A partir de la crisis de autoridad que acusa el ministro Martín Arrau, el artículo revisa la historia de un debate que revive en la coyuntura actual: la restauración de un “orden portaliano” con más poder para el Ejecutivo y castigos ejemplares; o la construcción de legitimidad sin la cual ninguna norma se respeta. Entre esos dos órdenes se juega hoy la República, propone el autor.

---

En una entrevista que pasó casi inadvertida, el actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, delineó un asunto que resulta fundamental analizar. Sostuvo que en Chile se había dinamitado la figura de la autoridad en distintos ámbitos de la sociedad. El periodista le preguntó si aquello ocurrió después del estallido, y el ministro respondió: “[el estallido] fue quizás la manifestación más visible, pero esto viene de mucho antes. Dinamitar sistemáticamente el rol de la autoridad de las FF.AA., de las policías, del Poder Judicial, de los gremios, de las Iglesias, de la familia, del profesor. Es algo mucho más profundo. Eso hay que derrotarlo y eso se derrota con orden, con autoridad, con respeto” (Martín Arrau, El Mercurio, 16 de julio, 2026).

El tema planteado por el ministro Arrau es tal vez uno de los más relevantes a resolver en Chile hoy: ¿vivimos en una sociedad donde ya no se respeta la autoridad, donde los hijos desobedecen a sus padres, la ciudadanía a la policía, el estudiante al profesor, el militante al jefe de su partido? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué explicaría esta circunstancia?, y ¿cuáles serían los caminos para resolver este relevante problema social?

A riesgo de simplificar, en el debate político existen dos respuestas: una restauradora y otra modernizadora. Explicaremos cada una de ellas a continuación.

La primera ha sido muy dominante en las élites intelectuales y dirigentes durante siglos y plantea que Chile ha perdido ciertas virtudes culturales (ciertas tradiciones y modos de ser) que es necesario restaurar. Existe bastante evidencia de esta aproximación (ver Alenda et al., 2018). Ana María Stuven, en toda su obra, ha sugerido de modo bastante convincente que fue precisamente el concepto de orden el que organizó a las élites chilenas durante gran parte del siglo XIX.

Después de dos décadas de convulsiones al inicio de la República, las élites dirigentes buscaron establecer un orden público que hiciera frente a la anarquía y a los impulsos federalistas que amenazaban la convivencia social. Se apelaba a la necesidad de restablecer una jerarquía y promover un orden moral y religioso frente al desorden y anarquía que reinó entre 1810 y 1830. La moralización religiosa, la educación, la milicia, el trabajo y el castigo ejemplificador eran los instrumentos para lograr aplacar estas malas costumbres. El orden se debía asentar en una estructura legal jerárquica —que las élites consensuaron en la Constitución de 1833 y con el uso de los estados de excepción—, pero dicha infraestructura institucional requería como precondición un conjunto de costumbres y buenos hábitos que era fundamental generar o reforzar. Aquí Stuven cita a Andrés Bello, quien planteaba que “no es la forma de gobierno la causa primordial de la prosperidad de los Estados, sino la consonancia de las instituciones con el carácter de los pueblos y la moral de los hombres (…) el poder de las leyes es ninguno sin costumbres” (en Stuven 1997, pág. 275).

Lo anterior se tradujo en lo que luego la historiografía denominó el “orden portaliano”, uno donde se desconfiaba de la democracia y se optaba por un gobierno centralizado. El propio Diego Portales proponía “un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes” (Portales a José Cea, 1822). Un siglo más tarde, Alberto Edwards interpretaba la figura de Diego Portales como el más genuino reflejo de una fronda aristocrática que demandaba orden: “La obra de Portales fue la restauración de un hecho y un sentimiento, que habían servido de base al orden público, durante la paz octaviana de los tres siglos de la colonia: el hecho, era la existencia de un poder fuerte y duradero, superior al prestigio de un caudillo o a la fuerza de una facción; el sentimiento, era el respeto tradicional por la autoridad en abstracto, por el poder legítimamente establecido con independencia de quienes lo ejercían. Su idea era nueva de puro vieja: lo que hizo fue restaurar material y moralmente la monarquía, no en su principio dinástico, que ello habría sido ridículo e imposible, sino en sus fundamentos espirituales, como fuerza conservadora del orden y de las instituciones” (Edwards 1928).

El orden social monárquico, en tanto espíritu, implicaba restaurar un gobierno fuerte, imponer leyes ejemplificadoras y generar el sentido de obediencia de gobernantes y gobernados. Pero Edwards escribía su ensayo en medio de los turbulentos años 1920s. Acá las amenazas provenían del régimen parlamentario, de la cuestión social y de las tendencias de división ideológica que desafiaban el statu quo. Planteaba Edwards que alcanzar un nuevo orden público con un perfecto equilibrio de poderes resultaba imposible: “en los términos en que estaba planteado nuestro problema, sólo una solución tenía: el predominio casi absoluto de un Ejecutivo muy fuerte y hasta cierto punto ‘neutral’. La historia nos enseña que en tales crisis se llega siempre a esta fórmula o al desquiciamiento” (Edwards 1925). Edwards consideraba que en la coyuntura de 1924 se requería “a un hombre justo y fuerte, de espíritu recto, de sanas intenciones, no enfeudado a partido alguno, y que, además mejor que nadie garantiza lo que para el país es ahora esencial: la permanencia de una autoridad normalmente obedecida y respetada” (Edwards 1928). Y ese hombre tenía nombre y apellido: Arturo Alessandri, el León de Tarapacá.

