Tres crisis juntas visualiza el autor de esta columna cuando analiza la situación política en Chile. Entre ellas, una microfragmentación de los partidos que termina en negociaciones cortas donde reina la viveza, el interés pequeño, el corto plazo. ¿Cómo se sale del barro en política?
El ciclo político que vive Chile reviste particular preocupación. Si tuviésemos que imaginar una época similar, el actual momento se parece a la década de 1920s, donde se desintegraba el viejo sistema político del siglo XIX y se abría paso una nueva configuración de poder. Tres fenómenos se entrecruzan en la actualidad: minorías que administran el poder pensando o actuando como si fuesen mayorías (la ilusión de la representación); una explosiva fragmentación del sistema político que dificulta los acuerdos y provoca lógicas particularistas; y niveles significativos de desigualdad que tienen una expresión política muy relevante.
Se trata de fenómenos anteriores al 18 de octubre de 2019, pero que a partir de allí se aceleran gatillando una compleja lógica de degradación del sistema político representativo. A lo anterior debe sumarse el consenso social y político que la Constitución de 1980 está políticamente muerta. Así, los actores políticos—minorías fragmentadas y con intereses particularistas—actúan en un ambiente social sin ley ni orden que los aglutine, que los reuna en torno a un sentido mínimo común. Debe destacarse, eso sí, cierta inercia político-institucional que mantiene las formas de la democracia formal. Pese a las recientes drámaticas visicitudes electorales, los actores políticos siguen buscando navegar y encontrar un camino de salida a la crisis de representación, evitando un naufragio fatal.
LA ILUSIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
La primera característica del momento actual es la ilusión de la representación en la que vivimos. ¿A qué me refiero? Al simple hecho de que, como la participación electoral ha ido disminuyendo en el país, las decisiones electorales tienen una cada vez menor base de apoyo. Con el retorno a la democracia, el presidente Patricio Aylwin obtuvo el 55% de los electores que asistieron a votar, lo que representaba un 47% del universo de la población mayor de 18 años. Una década más tarde, el presidente Lagos obtendría el 51% de los votos, pero ahora los votos obtenidos representaban solo el 36% de la ciudadanía habilitada para votar. Esta diferencia se va agravando con los años. En 2013, quienes asistieron a votar por Michelle Bachelet representaron el 62%, pero aquello solo correspondía al 26% de los habilitados para votar. De este modo, aunque las autoridades llegaban al poder con un respaldo mayoritario, esa “mayoría” se fue haciendo extremadamente relativa, pues solo era representativa de quienes asistían a votar.
“La necesidad de buscar acuerdos es mayor, pero las condiciones materiales para posibilitarlos han disminuido. ¿Qué podemos esperar entonces del momento actual?”
En 2017, el Presidente Piñera resultaba electo con un 55% de los votos, pero sus 3,7 millones de electores/as solo representaban el 26,4% del total de la población habilitada para votar. La anterior lógica se replica en las elecciones del presidente Gabriel Boric que fue apoyado por el 56% del electorado, pero que en términos de votos representaban al 31% del total del padrón electoral (4,6 millones). El caudal de votos obtenido por el actual presidente es inédito, pero sigue representando una minoría del país.
La ilusión de la representación se refiere a que las autoridades que llegan al poder vienen legitimidas por un respaldo “mayoritario”, pero dichas mayorías no representan al conjunto de la ciudadanía, sino que solo a aquellos que asistieron a votar. Entonces, se gobierna como si fuese una mayoría cuando en realidad se trata de gobiernos de minoría (ver Figura 1).
Lo mismo puede extenderse al proceso constituyente. Todos los actores asumen que una importante mayoría aprobó la idea de establecer una nueva Constitución (78%) o que ese mandato fuese a través de una Convención 100% electa por la ciudadanía (79%). Pero como la tasa de participación fue de un 51%, entonces esos porcentajes son representativos de un 40% de la población habilitada para votar.
