Como ocurre desde 1990, resolver el “conflicto indígena” pasa por responder una pregunta básica: ¿quiere la elite política y económica aceptar que Chile es un país diverso?
El informe de la Comisión de Paz y Entendimiento reveló una de las divisiones más profundas que la élite política chilena tiene sobre lo que se ha denominado “la cuestión indígena”. La pregunta básica que acompaña este conflicto por siglos es si el Estado de Chile quiere reconocer la existencia de distintos pueblos conviviendo en un mismo territorio: ¿Es Chile un país diverso étnicamente? Si la respuesta es negativa, los temas a resolver se centran en la resolución de la pobreza y la violencia en la zona sur del país. Si en cambio, la respuesta es afirmativa, se abren una serie de temas vinculados al tipo de reconocimiento, las medidas de compensación, los derechos y el modo de enfrentar la violencia.
En una columna previa, indicamos que desde el retorno de la democracia se han llevado adelante nueve comisiones y en todas ellas de algún u otro modo se buscó abordar la pregunta por el reconocimiento ya sea simbólico, político, cultural o territorial. El asunto es clave porque si una sociedad reconoce la existencia de un “otro”, entonces se genera una conversación sobre cuánto y cómo reconocer y en este caso, cuánto y cómo reparar.
Antes de dar cuenta de las recomendaciones de la Comisión, conviene poner atención en las reacciones que generó, algunas de las cuales surgieron incluso antes de darse a conocer el informe.
LA REACCIÓN DE LA DERECHA
El candidato José Antonio Kast del Partido Republicano señaló que las propuestas de la Comisión pretendían instalar “por la vía administrativa lo que Chile ya rechazó con claridad en las urnas el 4S”. Con esto se refería a “la idea de varias naciones dentro de Chile, el autogobierno étnico y privilegios colectivos. Todo esto con el impulso del Presidente Boric y el apoyo cómplice de Chile Vamos”. Agregó que en la propuesta se consideraba un fondo de 4 mil millones de dólares para tierras a lo cual “se suma un nuevo organismo, tribunales étnicos e imposiciones contraculturales. No es una política de Estado: es una cesión de soberanía”.
También fue crítico el representante de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, quien participó de la Comisión y fue el único que rechazó el acuerdo. Sostuvo que en el texto final “hay palabras que causan dudas, hay derechos asumidos en la constitución, derechos colectivos de los pueblos indígenas, autogobernanza para las comunidades. Hay una cuota de octubrismo probablemente”.
“Araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: ya no os habla un Presidente que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada; os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran Carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros Estados.” (Bernardo O’Higgins, 1819)
En estas dos opiniones se deja entrever una crítica directa a la cuestión del reconocimiento con lo que se niega la posibilidad de aceptar la idea de otro, un pueblo que tiene determina cultura y derechos colectivos.
La candidata Evelyn Matthei centró sus críticas en la ausencia de un acuerdo respecto al fin del terrorismo. “Sin eso no hay entendimiento posible” dijo y agregó que “la entrega de tierras no necesariamente trae la paz. Si no, miremos el caso de Temucuicui”.
Por su parte, el Presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, indicó que su partido no podía apoyar este acuerdo pues no implicaba un cierre definitivo del conflicto sino que “puede mantenerlo abierto si es que, en el plazo de seis meses, la cantidad de tierras ofrecida no alcanza para cubrir las demandas de la comunidad mapuche”.
En esta segunda línea argumental que comparten Matthei y la UDI el asunto fundamental está en poner fin a la violencia. Si no se acaba con el terrorismo no hay opciones de establecer ninguna solución al conflicto. Pero, además, se agrega que, como la propuesta de la Comisión implica una línea de tiempo que supera los seis meses, encontrar un camino de salida en el corto plazo no sería viable. Matthei agrega otro argumento: entregar tierras no resolvería el problema pues lo que querrían algunos grupos radicales sería autodeterminación y no solo tierras.
Mientras la derecha más extrema explicita su rechazo a cualquier tipo de reconocimiento colectivo, la derecha tradicional (Chile Vamos) no se pronuncia mucho sobre estos temas sustantivos —salvo su crítica a la relevancia de la tierra como bala de plata para resolver el conflicto— y centra su argumentación en la cuestión coyuntural de la violencia y el terrorismo.
Aquí yace la noticia más relevante que rodeó la presentación del Informe de esta Comisión: puso en evidencia una división significativa dentro de la derecha sobre el camino que debiese seguirse con relación a este conflicto. Aquello se expresó de modo prístino la defensa del informe que hicieron Alfredo Moreno y la senadora Carmen Gloria Aravena. Esta última decidió renunciar al partido Republicano pues desde allí la presionaban para rechazar el acuerdo.
El paradigma de la Comisión
Varias de las críticas que expresa la derecha no tienen fundamento.
Contrariamente a lo que asevera José Antonio Kast, las recomendaciones de la Comisión son muy distintas a las que se plasmaron en la Convención Constitucional. No hay alusiones a la autodeterminación, el autogobierno, la plurinacionalidad o la justicia indígena propia. Se sugiere reconocer constitucionalmente a los once pueblos indígenas cosa que —valga indicar— ya hace la Ley indígena. Se propone que el reconocimiento sea en el aspecto de la “interculturalidad”, aceptando el principio de diversidad cultural en el país. Se proponen planes de revitalización lingüística y cultural, además de la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, para que ellos puedan relacionarse con el Estado. Se sugiere además, que se permita a los pueblos adoptar formas de organización interna que reconozcan a sus autoridades, y asociarse con otras comunidades para que puedan tener representación territorial. En ningún momento se habla de autonomía o de autodeterminación.
