et al. 2019; Fardella, Koch & Trujillo. 2022; Matus 2021).

En este artículo queremos explicar que el uso de evidencias es una práctica cada vez más necesaria y deseable para la democracia. No obstante, tiene límites, riesgos y desafíos. Por un lado, basar decisiones políticas en datos científicos puede limitar la discusión a aspectos tecnocráticos (Gallo 2017). Por otro lado, la evidencia puede usarse para justificar proyectos políticos o empresariales, sustentados en concepciones morales e intereses individuales (Barandiarán 2015). Por ejemplo, en 2021, representantes del gobierno de Piñera apelaron curiosamente a la falta de evidencia respecto al COVID-19 para justificar decisiones controversiales (Aguirre 2021). Respecto a los desafíos, cabe señalar también que el uso de evidencia en política representa un modelo contemporáneo, pero altamente resistido por parlamentarios en Latinoamérica, como bien han ilustrado los casos de México y Argentina (Universidad Austral 2021, p. 7).

“En política, los gestores y partidos son centrales para orientar y aunar voluntades. En la ciencia, en cambio, los intereses de los investigadores suelen interpretarse como sesgos”

A partir de un caso reciente en Chile, queremos destacar la relevancia metodológica y epistémica de las condiciones éticas que encausan el uso, la interpretación y la comprensión de evidencias en la deliberación política. Si bien estas condiciones suelen estar implícitas en la política informada por evidencia, muchas veces no se transparenta su valor, arriesgando con ello perder marcos de integridad y cuidado, que son necesarios para transformar datos abstractos en evidencia útil y pertinente.

VALOR Y FRAGILIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONOCIMIENTO

Los sistemas de conocimientos son conjuntos de saberes estructurados, dinámicos y coherentes, cuyo valor consiste en generar resultados útiles o efectos específicos, a partir de intervenciones calculadas o comprobadas mediante evidencias, que pueden provenir de la experiencia y tradición sociocultural de una comunidad, de marcos teórico-conceptuales de representación o de la constatación tecnológica y empírica de series de eventos naturales o sociales.

Estos sistemas operan mediante conjuntos de “datos”, es decir, determinaciones conceptuales que permiten identificar propiedades estructurales de fenómenos, caracterizar relaciones causales o correlaciones entre ellos, y comprender condiciones simbólicas determinantes (Leonelli 2015). Mediante la comparación, variación y reconfiguración técnica de datos, los sistemas de conocimientos pueden generar representaciones útiles que permiten describir, explicar o, incluso, proyectar escenarios futuros, inciertos o desconocidos. Al estar respaldados por un conjunto amplio y dinámico de marcos hermenéuticos, prácticas experimentales, técnicas estadísticas y enfoques interpretativos, los sistemas de conocimiento gozan de un alto grado de autoridad epistémica.

La amplia utilidad de los conocimientos ha motivado a diversas sociedades democráticas a invertir en capacidades para desarrollar políticas informadas por evidencias. Al respecto, se ha sostenido que el uso de evidencias permite fortalecer la legitimidad y la transparencia de los procesos de toma de decisión política y legislativa (Parkhurst, 2017; Pielke, 2007). Además, su uso contribuye a identificar problemas relevantes y pertinentes para contextos específicos (National Research Council, 2012). En este sentido, las evidencias no solo proporcionan saberes específicos, sino también parámetros seguros para orientar decisiones, en función de la factibilidad o pertinencia de ciertas acciones por sobre otras, y en función de los contextos sociales y políticos que enmarcan la deliberación (Jasanoff, 2013). Sin embargo, lo que funciona en teoría, no necesariamente resulta en la práctica.

Uno de los argumentos centrales en contra de las políticas informadas por evidencia concierne a la diferencia organizacional y cultural entre los campos científico-disciplinares y los campos político-aplicados (Gallo, 2017; Pilke, 2007). Mientras las ciencias adscriben a marcos de integridad y excelencia académica, que implican procesos sistemáticos y metodológicos de tiempos prolongados, la política acostumbra a ceñirse a marcos normativos, controversias y coyunturas contingentes, que muchas veces implican actuar con celeridad, respetar acuerdos locales o enfrentar negociaciones dinámicas, que cambian conforme se acortan o extienden los tiempos de la deliberación. Asimismo, el rol de los intereses varía en cada campo. En política, los gestores y partidos son centrales para orientar y aunar voluntades. En la ciencia, en cambio, los intereses de los investigadores suelen interpretarse como sesgos, cuyo sentido y valor es sometido a metodologías y prácticas de producción y análisis de datos, que intentan garantizar la independencia y la legitimidad de los resultados obtenidos.