“No es casualidad que cueste aprobar tanto temas como la reforma al sistema de pensiones, precios de los remedios, reforma a la salud, los derechos del agua o la reforma impositiva”
Una vez que se elige la Convención, los partidos o movimientos de centro-izquierda llegaron a representar al 76% de dicha instancia, pero dicha representación solo alcanzaba a un 31% del total del electorado. Producto del establecimiento del voto obligatorio en el plebiscito de salida, vemos que los 7,8 millones de electores que se inclinaron por el rechazo (62%) llegaron a representar poco más de la mitad de la población habilitada para hacerlo.
Figura 1
El tema antes descrito crea una verdadera ilusión mediante lo cual las autoridades que asumen el poder (sea en la Presidencia, el Congreso o la Convención), piensan y actúan como si fuesen representantes de la voluntad soberana de una gran mayoría del país, pero en la práctica aquello no encuentra un correlato en las calles. El tema es particularmente crucial en sistemas presidenciales donde la ciudadanía elige paralelamente a la autoridad del Ejecutivo y del Legislativo y en donde cada poder reclama actuar bajo el mandato legitimado en las urnas por la población. Los presidentes se sientan en la mesa de negociaciones señalando y reiterando una y otra vez que fue su programa el que recibió el respaldo ciudadano. Los legisladores—que usualmente controlan la oposición a dicho gobierno—le retrucan que ellos también tienen esa legitimidad.
Pensemos por ejemplo en el escenario actual de post-plebiscito. Luego del triunfo mayoritario del rechazo (¡y en esta ocasión sí fue mayoritario!), la oposición de derecha se dispone a establecer los términos del juego porque se autoconcibe como de mayoría tanto por el resultado electoral como por la correlación de poder en el mismo Congreso. De hecho, tanto en la Cámara como en el Senado, la derecha tiene un número de votos muy relevante y que podría definir el curso de los acontecimientos futuros (45 y 50% respectivamente). No obstante, el respaldo de 45% en la Cámara, por ejemplo, es solo representativo del 19% del total del electorado.
“Un ambiente excesivamente fragmentado crea condiciones para relaciones altamente particularistas y clientelares”
Es esta ilusión de la representación la que genera dificultades para posibilitar acuerdos. Cada grupo actúa bajo la premisa de que cuentan con un respaldo mayoritario de la población, pero en realidad se trata de un juego de minorías—relevantes minorías, tal vez, pero minorías al fin. Esto se hizo patente en la Convención Constitucional donde un segmento importante de colectivos actuó bajo el supuesto que representaban a un país que demandaba un nuevo paradigma, cuando en realidad estaban defendiendo ideas de un significativo pero todavía minoritario segmento de la población.
La moraleja que nos deja este simple ejercicio es, por una parte, el peligro que entraba actuar bajo la ilusión que se cuenta con la mayoría, y por otra parte, la importancia que en la hora actual adquiere involucrar al universo total de electores en las decisiones trascendentes del país. En efecto, mirado en retrospectiva, resultó un error fatal establecer voto voluntario para la elección de convencionales y voto obligatorio para el plebiscito de salida pues se convocó a universos significativamente diferentes de electorados. Establecer voto obligatorio a todo evento electoral contribuiría a legitimar las decisiones democráticas frente a un universo más significativo de la ciudadanía.
LA FRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
A lo anterior debemos agregar un segundo fenómeno relativo a la fragmentación del sistema político y que otros autores han destacado (Bunker 2021, Luna 2022,). En el caso de Chile, en recientes años se impulsaron reformas electorales que permitieron que un mayor número de partidos queden representados en el Congreso. Estos cambios muy probablemente tuvieron que ver tanto con la crisis de legitimidad que enfrentan los partidos como con los cambios en el balance de poder de los últimos años y que redujo significativamente el centro político (sobre factores que explican una mayor fragmentación ver Scherlis 2014).
“Resultó un error fatal establecer voto voluntario para la elección de convencionales y voto obligatorio para el plebiscito de salida pues se convocó a universos significativamente diferentes de electorados”
La elección de 2018 produjo un quiebre respecto de lo que había venido sucediendo y que se manifestaba fundamentalmente en que dos coaliciones principales lideraban las decisiones. Esas dos coaliciones mostraban altos niveles de disciplina a la hora de votar y una relativa alta cohesión interna. A partir de entonces, aumenta el número de coaliciones como también se verifica una explosión de partidos (ver Figura 2) observándose uno de los mayores niveles de fragmentación vistas en la historia republicana (Bunker 2021). En la actual cámara, solo 5 partidos pudieron elegir más de 10 representantes, a saber: el partido Comunista (12), Socialista (13), Partido republicano (14), la UDI (23) y Renovación Nacional (25).