Se propone además un plan de reparación de víctimas que incluye su identificación, el establecimiento de indemnizaciones, prestaciones y garantías con la finalidad de reconocer y atenuar las consecuencias de la violencia sufrida por ellas, sus familias y todos los afectados. Además, se propone crear un órgano de reparación a las víctimas de la violencia que identifique las víctimas, registre los daños, diseñe e implemente los planes y programas de asistencia.
LAS TIERRAS
Las recomendaciones más relevantes y extensas se refieren a la cuestión de las tierras y esto por el propio mandato entregado por el Presidente de la República. El diagnóstico que hace la Comisión sobre la actual situación es severo: la entrega de tierras hoy varía entre 20 y 25 años. En la actualidad hay más de 700 comunidades esperando una solución y más de 1.200 comunidades en formación por lo que “podrían pasar entre 86 y 162 años bajo el sistema actual para resolver estas demandas” (Comisión, pág. 51).
A lo anterior se suman la especulación en la compra de tierras por parte del Estado, las restricciones de uso de las tierras entregadas a comunidades, y el costo que significará para el Estado el modelo vigente que supera los 4 mil millones de dólares.
Lo que propone la Comisión, entonces, es que, usando los mismos recursos que el Estado debe desembolsar en el actual esquema, se realicen reformas sustantivas para establecer un nuevo órgano de reparación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se haga cargo del tema; un tribunal arbitral para resolver los conflictos que se deriven de este proceso. Además se recomienda flexibilizar el uso de las tierras indígenas permitiendo contratos de arriendo. Muy importante es que se incluyen propuestas sobre un eventual acuerdo entre la industria forestal y las comunidades indígenas a partir del diálogo que se estableció con ellas en la misma Comisión. Otra recomendación se vincula con ampliar las formas de reparación que no se vinculan exclusivamente con el tema de las tierras sino que se consideran planes habitacionales para indígenas que viven en zonas urbanas, participación en la administración de reservas y parques nacionales, u otros tipos de financiamiento a familias e individuos.
Es necesario destacar que junto con el trabajo de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2003, la actual comisión ha presentado la más dallada recomendación en materia de tierras. Si embargo, como se advirtió en la columna anterior las recomendaciones se harán viables solo si éste y el próximo gobierno convierten la propuesta en un paquete de iniciativas legislativas y si una mayoría relevante del Congreso Nacional las aprueban. Como ocurre desde 1990, resolver este “conflicto” es un problema eminentemente político y pasa por responder una pregunta básica: ¿quiere la elite política y económica aceptar que Chile es un país diverso?
El principal legado de esta Comisión será, primero, que un segmento de la derecha política y económica mostró su disposición a reconocer la interculturalidad del país y aceptó medidas de reparación; segundo, la industria forestal aceptó también sentarse en la mesa y negociar con las comunidades; y, tercero, un segmento del mundo indígena aceptó renunciar a su agenda de reconocimiento maximalista, flexibilizando sus posturas sobre autonomía y autodeterminación.
Por novena ocasión, un grupo de notables representantes indígenas y no indígenas se reúnen para imaginar fórmulas para resolver un conflicto ancestral que comenzó a delinearse desde la misma independencia. Fue el mismísimo Bernardo O’Higgins quien en una famosa carta ofreció establecer una alianza pacífica y duradera al pueblo Mapuche en 1819. Así le escribía el padre de la patria a los pueblos del sur austral: “Araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: ya no os habla un Presidente que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada; os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran Carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros Estados.” Han pasado más de doscientos años y el dilema de reconocer o no reconocer sigue allí incólume. Se anexó el sur austral, luego se buscó asimilarlos y, posteriormente, vino un extenso y sinuoso proceso de reconocimiento legal y cultural en las últimas tres décadas. Dependerá de las élites políticas la decisión de o guardar en un cajón las propuestas de esta Comisión, o bien abordarlo de un modo decisivo.
Claudio Fuentes S.
Pienso que el párrafo final («Se anexó el sur austral, luego se buscó asimilarlos y, posteriormente, vino un extenso y sinuoso proceso de reconocimiento legal y cultural en las últimas tres décadas») omite gravosamente toda la violencia y el despojo sufrido por las comunidades desde la campaña de Cornelio Saavedra en adelante. Llama la atención cómo se ignora y se omite parte de la historia cruenta de pueblos indígenas que fueron literalmente exterminados (por no mencionar a los Selknam y otras etnias de la región de Magallanes), historia sobre la cual tampoco existe reconocimiento, y, por consiguiente, tampoco reparación. Desconozco si pueda existir alguna reparación equivalente a estas alturas.
Finalmente, en un actual contexto de estrategias políticas diversas de un año electoral, prevalecerá nuevamente la opción que instrumentalice con mayor claridad la voluntad de la ciudadanía. Voluntad para la cual el problema mapuche, como el problema indígena en general, es un problema adyacente al devenir político del país: un pueblo criminalizado, unas costumbres folklorizadas, una lengua de museo (enseñarla en todas las escuelas ¡que horror!, es más útil el inglés!) y una demanda de tierras que afecta el «sano emprendimiento» maderero de las forestales. No queda mucha esperanza ya en estas iniciativas de Comisiones por la Paz y el entendimiento, si las contrapartes no indígenas no quieren entender y menos vivir en Paz.
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