El investigador analiza el incierto futuro al que nos conduce una clase política que saca ventajas electorales de cada crimen y una masa que cree, erróneamente, que los delitos se solucionarían rápido si tuviéramos un líder decidido.

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Andreas Feldmann cree que más temprano que tarde vamos a perder la democracia. La causa principal es la falta de cooperación de los partidos para enfrentar al delito.

– El juego político en torno a la seguridad está haciendo que la democracia se vea muy ineficiente. Hay un clamor por soluciones y la falta de cooperación hace parecer que ella no puede producir herramientas efectivas – dijo el investigador a TerceraDosis.

Con “juego político” Feldmann se refiere a la práctica de sacar ventaja electoral de los crímenes y de la inseguridad que éstos generan. En vez de observar a líderes dispuestos a coordinar sus esfuerzos, en vez de ver políticos que tranquilizan a la población asustada y envían el mensaje de que en este tema estamos unidos y seguimos siendo fuertes, cada nuevo crimen va acompañado de acusaciones cruzadas, de defensas corporativas para ocultar las profundas reformas que requieren varias instituciones y de una ola de propuestas sin evidencia que las respalde: cárcel isla, castración química, botón de pánico, pena de muerte, fosas en la frontera, deportaciones masivas o “hacer que corra sangre”, que es lo que Axel Kaiser espera que haga el próximo gobierno (ver minuto 3.20).

Frente a un crimen crecientemente organizado, los actores políticos reman para su lado. Y su lado no es necesariamente el nuestro.

La consecuencia de esta falta de cooperación es fatal para cualquier organización, ha dicho Peter Turchin, un biólogo que estudia la sociedad usando modelos matemáticos. En su libro Ultra Society (2016) Turchin escribió: “La cooperación subyace a la habilidad de los grupos humanos para lograr sus metas. Al destruir todo motivo para cooperar, el colapso es inevitable”.

– Uno esperaría mayor madurez frente a los problemas que tenemos. Pero siempre aparece la ventaja corta, el cómo le saco rédito a las desgracias de mi contrincante. Sería distinto si en esta área no hubiera competencia, si se generara un gran acuerdo nacional para desarrollar políticas de largo plazo; o si la política de seguridad escapara a esta lógica de oposición-gobierno y se entendiera que es la propia existencia del Estado democrático y del Estado de derecho lo que está en juego. Pero no veo eso posible. La seguridad es demasiado “rentable” electoralmente. Eso me lleva a pensar que en algún minuto vamos a terminar perdiendo la democracia – dijo Feldmann a TerceraDosis.

Andreas Feldmann es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Illinois. En 2023 escribió, junto con Juan Pablo Luna, el libro Criminal Politics and Botched Development in Contemporary Latin America (Política criminal y desarrollo truncado en América Latina) donde se analiza el crimen organizado como un problema de desarrollo económico y no solo de seguridad.

Feldmann destaca que la citada falta de cooperación política se retroalimenta con otro asunto igualmente dañino: muchas personas creen que el crimen se soluciona fácilmente -por ejemplo, con un líder decidido o con un nuevo aumento de penas- y por lo tanto no deberíamos esperar mucho para tener ciudades seguras.

La idea de que la seguridad ´está a un líder de distancia´ es evidentemente falsa y los actores políticos, lo saben. Pero nadie se anima a decirles a los votantes que están equivocados. Y eso genera expectativas que la democracia no puede cumplir.

– Es difícil ser un político y decir la verdad sobre la violencia delictual; decirles a las personas, ‘mire, tenemos que hacer grandes sacrificios, esto va a tardar’. ¿Qué político puede admitir que no hay solución en el corto plazo, si quiere ganar las elecciones? – reflexionó Feldmann.

