La definición de experto/a está fuertemente condicionada por las redes (sociales, políticas, de clase) con las que se cuenta, plantean los autores y autora. Más que traer sabiduría técnica al debate, el nuevo “Acuerdo por Chile” vuelve a ubicar a ciertas redes, principalmente ligadas a partidos políticos tradicionales, en una posición de poder. La columna argumenta que la principal debilidad de la pasada convención constituyente no fue que había pocos expertos, sino la falta de densidad de sus conexiones.
Una de las acusaciones más comunes contra la Convención Constitucional fue su déficit de expertise. En junio de este año, think tanks de oposición propusieron un borrador paralelo que buscaba suplir las falencias que percibían en la propuesta. Figuras de la ex-Concertación como René Cortázar también cuestionaron fuertemente su factibilidad técnica y su sustento en el conocimiento experto. Por ello no sorprende que dentro de las condiciones de Chile Vamos y Amarillos para un futuro proceso constituyente haya estado la existencia de una mesa de expertos que no sólo asesore, sino que decida.
Aún así, los datos disponibles sobre el trabajo de la Convención muestran que muchas personas que podrían definirse como expertos participaron en ella. En concreto, el 41% de los ex-convencionales son abogados, el 89% tiene al menos estudios de pregrado y el 40% postgrado. Algunos incluso basaron sus campañas fuertemente en su expertise, tanto en el derecho (Bassa, Atria, Squella y varios otros) como en otras disciplinas (Dorador y Loncón). Asimismo, la Convención contó con cerca de 500 asesores, 108 de los cuales eran abogados, además de periodistas, sociólogos, cientistas políticos y un largo etcétera. Algunos asesores eran alumnos en práctica, pero había muchos otros con postgrado y largas trayectorias profesionales. La Convención además tuvo audiencias públicas donde participaron más de 100 expositores por comisión. Algunos de éstos tuvieron una influencia importante. Por ejemplo, Salvador Millaleo, doctor de Bielefeld y académico de Derecho de la Universidad de Chile, presentó en las audiencias públicas de varias comisiones y sus intervenciones sirvieron para dar sustento a la idea de plurinacionalidad, uno de los ejes centrales (y aspectos más criticados) del borrador.
“Tradicionalmente la economía ha cumplido una función dirimente en el campo político. Pero esto no significa que los juicios basados en conocimiento económico sean unívocos y reconocidos transversalmente. Solemos olvidarlo, pero al menos desde 2008 esta disciplina sufre una crisis potente”
En tal sentido, existen dos paradojas respecto a la demanda de expertise en la Convención. Primero, el momento político que la gatilla coincide con una fuerte crítica a la tecnocracia y el carácter elitista de la política. Vale la pena recordar que un “comité de expertos” autorizó el alza del pasaje del metro en octubre del 2019, uno de los hechos que habría gatillado el estallido. Pero, sabemos, la política siempre requiere de algún tipo de justificación: los convencionales no pueden sino presentar sus decisiones como basadas en algún tipo de conocimiento. Segundo, hay dos posiciones en cuanto al papel de la expertise en la Convención. A juicio de algunos, faltaron expertos, particularmente en materias constitucionales. Al mismo tiempo, otros plantean que sobró expertise. Más de alguna vez se la percibió como academicista, o enfatizando áreas y conceptos esotéricos.
Para comenzar a destrabar estas paradojas, creemos que se debe comprender que el carácter de experto/a de una persona o de un tipo de conocimiento no es automático. Es necesario preguntarse qué es la expertise y quién la determina. En términos generales, en política el estatus de experto se basa en la capacidad de proveer juicios que justifiquen y legitimen una decisión de política pública que pueda ser vista como “responsable” por otros actores. Así, la expertise involucra formas de saber que tienen la capacidad de convencer sobre lo cierto y lo falso, lo mejor y lo peor, lo posible y lo imposible (ver Boswell, 2009[1]).
