Allí donde gobierna la ultraderecha, la educación se vuelve un campo de batalla ideológico. El artículo compara lo que esos gobiernos suelen hacer con las necesidades educativas chilenas reales y se pregunta qué camino tomará el nuevo gobierno ante esas agendas divergentes.

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Desde marzo próximo, Chile tendrá su primer gobierno de ultraderecha elegido democráticamente. La evidencia internacional indica que cuando la ultraderecha logra controlar el poder, le da prioridad a su agenda en educación. Eso se ha observado desde Brasil (bajo Jair Bolsonaro) hasta Hungría, pasando por Argentina, Italia y Estados Unidos. Más allá de ciertos matices nacionales, los componentes de esta agenda son similares y reconocibles: alientan el rechazo a la migración, el negacionismo climático, la reducción del Estado social, los valores conservadores y el combate contra lo que denominan “ideología de género”.

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“Las falencias y desafíos del sistema educativo chileno son bastante conocidos y poco o nada tienen que ver con la ‘batalla cultural’ neoconservadora”

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¿Debiéramos esperar que José Antonio Kast haga lo mismo durante los próximos cuatro años? ¿Seguirá el patrón de la ultraderecha internacional de desmantelamiento de la educación pública y batalla ideológica, o construirá una agenda de mejoramiento educacional basada en los principales desafíos propios del país?

Las falencias y desafíos del sistema educativo chileno son bastante conocidos y poco o nada tienen que ver con la “batalla cultural” neoconservadora. Chile necesita renovar las capacidades docentes para proveer una enseñanza efectiva, fortalecer las instituciones públicas de administración educacional a nivel local, enfrentar la crisis de convivencia escolar y continuar recuperando el sistema de los efectos desestabilizadores de la pandemia. La experiencia internacional muestra que los gobiernos de ultraderecha no se interesan en avanzar en esas áreas, sino que anteponen sus objetivos de disputa ideológica. En definitiva, hay dos agendas divergentes – en el caso de Chile tres, como veremos más adelante – y no está claro por cuál se inclinará el nuevo presidente y su gobierno.

El programa de gobierno de José Antonio Kast, el «Plan Patines para Chile» del Partido Republicano y las propuestas del mismo sector defendidas en el Consejo Constitucional de 2023 contienen elementos que permiten conocer sus propósitos. Estos documentos revelan, como señalan Muñoz y Vicente (2025), la consolidación de un actor político que podría intentar retrotraer o eliminar políticas específicas de equidad e inclusión, e implicar un riesgo real de desmantelamiento de nuestra institucionalidad educativa. A continuación, analizamos dichas propuestas a la luz de la experiencia internacional de gobiernos de ultraderecha, vinculando este análisis con el debate nacional para mostrar la decisión estratégica más importante que deberá tomar el próximo gobierno en educación.

Lo que hace (o intenta) la ultraderecha en el mundo

El análisis de casos internacionales revela cuatro ejes principales de intervención que se replican, con diferentes énfasis, bajo los mismos parámetros generales.

La cruzada contra la educación sexual, acusándola de «ideología de género»

Este es quizás el eje más visible de la agenda educativa de la ultraderecha. En Brasil, Bolsonaro disolvió la Secretaría de Educación Continua, Alfabetización, Diversidad e Inclusión en sus primeros días de gobierno, eliminando de un plumazo la institucionalidad responsable de políticas de educación especial, relaciones étnico-raciales, educación indígena, derechos humanos y diversidad de género. Human Rights Watch documentó 217 proyectos de ley entre 2014 y 2022 diseñados para prohibir la educación sobre género y sexualidad. El movimiento «Escuela sin Partido» alentó a estudiantes y padres a grabar en video a profesores y denunciarlos si discutían temas de género, generando un clima de vigilancia y autocensura masiva. 

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En Italia, el gobierno de Meloni impulsa actualmente una ley que prohibiría enseñar «relativismo de género» en preescolar y primaria, expandiendo el control parental sobre cualquier contenido relacionado con sexualidad. El ministro de Educación Giuseppe Valditara, quien se define como un neoconservador, ha declarado que su objetivo es combatir la «hegemonía cultural progresista». A comienzos de 2025, fondos destinados a educación sexual fueron redirigidos hacia capacitación docente sobre infertilidad. En Florida, la ley «Don’t Say Gay» prohíbe la instrucción sobre orientación sexual o identidad de género desde el jardín infantil hasta tercer grado, y fue posteriormente (2023) expandida a todos los grados. La ley ha generado confusión y autocensura entre muchos profesores (algunos han removido fotos familiares de sus escritorios y vaciado las bibliotecas de aula).