A lo anterior se suma el hecho de que la coalición que llevó al poder al Presidente Boric es la que, desde el tránsito a la democracia, menos apoyo legislativo ha tenido: su coalición extendida (Apruebo Dignidad + el Socialismo Democrático), alcanza solo el 43% de la Cámara de Diputados y el 28% del Senado. Aunque la gran mayoría de las administraciones no ha contado con mayoría en ambas cámaras (siendo las excepciones durante el primer año de Bachelet I y toda la administración de Bachelet II), en el caso del Presidente Boric es la que menor porcentaje de apoyo tiene en ambas cámaras. A lo anterior se suma la inédita conformación de una coalición con dos anillos, un círculo estrecho que lo acompañó en su campaña y otro círculo de la izquierda moderada que funciona más como un satélite algo distante del centro de gravedad de las decisiones.
Figura 2
Esta excesiva fragmentación política tiene varios efectos. Primero, y tal vez el más evidente, es que se hace más difícil gobernar cuando el Ejecutivo no cuenta con un contingente de parlamentarios suficiente para aprobar su programa. Segundo, la posibilidad de establecer coaliciones estables se complejiza en la medida en que un mayor número de sectores intenta imponer sus intereses particulares. Tercero, en la medida que un gobierno desea sacar adelante su programa, debe sumar voluntades de pequeñas facciones, incrementándose los costos transaccionales para cada decisión. Un ambiente excesivamente fragmentado crea condiciones para relaciones altamente particularistas y clientelares. Como cada voto cuenta, los gobiernos están obligados a negociar individualmente cada una de las iniciativas que pretenden aprobar.
Existe bastante consenso académico y político de los efectos negativos que tiene la excesiva fragmentación. Sin embargo, las posibilidades de reducir o limitar este fenómeno dependerán precisamente de los actores políticos que están en el poder. Uno de los desafíos más relevantes del momento actual es generar incentivos para la cooperación y la reunión de voluntades en torno a un número más razonable y menor de partidos.
“En la Convención Constitucional un segmento importante de colectivos actuó bajo el supuesto que representaban a un país que demandaba un nuevo paradigma, cuando en realidad estaban defendiendo ideas de un significativo pero minoritario segmento”
No obstante, la respuesta que está ofreciendo hoy día el sistema político es precisamente la contraria: se dividen todavía más los partidos, se fragmentan las coaliciones, y se crean nuevo partidos. La fragmentación crea incentivos para su reproducción en la medida en que precisamente son aquellas mínimas facciones las que a la hora de tomar la decisión entregarán los votos claves.
LA EXPRESIÓN POLÍTICA DE LA DESIGUALDAD
Un tercer elemento estructural en la realidad Latinoamericana y chilena se refiere a la desigualdad en la distribución de recursos económicos. Lo importante acá de observar es cómo tal desigualdad se expresa políticamente. Y su impacto es muy significativo: distribución desigual de recursos para campañas políticas, concentración de medios de comunicación, acceso desigual a espacios de poder por la vía de lobby, capacidad de incidir en las agenda política y social de grandes grupos empresariales, entre otros.
La desigualdad económica no determina definitivamente quién puede acceder al poder presidencial. De hecho, en Chile los altos niveles de desigualdad económica no han impedido que lleguen a la Moneda figuras como Boric o Bachelet. Sin embargo, esta desigualdad sí tiene efectos relevantes en el encuadre de las agendas (lo que finalmente llega a la agenda política para ser debatido) y respecto de la capacidad de incidir las decisiones de las autoridades públicas. La pauta de los medios y lo que se discute y aprueba en el Congreso reflejará precisamente esta desigualdad. No es casualidad que cueste aprobar tanto temas como la reforma al sistema de pensiones, precios de los remedios, reforma a la salud, los derechos del agua o la reforma impositiva.