El caso de Mario Desbordes ilustra bien este problema. Ganó en la municipalidad de Santiago prometiendo acabar rápido con el comercio informal/ilegal en el Barrio Meiggs. Pero el problema sigue ahí. Y va a seguir bastante tiempo, como reconoció el mismo Desbordes una vez electo. “Los sacamos ayer, se volvieron a instalar, los vamos a sacar de nuevo, se van a volver a instalar, los vamos a sacar y así vamos a seguir hasta que sea un mal negocio”, dijo Desbordes (ver minuto 6.50). La estrategia es todo menos rápida y fácil. Pese a ese baño de realidad es probable que en las elecciones de este año muchos sigan buscando a ese líder que solucione todo.

Y es aquí donde el futuro se pone realmente sombrío. Porque en un contexto en que la falta de cooperación política hace ver a la democracia como ineficiente, gana adeptos la idea de que lo único que nos va a entregar las soluciones que necesitamos es desplegar tropas en los barrios, es decir, usar el máximo de fuerza que tiene el Estado.

Esta política se ha validado hasta entre líderes de centro izquierda y a Feldmann le parece probable que en el mediano plazo esa medida se aplique en Chile.

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“En Latinoamérica los militares tienen una propensión al uso desproporcionado de la fuerza, al abuso sin sentido”

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Cada uno tiene sus propios flash back cuando piensa en militares en las calles. En el campo del crimen organizado los análisis son variados. Por un lado la idea despierta inmediatas asociaciones con la guerra contra el narco que declaró y perdió México entre 2006 y 2019 y que ocasionó la muerte de unas 250 mil personas y la desaparición de otras 150 mil. Aunque nuestros niveles de crimen son muy distintos, hay algo en que nos parecemos a ellos: la profunda polarización política que existía en México cuando se decidió desplegar tropas.

En una muy reveladora entrevista con a TerceraDosis la politóloga mexicana Sandra Ley explicó que la derecha que gobernaba en 2006 usó a los militares para proteger los municipios y gobernaciones de sus aliados y dejó desprotegidas las zonas controladas por la izquierda [1]. La idea era poder decir en las elecciones que la izquierda fracasaba en el control del narco. El precio que pagaron los ciudadanos por esa “ventaja electoral” fue altísimo. “El crimen organizado se fortaleció en las regiones donde no había coordinación, porque el narco vio que allí el Ejército no iba a operar con eficacia”, dijo Ley.

Esta experiencia nos sugiere que, bajo un liderazgo irresponsable y sectario, el uso de la fuerza militar puede ser una tragedia nacional.

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En contraposición a ese desastre está la positiva experiencia colombiana, donde el uso de militares ha sido clave para que Medellín haya dejado de ser una de las ciudades más violentas del planeta. El investigador Gustavo Duncan dijo a TerceraDosis que la inversión cultural y en infraestructura que se hizo en esa ciudad fue muy importante para reducir la violencia “porque los jóvenes que ingresan a las pandillas lo hacen por un sentimiento de exclusión. Pero también se necesita fuerza y el desarrollo de habilidades militares de parte del Estado para enfrentar este tipo de organizaciones. Lo coercitivo importa mucho, no sólo para la captura o la eliminación de los miembros de estas organizaciones, sino también para la disuasión.”

Duncan matiza, sin embargo, que la estrategia militar no erradicó el tráfico de droga. De hecho, hoy se vende más cocaína que en los tiempos de Pablo Escobar. La tarea militar, sin embargo, fue exitosa en controlar la violencia de los narcos, en domesticarlos; y permitió al Estado recuperar el control de muchos territorios. Esta experiencia sugiere que si usted espera que los militares reseteen la sociedad y nos entreguen un país libre de drogas, no entiende lo que pueden hacer los militares y lo que no.

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Feldmann aporta otra perspectiva a la necesaria discusión de una política que se ve en el horizonte chileno.

– La izquierda chilena se resiste a recurrir a los militares para combatir el crimen, pero parece que el uso de tropas es algo que es más o menos inevitable en el mediano plazo.

– Así parece.

– Poniéndonos en ese escenario, ¿qué estándares crees que debe tener esa intervención para que no termine en un desastre?