El control curricular con fines nacionalistas y conservadores

La batalla contra la educación sexual es en realidad parte de una agenda cultural más amplia, caracterizada por el conservadurismo y el nacionalismo. En Hungría, el Currículo Nacional Básico de 2020 establece objetivos patrióticos particularmente explícitos. Los estudiantes deben aprender a estar «orgullosos del pasado de su pueblo» y las derrotas históricas deben ser eliminadas de los libros de texto y reemplazadas por representaciones de batallas victoriosas; además, las leyendas y mitos húngaros deben presentarse como hechos históricos. El gobierno implementó también un «currículo marco» que dicta a las escuelas qué deben enseñar, desarrollado sin aportes de expertos.

Este control curricular con fines ideológicos no es exclusivo de Hungría. En Florida, se han rechazado libros de texto de matemáticas por supuestamente contener «teoría crítica de la raza».

Como señalan Laval y Sorondo (2023), el neoliberalismo y la ultraderecha no son formaciones contradictorias, sino convergentes e imbricadas: la privatización educativa y la agenda de valores tradicionales se refuerzan mutuamente. La educación se convierte en un campo de batalla cultural donde se disputan visiones de sociedad. Para la ultraderecha, la escuela debe dejar de ser un espacio de formación ciudadana crítica y cosmopolita para convertirse en un mecanismo de reproducción de valores tradicionales y funcionar bajo lógicas individualistas y de mercado.

El ataque a la libertad académica universitaria

Hungría eliminó los programas de Estudios de Género de sus universidades en 2018. El viceprimer ministro Zsolt Semjen declaró que estos estudios «no tienen lugar en las universidades» porque constituyen «ideología, no ciencia». El gobierno emitió un comunicado afirmando que «las personas nacen como hombres o mujeres» y que el Estado húngaro «no desea gastar fondos públicos en educación en esta área». La Universidad Central Europea, fundada por George Soros, fue obligada a trasladar sus operaciones fuera del país mediante cambios legislativos que la comunidad académica internacional calificó como un ataque frontal a la libertad académica.

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En Florida, DeSantis bloqueó un curso piloto de Estudios Afroamericanos de Advanced Placement por incluir contenido sobre «interseccionalidad y activismo» y «estudios queer negros». Transformó además una universidad pública progresista (New College of Florida) en una institución conservadora, nombrando en su directorio a aliados como Christopher Rufo, conocido activista contra la teoría crítica de la raza. En Estados Unidos el gobierno de Trump se enfrentó a varias de las más prestigiosas universidades del mundo (privadas y públicas), usando mecanismos de financiamiento y regulaciones administrativas, para influir en sus decisiones académicas de investigación, docencia y hasta contratación.

El desfinanciamiento de la educación pública y los deseos de privatización

En Argentina, el gobierno de Milei recortó el financiamiento universitario en más del 70% en su primer año. Las 66 universidades nacionales sufrieron una reducción drástica en sus ingresos, poniendo en riesgo el funcionamiento de algunas instituciones más allá del primer semestre. Los salarios docentes perdieron aproximadamente un 30% de su poder adquisitivo y hoy profesores de rangos intermedios ganan por debajo de la línea de pobreza. Las universidades públicas argentinas educan al 80% de los estudiantes (versus el 50% promedio en América Latina) y han sido gratuitas desde mediados del siglo XX, considerándoselas un derecho social. El 42% de los estudiantes universitarios proviene de hogares bajo la línea de pobreza. Como señala Rabossi (2025), aunque Milei no ha interferido con la libertad académica al estilo de Trump —no ha atacado directamente áreas específicas de investigación ni restringido contenidos sobre género o cambio climático—, su enfoque estructural de desfinanciamiento masivo amenaza la existencia misma de las instituciones, al menos como han existido hasta ahora.

