Lo bueno, lo malo y lo que queda por delante: Paz y Entendimiento, ¿cómo los distintos pueden caminar juntos?

Siglos de conflicto nos trajeron a esta esquina de la historia. ¿Para dónde doblamos ahora? Las recomendaciones de la Comisión Presidencial no son perfectas ni mucho menos, pero los autores creen que abren una oportunidad.

El informe de la Comisión de Paz y Entendimiento no resuelve el conflicto territorial y la violencia que afecta a las regiones de Bío-Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos. Pero instala un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo un documento oficial del Estado recoge con seriedad las demandas históricas del pueblo mapuche, nombra el despojo territorial, reconoce la discriminación estructural y propone mecanismos concretos para avanzar en dirección a una justicia largamente postergada.

Esta columna analiza los aportes y las debilidades de las recomendaciones de la comisión en cuatro áreas: la restitución de tierras, el tardío reconocimiento institucional de los pueblos indígenas; la posibilidad de ampliar las formas de organización política mapuche; y los mecanismos para enfrentar la violencia que ha afectados tanto a indígenas como no indígenas en la zona sur.

Aunque el texto no es perfecto ni está libre de ambigüedades, representa un gesto político y ético que debe ser valorado.

“Reconocer el dolor de todas las personas afectadas por la violencia es una condición básica para avanzar en un horizonte de paz. Y es importante decirlo desde dentro del pueblo mapuche: hay víctimas no mapuche que han experimentado miedo, pérdidas y traumas. Ese sufrimiento no puede ser relativizado ni ignorado.”

Uno de sus méritos es que en temas como reconocimiento, autogobernanza, restitución territorial, desarrollo productivo, educación y lengua, la comisión retoma ideas y aspiraciones que el pueblo mapuche ha formulado por generaciones a través de sus organizaciones.

En ese sentido las recomendaciones de la comisión no inauguran una conversación; la continúan. Y por ello este esfuerzo debe analizarse bajo la lente más amplia de lo que han sido las comisiones organizadas desde el Acuerdo de Nueva Imperial (1989), pero también, dentro de la trayectoria que representan los diversos tratados y parlamentos -entre el pueblo Mapuche y la Corona primero- y entre el pueblo Mapuche y la naciente República de Chile durante el siglo XIX.

Uno de esos tratados, el de Tapihue en 1825, cumple 200 años. Es una manifestación de alta política y ejemplo para posibles acuerdos entre chilenos y mapuche. El gobierno acierta en invocar Tapihue, si busca abrir un espacio de entendimiento bajo condiciones mínimas de respeto y simetría. Pero se equivoca si pretende que este informe cierre el tema de tierras. Este problema, originado en el colonialismo de los estados, es la más vieja bandera de la lucha indígena y campesina. Intentar poner un punto final a ciclos de tan larga duración es casi imposible. Todo esto, pensamos de buena fe, lo tienen claro los constructores políticos de este acuerdo y por ello debe ser abordado delicadamente tanto en los procesos de consulta indígena venideros como en el debate público sobre las diversas leyes e instituciones que darán continuidad y concreción al trabajo de la comisión.

En el espíritu de los tratados y parlamentos, este informe debería ser leído como una invitación a construir un país que no tema a su pluralidad sino que la abrace como una riqueza; y que asuma, con responsabilidad, que no hay paz sin justicia, ni justicia sin memoria; que no hay democracia si en su contrato social no incluye de manera digna a los pueblos que lo habitan.

TIERRA, El núcleo del conflicto

El informe reconoce sin eufemismos que la apropiación territorial es el origen material del conflicto, y que sin un abordaje serio y sostenido en torno a la tierra no es posible hablar de reparación ni de paz. En este punto, el documento acierta al ir más allá del plano declarativo y proponer mecanismos institucionales concretos: fortalecer el Registro Público de Tierras Indígenas y crear una nueva burocracia para la restitución, consistente en una Agencia para la reparación, un Tribunal Arbitral y un sistema de financiamiento con un fondo y montos estimados.

La propuesta implica una reforma mayor al lento procedimiento administrativo actual que hace esperar décadas a las comunidad que demandan tierras y que, además, ha sido capturado por intereses especulativos. Por ello es indispensable avanzar hacia un sistema digno, con plazos realistas y con mecanismos que eviten que los recursos fiscales terminen financiando a especuladores.

