La alta votación obtenida por los consejeros indígenas superó todas las expectativas. Los autores analizan las causas y examinan las condiciones que podrían consolidar esta votación en una institucionalidad política que derrote la exclusión. Proponen avanzar hacia “una alianza política del movimiento indígena” que converja en un partido u otra institución orgánica. Remarcan que el sistema político debiera tomar nota de que “la salida democrática, institucional y política” sigue contando con buena recepción entre los pueblos originarios, y aprovechar el contexto para proyectar “futuros comunes”.

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Entre los elementos más llamativos de la última elección de consejeros constitucionales, además del triunfo de la ultraderecha, hay un hecho poco visibilizado hasta ahora: la existencia de una creciente y consolidada fuerza electoral de pueblos indígenas. Hasta el mismo día de la elección, analistas, encuestas y medios auguraban la desaparición casi total de la representación política de los pueblos originarios. Tal suposición era plausible si consideramos los mecanismos de exclusión política establecidos en la estructura del actual proceso constitucional que fue diseñado por los partidos y el Congreso.

A diferencia del proceso de la Convención Constituyente, que contaba con una amplia y diversa representación indígena de 17 escaños equivalentes al 11% de la composición del órgano[1], para la elección del actual Consejo Constitucional la existencia de escaños indígenas quedó atada a la exigencia de que el número de votantes que optara por hacer uso del voto verde, alcanzara la cuota de 1,5%[2]  con respecto al total nacional de votos válidos; solo en el caso de pasar aquel umbral quedaba abierta la puerta para obtener un escaño adicional a los otros 50 del Consejo. En un universo de casi 12,5 millones de sufragios el domingo 7 de mayo -y donde se registraron 2,6 millones de votos nulos y blancos- la cuota de votos para alcanzar un escaño indígena tenía que rondar los 150 mil votos; y para obtener dos escaños se debía alcanzar 340 mil votos válidos.

Las consecuencias de un acuerdo político que apuntaba a la exclusión de la representación indígena fueron múltiples. Por ejemplo, desincentivó la presentación de candidaturas, como en el caso de los pueblos andinos que en 2021 tuvieron un importante rol y votación[3]. Aun así, hubo dos candidaturas, las de Alihuen Antileo y Julio Marileo, ambos del pueblo mapuche, que lograron lo que parecía imposible. Acertadamente el historiador Fernando Pairican se refirió a estas candidaturas como actos de insubordinación ante la política de la reducción[4].

El desafío que superaron Antileo y Marileo fue complejo, sobre todo si consideramos que, salvo excepciones, las fuerzas políticas representadas en el parlamento responsabilizaron sistemáticamente a la agenda indígena como una de las  principales causas del triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado.[5]

A pesar de lo anterior los dos candidatos lograron convocar 375 mil electores[6]; es decir casi 100 cien mil votos más que el proceso de 2021, cuando se presentaron casi 100 candidaturas. Esto implicó un aumento de un 32,6% en el caudal de votación indígena.

Estimamos que esta votación responde al menos a tres factores independientes: en primer lugar, la elección de este año registró una menor fragmentación en cuanto a listas respecto de 2021. [7] Esta fragmentación de hace dos años puede haber hecho que muchos electores indígenas hayan preferido sufragar por otras listas de independientes o de partidos tradicionales.

En segundo lugar, fue determinante la visibilización que alcanzó la agenda indígena en la Convención Constitucional. El hecho político de la presidencia de Elisa Loncon fue relevante si consideramos que en 2021 los candidatos indígenas enfrentaron las urnas en un proceso de absoluta invisibilidad mediática. En la votación de hace unas semanas, en cambio, la agenda de los pueblos originarios -aunque genera discrepancias- contó con un piso mínimo de debate público.

La tercera causa clave de esta consolidación es que en 2023 los dos candidatos articularon un discurso de unidad respecto de la representación indígena, aun cuando electoralmente era previsible que solo uno resultara electo.

Con sus respectivas votaciones (Antileo obtuvo 160.716 y Marileo, 145.723 votos) solo seis consejeros a nivel nacional los superaron (cinco de la Región metropolitana y uno de Valparaíso). Pese a ello, las condiciones desiguales fijadas por el Congreso terminaron asignando un solo escaño para Alihuen Antileo.

Lo importante de estas altas votaciones es que sugieren la consolidación de un proceso político que se viene fraguando hace décadas y que, hasta ahora, solo se había expresado públicamente en el primer proceso constituyente. En nuestra opinión, hoy existe una creciente fuerza electoral indígena que da cuenta de un movimiento político con aspiraciones democráticas de participación y representación en el poder. 

Un dato que puede resultar interesante para el análisis es que ambos candidatos participaron en los orígenes de la Coordinadora Arauco Malleco. Antileo fue su vocero en la Región Metropolitana a inicios de los 2000, mientras que Marileo fue reconocido como preso político de dicha organización. Ambos conocen por dentro al movimiento mapuche, lo que vuelve todavía más significativas las fuertes diferencias políticas que ambos han planteado con la vía rupturista, y que los llevaron a su alejamiento temprano de la CAM. En este sentido, algunas preguntas interesantes que se abren son ¿qué trayectorias intelectuales y políticas sustentan la vía democrática mapuche? y ¿qué reflexiones internas han llevado a la consolidación de una vía institucional para buscar soluciones al conflicto en Wallmapu?

Se trata de preguntas difíciles de contestar y a las cuales el sistema tradicional de partidos presta escasa o nula atención. Sin embargo, hay dos hechos innegables: primero, hay casi 380 mil votos que sustentan este camino. Segundo, este creciente universo electoral es heterogéneo, pues conviven aquí pueblos indígenas de todas las regiones, de zonas rurales y urbanas, personas con diferentes afinidades ideológicas, mujeres y hombres de todas las edades.