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“En la Hungría de Viktor Orbán se observa un sistemático deterioro en las diferentes áreas evaluadas por la prueba PISA, acompañado por un aumento de la inequidad social en dichos resultados”

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En la educación escolar, Milei impulsa un sistema de vouchers educativos para ser usados en la educación privada y un proyecto de «Libertad Educativa» que definiría a la familia como «educador primario» y reduciría el rol del Estado a uno meramente subsidiario. En la práctica, se impulsaría el financiamiento estatal de la educación en la casa, bajo la tutela de los padres, así como a distancia en “entornos virtuales” por empresas de educación online, haciendo a ambas modalidades alternativas a la educación escolar. El propósito de ambas medidas (vouchers y financiamiento a la educación no escolar) es debilitar el sistema formal de educación, especialmente pública.

Si bien la mayoría de estos procesos están en curso y sus efectos de largo plazo aún se desarrollan, ya se observan algunas consecuencias claras. De manera general, se puede afirmar que la libertad académica y el pluralismo en los contenidos de enseñanza se ven restringidos; la educación pública es debilitada, privilegiándose la educación privada; los programas de equidad e inclusión educativas son jibarizados cuando no derechamente cerrados; y empeoran las condiciones laborales y salariales de los docentes. En términos de resultados académicos, la evidencia más sólida proviene de Hungría y muestra un sistemático deterioro en las diferentes áreas evaluadas por la prueba PISA, acompañado por un aumento de la inequidad social en dichos resultados.

¿Qué propone la ultraderecha?

Aunque muy escuetos y se diría que pobres en su elaboración, el programa de gobierno de Kast y el “Plan Patines” del Partido Republicano permiten anticipar las líneas de acción de un eventual gobierno. Igualmente relevante es recordar la propuesta constitucional republicana, rechazada en el plebiscito de 2023. Varios elementos destacan por su convergencia con el patrón internacional reseñado.

Primero, la reversión del Sistema de Admisión Escolar (SAE). El Plan Patines propone explícitamente «recuperar la libertad de elección» de las familias, lo que en la práctica podría significar desmantelar el sistema que impide la selección discriminatoria de estudiantes (en general, la derecha ha utilizado el argumento de la libertad de las familias para plantear la necesidad de selección de los colegios). Esto implicaría retroceder a un modelo donde las escuelas pueden elegir a sus estudiantes según criterios académicos, socioeconómicos o religiosos, reproduciendo la segregación del sistema y abriendo la puerta a la discriminación arbitraria de niños y familias.

Segundo, el cuestionamiento de la Nueva Educación Pública. Aunque el discurso oficial del programa habla de «recuperar la educación pública», las propuestas concretas apuntan a fortalecer la competencia con el sector particular subvencionado y a revisar (cuando no detener) el proceso de desmunicipalización. Los datos de la Agencia de Calidad y del Ministerio de Educación muestran que los establecimientos de los Servicios Locales de Educación Pública están mejorando más que el resto del sistema público en varios indicadores; desmantelar esta institucionalidad significaría desperdiciar los avances logrados.

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“Un gobierno pragmático que quisiera mejorar resultados educativos encontraría más sensato perfeccionar las reformas existentes que destruirlas para intentar reconstruir el sistema escolar de fines del siglo XX, cuyos problemas quedaron más que demostrados”

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Tercero, el énfasis en el mérito y la calidad como criterios individuales, desvinculados de las condiciones estructurales. La retórica del mérito, presente en todo el programa, naturaliza las desigualdades al atribuir los resultados educativos exclusivamente al esfuerzo individual, desconociendo los factores socioeconómicos y las inequidades en la distribución de recursos y capacidades profesionales docentes. Asimismo, tiende a invisibilizar y postergar a los estudiantes que enfrentan más dificultades de aprendizaje, incluyendo a aquellos con necesidades educativas especiales.

Como hemos dicho, el proceso constituyente de 2023 ofreció una ventana privilegiada para observar la agenda educativa de la ultraderecha chilena en su forma más elaborada. El texto aprobado por el Consejo Constitucional —dominado por el Partido Republicano— contenía cambios que invertían radicalmente la relación entre derecho a la educación y libertad de enseñanza establecida en los instrumentos internacionales de derechos humanos (Bellei & Muñoz, 2023).

