Jeannette Wolfersdorff promueve la creación de un registro de beneficiarios finales que identifique quién es dueño de las propiedades, las empresas y la riqueza financiera. Argumenta que los mercados en Chile no solo necesitan regulación sino también “transparencia, visión sistémica y datos”. Un registro podría permitirnos discutir con evidencia sobre los niveles de concentración que hay en algunos mercados, o los problemas para la competitividad que generan grupos económicos que tienen bancos y también empresas productivas. “Para tener empresas más responsables hay que ponerle cara a la empresa”, dijo Wolfersdorff a TerceraDosis. Pero el avance en ese terrreno ha sido resistido por los grandes grupos económicos quienes “saben vengarse contra quien no actúa de forma ciegamente fiel”.

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El crecimiento del patrimonio de los superricos en todo el mundo ha hecho que la tarea de saber “quién es dueño de qué” esté presente en la agenda de muchos países. Quienes los ven como una posible fuente de recursos para el Estado -y buscan hacerlos tributar- y quienes entienden la extrema riqueza como una amenaza para la democracia y la competencia del mercado, concuerdan en que es necesario saber con exactitud cuánto tienen y dónde.

Jeannette Wolfersdorff lleva un par de años impulsando la creación de un registro de beneficiarios finales que cumpla con los estándares de la OCDE. Lo que propone, dicho en simple, es crear un catastro donde figuren las personas dueñas de empresas o de vehículos corporativos (que puede ser, a su vez, dueño o sostenedor de acciones, bonos de deuda, cuentas bancarias y propiedades). Normalmente, la identidad de personas naturales suele quedar escondida tras cascadas de empresas o sociedades de fachada (ver recuadro).

Wolfersdorff no impulsa esta política en Chile porque crea que hay que implementar un impuesto a la riqueza como propuso Gabriel Zucman en TerceraDosis y como está en el programa del presidente Gabriel Boric. Al contrario, estima que ese tipo de impuestos no tiene sentido pues valorizar cada año la riqueza es extremadamente difícil, altamente subjetivo y “va a requerir una burocracia enorme”.

Sin embargo, cree que un registro de beneficiarios finales es necesario para la salud de la democracia y del mercado, entre otras cosas, porque necesitamos hacer responsables a los dueños por las políticas que llevan adelante sus empresas, saber cuán concentrados están los mercados y determinar cuál es el control que el sector financiero tiene sobre la economía.

Jeannette Wolfersdorff, exdirectora de la Bolsa de Comercio y fundadora del Observatorio para el Gasto Fiscal, analiza aquí la resistencia que han tenido los grupos empresariales para avanzar en estas políticas de transparencia. Cree que muchos empresarios están de acuerdo con la creación de un registro de beneficiarios finales y quieren que esa información se transparente porque así se vería el control oligopólico que hay en algunos mercados. Pero no se animan a decirlo porque existe “una coerción desde los grupos empresariales más grandes. No importa que los grandes no tengan mayoría en el consejo de la Sofofa, igual saben exactamente quién dice qué y saben vengarse contra quien no actúa de forma ciegamente fiel, defendiendo el status quo”, dijo a TerceraDosis.

– ¿Por qué es importante para un país como Chile conocer los beneficiarios finales de las empresas privadas?

-Esta política tiene tres dimensiones. La primera es su dimensión anticorrupción y antilavado de dinero. El conocer la cara detrás de un negocio da la posibilidad de controlar mejor la evasión y elusión. Permite también fiscalizar mejor las compras públicas, los subsidios y combatir el narcotráfico a través de fiscalizar sus finanzas.

Una segunda dimensión tiene que ver con la sostenibilidad. Pensando en los desafíos futuros del planeta, será cada vez más importante saber qué rango de control tiene alguien sobre una empresa que no es sostenible o que no crea mucho valor para sus interesados y trabajadores, por ejemplo por tener excesiva diferencia en los sueldos. Se suele argumentar que las decisiones de las grandes empresas las toma un directorio. Pero el directorio es elegido por los dueños siguiendo una cierta lógica respecto de cómo buscan crear valor. Entonces, cuando se eligen directores que buscan ganancia de corto plazo y extraer valor de las comunidades donde operan, en vez de crear valor, el directorio es responsable, pero también quien los eligió. Hoy no está establecida la responsabilidad del beneficiario final respecto de la sostenibilidad de la empresa, respecto de temas de derechos humanos o de transparencia y esta opacidad les permite tomar mucha distancia de lo que pasa, estar muy cómodos detrás de múltiples capas de sociedades. Para tener empresas más responsables hay que ponerle cara a la empresa y que el dueño de una empresa sea responsable por el desempeño de sostenibilidad de su negocio.