– En teoría parecería razonable tener una caja de herramientas variada, que incluya a las Fuerzas Armadas, para llevar adelante políticas criminales exitosas. Pero en Latinoamérica los militares tienen una propensión al uso desproporcionado de la fuerza, al abuso sin sentido. Y esa tendencia me hace repensar si es bueno usarlas. En Ecuador, por ejemplo, recientemente supimos que uniformados mataron y quemaron a cuatro jóvenes. Eran chicos de 15 años que venían de una práctica de fútbol. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué ganan? Casos como ese viven ocurriendo en México, Colombia o Brasil.

“Entonces, si terminamos usando a los militares contra el delito hay que tener muy claro los enormes riesgos de esa política. No se trata sólo de desplegarlos. Hay que darles entrenamiento y herramientas para que puedan hacer su trabajo. Eso requiere tiempo e inversión. Hay un artículo excelente de David Pion Berlin e Igor Acácio que muestra que los militares tienen miedo a que los manden a operaciones donde puede morir gente y terminen procesados. Pienso que una política que despliegue militares tiene que considerar dos aspectos: si tienes una legislación muy restrictiva generas desincentivos para que quieran hacer esa función. Pero, por otro lado, tampoco puedes ceder a sus presiones y permitirles gozar de impunidad. Porque hay una tendencia al abuso. Si van a ser usados para combatir el crimen los militares debieran pensar sobre eso también, ver cómo no caer en la tentación de atajos que indefectiblemente terminan en las acciones lesivas, como extraer confesión a través de la tortura, o hacer desaparecer a alguien porque se les pasó la mano. Todas esas cosas pasan. Esta estrategia requiere de una cierta madurez de la sociedad, de la política y de las fuerzas armadas. Sin embargo, lo que usualmente sucede es que se recurre a los militares cuando la seguridad está desbordada, por ejemplo, en Ecuador. En esos momentos no puedes decirle a la población “tenemos que capacitar a los militares”. Ningún político puede hacer eso. Tiene que decir, “vamos a desplegarlos inmediatamente» y la gente ya viéndolos en la calle piensa que se está solucionando algo.

– ¿Y se soluciona?

– Claro que no, si no están entrenados. En Ecuador los pusieron a controlar las cárceles y seis meses después, todo sigue igual. Hubo una pequeña mejora inicial y luego nada. ¿Por qué? Porque el problema es mucho más complejo. Lo mismo ocurría en México. Los desplegaban con mucha visibilidad en zonas turísticas como Acapulco y la tasa de homicidios seguía siendo enorme, 100 homicidios cada 100.000 habitantes (Chile en su peor momento ha tenido 6,7 homicidios cada 100 mil). Pero los mantenían porque da seguridad ver soldados patrullando .

EL ESTADO NO ES LO QUE CREES

Es momento de explicar por qué el crimen no se soluciona en forma fácil ni rápida. ¿En qué radica la complejidad?

Tal vez es bueno partir diciendo que alguna vez hubo un Estado que estaba separado del mundo criminal.

– Era un estado racional, burocrático, tal como lo concibió Max Weber en el siglo 19. Ese Estado weberiano tenía mecanismos de control sobre sus funcionarios y se le exigía niveles de eficiencia, transparencia y probidad. Hizo mucho por tratar de que las sociedades ofrecieran mejores condiciones para sus ciudadanos. Pero frente a los complejos procesos de los últimos 30 años -como las economías ineficientes, la desigualdad, pauperización de las instituciones, deterioro de las normas de convivencia social, exacerbadas por contingencias como la migración masiva, etc.- se ha quedado corto y el Estado que tenemos hoy está lejos de eso- explicó Feldmann.

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“Crecer económicamente no basta para resolver el problema del crimen. Incluso diría que la expansión de los mercados ilegales durante la bonanza debería hacernos repensar las ideas que tenemos sobre la llamada trampa del ingreso medio”.

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Parte importante del trabajo de los investigadores del crimen organizado es tratar de entender la transformación de ese Estado y examinar su creciente vinculación con el crimen. Aunque muchas personas creen que el delito florece cuando el Estado se ausenta, la realidad actual es que, como dice la investigadora mexicana Sandra Ley, “No hay crimen organizado sin que el Estado lo proteja”.

