Las autoras describen las crudas prácticas racistas y de profunda desconfianza que se despliegan en ciudades del norte de Chile contra algunos inmigrantes que subarriendan. Se les colocan cámaras, se les cobran precios demenciales, se les regula el horario para comer, lavar, entrar y salir. Las viviendas y carpas incendiadas en las calles Iquique o Calama son solo la superficie de un problema en ciudades donde la población de inmigrantes latinoamericanos es mayor que en el resto de Chile.

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Acceder a la vivienda en el norte de Chile se ha vuelto complejo y restrictivo debido a las características del mercado de arriendo y venta de propiedades de la zona. En esta columna examinamos las complejas experiencias que viven algunos/as inmigrantes arrendatarios o subarrendatarios en el centro de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta y Calama. Si bien estos mercados tienen un comportamiento similar en todo Chile (Contreras, Ala-Louko, & Labbé, 2015) (Contreras, 2017) (Razmilic, 2015) (Hidalgo, Santana, & Alvarado, 2016) (Link & Valenzuela, 2019), en este artículo nos centramos en ciudades del norte pues nos permiten documentar el trato abusivo e, incluso, racista que reciben algunos/as inmigrantes cuando arriendan y/o subarriendan. Los resultados que presentamos son parte de una investigación que realizamos desde 2014 sobre acceso a la vivienda en ciudades que históricamente han recibido migración interna e internacional^[1].

El Cuadro 1 permite contextualizar la situación de las regiones de Tarapacá y Antofagasta y algunas de sus ciudades. Tal como ocurre a nivel nacional, el porcentaje de arrendatarios es creciente. Pese a que el ingreso promedio supera considerablemente el salario mínimo, cada habitante gasta cerca del 50% de su sueldo en pago de arriendo, específicamente de casas o departamentos completos. En tanto, quienes subarriendan gastarían un 20% del ingreso promedio mensual (como indican las dos últimas filas del Cuadro 1). En la práctica, esto implica el acceso a una pieza o habitación y configura un complejo escenario, pues un pago más bajo, generalmente significa sacrificar privacidad, salubridad y seguridad en la vivienda.

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Cuadro 1

Antecedentes demográficos, económicos y de vivienda en territorios del norte chileno

Además, el Cuadro 1 muestra que en las cuatro ciudades mencionadas, la población de inmigrantes latinoamericanos y del Caribe tiene un peso mayor que a nivel nacional, lo que explica la elección de esos territorios como foco de estudio. A continuación presentaremos algunos testimonios que dan cuenta de las experiencias de inmigrantes colombianas/os, dominicanos y ecuatorianos como subarrendatarias/os en las ciudades de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta y Calama.

INMIGRANTES SOMETIDOS A SUBARRIENDOS ABUSIVOS

Ana^[2] vive en Iquique junto a sus tres hijos. Es colombiana y se encuentra en Chile desde hace doce años. En ese tiempo, ha vivido en 11 viviendas mayoritariamente como subarrendataria (ella habla de arriendo, pero se trata de acuerdos en los que, por ejemplo, no hay contrato). Cada cambio está determinado por su condición de mujer y madre, pero también por el racismo imperante: “Para el colombiano, el negro, es difícil arrendar. Uno pasa mucho trabajo para conseguir un arriendo”, explica.Durante sus primeros años en Chile sólo pudo acceder a subarrendar habitaciones, viviendo la arbitrariedad y condiciones altamente irregulares, impuestas por los subarrendadores, siendo el pago mensual uno de los temas más complejos: “Yo pagaba como $89.000. Era una pieza más grande. Y llegó un sobrino de Colombia y se quiso venir a vivir conmigo, pero entonces ella me estaba subiendo el arriendo como a 150, yo le dije que no, mucha plata”. Pese a que Ana y su sobrino compartirían una pieza de 7 m², el subarriendo implicaba un cobro por persona.