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“Solemos hablar mucho del sueldo mínimo, pero poco de la relación entre el que más gana y el que menos dentro de una empresa”.

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Por último, conocer los beneficiarios finales podría permitir mejorar sustancialmente las estadísticas, por ejemplo, sobre la composición de los mercados: cuántas empresas hay en determinado tamaño de facturación. Hoy tenemos empresas que parecen pymes, pero que en realidad son parte de grupos grandes. O pertenecen a empresarios que, con una inversión menor, controlan empresas grandes a través de cascadas. Es decir, este registro podría invitar también a debatir sobre estructuras piramidales y debatir sobre una restricción de las cascadas en ciertos niveles.

-Hablemos de las cascadas. ¿qué son y cuál es el problema con ellas?

-Para que las personas lo entiendan, una cascada es una estructura societal donde una empresa matriz controla una serie de empresas filiales, las que a su vez controlan otras empresas y así por varias capas. Uno de sus efectos es que grupos económicos que ya tienen un poder grande en la economía, amplían ese poder. Por ejemplo, la cascada permite a grupos que tienen, digamos, un 30% del capital de una empresa grande, controlar el 51% de ella. Cuando tienes un problema de concentración económica como ocurre en Chile, donde múltiples mercados funcionan como oligopolios, agregarle cascadas a eso es como darles un megáfono a los que ya son excesivamente grandes. Otro problema que tienen las cascadas es que hay un riesgo para los socios que se suman en las distintas secciones de la cascada: que las rentas de su respectivo nivel sean extraídas y movidas al nivel donde le conviene al controlador.

-Esas estructuras son difíciles de fiscalizar para la autoridad.

-Claro, ese es otro problema más. Cuando la economía misma es cada vez más compleja y, en el marco de la cuarta revolución industrial, hay muchas empresas con modelos de negocios muy difíciles de entender, agregar cascadas, es un desafío grande de fiscalización, por ejemplo, para el Servicio de Impuestos Internos. En mi opinión las cascadas deberían reducirse a tres niveles.

–Eso hizo Israel.

-Sí. Ellos han impulsado ese límite para el caso de empresas listadas en bolsa, pero creo que una restricción como esta debería ser obligatoria para todas las empresas de cierto tamaño. Fue una medida audaz de parte de Israel, porque decidieron enfrentar un problema que nosotros también tenemos: muchos grupos económicos que hacen uso excesivo de cascadas, y que amplían su poder económico a niveles que impiden tener mercados competitivos. Me parece muy interesante para Chile.

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“Me preocupa que la sociedad pueda confundir su malestar frente a la elite con un malestar frente al mercado y al capitalismo.”

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– ¿Cuándo reduces los entramados societales a tres cascadas, quiere decir que en el tercer nivel aparece el beneficiario final? ¿Por ejemplo, si SQM se transara en Israel uno tendría que esperar que en el tercer nivel apareciera Ponce Lerou?

-Esa es la idea. Hoy muchas empresas listadas en bolsa tienen un uso bastante intenso de estructuras de cascadas. La OCDE ha llamado a explicitar los dueños finales que (desde un cierto porcentaje mínimo) controlan a las empresas, y también ha destacado que falta una mayor transparencia de esta información.

¿Puedes dar ejemplos de empresas que ejercen control mayoritario con porcentajes menores?

-El grupo de Ponce Lerou, en 2020, sostenía solo un máximo de 37% de la capitalización que efectivamente controlaba. El caso del grupo Quiñenco, presidido por Andrónico Luksic, es muy parecido: su capitalización efectiva era -en un máximo- solo de un 38% sobre lo que controlaba. Dicho de otro modo, con solo el 37% o 38%, se sostiene el control mayoritario. Probablemente este porcentaje sería aún menor si tuviéramos acceso a información de las cascadas asociadas, que no están listadas en bolsa. No me parece que debamos aceptar eso como si fuera una ley natural. Deberíamos debatir hasta qué nivel esto hace sentido y cuándo empieza a ser abusivo.

-Entonces, reducir las cascadas podría implicar que algunos grupos que hoy controlan grandes empresas gracias a esta estrategia podrían tener que compartir el control.