Las formas en que crimen y Estado se vinculan varían de país en país.

Piense, por ejemplo, en un barrio donde se trafica a vista y paciencia de los vecinos. Las denuncias ante la policía no producen ningún cambio. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo?

Bueno, si es un barrio en Argentina, el investigador Marcelo Sain diría que la policía no reacciona porque ella es la que administra el negocio de la droga. El Estado, a través de los funcionarios, organiza a los vendedores, les exige operar sin escándalos ni muertos; y a los que no obedecen o los matan o les aplica la ley. Así explica Sain la baja tasa de homicidios que tiene Buenos Aires: 4,4 por cada 100 mil.

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Ahora, si el barrio está en Sao Paulo o alguna ciudad de México el panorama es distinto. Probablemente los vecinos ni siquiera se hayan atrevido a denunciar porque los narcos son los que controlan el barrio. De hecho, la gente acude a ellos cuando hay violencia intrafamiliar o cuando hay robos. Los narcos mantienen el orden porque no quieren que la policía entre. Y esta, mientras se mantenga el orden, prefiere no entrar porque el Estado no tiene fuerza ni recursos para administrar esas zonas marginadas. Lo que pasa en esos barrios, lo resume bien el politólogo norteamericano Ben Lessing: “Ningún país te dice ‘mi modelo de desarrollo es dejar que los grupos criminales gobiernen la periferia’, pero en los hechos así ha sido”.

Así, mientras en el modelo argentino hay un Estado que administra el crimen, en este segundo caso -que ha sido bautizado como gobernanza criminal- el Estado ha perdido la capacidad de control y por lo tanto convive con grupos que imponen sus reglas.

– Los esquemas de gobernanza criminal están cada vez más extendidos en la región y son complejos porque no todos son iguales. Dependen de la capacidad estatal y de la organización y potencia de los grupos criminales – dijo Feldmann.

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En su libro Política criminal y desarrollo truncado.., el investigador y Juan Pablo Luna llevan este análisis un poco más allá.

– Mientras la mirada de la gobernanza criminal se concentra en lo local, lo que proponemos es que esa relación entre actores públicos y criminales también ocurre a nivel más general. Nosotros hablamos de “política criminal” y la definimos como la relación que se produce entre políticos, miembros del crimen organizado y agentes del Estado, cada uno de los cuales trata de avanzar su propia agenda. Esto no quiere decir que todo el Estado esté irremediablemente corrompido. Hay infinidad de funcionarios que trabajan de manera honrada y con gran sacrificio. Pero también hay otros que están cooptados; y ese grupo ha ido creciendo. La pregunta importante hoy es qué tanta influencia tienen estos grupos en el comportamiento del Estado.

– En su libro proponen que el crimen organizado no es un problema de seguridad únicamente, sino un problema de desarrollo. ¿Qué quieren remarcar con eso?

– El argumento es el siguiente: los mercados ilícitos y el crimen organizado han existido siempre. Pero el problema que tenemos hoy surge por el peso que tienen esos mercados en la economía formal. En países desarrollados, la proporción de lo ilícito es mucho menor. En nuestros países, en cambio, esa proporción siempre ha sido más extensa y ha crecido por las dificultades derivadas del fin del boom de las materias primas, y como resultado de los efectos devastadores de la pandemia. La migración ha contribuido a extender algunas dimensiones del fenómeno en la región. Hoy muchas personas viven de la economía informal y los mercados ilegales. Sin esos mercados no tendrían trabajo ni accederían a los servicios básicos.

– Los actores políticos y los medios de comunicación no tienen claro eso. Cuando se hacen campañas por sacar el comercio ambulante, por ejemplo, en el caso de los toldos azules de Meiggs, nadie parece pensar que hay gente que vive de lo que se vende y se compra ahí. Pareciera que sacándolos del espacio público el problema se acaba.