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Un afiche dentro de una vivienda señala: “Si se perdiera algún objeto de valor, se buscará pieza por pieza. Al inquilino que se le encuentre, tendrá que desocupar sin reclamo alguno”

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Clara vive en Antofagasta con su hijo pequeño. También de origen colombiano, arribó a Chile hace ocho años y es muy crítica del acceso a la vivienda en la ciudad: “En 2010, el sueldo mínimo era $165.000 y nosotros pagábamos $90.000 cada uno por un espacio. Es decir, pagábamos más de la mitad de nuestro sueldo por una habitación donde dormir. No teníamos cocina, escasamente teníamos baño”.

Mónica, mujer soltera boliviana, residió en una pieza en el centro de Iquique por casi seis años. Así recuerda su experiencia: “Vivía en la calle Bolívar. Era una pieza donde teníamos que compartir tres niñas, para que nos fuera más barato el arriendo. La verdad aquí de entrada es muy duro, horrible, terrible….Las condiciones en las que vivimos son pésimas porque aquí, cuando un recién llega hay gente que abusa demasiado de los extranjeros”.

Juan lleva dos años viviendo en el centro de Antofagasta. Es colombiano y cuenta que la especulación es una práctica que caracteriza a quienes subarriendan. “Al principio fue muy duro porque aquí, como extranjeros, creen que nosotros venimos con mucha plata… Te alquilan cosas muy caras y son espacios muy reducidos, y la verdad uno… humildemente, en Colombia, vives en una casa con tres, cuatro habitaciones… Aquí tristemente me tocó meterme en una habitación donde cabía sólo la cama”. Además del espacio mínimo para habitar, él profundiza en las condiciones de habitabilidad: “las viviendas estaban en muy mal estado, piezas de cholguán y, cuando llovía, hasta ese poquito de agua uno sentía que le caía en la cama. Horrible, pero no había otra forma, no había lucas, no había nada, había que conformarse”.

Algunas mujeres inmigrantes entrevistadas describen la inseguridad que encuentran en estos espacios y las dificultades de privacidad, pues el hacinamiento es una constante al subarrendar. “Un día se me metieron a la pieza y me robaron toda la ropa. Me quedé solamente con los zapatos que tenía puestos… Era tanta la gente que había, tanta gente que entraba…”, relata Claudia, mujer colombiana residente en Alto Hospicio. Las imágenes a continuación (figura 1), permiten ilustrar las precarias condiciones de habitabilidad a las que se exponen quienes subarriendan.

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Figura 1

Espacios residenciales y subarriendo oculto en ciudades del norte chileno

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Por otro lado, el miedo de algunos inmigrantes es latente cuando observan la instalación de cámaras de seguridad en los pasillos, o cuando se restringe el ingreso de amigos y familiares a los lugares donde subarriendan. Así lo describe Samuel, hombre dominicano de 35 años, residente en Chile hace dos años. “Si le contara…he vivido en muchas piezas. Primero en Arica. Después un amigo me dio un dato de trabajo y me vine a Iquique. Ahora arriendo esta pequeña pieza. Usted vio las cámaras en el pasillo. Yo no puedo invitar a nadie, no sé por qué la señora que arrienda pone cámaras. No soy delincuente. Aquí no tengo derecho a nada y la otra vez me quedé afuera. Nos cierra la puerta de la calle a las 11 de la noche”.  

Desde nuestras investigaciones, observamos que algunos inmigrantes que arriendan y/o subarriendan son sometidos a una serie de abusos y trampas que los vuelven más vulnerables.

Incluso, la diferencia entre ambos términos -arriendo y subarriendo- es compleja al momento de entrevistar. Muchos de los entrevistados que habitan en piezas no tienen contrato ni comprobante formal de los pagos mensuales realizados. El relato de María, mujer ecuatoriana y residente del centro de Antofagasta, es elocuente: “Yo creo que porque soy inmigrante me tratan así. El señor que me arrienda no me dio ningún papel y no puedo pedirle nada porque siempre nos amenaza con acusarnos a los policías. Él vive acá mismo y por eso me da vergüenza ir hasta el baño. Llevo tres años viviendo así, porque acá es muy costoso”.

¿QUIÉNES RENTAN CON EL SUBARRIENDO?