Dicho lo anterior, sería importante que comprendamos que el significado más profundo de la votación indígena expresada en un padrón especial se extiende más allá de la coyuntura de la Convención o del actual Consejo Constitucional.

Significa, en primer lugar, que sigue en pie la opción de cambiar y desafiar institucional y públicamente las exclusiones históricas que los pueblos indígenas han enfrentado por más de 200 años. Significa también que existe la voluntad de aportar a la construcción de un sistema democrático más abierto, equitativo y capaz de discutir los marcos necesarios para una mejor convivencia social y cultural. La salida democrática, institucional y política a nuestros largos conflictos -que no ha sido seriamente abordada desde el inicio de la Transición hasta hoy- sigue contando con buena recepción. El altamente fragmentado sistema político chileno debiese tener a la vista este asunto, no solamente respecto al presente proceso constitucional. 

En los últimos treinta años el movimiento indígena ha mostrado su capacidad de participar pública y democráticamente en los limitados espacios institucionales que se han abierto. Corresponde ahora que el conjunto del sistema político haga su parte y con altura histórica se manifieste dispuesto a avanzar en un diálogo que repare injusticias históricas y que permita proyectar futuros comunes.

En lo inmediato, un hecho significativo sería que las fuerzas representadas en el Consejo acuerden que el reconocimiento constitucional establecido en las 12 bases implicaría el derecho a la representación política en los órganos legislativos de nivel nacional, aun cuando quede abierta a la discusión y la ley, la forma y los mecanismos de esa representación. En cuanto a la agenda legislativa y de gobierno, urge que la comisión que revisará las demandas históricas de tierra anunciada en noviembre de 2022 por el presidente Boric, deje de ser postergada y encuentre una pronta concreción.

En cuanto al trabajo en el Consejo, Alihuen Antileo tiene, en nuestra opinión, una doble tarea mayúscula. Primero, visibilizar temas como el reconocimiento constitucional tendiendo puentes con los otros miembros, entre ellos los dos consejeros mapuche de Revolución Democrática, Julio Ñanco y Kinturay Melin. Por otra parte, creemos que es importante multiplicar los lazos y los proyectos comunes dentro de las organizaciones, comunidades y bases de apoyo que con su masiva votación permitieron esta representación política indígena. Se trata de generar una convergencia de mayoría, tarea que no fue suficientemente abordada por los 17 convencionales indígenas en el primer proceso- y que es un paso esencial para que la fuerza electoral indígena no sea un evento ocasional, sino que pueda consolidar a los pueblos originarios como un actor orgánico y clave en la distribución del poder comunal, regional y nacional.

Naturalmente que ese paso no depende únicamente de una sola persona. Implica también el compromiso y el debate activo de quienes siendo candidatos indígenas no resultaron electos en esta oportunidad o en las pasadas elecciones; necesita de la participación de aquellos convencionales indígenas que articularon consensos en el proceso anterior, de quienes han militado activamente en la causa indígena, en partidos tradicionales o en movimientos autónomos; de quienes han conformado y tejido redes de organizaciones políticas, medios, asociaciones y comunidades indígenas; de quienes en distintos momentos y circunstancias, han tenido la responsabilidad de ejercer cargos de elección popular o de servicio público.  Es, ante todo, una tarea de pueblo, de los pueblos.

Nos parece importante señalar que los alcances de una vía democrática de este tipo es de mayor extensión que la sola participación del pueblo mapuche. Siguiendo la distribución de votos indígenas por región y comuna es claro que en la última elección fueron votantes de todas las naciones originarias los que acudieron al llamado a sufragar en el voto verde, aun cuando las restricciones del proceso no las incentivaran a presentar candidaturas propias.

En tal sentido, un camino necesario de recorrer hoy es el que conduzca a una alianza política del movimiento indígena y lleve, en el mediano plazo, a la elaboración orgánica de un instrumento donde pueda converger y expresarse la creciente participación política de las naciones originarias.

Es la forma e itinerario concreto de ese instrumento el que a nuestro juicio debe ser puesto prontamente en discusión por parte de las bases y dirigencias -nuevas e históricas- del movimiento indígena.  Si bien la forma orgánica más intuitiva es la de un partido político, esta no es la única opción existente. En tal sentido, la pregunta por el tipo de orgánica y su alcance, tiene que estar mediada por dos aspectos clave. Primero, las experiencias institucionales pasadas y las formulaciones teóricas que el movimiento indígena ha construido en Chile. En segundo lugar, es necesario discutir públicamente y a partir de la historia, la pregunta por nuestro horizonte de acción política. Esta última cuestión es fundamental, porque apunta al significativo debate indígena de los últimos treinta años sobre si los instrumentos y medios de acción política solo han de servir para expresar un camino propio (lo indígena solo para los indígenas); o si acaso es posible pensar políticas de alianzas que impliquen incidir y transformar también el campo político estatal (pensar lo universal también desde lo indígena). Generar un instrumento sin la necesaria pregunta por su horizonte podría llevar a que el voto indígena fuera tan pendular y fragmentado como lo es el sistema electoral chileno.

Para finalizar, creemos que, si se aprovechan las señales de articulación y de mayor interés electoral que emergen de la votación de comienzos de mayo, existe la posibilidad de seguir aumentando la participación pública de la representación indígena ya sea en el plebiscito de salida de 2023, en las elecciones municipales de 2024 o en las parlamentarias de 2025.