Democracia Viva no es una novedad. Esta columna sugiere que desde el acuerdo Lagos-Longueira de 2003, los actores políticos captan recursos públicos en forma ordenada, entendiendo que los que gobiernan reciben un poco más, pero a todos les toca. Salvo excepciones, estos repartos no son robo personal, sino prácticas clientelistas incrustadas desde hace décadas y que, aunque suene raro, permiten que se materialicen las políticas públicas. La novedad es que hoy ese acuerdo de la elite política parece haberse roto.