Quienes arriendan y/o subarriendan pueden ser hombres o mujeres, chilenos o extranjeros, propietarios del inmueble subarrendado o administradores designados para manejar el negocio. Como mostramos, son personas que despliegan una serie de prácticas de vigilancia en los residentes, instalando cámaras al interior de las viviendas y estableciendo listas interminables de reglas que incluyen: control de acceso y salida de personas, actividades permitidas y prohibidas dentro de las habitaciones, horarios para merendar o lavar ropa. Es habitual que realicen advertencias. Un afiche dentro de una vivienda señala: “Si se perdiera algún objeto de valor se buscará pieza por pieza. Al inquilino que se le encuentre tendrá que desocupar sin reclamo alguno”.

Considerando que las viviendas subarrendadas se ubican dentro de una ciudad supuestamente regulada por el Estado y sus leyes, cuestionamos la inexistencia de medidas para penalizar los abusos y prácticas violentas de subarrendadores. Este es un mercado altamente especulativo y lucrativo ignorado completamente por la autoridad. Una residente del centro de Iquique asegura: “Hay lugares que igual funcionan de forma clandestina. Son más económicos. Cobran hasta $3.000 pesos por persona por noche, pero son cuartos donde solo hay colchones y les hacen dormir ahí”. Frente a esto, nos preguntamos: ¿Cómo responde el gobierno a esto?,¿Cuál es el rol de las/os alcaldes frente a estos abusos?¿Qué cambios normativos e institucionales debiesen plantearse para reducir el abuso en el arriendo y subarriendo? Y finalmente, ¿cómo evitar que la regulación aumente aún más los valore de arriendo?

EXIGENCIAS PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS SUBARRENDADAS

En principio, consideramos que las causas que explican en parte la consolidación de un mercado de arriendo y subarriendo abusivo, racista y escasamente regulado en el norte de Chile son las siguientes:

1. Un sector fuertemente asociado a la presencia regional de economías minero-extractivas, agroindustriales y turísticas, las que impulsan la venta o promoción de departamentos o casas de alto valor para compradores nacionales que viajan a la región por motivos laborales, o para quienes buscan bienes raíces como método de ahorro individual o colectivo.
2. Se trata de ciudades donde hay múltiples demandas residenciales de compra y arriendo, lo que impulsa dos fenómenos: especulación y acceso restringido a la vivienda, tanto en la compra como en el arriendo o subarriendo.
3. Algunos arrendadores o subarrendadores ven en algunas comunidades inmigrantes vulnerables, condiciones para consolidar un mercado lucrativo. Estereotipan a algunas comunidades según su color de piel, género, origen, e incluso, asimilan ciertas nacionalidades a determinadas situaciones migratorias y supuestas prácticas de “mal vivir”. 
4. La disponibilidad de un parque de viviendas deterioradas en algunos centros del norte chileno no cuenta con subsidios suficientes o incentivos para la rehabilitación de los inmuebles. Frente a ellos, algunos propietarios subarriendan como mecanismo de ahorro o inversión.
5. El mercado del subarriendo es altamente rentable, lucrativo, e implica escasa inversión para quienes lo emprenden.
6. El déficit habitacional de las ciudades menores e intermedias del norte (cuadro Nº1) también explica ofertas residenciales alternativas.
7. La relativa escasez de suelo repercute en la disponibilidad de terreno y en el comportamiento del mercado de la vivienda, sea en propiedad o en arriendo.

Desde nuestras observaciones en Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta y Calama, es evidente que se requieren mejoras en las condiciones de habitabilidad, las cuales deben ser asumidas por las y los propietarios de las viviendas, a fin de reducir riesgos de incendios, violencia, salubridad, entre otros efectos, que se visibilizan en aquellos/as que viven en condiciones de hacinamiento.  Cada propietario debe dar garantías de acceso a servicios básicos que dignifiquen a los habitantes. Por último, es clave quitar la responsabilidad mediática a los inmigrantes que habitan en estas condiciones, pues la mayoría llega al subarriendo en búsqueda de refugio o como consecuencia de las restricciones de precio y ubicación, que impone una economía regional que, en el caso de la vivienda, se ha construido en torno a mercados especulativos y segregados.

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