“El juicio de que la Convención falló por falta de expertise no sólo es impreciso, sino que tiende a exaltar un tipo de expertise sobre otro”
Basados en los trabajos del sociólogo Gil Eyal[2], decimos que el estatus de experto/a implica ser percibido/a como poseedor de la autoridad epistémica necesaria para definir y describir un estado del mundo que sea reconocido por otros. La expertise es, ante todo, un tipo de relación social: un lugar en una maraña de redes que – basado en pergaminos, publicaciones, resultados, o reconocimiento público – permite a quien lo ocupa describir el mundo y justificar decisiones, suyas o de otros. Por cierto, en el contexto chileno, tal estatus de experto no está libre de reproducir las desigualdades geográficas, de clase, género y raciales que permean el sistema educacional chileno. Prueba de ello es que la figura de experto tradicional ha favorecido desproporcionalmente a hombres provenientes de un puñado de universidades ubicadas en la capital, con apellidos de origen europeo.
LOS/AS EXPERTOS/AS Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
La historia de las últimas décadas en Chile agrega otra dimensión al problema. Durante la dictadura, los partidos políticos estaban proscritos y las universidades intervenidas, pero no así las ciencias sociales en abstracto, quizás porque el régimen derivaba parte de su legitimidad de las credenciales de sus colaboradores civiles (provenientes de ciertas tradiciones de la economía y el derecho). Aquello abrió un espacio pequeño pero importante. Centros de estudio como CIEPLAN fueron los primeros en criticar las políticas de la dictadura en el debate público: sus advertencias eran, antes que políticas, “técnicas”.
Más tarde, éste y otros think tanks como el CEP fueron cruciales para articular una élite política con pretensiones tecnocráticas que vendría a dejar atrás la conflictividad de los ‘70s. Estas organizaciones eran uno de pocos lugares donde podían formarse élites políticas, principalmente economistas, que cruzaran el eje izquierda/derecha. Fueron la cuna de lo que luego se llamó el “duopolio” de la (ex)Concertación y la Alianza/Vamos por Chile que gobernó el país entre 1990 y el 2022.
“La expertise reconocida en el campo político es un atributo que requiere ser conquistado, y en esa conquista se cuenta con aliados y adversarios”
Estudiosos de la historia de la tecnocracia chilena como Jeffrey Puryear (1994) y Patricio Silva (2009) señalan que la conformación de esas redes catalizó la transición a la democracia y mitigó las dudas que pudiese provocar en adversarios. Quizás en parte por aquello, el diseño institucional post-dictadura fijó un número de contrapesos a las mayorías democráticas, muchos de ellos justificados por necesidades técnicas. Así, en las últimas décadas se entendía de una manera específica la expertise, en un contexto del fin de la guerra fría y el ascenso de economistas e ingenieros comerciales en el Estado (véase Markoff y Montecinos). Ser experto se transforma así en un recurso estratégico para alcanzar consensos en política pública, fundamentalmente en torno al gasto público y la reforma del Estado. Y este estatus tiende a concentrarse en ciertos lugares de Chile y no otros: hay patrones claros sobre los orígenes educacionales (y por lo tanto sociales) de aquellos expertos.
Aquella prevalencia de un cierto modo de ser experto nos pudo haber hecho olvidar que la expertise es una materia en pugna. Siguiendo al citado Eyal, planteamos que la posesión de expertise no se refiere sólo a un conocimiento determinado, sino también a la pertenencia en redes que reconocen ciertos tipos de conocimientos como rigurosos o no y capaces de justificar decisiones o no. Como es sabido, expertos de un signo político u otro tienden a provenir de distintas disciplinas, universidades y entornos profesionales.
“La expertise es una materia en pugna”
Desde esta perspectiva, la expertise reconocida en el campo político es un atributo que requiere ser conquistado, y en esa conquista se cuenta con aliados y adversarios. Además, involucra una disputa por las jurisdicciones. Por ejemplo, un economista y un experto en medio ambiente pueden perfectamente estar ambos en la cúspide de sus respectivos campos disciplinares y llegar a conclusiones diametralmente opuestas respecto de qué política pública debe seguirse. Ejemplo de esta lucha subyacente puede observarse en el diseño de la Comisión 5 de la ex Convención, que incorporó temas de medio ambiente y modelo económico.
Así, el juicio que la Convención falló por falta de expertise no sólo es impreciso, sino que tiende a exaltar un tipo de expertise (y redes asociadas) sobre otro. De allí que un análisis sobre las redes, afiliaciones institucionales y disciplinarias es relevante.
QUIÉNES FUNCIONARON COMO EXPERTOS
Los convencionales fueron apoyados por asesores pagados por la Convención, por participantes de las audiencias públicas y por instancias menos formales. Por ejemplo, muchos de los asesores y convencionales que entrevistamos mencionan que, cuando tenían dudas, acudían a sus propios contactos (ex colegas, profesores, o compañeros de curso).
