Los estudios de CADEM, CEP y PULSO CIUDADANO carecen de representatividad por dos razones: son muchos los encuestados que no contestan sus preguntas y no pueden anticipar tendencias, pues no siguen a un panel de participantes. La forma en que se están reportando, analizando y leyendo sus resultados es “éticamente irresponsable y metodológicamente cuestionable”, plantea el autor de esta carta.

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Durante varias semanas, encuestas como CADEM, CEP y Pulso Ciudadano, se reportan, analizan y leen como si sus cifras reflejasen la voz de todas las ciudadanas y ciudadanos. Se insiste que la intención de rechazar la Nueva Constitución aumenta. Pero cuando se constata que dichas encuestas se construyen sobre la opinión de no más de 1.500 personas (CADEM se basa en 700 personas, CEP en 1.355 y Pulso Ciudadano en poco más de 1.000), cabe preguntarse cómo es posible que esas opiniones reflejen la del país. La respuesta casi unísona es que se tienen muestras representativas. Se argumenta diciendo que el margen de error no supera el 4% con una confianza del 95%, cálculos que se hacen asumiendo un marco muestral (el llamado aleatorio simple) que no es sobre el que se han basado estas encuetas. Este argumento se acompaña de lo que estas mismas encuestas se preocupan por instalar explícitamente: mostrar un comparativo de las tendencias de las opiniones recogidas semana a semana (como es el caso de CADEM). Sin embargo, hay que afirmar enfáticamente que el término muestra representativa no corresponde a un mecanismo estadístico que permita considerar la encuesta como la voz del resto de la ciudadanía no encuestada. Una muestra representativa significaría, por ejemplo, que la proporción de rechazo a nivel poblacional sería igual a la proporción de rechazo de aquellos que fueron seleccionados y accedieron a responder la encuesta. Pero es imposible que se pueda comprobar esta equivalencia pues no se conoce la proporción poblacional: de conocerse, no sería necesario hacer una encuesta. Por tanto, el término muestra representativa no contiene sustancia alguna (y esto vale para toda encuesta, incluso aquellas sobre las cuales se basan los estudios de mercado).

“La opinión política en relación a rechazar o aprobar la Nueva Constitución que resulta de estas encuestas es un reflejo bastante incierto de la opinión del grupo de encuestados que fueron seleccionados para responderlas; y es un reflejo totalmente incierto de la opinión de los ciudadanos y ciudadanas del país”

¿Cómo entonces proporcionar un indicador que permita explicitar cuán inciertas pueden ser las afirmaciones que se hacen a nivel poblacional (todos los ciudadanos) a partir de las afirmaciones que se pueden hacer a partir de la muestra en cuestión? Hay que responder a esto ex post, nunca ex ante, precisamente porque, al hacer una encuesta, examinamos comportamientos que queremos generalizar. Es por ello que la tasa de no respuesta es el indicador que explicita la incerteza inherente a una encuesta. Pero hay que ser rigurosos a la hora de reportarla, pues una cosa es la tasa de no respuesta con respecto al conjunto de personas que fueron invitadas a responder, y otra es la tasa de no respuesta con respecto a la población sobre la cual se quiere hacer afirmaciones en relación a los hallazgos obtenidos a partir de la muestra. Así:

• La encuesta CADEM tiene tasas de no respuesta que bordean el 80% de los seleccionados, por lo que tiene solo un 20% de certeza con respecto a ese grupo. Pero como esos resultados se quien leer a nivel poblacional, es posible calcular la certeza de esa lectura: no supera el 0.00005%.
• La última encuesta CEP tiene una tasa de no respuesta igual al 38.9% de los seleccionados para responder, por lo que tiene solo un 61.1% de certeza con respecto a ese grupo. Nuevamente dicha encuesta quiere leerse con respecto a todos los ciudadanos. En ese caso la certeza de CEP será tan magra como la anterior.
• Pulso Ciudadano tiene una tasa de no respuesta del orden del 90% de los seleccionados, por lo que tiene a lo más un 10% de certeza. Nuevamente, si dichos resultados quieren leerse con respecto a todos los ciudadanos, entonces la certeza será tan magra como las anteriores.

La conclusión es clara: la opinión política en relación a rechazar o aprobar la Nueva Constitución que resulta de estas encuestas es un reflejo bastante incierto de la opinión del grupo de encuestados que fueron seleccionados para responderlas; y es un reflejo totalmente incierto de la opinión de los ciudadanos y ciudadanas del país.

Otro argumento que se esgrime es que al menos las encuestas muestran una tendencia. Pero nuevamente el término vacío de muestra representativa está a la base de dicho argumento: solo es posible comparar tendencias de los mismos encuestados o, como se dice técnicamente, de un panel de ciudadanos que sean seguidos en el tiempo. Eso no ocurre en el caso de CADEM, CEP o Pulso Ciudadano. Ciertamente si estas encuestas asumen el concepto vacío de muestra representativa, argumentarán que cada muestra semanal representa la opinión a nivel país y, por tanto, pueden construir tendencias.

El modo en que se reportan, analizan y leen las encuestas es éticamente irresponsable pues al menos contradicen los Principios de Autonomía y Beneficencia. De autonomía pues hay personas seleccionadas que no emitieron su opinión: “hacerlas hablar” es no respetar su decisión autónoma. El de beneficencia pues se pretende informar a la población diciéndoles cuál es su opinión en un tema tan relevante para el bien común como es el de la Nueva Constitución. “Habla(r) por el que no puede hablar” (Prov. 31, 8a) es una exigencia que antaño se hacía a los reyes de modo que pudiesen defender “la causa de los desvalidos” (Prov. 31,8b). Pero “hacer hablar a los que no quieren” es sustentar falsedades disfrazadas de técnica, minando así la democracia.