– Claro. Y lo que hay que preguntarse es a dónde van a trabajar estas personas. Porque el mercado formal no tiene capacidad de absorberlos. En Estados Unidos hay crecientes grados de informalidad, lo que es una situación aterradora porque ocurre en un contexto en que hay un déficit de mano de obra. Es decir, ni siquiera en esas condiciones el sistema tiene un lugar para ellos. Para muchos el sector informal es “el” camino que queda; y es un camino absolutamente darwinista, sin protección alguna, con grandes niveles de desigualdad. Y tal vez lo más complejo, es que de allí saca parte de su mano de obra el crimen organizado.

LA TRAMPA DEL INGRESO MEDIO

– ¿Si termináramos con todos los mercados ilegales (falsificaciones, drogas, lavado de activos, etc.) cómo se vería afectada la economía formal?

– El dinero que genera la economía ilícita mantiene a flote a muchas sociedades latinoamericanas. No sabemos exactamente el grado de influencia que tiene lo ilegal, pero es importante. Pero muchos políticos lo tienen súper claro. En las entrevistas para nuestro libro un par lo dijo claramente.

– ¿Qué les dijeron?

– Si los narcos no producen violencia, ´nosotros miramos para otro lado, sobre todo en comunidades pauperizadas´. Y eso tiene sentido porque, ¿cómo van a mantener funcionando a una comunidad si no hay ingresos? Pero como digo, no sabemos la proporción de la economía ilegal sobre la economía formal. Hoy hay equipos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que están empezando a trabajar en esa medición, muy compleja, por cierto.

– ¿Qué efecto tiene la mayor presencia de lo ilegal en las instituciones?

– En el libro abordamos ese tema bajo el concepto de “desarrollo truncado”, porque el dinero que generan los mercados ilícitos en la minería ilegal, en la droga o en el tráfico migrantes no solo no permite desarrollar las instituciones (porque no pagan impuestos) sino que las erosionan. Y lo que es más delicado es que esos mercados crecen cuando los países prosperan. Por ejemplo, en 2017  publicamos un estudio sobre Perú [2], cuando la economía iba muy bien y el Estado podía fortalecer sus policías, sus jueces, su red de telefonía e internet, etc. Pero en esos mismos años también se incrementó mucho el delito de la extorsión. Y eso se debe a que los actores ilegales crecen más rápido que el Estado y son más adaptables.

“Esto hace más complejo pensar en salidas a estos problemas porque uno tendería a pensar que si logramos desarrollo económico, las personas se van a integrar al mercado formal. Pero en condiciones de fragilidad estatal, el crecimiento económico puede incentivar a que haya un mayor nivel de crimen y más vínculos entre la economía y el crimen organizado. Entonces se genera una situación en la cual crecer económicamente no basta para resolver el problema del crimen. Incluso diría que la expansión de estos mercados ilegales durante la bonaza debería hacernos repensar las ideas que tenemos sobre la llamada “trampa del ingreso medio”.

– Hablemos de esa trampa. La idea general es que las instituciones y la productividad que le permiten a un país salir de la pobreza no le alcanzan para llegar al desarrollo, es decir se queda a medio camino ¿Cómo crees que crimen organizado interviene en este problema?

– Tiene que ver con esto: las economías que dependen de las materias primas como Chile, no ofrecen buenos empleos que permitan a las personas salir de una condición de mera supervivencia económica. Las materias primas tienden a generan economías precarizada que se quedan cortas a la hora de incorporar a la fuerza laboral a trabajos que tengan mayores niveles de remuneración y de seguridad social. Por esa vía se termina con una cantidad impresionante de gente que no tiene cabida en el mercado laboral, una hiper abundancia de mano de obra que no termina de ser absorbida, problema al que aludía la famosa canción El baile de los que sobran, de Los Prisioneros. Los mercados ilegales ofrecen una posibilidad de absorción a esa mano de obra redundante.

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SUECIA NO ES SUFICIENTE

Feldmann cree que, además del aumento de las personas fuera de los mercados formales, el crimen organizado se ha visto fortalecido también por el excesivo materialismo de la sociedad contemporánea.