Esta reforma administrativa será motivo de consulta indígena, según lo anunciado por el presidente Gabriel Boric. La decisión es acertada, pero requiere de una participación amplia y vinculante por parte de las comunidades y asociaciones mapuche. Es necesario poder dialogar abiertamente sobre los plazos, la extensión territorial y sobre el estatuto jurídico de títulos de merced y de tierras antiguas.

El valor de esta propuesta, sin embargo, no radica solo en su dimensión administrativa. La tierra no es únicamente un recurso económico ni un bien transable. Para el pueblo mapuche, como para muchos pueblos indígenas y no indígenas, el territorio es memoria, genealogía y proyección colectiva. Es también el espacio desde donde se organiza la vida, se transmiten los conocimientos y se sostienen las prácticas que entrelazan a toda comunidad humana. Establecer una política de restitución que reconozca esa densidad histórica y relacional, implicaría dar un paso hacia una forma de justicia que no se limita a la compensación, sino que repara desde el reconocimiento pleno de la pluralidad de la vida. En ese sentido, es un punto positivo el que se mantenga la certeza sobre la inalienabilidad de la tierra mapuche. Cabe, sin embargo, revisar y debatir si las medidas de liberalización de las tierras que propone la comisión en su recomendación 13, son o no excesivas, por ejemplo, en el caso de los arriendos a 25 años.

“No basta con que el Estado reconozca la existencia del “otro”. Debe también dejarse transformar por ese encuentro”.

Asimismo, el informe sugiere articular la restitución territorial con el desarrollo de capacidades productivas. Esto resulta pertinente pues evita caer en una concepción puramente simbólica del territorio. Con esta recomendación la comisión está retomando ideas que el propio pueblo mapuche formuló hace casi un siglo. Ya en los años 30, 40 y 50, decenas de hombres y mujeres mapuche promovieron en sus propios periódicos —el Heraldo Araucano, Acción Araucana o La Cultura, entre otros—un horizonte basado en el trabajo colectivo, la instrucción crítica y el desarrollo de capacidades propias.

Reconocer el vínculo entre tierra y autonomía es reconocer también el derecho a desarrollar proyectos de vida propios, sostenibles y anclados en la historia y el presente. Es allí donde la reparación territorial se puede vincular con una apuesta más amplia por la justicia social y por el fortalecimiento de las economías comunitarias, locales y regionales.

Un país común y plural

Otro aporte del informe, aunque históricamente tardío, es su propuesta de reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas en general. Este gesto apunta a ensanchar el pacto político que sustenta la convivencia democrática. Reconocer que el país es culturalmente plural implica revisar las formas en que se ha construido históricamente la ciudadanía e incorporar a ese contrato social las voces, experiencias y racionalidades que han sido sistemáticamente excluidas.

El texto recoge la idea de interculturalidad como principio estructurante, desplazando la tradición monocultural de la institucionalidad chilena. En lugar de concebir las diferencias como un problema que debe ser gestionado, se sugiere que la diversidad es constitutiva del país y debe expresarse en todos los niveles de la vida pública. Además, al situar el reconocimiento en el marco de los derechos colectivos e individuales ya ratificados en tratados internacionales vigentes, como el Convenio 169 de la OIT, el Estado se obliga a la protección de tierras y aguas indígenas, al fomento y promoción de sus lenguas y prácticas culturales, y a dar garantías en cuanto a derechos de participación, ya sean estos bajo las formas de participación, consulta o consentimiento, según sea el caso. En la medida que la demanda por reconocimiento constitucional alcanza cumple ya casi cuatro décadas sin concretarse, su aceptación transversal y su pronta tramitación por los diferentes sectores políticos representados en el Congreso Nacional, podría ser leída por las comunidades como un gesto de voluntad política que otorgue mayor legitimidad y simetría al debate público.

Un aspecto muy relevante es que el informe no se detiene solo en el reconocimiento sino que da un paso más al plantear que este diálogo debe generar una afectación recíproca. No basta con que el Estado reconozca la existencia del “otro”: debe también dejarse transformar por ese encuentro. Este principio es fundamental para evitar que la interculturalidad se convierta en una mera retórica de inclusión y diferencia.

