En 1975, un año después de la creación de la DINA, comenzó a funcionar FUNACO, una organización liderada por Lucía Hiriart de Pinochet que cumplía un propósito político y estratégico: conformar una organización nacional de mujeres voluntarias preocupadas de la niñez, la pobreza, pero también de disciplinar la vida de poblaciones vulnerables. “Los centros abiertos fueron construidos en lugares tácticos y permitían la contratación de personal para el Programa de Empleo Mínimo (PEM) y Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH), bajo condiciones laborales precarias para mujeres con baja escolaridad que atendían a los párvulos”, revela esta columna.

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Lucía Hiriart fue responsable y partícipe de la política del terror, la crueldad y la violencia sistemática de la dictadura militar en Chile. Fue investigada por enriquecimiento ilícito y apropiación indebida de un centenar de propiedades que el Estado le traspasó a CEMA Chile, la institución que la mujer encabezó durante y después del gobierno militar[i]. Además, jugó un rol protagónico de blanqueamiento de la dictadura, reforzando un discurso conservador y patriarcal de la “mujer abnegada”, junto con una visión asistencialista y peyorativa del “pobre” como sujeto inválido y apolítico[ii].

Entre las áreas de mayor influencia y menos estudiadas de su accionar está la de la educación parvularia. Muchas veces la gente se pregunta: ¿por qué hay dos instituciones del Estado -JUNJI e Integra- a cargo de la educación inicial en Chile? La explicación es que la esposa del dictador -aunque existía la JUNJI- quiso tener su propia plataforma política y creó la FUNACO (Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad) que precedió a la actual Fundación Integra. En esta columna contamos detalles desconocidos de esta historia, y analizamos cómo las autoritarias y limitadas comprensiones del mundo de la esposa de Pinochet se tradujeron en políticas de primera infancia que dejaron huellas en el actual sistema educativo chileno.

CARIDAD Y ESTRATEGIA

Podríamos decir que Lucía Hiriart fue una educadora de párvulos frustrada. En diversos espacios, ella declaró haber realizado cursos en la materia, pero no tenía un título ni hay evidencia de sus estudios, como escribe Alejandra Matus en su libro “Doña Lucía”[iii]. Por otra parte, dirigir la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) -que había sido creada en 1970 gracias a la lucha organizada durante décadas de mujeres del mundo académico, político y poblacional[iv]-, estaba fuera de su alcance, pues no cumplía con el perfil ni con las exigencias normativas del cargo.

En 1975, Lucía Hiriart volcó su deseo de perfilarse en la educación inicial por medio de la creación de la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad (FUNACO), una institución financiada por el Estado[v], pero con una figura jurídica de derecho privado a cargo de la primera dama. Por medio de FUNACO Lucía coordinaba diversos programas como campañas de recolección, asistencia sanitaria, ropero y hogares de menores. Ello significó tener a su cargo una red de más de 30 organismos de beneficencia (incluido CEMA Chile).[vi] Sin embargo, la acción principal de FUNACO se concentró en los centros abiertos, donde se atendía gratuitamente a niñas y niños que vivían en condiciones de pobreza.

FUNACO tuvo un carácter marcadamente asistencial[vii], a cargo de mujeres voluntarias de la “familia militar”, esposas de militares en puestos de intendentes, gobernadores regionales, provinciales y alcaldes. Ellas no contaban con mayor conocimiento técnico-pedagógico[viii] y en muchos casos estaban forzadas a asumir esta labor supuestamente “voluntaria”, sin remuneración, y a tener que rendir pleitesía a la esposa del dictador.