El artículo 23 de la propuesta establecía que las familias tienen «el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior». Esta última frase es la clave: mientras la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el interés superior del niño es un principio que debe guiar todas las decisiones que le afecten —incluyendo las del Estado, las instituciones y las propias familias—, la propuesta republicana otorgaba a los padres el derecho a «determinar preferentemente» ese interés, limitando la capacidad del Estado de intervenir incluso en casos de vulneración de derechos.

Más significativo aún era el artículo 24 sobre libertad de enseñanza. Este artículo establecía que «la libertad de enseñanza existe para garantizar a las familias (…) el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos; de escoger el tipo de educación; y de enseñarles por sí mismos o de elegir para ellos el establecimiento de enseñanza». La constitucionalización del homeschooling (educación en la casa) como alternativa equivalente a la escolarización formal representaba una ruptura con la tradición republicana chilena (de fortalecimiento de los jardines, escuelas y liceos) y un alineamiento con las agendas de la derecha radical estadounidense, adoptadas como vimos por Milei en Argentina.

El texto también incluía una norma particularmente problemática sobre el currículum: los establecimientos tendrían «libertad para determinar sus contenidos curriculares conforme a la identidad e integridad de su proyecto», mientras que los contenidos mínimos fijados por el Estado «no implicarán el uso de un porcentaje mayor a la mitad de las horas lectivas». En otras palabras, se buscaba constitucionalizar que el Estado solo podría definir el 50% del currículum, dejando el resto a la discreción de cada establecimiento según su «proyecto educativo», financiado, eso sí, por el Estado. Esta norma habría significado una desregulación curricular sin precedentes en el país. Es importante recordar que en Chile el currículum no es impuesto por el Ministerio de Educación, sino elaborado en una compleja trama de instituciones en que participan expertos, consejos y autoridades de diferente tipo, incluyendo muchos independientes del gobierno en ejercicio.

Finalmente, el artículo sobre financiamiento estatal establecía que «en ningún caso dicha asignación podrá condicionar la libertad de enseñanza». Esta frase aparentemente inocua habría liberado constitucionalmente a los establecimientos privados de cualquier exigencia asociada al financiamiento público que se les entrega: requisitos de no discriminación, rendición de cuentas, o cumplimiento de estándares nacionales podrían ser impugnados como violaciones a la libertad de enseñanza, cosa que en el pasado la derecha chilena ha hecho reiteradamente, recurriendo incluso al Tribunal Constitucional.

En conjunto, la propuesta constitucional de 2023 representaba un intento de blindar constitucionalmente un modelo de mercado educativo radical, subordinando el derecho a la educación a una libertad de enseñanza expandida y prácticamente irrestricta. Aunque el texto fue rechazado en el plebiscito de diciembre de 2023, las ideas que contenía (en línea con la ideología de ultraderecha en el mundo, como vimos) siguen vigentes en el programa del Partido Republicano y podrían también orientar la política educativa de un eventual gobierno de Kast.

desafíos de la educación chilena

Más allá de las batallas ideológicas que puedan tentar al nuevo gobierno, el sistema educativo chileno enfrenta desafíos concretos de mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia que cualquier administración debería abordar. La evidencia muestra que, tras superar la fase de normalización postpandemia, el sistema requiere, por una parte, sostener y ampliar algunas de las mejoras que se produjeron en ese lapso, como la recuperación de la asistencia y la disminución del abandono escolar. Por otro lado, nuestro sistema educativo requiere renovar la experiencia escolar para hacerla más pertinente y conducente a aprendizajes relevantes para todos. En ese marco general, creemos que hay tres desafíos fundamentales que enfrentar.

El primero es la atención a una diversidad estudiantil crecientemente compleja. Entre 2015 y 2024, la población escolar con necesidades educativas especiales permanentes se duplicó (de 1,7% a 3,5%), y los estudiantes con necesidades transitorias crecieron de 6,2% a casi 10%. La matrícula de estudiantes extranjeros se multiplicó por ocho, alcanzando un 7,7% del total, con marcada concentración en algunos territorios. Para directivos y docentes, la gestión de esta diversidad se ha transformado en un desafío cotidiano difícil de abordar con los recursos actuales.