-Claro. Y me parece muy bien que así sea porque fortalece el gobierno corporativo de las respectivas empresas, y va muy en línea con la eliminación de características poco sostenibles como tener estos pequeños feudos en la economía que además se heredan de una generación a otra. Muy en línea con esto está la legislación de Corea del Sur donde se desincentiva que un grupo entregue el control mayoritario de un negocio a los herederos porque pagaría un mayor impuesto (65%). Eso pasó en Samsung por ejemplo. Creo que en el Chile de hoy, tenemos que promover políticas que defiendan el mercado y no los feudos y debatir estrategias que reduzcan los controles excesivos sobre nuestra economía. Respecto del gobierno corporativo, sin duda, es mejor que haya varios dueños debatiendo en la mesa directiva de las grandes empresas, en vez de los mega grupos que tienen el control a través de cascadas, y directorios con personas que principalmente defienden el status quo, y que padecen de group thinking. Ojalá en el futuro, donde hoy hay un dueño, haya tres.

COERCIÓN EMPRESARIAL

– ¿Cómo lo ha recibido el mundo empresarial la idea de un beneficiario final?

-Ha costado mucho debatir estas propuestas. La Sofofa, la CPC nunca han querido conversar del beneficiario final públicamente. La banca tampoco. Me parece que los gremios no hablan de estos temas porque hay una coerción desde los grupos empresariales más grandes. No importa que los grandes no tengan mayoría en el consejo de la Sofofa, igual saben exactamente quién dice qué y saben vengarse de quien no actúa de forma ciegamente fiel defendiendo el status quo, y esto es profundamente antidemocrático y anti mercado y no lo deberíamos tolerar. Por supuesto no puedo criticar a la empresa o a las personas que no se atreven a decir algo, porque finalmente en el Chile de hoy, todavía hay un riesgo de que se pueda destruir el negocio de la gente que levanta su voz. Pero el hecho de que esto pasa, esta fuerza de coerción nadie la puede negar en Chile. No le hace bien a la economía ni a sociedad y por eso pienso que hay un espacio grande para repensar las regulaciones sobre los mercados. Mi filosofía en este respecto es ser pro innovación, lo que significa ser promercado y restringir este excesivo poder que tienen los grupos económicos. Me parece que ya es tiempo de pensar en serio qué tipo de empresas deberían estar dentro de un mismo grupo económico. Cuando tienen un cierto tamaño, no está bien que grupos económicos combinen negocios bancarios con negocios no-bancarios – y tampoco está bien que incluyan inversiones en medios de comunicación – u otras formas de financiar a la prensa.

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“En Chile todavía hay un riesgo de que se pueda destruir el negocio de la gente que levanta su voz.”

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-Entiendo que Israel limitó el control del sector financiero sobre la economía, ¿no?

-Sí, separó la banca de los negocios no bancarios. En la práctica, implicó que grupos económicos que tenían instituciones bancarias de tamaño relevante y negocios no-bancarios y productivos, tenían que elegir, en un plazo de 6 años, si se quedaban con uno o con otro. La razón es que cuando un grupo tiene un porcentaje importante en el sector bancario y en el mercado productivo, se produce un conflicto de interés entre ambos negocios que resulta ser anticompetitivo. Lo otro interesante que hicieron fue limitar los sueldos máximos de los ejecutivos de bancos y otras instituciones financieras. En Chile solemos hablar mucho del sueldo mínimo, pero poco de la relación entre el que más gana y el que menos, dentro de una misma empresa. En Israel se fijó una brecha máxima que me parece muy interesante de debatir, incluyendo en las remuneraciones a todos los bonos que uno recibe, e incluso el primer nivel de subcontratación.

-Durante el gobierno de Sebastián Piñera se anunció que se implementaría la política del beneficiario final ¿Qué pasó?

-La propuesta que el gobierno de Sebastián Piñera hizo en su tiempo no cumplía el estándar OCDE que implica transparentar el beneficiario final de cualquier empresa o trust y también ONG o entidades religiosas. Lo que requiere esta política es que cualquier vehículo corporativo -o para decirlo fácil- cualquier entidad que opera en el terreno, tiene que estar incluida en un registro nacional que se fiscaliza. Lo que hizo el gobierno, en una cadena nacional para el día contra la corrupción, fue proponer un registro de beneficiarios finales para proveedores del Estado. Sonaba como si estuvieran cumpliendo con el estándar OCDE, pero con la especificación “proveedores del Estado” dejaba afuera muchas empresas importantes ¿Qué pasa, por ejemplo, con el dueño de un terreno que tiene que ser expropiado porque justo va a pasar por ahí el metro o una carretea? ¿Qué pasa con la empresa que reciben subsidios, rebajas tributarias, rebajas de multas? Esas son otras formas de tener contacto con el Estado y que no se incluyen en la palabra “proveedores”. Pero también dejaba afuera a todas las empresas sin contacto con el Estado. Parecía como algo positivo, pero le habría quitado presión para crear un registro nacional de beneficiarios de verdad porque muchos podrían haber dicho “pero ya tenemos uno”. El otro problema es que la propuesta de Piñera no tenía fuerza para cumplirse. A la hora de crear este catastro de beneficiarios finales, uno de los aspectos más importantes es justo asegurar su calidad: que se pueda fiscalizar de verdad y que haya sanciones duras cuando las empresas no informan bien.