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La creación de FUNACO le permitió a Lucía aparecer como una figura pública caritativa, preocupada de cuidar, alimentar y vestir a los niños y niñas en situación de pobreza. De hecho, Augusto Pinochet constantemente en sus discursos elogiaba la labor de su esposa, junto a la de las “damas voluntarias”:

Especial mención deseo hacer a la patriótica e inagotable labor que desarrolla mi querida esposa. Su sacrificada tarea de presidenta de las organizaciones del voluntariado femenino ha encontrado siempre la desinteresada colaboración de la mujer chilena, lo que ha sido para ella su mayor estímulo y, para mi gestión, de gobernante un valioso apoyo. ¡Rindo en esta ocasión un homenaje a la mujer de nuestra patria! (Pinochet, discurso presidencial, 11 de septiembre 1985, p.14)

FUNACO cumplió de este modo un propósito político y estratégico[ix]. Los centros abiertos servían como plataforma para la entrega de regalos, actividades asistenciales y celebraciones, como la conmemoración del 11 de septiembre. Además, los centros fueron construidos en lugares tácticos y permitían la contratación de personal para el Programa de Empleo Mínimo (PEM) y Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH). Esto, bajo condiciones laborales precarias para mujeres con baja escolaridad que atendían a los niños. La institución llegó a contar con más de 4000 “damas voluntarias”, quienes, asimismo, articulaban conexiones con otras mujeres y recursos municipales, y configuraban lo que Lucía llamaba el “ejército de mujeres” de Chile.

“FUNACO llegó a contar con más de 4000 ‘damas voluntarias’, quienes articulaban conexiones con otras mujeres y recursos municipales, y configuraban lo que Lucía llamaba el ‘ejército de mujeres’ de Chile”

Por otro lado, a la JUNJI, se le cercenó su poder político bajo la dictadura, y dejó de ser una institución autónoma del Ministerio de Educación[x]. En este escenario post golpe, se redefinieron los propósitos de JUNJI, se trasladó su dependencia al Ministerio del Interior y luego al Ministerio de Educación, y se suprimió su consejo asesor y comité técnico. Para esto, fue clave el diagnóstico de la educación parvularia, elaborado en 1974 por la llamada “Comisión 17”[xi], presidida por Lucía Hiriart, la cual declaró que el país no contaba con una institución que dicte una política educativa y una estructura funcional acorde a las características del nivel[xii].

UNA INSTITUCIÓN “SIN CONTROL DE GASTOS”

En la práctica, FUNACO llegó a tener 483 establecimientos de administración directa durante la dictadura[xiii], mientras JUNJI, a pesar de su relevancia institucional y su mayor antigüedad, tenía solamente 353 jardines de administración directa[xiv]. Sumado a ello, a diferencia de JUNJI, la administración de los centros de FUNACO no contaba con ningún control relativo a gastos ni utilización de fondos públicos, no existía control de flujo de caja, ni registro sobre cuánto costaba la atención por niño para el Estado.

De hecho – como consta en las Actas del Consejo Nacional de FUNACO – tras el retorno de la democracia, la institución se recibió “sin prácticamente mayor información, desconociendo absolutamente los criterios de administración, situación de bienes, etc.”[xv]. En esas mismas actas se explica que en mayo de 1990 FUNACO solicitó a la Contraloría liberar a la institución de cualquier responsabilidad referida al manejo de dineros previos al 11 de marzo de ese año, fecha en que el gobierno de Patricio Aylwin asumió la dirección de la institución. Estos datos nos llevan a sospechar que puede haber habido en esta Fundación prácticas ilícitas o de corrupción similares a las encontradas en otras instituciones, aunque -a diferencia de CEMA Chile- no ha habido una acusación ni existe investigación judicial al respecto.

Con la vuelta a la democracia, FUNACO pasó a ser la Fundación Integra,[xvi] lo que implicó transitar de centros abiertos con un enfoque asistencial a salas cunas y jardines infantiles con un propósito educativo. Aunque Fundación Integra es radicalmente distinta a lo que fue FUNACO en cuanto a los equipos educativos y su propuesta pedagógica, el deseo de Lucía Hiriart de tener una tribuna propia para la primera infancia originó esta doble institucionalidad -JUNJI e Integra- que mantiene condiciones institucionales[xvii]diferenciadas hasta el día de hoy[xviii]. De hecho, el reciente paro de las trabajadoras de Fundación Integra[xix], por no recibir el reajuste anual del sector público de un 6,1%, es consecuencia de esta historia; pues las funcionarias de Integra no son beneficiarias automáticas de este derecho debido a que se la sigue considerando una institución “privada”, a pesar de proveer educación pública y gratuita, y ser financiada y gestionada por el Estado.

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