Pensar Chile desde una perspectiva intercultural implica abrirse a otras formas de concebir la gestión del poder y poner en debate preguntas relevantes: ¿qué significa democracia en Chile?, ¿qué formas democráticas e institucionales son posibles de imaginar desde las múltiples maneras de cómo se expresa la vida colectiva en nuestro país?, ¿cómo hacer convivir lo público con lo comunitario?

En esta lógica el desarrollo no puede reducirse a una lógica instrumental, pero tampoco puede definirse solo desde su rechazo: requiere una razón situada, capaz de sostener proyectos de vida individuales y colectivos, anclados en la condición relacional de lo humano, entre partes que se afectan y transforman mutuamente, y entre los seres humanos y la naturaleza que habitan. En ese marco, devolver a la lengua, a los conocimientos y a la cultura mapuche el lugar de dignidad que históricamente les ha sido negado no es solo un gesto reparador, sino un paso necesario hacia la construcción de una sociedad verdaderamente plural, justa, y consciente de sus diferencias y de sus articulaciones posibles.

Además implica desanclar la idea de desarrollo a la idea de progreso. Ambas nociones, por lo general, son tratadas como sinónimos, cuando tienen búsquedas humanas muy distintas. El mundo mapuche cree que los seres humanos cambian, mutan, se desarrollan. Es un desarrollo que busca la expansión humana mediante un diálogo ineludible con su paisajes y sus lugares, reconociendo la heterogeneidad y vida de la naturaleza y preguntándose con arte y poesía sobre los rincones de lo humano y lo no humano. ¿Podemos inventar como país una idea de desarrollo desde allí? ¿Podemos inventar ese país?

Autogobierno y representación

Una de las propuestas más relevantes del informe —aunque quizás una de las menos comentadas— es la posibilidad de ampliar y fortalecer las formas de organización política mapuche. El documento sugiere crear mecanismos legales que permitan articular comunidades a nivel territorial, con el objetivo de aumentar su capacidad de representación y de gobernanza interna. Este punto no solo tiene implicancias administrativas: toca directamente la historia política mapuche y la proyección de su soberanía en el presente.

Durante el siglo XX, diversas experiencias organizativas dieron forma a un pensamiento político mapuche moderno, con fuerte anclaje comunitario y capacidad de interlocución nacional. Federaciones, asociaciones y corporaciones como la Corporación Araucana o la Federación Araucana articularon miles de personas en torno a la defensa de la tierra, el acceso a la educación y el reconocimiento del pueblo mapuche como sujeto colectivo. Estas formas de organización, aunque en parte silenciadas por la historia oficial, siguen siendo un referente fundamental. Reconocerlas como parte de la genealogía política del país permitiría proyectar nuevas institucionalidades sin partir desde cero.

Lo que el informe sugiere tiene la potencia de reactivar esa tradición, ya sea bajo la figura de asociaciones territoriales o de instancias federativas. Dotar a las comunidades de herramientas para organizarse no solo les permite fortalecer su representación, sino también avanzar en formas de autogobierno que respondan a sus propias prioridades, ritmos y saberes.

Esto no implica una ruptura con el Estado, sino la posibilidad de reconstruir el vínculo desde una base más simétrica. Una política indígena efectiva a nivel país requiere de interlocutores fuertes y representativos y eso solo es posible si se promueve la capacidad organizativa de los propios pueblos. Adicionalmente, ese punto es central en la medida que complementa la restitución territorial. Territorio sin gobernanza es solamente comprender el problema como un asunto de propiedad privada para particulares. Tierra y gobernanza en cambio es dimensionar en su justa medida el problema, es afirmar con memoria y verdad que el despojo se operó sobre un pueblo y que ese mismo pueblo sigue teniendo la responsabilidad de tomar decisiones sobre su futuro.

Ahora bien, fortalecer las formas de autogobierno no puede desvincularse de un debate más amplio sobre la representación indígena en los espacios institucionales del Estado. La exclusión política histórica del mundo indígena no se resuelve únicamente reconociendo su capacidad organizativa local, también es vital garantizar su participación efectiva en las decisiones públicas, desde el nivel comunitario hasta el parlamento.