En Chile, las diferencias entre el ámbito político y el ámbito científico han instalado una cultura de la desconfianza, constatada en múltiples fenómenos (Barandiarán, 2015). Desde la escasa inversión pública en políticas de investigación y desarrollo, pasando por la casi nula empleabilidad de investigadores en instituciones dedicadas a la toma de decisión política, hasta la opinión común respecto a la inutilidad de los saberes especializados, no para comprender, sino para lidiar con los cambiantes desafíos de la realidad cotidiana.

“Queremos destacar la relevancia metodológica y epistémica de las condiciones éticas que encausan el uso, la interpretación y la comprensión de evidencias en la deliberación política”

Sin embargo, como han enseñado experiencias inéditas y recientes, como la Red de laboratorios universitarios de diagnóstico Covid-19 (Ministerio de ciencias, 2020), el plan nacional de vacunación (Ministerio de Ciencias, 2021) o las proyecciones climatológicas en materia de cambio climático (Gallardo et al. 2019), contar con capacidades para generar interfaz entre ciencias y política es un recurso cada vez más eficiente y necesario. Ante esta situación, conviene preguntar cómo asegurar buenas relaciones de gobernanza, cooperación y coordinación entre la política y las ciencias, que posibiliten el uso adecuado de evidencias en deliberaciones orientadas a resguardar el bien común en el Chile actual. En este sentido, nos referimos a la dimensión ética y organizacional de la investigación (Jasanoff 2007): una preocupación por los procesos y las prácticas que gestionan la producción, transferencia e interpretación de conocimientos, en vistas de su uso e impacto en un contexto social.

DEL DATO A LA EVIDENCIA. METODOLOGÍAS PARA LAS BUENAS RELACIONES ENTRE CIENCIA Y POLÍTICA

Dado que las formas y los contextos de uso afectan el valor de las evidencias, países norteamericanos y europeos han implementado equipos multidisciplinares, con perfiles aplicados y alojados en instituciones gubernamentales, parlamentarias o, incluso, académicas. Ejemplo de esto son el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) y The Parliamentary Office of Science and Technology (POST) de Inglaterra, el National Research Council (NRC) de Estados Unidos, y la Oficina de Transferencia Tecnológica (TAB)de Alemania. En Chile, para complementar los mecanismos de consulta tradicionales, como las comisiones de expertos o las mesas de trabajo, la Biblioteca del Congreso Nacional implementó dos metodologías para el uso de evidencias científicas: Consulta a expertos (Roberts 2018, 2019; Roberts et al. 2021) e Informes de frontera (Weidenslaufer y Roberts 2021). La primera consiste en un proceso de consulta a especialistas en materias disciplinares específicas. La segunda, en cambio, consiste en un proceso de consulta en materias tecno-científicas, sin regulaciones políticas o legales (Diagrama 1: Informes). Aunque ambas metodologías tienen un carácter piloto y exploratorio, a nivel nacional y regional, es relevante considerar el cuidado metodológico por la dimensión técnica y ética de estos procesos de consulta y traducción de conocimientos.

Diagrama 1

Dos metodologías para el uso de evidencias en el Parlamento chileno.

Elaboración propia (Trujillo 2021)

Respecto a la dimensión técnica, las metodologías orientan la búsqueda de datos e información, a partir de requerimientos legislativos específicos. En este sentido, para que los datos consultados proporcionen evidencias,se requiere de un proceso interpretativo, que sintetice la información relevante en vistas del contexto de uso. En este sentido, la BCN articula sus metodologías desde una concepción práctica y hermenéutica de evidencia, en línea con las definiciones empleadas por instituciones parlamentarias europeas (Foxen y Bermingham, 2022). La evidencia no es el dato en sí mismo, sino el resultado de un proceso de razonamiento situado, sistemáticamente conducido. Además, quienes conducen el proceso son actores con credenciales suficientes de legitimidad, neutralidad y credibilidad, pues se trata de asesores profesionales de la oficina de Asesoría técnica parlamentaria. En este sentido, el uso de evidencias significa abrir un nuevo tipo de relación, que pone en diálogo a políticos, investigadores y representantes de la sociedad civil.

Respecto a la dimensión ética, las metodologías de consulta operan como tecnologías de la humildad (Jasanoff 2007), porque permiten reconocer, a un mismo tiempo, la parcialidad de las distintas formas de saber y su eventual complementariedad en marcos de reflexión multidisciplinar y aplicada. En este sentido, creemos que las metodologías de la BCN contribuyen a generar y mantener una nueva cultura política y organizacional, basada en buenas relaciones. Las buenas relaciones emergen del reconocimiento de las dificultades y las oportunidades asociadas a los contextos de uso de evidencias. Contar con buenas relaciones es una condición ética con efectos epistemológicos específicos, ya que permiten velar por el cuidado de los conocimientos, mediante estándares de transparencia, robustez y la legitimidad de la información empleada.