IMPUESTO A LOS SUPERRICOS

-Tus argumentos a favor de una política de beneficiario final están muy alineados con la propuesta del economista Gabriel Zucman de crear un registro de la riqueza financiera. Él da razones económicas para ese registro, pero sobre todo lo justifica porque ve a la extrema riqueza como una amenaza para la democracia. ¿Qué piensas de eso?

-Hay un estudio muy interesante que mostró, para el caso de EE. UU., que la opinión que tiene la elite económica sobre cómo deben regularse los mercados o cómo debe funcionar la sociedad y el Estado, es muy distinta a lo que opina el resto. Pero lo importante no solo es la diferencia en las preferencias sino que las actividades para influir sobre las políticas públicas aumentan a medida que crece el poder de las personas. Entonces, quienes más influencia tienen van a influir para no ser regulados. Eso es un desafío para todas las democracias.

El punto es que la excesiva concentración de riqueza permite que la opinión sesgada de la elite -con interés en mantener sus privilegios- tiene muchas formas de permear toda la sociedad. Los grupos económicos o los individuos de la elite pueden sostener medios de comunicación (o financiar medios con avisajes u otros aportes), financiar ONGs, centros de pensamiento, y pagar investigaciones académicas que se alineen con sus intereses. En Chile se hace todo eso y no se sabe su extensión porque no tenemos una ley que obligue a transparentar ese financiamiento y lobby sutil. Lo llamo sutil porque el lobby efectivo justamente no se percibe fácil y tiende a ser más indirecto.

Pero esta forma en que la elite pone sus puntos de vista en las discusiones produce una gran tensión y distorsiona el debate. En práctica, tiene el mismo efecto que el uso no regulado de las cascadas: da un megáfono a personas que ya tienen poder excesivo. Y esto me preocupa, porque la sociedad puede confundir su malestar frente a la elite, como si fuera un malestar frente al mercado y frente al capitalismo. Yo pienso que no hay mejor forma de organizar sociedades que a través del capitalismo, con mercados dinámicos, competencia y sostenibilidad.  Pero, para que el capitalismo pueda ser realmente sostenible, y una herramienta positiva y creadora de valor para las amplias mayorías, requiere de regulaciones.

El funcionamiento de la economía sería muy distinto si la elite en Chile fuera capaz de hacerse parte de este debate económico amplio y sistémico, y de tomar gusto por debatir abiertamente con voces distintas. Lamentablemente se ve exactamente lo contrario: se castiga a quien critica a la elite y esto no puede ser porque es fundamentalmente antidemocrático y anti mercado. Para modernizar nuestra economía, e impulsar innovación, sostenibilidad y crecimiento de nuevos emprendedores, habrá que revertir eso.

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“Ningún impuesto a la riqueza que se pague anualmente tiene sentido. Intentar hace eso va a requerir una burocracia enorme para valorizar estos activos”

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-Buscar fortalecer la democracia, y modernizar la economía a través de regulaciones a las empresas más grandes y los grupos económicos fue parte del “New Deal” en los años 30 del siglo pasado. ¿Ves paralelos entre esas políticas y los desafíos de Chile hoy?

-Sí. Lo que vemos hoy me recuerda muchísimo lo que decía Franklin Roosevelt en la década de los 30, cuando tuvo como objetivo la reducción del poder de los grupos económicos. Su argumento era que, si no se limita el excesivo poder de estos grupos, estos tienden a pasar por encima del gobierno y controlar todo. En Chile tenemos miedo de debatir estos temas, pero tenemos que ser capaces de hacerlo, desde un punto de vista técnico, sin amenazas y de hacerlo ante todo con un gran espíritu promercado y pro competencia. La excesiva concentración de poder -que además se mantiene de una generación a otra-, no es promercado, es todo lo contrario. Entonces hay que volver al espíritu de lo que es el mercado, la competencia.