Podemos sintetizar la receta del orden restaurador del siguiente modo: un presidencialismo con alta concentración de poderes, con robustos estados de excepción para liderar las emergencias, autoridades con virtudes morales, leyes ejemplificadoras e instituciones como la iglesia y el sistema educativo que instruyan al pueblo en virtudes y buenas costumbres.

La segunda aproximación es la que podríamos identificar como modernizadora y que posee varias vertientes (liberal, socialista, marxista). Se trata de la contracara de la versión restauradora, pues ve precisamente en el pasado la causa de los males presentes. La concentración de poderes y el sometimiento de los individuos a determinadas jerarquías (laicas o religiosas) son vistos aquí como la fuente de la erosión del apego a las normas y a las instituciones. Francisco Bilbao y la Sociedad de la Igualdad a mediados del siglo XIX iniciaron el derrotero intelectual y político de crítica al conservadurismo, indicando que se requería separar la Iglesia del Estado, convertir al ciudadano en soberano y promover la igualdad como principio rector de una sociedad moderna (Bilbao 1844, 1853). Acá se invierte el argumento: son las particulares condiciones que el sistema coercitivo genera lo que ocasiona condiciones para la explosión de un desorden estructural. Se requiere entonces un orden fundado en premisas distintas: justicia, legitimidad, igualdad y libertad.

Cuando despuntaba el siglo XX, Enrique Mac-Iver, en su célebre discurso sobre la crisis moral de la República (1900), no culpa a las instituciones, ni a las características del pueblo, ni a las condiciones particulares del territorio, sino a la falta de virtud moral pública en la élite. Lo que explicaría la anarquía, el despotismo y la falta de respeto por la autoridad “ha sido la falta de moralidad pública, ha sido el olvido del deber por el funcionario y el abandono de la función pública para dar paso a las ambiciones personales, al odio, a la venganza, a la codicia y al interés de bandería” (Mac-Iver 1900).

En la versión marxista, la falta de progreso y de respeto por las normas se debe a la explotación del hombre por el hombre, a la falta de condiciones de igualdad y justicia. Desde esta perspectiva, son los cambios estructurales de las condiciones de vida del proletariado los que podrían contribuir a resolver las tensiones que se evidencian en la sociedad (Recabarren 1910).

En la reflexión más contemporánea de Norbert Lechner (1984), la ciudadanía acepta el sometimiento a determinadas normas y a una estructura de poder incluso coercitivo cuando se le reconoce como legítimo. Habría motivaciones y valores que llevan a justificar un determinado orden como “bueno”, basados precisamente en este reconocimiento. Sin embargo, Lechner plantea que resulta imposible en una sociedad plural establecer lo que es un “buen orden”. Cualquiera que está en el poder y que intenta posicionar “su verdad” como una verdad de la sociedad estaría condenado a generar cuestionamientos y resistencias sociales. Pero toda sociedad requiere algún mínimo orden de sentido, plantea el autor. La solución que encuentra Lechner es que en toda sociedad debe existir el consenso como principio regulatorio de las relaciones sociales. El consenso no prescribe lo que debiera ser la vida social, pero al experimentarse genera un orden social. Lo anterior supone reconocimiento del valor de cada sujeto, reciprocidad y un sentido de responsabilidad social (Lechner 1984).

Retornando a la inquietud de origen planteada por el ministro Arrau, si aceptamos que existe una crisis del modo en que se estructura el orden social —y que se expresa en la familia, la iglesia, la escuela, la relación con la policía, etc.—, un asunto fundamental es cómo imaginar salidas para este momento amargo que vive la República. Para algunos, no queda otro camino que restaurar el perdido orden portaliano, concentrando poderes en el Ejecutivo, incrementando o promoviendo castigos severos y ejemplificadores, apelando a líderes que promuevan valores morales que sirvan de ejemplo para una sociedad donde no se respeta la ley y el orden. Para otros, la severidad de las normas y de su ejercicio no alterará el estado actual de las cosas —e incluso podría agravarlo—. Lo que se requeriría serían políticas y comportamientos que otorguen legitimidad a las decisiones, que velen por el reconocimiento y el respeto. Nos encontramos en este preciso momento, donde algunos demandan endurecimiento de normas, mientras otros claman por la construcción de cierta legitimidad.

Donde sí concurren todos es en reconocer que el diagnóstico de Mac-Iver del año 1900 vuelve a repetirse como el presagio de un asunto que no hemos encarado como sociedad. Decía Mac-Iver: “Me parece que no somos felices; se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país…. La holgura antigua se ha trocado en estrechez, la energía para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en temor, las expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad” (Mac-Iver 1900).

Nos domina una sensación de temor, y mientras algunos claman por restaurar un cierto orden perdido, otros buscan, a veces a ciegas, caminos para construir nuevos referentes que den legitimidad a un orden social todavía no dibujado.

---