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“Tener un trabajo honrado no da estatus alguno. Antes significaba algo, aunque estuviera mal pagado. Hoy simplemente eres un pelotudo”.

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-La gente no solamente busca hacer su trabajo, sino que quiere tener rápidamente acceso a bienes materiales caros que dan estatus. Poca gente, sobre todo las generaciones jóvenes, se contentan con tener un trabajo digno aunque sea mal remunerado.

– ¿No será que con esos trabajos “dignos” simplemente no alcanza?

– Sí, pero también pasa que tener un trabajo honrado no da estatus alguno. Antes significaba algo, aunque estuviera mal pagado. Hoy simplemente eres un pelotudo. Eso es una consecuencia de un materialismo exacerbado, que en parte se nutre de la cultura narco, la cual le vende a los jóvenes la idea de que pueden tener acceso a los bienes materiales que ellos añoran, así como respeto y estatus social. Y esas son expectativas que las democracias no pueden satisfacer. Ahora, esto no es un problema solo nuestro; también se ve en Europa donde los ciudadanos reclaman porque su nivel de vida no es lo que esperan. Pasa en Francia, en Inglaterra, ¡en Suecia!, donde el problema del crimen organizado se ha disparado. Realmente llama la atención que la gente piense que un sistema de bienestar como el sueco no es suficiente. Y al final algunas de estas personas terminan viendo al crimen organizado como una vía para lograr el nivel de confort material al cual sienten que tienen derecho.

DESASTRE MIGRATORIO

Otro de los factores que han hecho crecer a los mercados ilegales en Latinoamérica es la crisis humanitaria que ha vivido Venezuela y que llevó a casi ocho millones de personas a migrar. Este proceso esparció la inestabilidad por todo el continente.

– Colombia recibió más de tres millones; Perú un millón y medio; Ecuador 800.000; nosotros 600.000. Y esa migración ocurrió cuando se había acabado el boom de las materias primas y estábamos en medio de la pandemia; es decir, cuando los países estaban sumamente apremiados para poder resolver sus problemas internos. Fue como aumentar la presión de una caldera que estaba a tope. El resultado fue que la economía de varios países se deterioró mucho, lo que a su vez empujó a otros migrantes, como los haitianos, que ya se habían asentado, a volver a migrar. Hoy tenemos una gran carretera de migración que va desde Chile hasta Estados Unidos por la cual la gente va y vuelve. Muchos países, imitando a Estados Unidos, han desplegado medidas de contención agresivas y recurren a la deportación. Entonces, mucha gente ha quedado en una especie de tránsito perpetuo, en un limbo, donde no se termina nunca de llegar a un destino.”[3]

Este proceso, explica Feldmann ha permitido también que organizaciones criminales relativamente pequeñas como el Tren de Aragua se volvieran poderosas.

-Esa organización se ha constituido, en gran parte, gracias al negocio del tráfico de personas. Ellos entendieron muy bien que había una oportunidad en la diáspora venezolana y la aprovecharon. Sus principales víctimas son los migrantes de su país. Cuando uno piensa que Venezuela era una de las naciones más ricas de la región, capaz de absorber mucha mano de obra del continente, el que haya terminado de esta manera habla de la brutal irresponsabilidad política de los últimos gobiernos.

¿HAY SALIDA?

– Ya hablamos de la solución “militar”. Me gustaría que evaluaras otras “soluciones” o proto soluciones que se han explorado en la Serie Democracias Violentas. La primera es más bien una constatación, que hace Benjamin Lessing:  no podemos pelear al mismo tiempo contra la corrupción, la violencia y la droga y, por lo tanto, lo razonable sería renunciar a perseguir el tráfico para concentrarse en políticas que bajen la violencia y terminen con la corrupción ¿Cómo ves eso?

– Lo primero que diría es que no hay soluciones definitivas, no hay balas de plata. Desde el punto de vista de la política pública el razonamiento de Lessing es muy sensato porque bajar la violencia es un bien público que la gente aprecia. Pero como no se afecta la producción de droga, los grupos criminales se siguen fortaleciendo y van a aprovechar cualquier mercado ilegal para crecer más. Entonces es un escenario muy inestable porque los grupos poderosos tiende a imponer su voluntad.