El segundo desafío es el deterioro de la convivencia escolar. Los datos muestran un aumento progresivo de situaciones de violencia y un debilitamiento de los vínculos dentro de las comunidades educativas. Esto no se resuelve con medidas punitivas al estilo de Italia, donde Meloni reintrodujo la «nota de conducta» del período fascista (vigente entre 1924 y los años 70), sino con políticas integrales de convivencia y bienestar.[1]

Un tercer desafío es el estancamiento de los aprendizajes, tanto fundamentales en enseñanza básica, como de orden superior y habilidades complejas para el siglo XXI en los adolescentes y jóvenes. Aplicados estándares contemporáneos, los logros de aprendizaje son en promedio insatisfactorios, con entre un tercio y la mitad de los estudiantes alcanzando niveles insuficientes, sin mejoramientos relevantes en las últimas décadas. Este estancamiento parece relacionarse con el debilitamiento de los programas públicos de apoyo directo a la mejora escolar, la baja institucionalización del capital profesional en el sistema, y deficiencias en la formación inicial y continua de los docentes (Bellei y Muñoz, 2023). La experiencia internacional muestra que las políticas de austeridad y desfinanciamiento características de la ultraderecha tienden a profundizar estos problemas en lugar de resolverlos.

El dilema del próximo gobierno

Asistimos a la consolidación de un actor político que, según la experiencia internacional, podría desarrollar una agenda que es una «combinatoria sui géneris de políticas de privatización de la gestión escolar, recentralización de los marcos curriculares, una fuerte promoción de la selectividad, y la eliminación de las políticas de equidad e inclusión que benefician a los grupos más desaventajados» (Muñoz y Vicente, 2025). En lo sustantivo, una mezcla de conservadurismo tradicional y nacionalismo del siglo XIX, incrustado en un mercado neoliberal.

Sin embargo, la pregunta está abierta: ¿seguirá el gobierno de Kast el patrón internacional de la ultraderecha, o realizará un giro pragmático que priorice los desafíos concretos del sistema educativo por sobre las batallas ideológicas?

La experiencia argentina ofrece una lección interesante. A diferencia de Bolsonaro o DeSantis, Milei no ha atacado áreas específicas de investigación ni ha restringido contenidos curriculares sobre género o cambio climático. Su enfoque ha sido más estructural que ideológico: desfinanciar masivamente en lugar de controlar contenidos. Esto muestra que dentro de la ultraderecha existen variaciones significativas en las estrategias de intervención educativa.

El caso chileno tiene sus propias particularidades. Las reformas del segundo gobierno de Bachelet —la Ley de Inclusión, la Nueva Educación Pública, la Carrera Docente y la gratuidad universitaria— han mostrado avances importantes, aunque algunos aún acotados, en la dirección correcta. Estas políticas (al final, apoyadas ampliamente en su sanción legislativa) fueron afectadas por una implementación con deficiencias, en parte porque se desarrollaron durante la pandemia y han implicado agendas institucionales muy exigentes para los gobiernos.

La tentación de desmantelar estas reformas, si bien sería ideológicamente consistente con el patrón internacional de la ultraderecha, acarrearía enormes costos en términos de efectividad. Un gobierno pragmático que quisiera mejorar resultados educativos encontraría más sensato perfeccionar las reformas existentes que destruirlas para intentar reconstruir el sistema escolar de fines del siglo XX, cuyos problemas quedaron más que demostrados (Bellei y Muñoz, 2023). Porque -y en esto radica la máxima especificidad chilena- la agenda de privatización bajo lógicas de mercado ya se realizó en Chile desde 1980, por lo que los vouchers, la elección escolar y la competencia entre escuelas no son acá ninguna novedad. La ultraderecha chilena ya implementó hace rato su arsenal de reforma institucional. Las instituciones educacionales y sus protagonistas – directivos, docentes, estudiantes, familias – enfrentan también una encrucijada. La experiencia internacional muestra que cuando la educación se convierte en campo de batalla ideológica, las tareas urgentes de mejoramiento quedan postergadas: la atención a la diversidad estudiantil, la recuperación de aprendizajes, el fortalecimiento de la convivencia escolar. En contraste, los sistemas que han logrado avances sostenidos son aquellos donde diversos actores construyen consensos básicos sobre prioridades educativas, más allá de las diferencias políticas. En un contexto de creciente polarización, la capacidad de las comunidades educativas para defender y sostener una agenda centrada en el mejoramiento efectivo del sistema será crucial para determinar si Chile sigue el patrón internacional de confrontación o construye una vía alternativa.

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