– ¿En materia políticas públicas contra la concentración, qué te parece un impuesto a la riqueza, como el que propone Gabriel Zucman?

-Ese debate es necesario. Pero mi perspectiva es que ningún impuesto a la riqueza que se pague anualmente tiene sentido. Intentar hace eso va a requerir una burocracia enorme para valorizar estos activos. Una política como esa va a llenarnos de asesores y de empresas especializadas que hacen esas valorizaciones y que inevitablemente lo hacen con mucha subjetividad. Es una invitación a llenarnos de micro engaños, en vez de poner el foco en que el mercado funcione. A mí me encantaría que esta energía se pusiera en crear valor y que las grandes fortunas sean forzadas a competir en el mercado. Pienso que hay que abordar los problemas de concentración económica no solo desde la redistribución, sino también desde el mercado, de forma preventiva, con mecanismos de “pre distribución”. En el ámbito de la redistribución, es cierto que necesitamos un nuevo pacto tributario, y que este debe incluir un acuerdo importante en materia de impuestos a las personas que incluya no solo los ingresos sino también el patrimonio. En esta línea, y según lo que recomienda la OCDE, Chile debería buscar ante todo un acuerdo amplio en materia de impuestos a las herencias, donde actualmente se recauda muy poco. A la vez, me parece importante que lo que se pueda recaudar con ese impuesto no vaya a un Estado que no se ha modernizado. Preferiría, por ejemplo, que se usara para financiar herencias universales, herencias para todos.[1] Entonces, yo creo que hay que avanzar más bien en la regulación de la concentración a través del mercado y de las herencias. Y para hacer eso, como he dicho, necesitamos mejores estadísticas sobre la desigualdad de ingresos y de activos financieros y sobre el funcionamiento del mercado en general. Teniendo eso uno puede ver cuán efectiva es la política tributaria y la política pre distributiuva. Si uno quisiera realmente avanzar hacia una sociedad menos concentrada, se debería anualmente ir monitoreando cómo va la concentración y el dinamismo en los mercados, y cómo evoluciona la desigualdad de ingresos, incluyendo periódicamente también estadísticas de riqueza de los hogares y personas.

– ¿Cuál sería tu consejo para avanzar en estos temas?

-A los mercados en Chile no solo les falta regulación, sino transparencia, visión sistémica y datos. Para enfrentar eso, pienso que se debe crear un Consejo pro-competencia (y anti-concentración), que vele por mayor innovación y sostenibilidad a través de propuestas de políticas económicas basadas en evidencia. En este Consejo podrían participar miembros de los Ministerios de Hacienda, Economía, y del Banco Central – y también de la Comisión Nacional de Productividad y FNE, entre otros. Si se encontrara una orgánica ágil, combinada con voluntad política, se podría crear una política económica que tenga un horizonte de al menos una década. Podríamos consensuar objetivos claros y medibles para aumentar el dinamismo en el mercado, reducir la concentración, aumentar la innovación y complejidad económica, así como para impulsar mayor sostenibilidad basada en datos. Así, se alinearía no solo la acción del Estado y de los instrumentos de apoyo, sino también el interés de los privados, que tendrían un marco de referencia claro para sus inversiones.

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Recuadro

¿Qué es un beneficiario final?

La definición que adopta la OCDE y que viene del Grupo Acción Financiera (GAFI) define al beneficiario final como la persona natural que es dueña o controladora de un vehículo jurídico, por ejemplo, una empresa. Es la persona que esta atrás de eventuales capas y cascadas, es decir, que está atrás de cualquier estructura -sea piramidal o no- que la separan de la empresa que controla. En síntesis, conocer al beneficiario final te permite saber quién es la cara final detrás de un negocio.

Este no es un concepto reciente. La OCDE lo está promoviendo de hace décadas sobre todo en el ámbito tributario. Costa Rica ha ampliado la búsqueda de beneficiarios finales a quienes también están detrás de las fundaciones, e instituciones sin fines de lucro, que también pueden prestarse para lavar dinero. Porque una fundación también es parecida a una empresa, solo que con la diferencia que no pueden pagar dividendos. La GAFI recomienda incorporar también los trust, los fideicomisos, en el sentido de saber quién es el beneficiario final de estos vehículos que se usan especialmente para traspasar la riqueza de una generación a otra. En Chile, ya se ha propuesto un diseño conceptual para crear un registro de beneficiarios finales, según estándar OCDE y GAFI, que fue elaborado por la UAF, junto con el SII, Chile Compra y dos organizaciones de la sociedad civil (Chile Transparente y el Observatorio del Gasto Fiscal).