La ley corta salvó a las ISAPRES y perjudicó a sus afiliados, plantea esta columna. Pero el salvataje durará poco, porque la industria seguirá perdiendo usuarios y no hay medidas para revertir la crisis. El gobierno defiende la iniciativa porque fortalece FONASA. El autor dice que eso está por verse.

Casi en el último minuto de la última hora en que se cumplía el plazo para la implementación del fallo de la Corte Suprema contra las Isapres[1],  se aprobó la ley corta. La iniciativa favorece a la industria privada de la salud, pues les da un plazo de 13 años para pagar la deuda que tiene con los afiliados y termina con los excedentes, haciendo que ningún plan pueda costar menos del 7%. Además, permite un aumento del precio en las primas de los planes en un máximo de 10%, lo que significa en buenas cuentas que serán los propios afiliados (sobre todo los hombres jóvenes) los que pagarán las devoluciones vía aumento de los precios de los planes.

Sí, las Isapres ganaron. Pero también perdieron. Porque la ley no contempla un plan de futuro para la industria. Por ejemplo, no se aprobaron mecanismos que permitan dar estabilidad al sistema poniendo fin a las preexistencias y permitiendo la movilidad de usuarios entre Isapres. Un mecanismo como éste, un fondo de compensación entre Isapres, reduciría los incentivos para la selección de usuarios sanos y permitiría movilidad de afiliados, redistribuyendo dentro de estas instituciones recursos de pacientes sanos a otros más enfermos. Es decir, incorporando solidaridad, lo que daría viabilidad de largo plazo a las Isapres[2]. Al no aprobarse ninguna modificación en esta línea, las Isapres pierden.

Las isapres pierden también porque es esperable que el aumento del precio de los planes genere una nueva fuga de afiliados. De hecho, estas instituciones han perdido 47.000 afiliados que han migrado a Fonasa en el primer trimestre y completan 50 meses a la baja en números de asegurados. Es probable que esta tendencia continue.

La Ley Corta, ha dicho el gobierno, no es un salvataje a las isapres sino un fortalecimiento del seguro público. El análisis indica, sin embargo, que esto es una posibilidad, no una certeza. Se aprobó la modalidad de cobertura  complementaria (MCC), que permite a Fonasa licitar seguros privados voluntarios que entreguen una cobertura complementaria  a sus beneficiarios. En teoría se trataría de seguros a un precio fijo por usuario, donde no se discrimina por preexistencias, mejorando cobertura de Fonasa en los prestadores privados. Sin embargo, como escribí en esta columna, actualmente los seguros complementarios de salud en Chile pueden subir el precio del seguro, decidir no renovar un contrato o rechazar afiliados con pre-existencias, igual que hacían las Isapres.

Hoy en día el asegurador público atiende con copago cero en consultorios y hospitales públicos y con copagos bajos en prestadores privados en forma ambulatoria. Sin embargo, los copagos hacen inaccesible la opción de hospitalización en prestadores privados para pacientes Fonasa, por las bajas coberturas del seguro estatal en la modalidad  medicina de libre elección (MLE).  Por ejemplo, si un paciente se hospitaliza en una clínica por un cuadro de diarrea aguda y deshidratación o una neumonía, que no es ni Ley de Urgencia ni tiene cobertura PAD, la cobertura real de Fonasa será menor al 40%, dado que los aranceles que Fonasa considera para el sector privado subestiman excesivamente el costo real de las prestaciones. El seguro complementario podría cubrir esa diferencia que hoy no cubre Fonasa.

La opción de un seguro complementario de precio fijo y coberturas conocidas podría hacer que FONASA se vuelva más atractivo para muchos afiliados a Isapres, en particular para quienes les gusta el seguro público pero no quieren perder la oportunidad de atenderse en una clínica privada. Sin embargo, el éxito de la MCC no está garantizado. Dependiendo de la propuesta que elabore Fonasa para las aseguradoras, podría suceder que éstas no se interesen en participar o se interesen, pero cobrando un precio muy elevado, lo cual haría esta opción poco atractiva para muchos afiliados a Fonasa. Ello convertiría a la MCC en una política de bajo impacto.

Finalmente, tras la aprobación de la Ley Corta, es probable que en el largo plazo se consolide la tendencia actual. Es decir, con un Fonasa que avanza a convertirse en un seguro nacional que integra prestadores públicos y privados, y que de llegar a una cobertura de más del 90% de la población, se convertiría, de facto, en el seguro de todos los chilenos.

Esto, desgraciadamente, también requiere enfrentar problemas que no han sido resueltos. Fonasa es una institución que depende fuertemente del ciclo político y está en permanente riesgo de captura por operadores políticos. Carece de un directorio con representación diversa de la comunidad incluyendo pacientes, que le dé autonomía efectiva y capacidad de tomar decisiones más allá de los cuatro años que dura un gobierno. Al mismo tiempo,  necesita una modernización urgente en sus mecanismos de pago, para hacerlos más eficientes, empoderándose efectivamente para dar alternativas de atención a afiliados cuyos prestadores no responden a tiempo. Nada de esto se legisló en la ley corta y sin duda debería ser la siguiente reforma a priorizar por el ejecutivo en salud. El tiempo de las Isapres ya pasó. Modernizar a Fonasa es urgente.