Cada convencional dispuso de alrededor de $2.400.000 para asesores encargados de sus tareas diarias. Éstas incluían asesoramiento legislativo, político y comunicacional, gestión de agenda, relaciones con el territorio y redacción de documentos. La información recolectada revela que los perfiles de los asesores son heterogéneos en términos de credenciales académicas, perfil profesional y experiencia previa. La gran mayoría eran jóvenes abogados, periodistas y profesionales de las ciencias sociales. Este tipo de expertise, sin embargo, no es “justificatorio”: permite el funcionamiento de la Convención, pero difícilmente se citaría a un asesor como argumento de autoridad.
“La expertise es, ante todo, un tipo de relación social: un lugar en una maraña de redes que – basado en pergaminos, publicaciones, resultados, o reconocimiento público – permite a quien lo ocupa describir el mundo y justificar decisiones”
Además, cada convencional accedió a una red de expertos, en su mayoría ad honorem, ligados a think tanks de su sector o contactados por ellos mismos o sus asesores. Este tipo de expertos otorgan lo que la cientista política Cristina Boswell denomina “el uso legitimador del conocimiento experto”. Se diferencian de los asesores de convencionales por su posición más asentada en campos disciplinares específicos (por ejemplo abogados con experiencia en derecho de aguas) o bien por su experiencia en la intersección de campos relevantes (profesores universitarios con experiencia política).
Cumplían al menos cuatro funciones: 1) otorgar contenido a propuestas de norma (especialmente think tanks ligados a partidos de cuadros, como LyD y el ICAL/comité constitucional para la UDI y el PC, respectivamente, quienes llegaron a la Convención con una propuesta armada); 2) evaluar internamente si una propuesta de norma está bien formulada o sobreviviría al escrutinio público (particularmente académicos y estudios de abogados); 3) proveer de argumentos contra las propuestas de otros (especialmente aquellos con más experiencia mediática); 4) dotar de acceso a redes de otros expertos que pudiesen cumplir alguna de las otras funciones (especialmente facultades de derecho y think tanks).
Ahora bien, la composición de estas redes varía por coalición política. Algunas de ellas tienen más antigüedad y sus redes tienen mayor densidad y memoria institucional (en otras palabras, se conocían más entre ellos). Usaremos aquí como ejemplo a Chile Vamos y Apruebo Dignidad. El grupo de convencionales ligado a los primeros involucró una red con alto grado de densidad y mayor experiencia en el asesoramiento de parlamentarios. El sector tiene una arquitectura institucional de expertos clara, con vínculos en think tanks, universidades, gremios y medios. Tanto los asesores de convencionales como la red ampliada estaban concentrados en cuatro instancias: a) thinks tanks (LyD, FJG, Horizontal); b) académicos vinculados mayoritariamente a un grupo reducido de universidades y facultades (derecho en la PUC, UANDES, y UDD); c) estudios de abogados (muchos con vínculos que se originan en universidades); d) organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas asociados a la familia y libertad (CPC, Con mi Plata No).
“Vale la pena recordar que un “comité de expertos” autorizó el alza del pasaje del metro en octubre del 2019, uno de los hechos que habría gatillado el estallido”
Los convencionales de Apruebo Dignidad, por su lado, conformaron una red de expertos y asesores cuyas afiliaciones incluyen a otro grupo de instituciones. Según señala una ex-convencional del sector, la mayoría de sus redes estaban vinculadas a la Universidades de Chile, Austral, Alberto Hurtado, Adolfo Ibáñez, Central, Diego Portales y de Valparaíso. Al igual que Chile Vamos, el Frente Amplio contó con el apoyo de think tanks (ICAL, Rumbo Colectivo, Nodo XXI) y organizaciones de la sociedad civil asociadas a su agenda (especialmente derechos ambientales y reproductivos). Apruebo Dignidad tenía vínculos quizás algo menos concentrados en instituciones específicas (y peor financiados) que los de Chile Vamos, pero de cualquier manera se observan nichos claros y lazos fuertes con la academia.