CUATRO CRITERIOS PARA CUIDAR Y ORGANIZAR LAS RELACIONES

Las metodologías de BCN logran articular buenas relaciones, porque sus procesos de consulta emplean criterios éticos para organizar las etapas de consulta, pesquisar la información, sustentar las evaluaciones y comunicar las evidencias seleccionadas, de un modo adecuado y afín al contexto político y legislativo. Si bien estos factores pueden adquirir distintos significados en cada etapa del proceso, nos parece relevante destacar a lo menos cuatro criterios, tanto por su contribución organizacional como epistémica a los procesos de deliberación.

En primer lugar, la evidencia se construye en un marco que asegura la validez del proceso. Esto es posible gracias a la definición de cuatro etapas generales, de duración variable, para cada consulta: 1) requerimiento parlamentario, 2) producción de información, 3) interpretación y 4) edición final. Mientras el requerimiento sitúa el contexto legislativo y temático mediante una pregunta concreta, la producción de datos se ocupa de contactar a expertos para plantear preguntas específicas. En la fase de interpretación, los asesores evalúan la pertinencia de la información reunida, mediante revisiones externas e internas, de modo tal que todo el proceso permite cuidar el diálogo y el intercambio. En la fase final, la evidencia se traduce en los términos técnicos, políticos y legislativos situados por el requerimiento (Diagrama 2).

Diagrama 2

Sistematización de las etapas que conforman los procesos de cada metodología.

Elaboración propia (Trujillo 2021).

El segundo criterio concierne a la legitimidad de la información. Para velar por la robustez y la actualidad de la información consultada, la BCN generó un convenio de cooperación con la Agencia Nacional de Investigación y la subdirección de centros de investigación. Esto le permite asegurar que los expertos consultados sean seleccionados en función de su prestigio profesional y su afinidad con el requerimiento inicial. El tercer criterio es la transparencia de los datos empleados para construir evidencias. Para ello, se exige que los datos provengan de fuentes comprobables. Asimismo, se exige reconocer los nombres de los expertos o, en su defecto, de las instituciones involucradas en los reportes finales, para fortalecer la confianza entre el ámbito académico y político y rastrear eventuales conflictos de interés entre las comunidades que participan de las deliberaciones políticas y legislativas.

Por último, un cuarto criterio concierne a la comunicabilidad de la evidencia. Este criterio es particularmente relevante, pues las diferencias lingüísticas entre el ámbito académico y político son un desafío principal para el uso de evidencias en deliberaciones políticas y legislativas (Foxen y Bermingham, 2022; Gallo 2017). En este sentido, preocuparse por el modo de comunicar la información es una estrategia necesaria para lidiar con la fragilidad de los conocimientos y su eventual fragmentación y pérdida de sentido. También es una manera de preocuparse por quienes recibirán la información y por quienes se verán  afectados por la información recomendada.

La experiencia exploratoria de BCN permite apreciar que el cuidado metodológico de las prácticas incorporadas puede ayudar a construir mecanismos de publicación y comunicación específicos, similares a los Postnotes del Parlamento inglés o a los policy brief^[1] que, con resultados variables, siguen siendo a la fecha uno de los pocos mecanismos locales para contribuir, desde la academia, a las políticas informadas por evidencia. Cada informe es el resultado de un proceso tanto técnico como ético, que se articula desde el diseño de fases y procesos, que velan por el cuidado en el modo de pesquisar, sustentar, seleccionar, traducir y comunicar los datos proporcionados.

En general, nos parece que implementar prácticas de uso de evidencias no solo nos aproxima al modelo de sociedad de conocimiento, anunciado en la nueva constitución y en programas de gobierno recientes. Además, estas prácticas nos enseñan la necesidad de invertir en nuevas formas y capacidades de razonamiento y deliberación. Sin duda, esta es una discusión amplia, compleja e incómoda. Sin embargo, metodologías que fomentan buenas relaciones son un primer paso para fortalecer el carácter democrático de las instituciones políticas y legislativas. Por otra parte, también nos parece que este caso revela, al menos, dos maneras de enfrentar deudas pendientes en el ecosistema local en CTCI. Por un lado, implementar políticas informadas por evidencias demanda diversificar las carreras científicas más allá de la academia, hacia la generación de perfiles profesionales en asesoría experta e investigación orientada por coyunturas políticas y sociales locales. Por otro lado, el uso de evidencias permitiría desarrollar un sistema político y social más pertinente, actualizado y preparado para las incertidumbres de un futuro en crisis. El valor de contar con experiencias pioneras en políticas informadas por evidencia radica, justamente, en transformar estas deudas en una oportunidad de cambio y vinculación entre la política y los sistemas de conocimiento generados en el país.

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