Otra dimensión no menor radica en el tiempo y recursos que las personas tienen para atender los asuntos públicos: aquí la desigualdad se hace todavía más patente. Mientras los sectores más privilegiados de la población poseen el tiempo y mayores recursos para informarse sobre el modo en que determinadas decisiones les afectarán en sus vidas, los grupos de menores ingresos cuentan con menores opciones para informarse adecuadamente de los asuntos públicos. Esta brecha hace que, en un ambiente donde adquieren más relevancia las campañas de desinformación, los sectores populares se vean mucho más expuestos a este tipo de eventos. En un ambiente plagado de noticias falsas, contar con tiempo y recursos para procesar, discriminar y contrastar información es vital y no cabe duda que las posibilidades que unos y otros tienen varían dramáticamente.
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Desde el retorno a la democracia ninguna coalición ha tenido una mayoría suficiente como para imponer su programa de gobierno. Dadas las condiciones políticas (balance de poder), e institucionales (quorum de aprobación de normas), siempre se requirió pactar o buscar acuerdos para avanzar en reformas relevantes. Desde 2018 las circunstancias se hicieron muchísimo más dramáticas: un sistema político más fragmentado impactó notable y negativamente en la capacidad para lograr acuerdos. Los dos últimos gobiernos han tenido menos respaldo parlamentario y altísimos niveles de fragmentación. Una tendencia que venía observándose con anterioridad, se agudizó ostensiblemente.
“Cada grupo actúa bajo la premisa de que cuentan con un respaldo mayoritario de la población, pero en realidad se trata de un juego de minorías—relevantes minorías, tal vez, pero minorías al fin”
Así, la necesidad de buscar acuerdos es mayor, pero las condiciones materiales para posibilitarlos han disminuido. ¿Qué podemos esperar entonces del momento actual? Es probable que en un ambiente como el descrito, dominarán las fuerzas particularistas que guiarán su acción política a partir de cálculos de cortísimo plazo. La política con calculadora siempre ha existido, sería iluso negarlo. Pero en el escenario actual se hacen más relevantes aquellos cálculos. A lo anterior se suma un sentimiento anti-establishment, anti-partidos tradicionales que será ocupado por los nuevos partidos y movimientos como una clásica estrategia para acceder al poder.
La resolución de la actual crisis de representación reside precisamente en aquellos actores que son percibidos como parte del problema: los partidos políticos. En 2020 la ciudadanía confió la suerte de la república a un grupo significativo de independientes que alcanzaron representación en la Convención y aquel propósito se defrauduó. Ahora, la resolución de esta crisis volvió a depender de la capacidad y liderazgo que tengan los partidos para alcanzar acuerdos.
Por eso el debate constituyente es tan significativo. Además de definir mínimos comunes aceptados por todos, el proceso de definir una Constitución implica aceptar que se requieren reglas y principios básicos para convivir y que ningún sector es mayoritario, es decir, que nadie podrá imponer sus intereses o su propia forma de comprender el mundo. A diferencia de otros países de América Latina donde las crisis han devenido en golpes blancos y huidas de presidentes, Chile mantiene cierta inercia institucional que favorece la búsqueda pacífica de soluciones a esta encrucijada. Dependerá entonces, del liderazgo de los personeros que en esta oportunidad conducen las negociaciones el superar estas sistémicas fuerzas que tienden imponer el particularismo y la fragmentación.
NOTAS Y REFERENCIAS
Kenneth Bunker (2018). La elección de 2017 y el fraccionamiento del sistema de partidos en Chile. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política 9(2): 204-229.
Juan Pablo Luna (2022). ¿País Polarizado? Columna de opinión, Tercera Dosis. https://terceradosis.cl/2022/09/08/claves-para-leer-a-chile-despues-del-plebiscito-3-pais-polarizado/
Gerardo Scherlis. 2014. Political Legitimacy, fragmentation and the rise of party formation costs in Contemporary Latin America. International Political Science Review. Vol 45 (3).
Claudio Fuentes S.
Muy de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos que describen esta crisis… espero que la conclusión de quienes son los encargados de superarla, no termine en un golpe blanco.