Como es esperable, los nuevos actores políticos de la Convención conformaron una red menos densa de asesores que la de las citadas coaliciones políticas. Aunque nuestra investigación aún está en curso, podemos mencionar preliminarmente que 20 de los 23 convencionales de la ex-Lista del Pueblo obtuvieron sus credenciales de pregrado en un grupo diverso de universidades, muchas de regiones. Este grupo contrató un alto número de abogados asesores por convencional. Por su parte, 5 de 17 de los ex-convencionales de escaños reservados son abogados y otros cuatro tienen carreras en ámbitos como la educación, el trabajo social y la contabilidad. Al igual que la ex-Lista del Pueblo, este grupo estuvo asesorado por un alto número de abogados, algunos con doctorado.
LA ESPERANZA IMPLICITA EN LA EXPERTISE EN POLÍTICA
Pueden hacerse dos precisiones respecto del rol de la expertise en política, en vista del proceso que comienza. La primera ya la hemos mencionado: la expertise depende de redes. Un ex asesor, por ejemplo, mencionó que el tipo de personas que tradicionalmente escriben columnas en Chile no estaban presentes en la Convención – lo cual explicaría al menos en parte el juicio negativo de buena parte de la prensa escrita.
Definidos de ese modo, expertos siempre van a haber, lo que varía es quién califica para cada sector. Así, otorgar cupos para expertos de cada coalición podría significar simplemente replicar la lógica del sistema de partidos chileno. Lo distintivo de la Convención fue precisamente lo sui generis del proceso, sus tiempos acotados, la debilidad relativa de los partidos políticos tradicionales en ella y la baja densidad de las redes de muchos ex-convencionales.
“Los datos disponibles sobre el trabajo de la Convención muestran que muchas personas que podrían definirse como expertos participaron en ella. En concreto, el 41% de los ex-convencionales son abogados, el 89% tiene al menos estudios de pregrado y el 40% postgrado”
La segunda precisión se refiere a la esperanza implícita que recae sobre la expertise. Parte del imaginario en torno a ella tiene que ver con la capacidad de mediar conflictos y llegar a acuerdos que destraben nudos ciegos. Así se pensó durante la transición. Sin embargo, aquello ignora al menos dos condiciones de la expertise. Primero, que parte del problema de los expertos en política versa sobre qué apreciaciones y conocimientos son más importantes para tomar decisiones (la salud pública o la economía durante una pandemia, el medio ambiente o proyectos de inversión).
Tradicionalmente la economía ha cumplido esa función dirimente en el campo político. Pero (y este es el segundo aspecto) esto no significa que los juicios basados en conocimiento económico sean unívocos y reconocidos transversalmente. Solemos olvidarlo, pero al menos desde 2008 esta disciplina sufre una crisis potente y han surgido fuertes figuras emergentes que critican duramente su vertiente tradicional. Es bueno recordar que el estatus de experta de Mariana Mazzucato – profesora titular de una de las mejores universidades del mundo y posiblemente la economista mujer viva más reputada – fue puesto en duda fuertemente cuando visitó Chile, en parte por ser una figura emergente fuera del mainstream del campo, en parte por las implicaciones políticas de sus ideas.
De allí que, dado que el acuerdo para el nuevo proceso constitucional contempla la participación de 24 expertos, sea bueno considerar cómo los comprendemos y si es justo pedirles que superen las trabas políticas que empantanaron el proceso anterior o las que llevaron a la crisis de legitimidad que le dio origen.
NOTAS Y REFERENCIAS
[1] Christina Boswell, en su libro sobre el uso político del conocimiento experto, plantea que la expertise en política puede cumplir una función instrumental (resolver problemas), de legitimación (permitir acceso) o de “sustanciación” (justificar posiciones).
[2] Gil Eyal, sociólogo de la Universidad de Columbia, es un referente en el estudio de la expertise. Entre sus trabajos destaca The Crisis of Expertise (Polity, 2019) y The Autism Matrix: The Social Origins of the Autism Epidemic (Polity, 2013).
REFERENCIAS
Boswell, C. (2009). The political uses of expert knowledge: Immigration policy and social research. Cambridge: Cambridge University Press.
Eyal, G. (2019). The crisis of expertise. Cambridge: Polity.
Markoff, J. y Montecinos, V. (2016). Economistas en las Américas. Santiago: UDP
Puryear, J. (1994). Thinking politics: Intellectuals and democracy in Chile, 1973-1988. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Silva, P. (2009). In the name of reason: Technocrats and politics in Chile. University Park: Penn State University Press.
Marcos González Hernando
Roxana Chiappa
Luis Garrido Vergara