En ese marco, mecanismos como los escaños reservados —aunque transitorios y perfectibles— han ofrecido una vía concreta para ensayar formas de representación diferenciada en el marco democrático. No se trata de imponer una única fórmula, pero sí de reconocer que sin dispositivos institucionales que aseguren la presencia indígena en los espacios donde se definen las reglas del juego, la posibilidad de futuros en común seguirá siendo una promesa abstracta. Imaginar nuevas formas de participación indígena es una oportunidad para revitalizar la vida democrática del país, haciéndola más plural, más compleja y sensible a su diversidad histórica y cultural.

Violencia, reparación y memorias difíciles

Una de las secciones más delicadas del informe se refiere a la violencia en el sur del país y al conflicto que se intensifica a partir de fines de los años 90. El texto menciona tanto los hechos de violencia rural como la respuesta estatal, y propone una ley de reparación para víctimas mapuche y no mapuche. Esta recomendación exige una lectura cuidadosa. Reconocer el dolor de todas las personas afectadas es una condición básica para avanzar en un horizonte de paz. Y es importante decirlo desde dentro del pueblo mapuche: también hay víctimas no mapuche que han experimentado miedo, pérdidas y traumas. Ese sufrimiento no puede ser relativizado ni ignorado.

¿Cómo se reconstruyen vínculos regionales tras las desconfianzas mutuas? Creemos que un primer elemento es reconocer las múltiples capas históricas de la violencia. Sin ir más lejos, la primera gran movilización de masas mapuche del siglo XX se desarrolló como respuesta a un acto de violencia rural: un joven mapuche de apellido Painemal fue marcado con un hierro ardiente por un latifundista de Nueva Imperial en el fin de otoño de 1913. Desde aquel día, y desde la propia “pacificación” por supuesto, la pregunta por la violencia es un tema ineludible en todas las regiones del antiguo territorio mapuche, ¿cómo reparar los lazos de una sociedad cruzada por una violencia de diverso tipo? Desde nuestro punto de vista, un acuerdo debe cumplir al menos tres condiciones: reconocer el carácter estructural de la violencia; establecer mecanismos diferenciados de reparación individual y colectiva; y, sobre todo, generar condiciones institucionales que eviten la repetición del daño. La memoria no puede quedar en manos del olvido administrativo, ni la reparación limitarse a indemnizaciones simbólicas.

Reconocer el dolor de todas las víctimas no implica neutralidad, sino profundidad. Implica, desde el mundo mapuche, sostener una ética del cuidado y de la justicia, sin violencia, una que no renuncie a la verdad ni a la memoria, pero que tampoco se niegue al encuentro o a la empatía. La posibilidad de un nuevo trato y de una posibilidad real de paz y entendimiento entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena pasa precisamente por esa capacidad de reconocer el sufrimiento del otro, sin abandonar la reflexión sobre el orden que lo produjo.

conclusión

Las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento abren una oportunidad concreta para responder a siglos de despojo. La pregunta decisiva es si los distintos actores —comunidades mapuche, fuerzas políticas, sociedad civil, agricultores, forestales, autoridades— estarán dispuestos a avanzar en un diálogo real.

Sabemos que habrá sectores que se restarán; quienes defienden privilegios históricos hasta quienes desconfían de los cauces institucionales. Sin embargo, no es momento de desperdiciar oportunidades. La disputa política es permanente y hoy lo correcto es participar, incidir, fortalecer los procesos democráticos, sabiendo que ningún acuerdo podrá clausurar el debate de fondo, especialmente el de las tierras antiguas. Esto implica imaginación y aceptar que mapuche y chilenos seguiremos viviendo juntos por siglos. La paz y el entendimiento no pueden decretarse, sino que serán el resultado de un proceso histórico de diálogos mutuos que, retomando un viejo anhelo de justicia y reconocimiento, sean capaces de promover la diferencia y el encuentro. Avanzar no significa clausurar el pasado, mucho menos el futuro. Debemos ser capaces de participar en este debate que nos atañe, profundizando una democracia más plural y fortaleciendo las expresiones comunitarias, territoriales y políticas mapuche, sin ingenuidad, pero con la esperanza de los nuevos y renovados ciclos.