– La otra “solución” a la que aluden algunos entrevistados es a cierto nivel de negociación implícita o explicita con las bandas para que bajen su violencia. Estoy pensando en cómo la policía de Buenos Aires controla el crimen y también en la negociación de Bukele con las maras en El Salvador.

– Ahí hay dos cosas distintas. Lo que ocurre en Argentina no es una negociación. La teoría lo llama Protection racket y consiste en que el Estado a través de sus instituciones coercitivas (Policía, Inteligencias, FFAA) ordena el negocio criminal. Eso hacían también los mexicanos durante el gobierno del PRI [4]. La negociación, en cambio, es cuando hay un actor criminal formidable y el Estado no tiene la capacidad de imponer las reglas y se sienta con él para tratar de bajar la violencia, pero sin pretender acabar con los mercados ilegales. Eso es lo que ha logrado hacer Bukele en El Salvador. La diferencia entre ambos caminos está en la coerción. En México, en los tiempos de oro del PRI, si el narco no respetaba las reglas, el Estado le caía encima y terminaba preso o muerto. Hoy el Estado mexicano no tiene ni la más remota capacidad de hacer eso. Donde sí funciona esta protection racket es Argentina donde la policía sigue manejando a las bandas.

Ahora, no me parece que este tipo de arreglo pueda verse como una solución. Eventualmente mantiene la violencia bajo cierto control, pero es un sistema inestable, como se ha visto en la ciudad de Rosario, y supone un nivel de corrupción enorme. No creo que alguien en su sano juicio quiera volver a los viejos tiempos del PRI. Al contrario, hay que tratar de recuperar esta capacidad weberiana del Estado. No se puede dar por pedida esa batalla, porque si no se termina como Venezuela, donde los contornos entre el crimen y el Estado son muy difíciles de discernir.

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– ¿Y qué piensas de la estrategia de Bukele?

– Es un gobierno autoritario que seduce a quienes ven que la democracia no funciona. Las personas se engañan porque las políticas de esos gobiernos tienen enromes costos. Una política draconiana parece atractiva cuando afecta los demás, pero cuando esa policía sin restricción alguna te abusa a ti o te extorsiona, la cosa se vuelve menos atractiva.

“Por otra parte, lo que ha hecho Bukele es negociar con las maras. Él lo ha negado, pero hay evidencia -por ejemplo en las investigaciones de El Faro– de que antes de las detenciones masivas de pandilleros hubo pactos que bajaron la violencia. Hoy los que están presos son los pelaos de las maras, su mano de obra, mientras que los comandantes y los mandamases fueron ayudados por el gobierno a salir del país.

“Bukele no es un modelo aceptable porque, como lo ha recordado José Miguel Cruz en una charla en la UC el año pasado, hoy el funcionario salvadoreño no tiene ningún tipo de control. Y lo que está pasando es que la policía extorsiona a la gente. Por eso insisto, tenemos que recobrar la capacidad coercitiva del Estado weberiano, pero sin caer en la tentación autoritaria que te ofrece Bukele.

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– ¿Cómo recobrarías esa capacidad coercitiva?

– Una idea que puede ayudar, pero que es contraintuitiva, es invertir en proteger jueces, policías y a los funcionarios públicos, para que puedan hacer su trabajo. Sin eso, es imposible que el Estado pueda ofrecer seguridad a la población. Pero es contraintuitivo porque si un político dice “mire, los recursos que tenemos los vamos a usar para proteger a los agentes estatales”, pierde la elección, porque la gente está desesperada porque la protejan. Y, sin embargo, si el político promete protección evidentemente está mintiendo porque si no puede proteger a los jueces, a los fiscales o a los militares, es poco lo que puede hacer por la población.  Yo diría que hoy la gran pregunta es cómo proteger la integridad del funcionario para que pueda hacer su trabajo de acuerdo con el Estado de Derecho, pero sin que abuse de su poder a lo Bukele.

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