Las crisis que se producen luego de los tiempos de expansión suelen llevarnos a períodos de violencia. Así ocurrió en 1830, a fines de la década de 1920 y en 1973, nos recuerda el autor, quien llama a apreciar la opción por la república que ofrece el proceso constituyente.
Luego de casi un año de labor de la Convención Constituyente se conocen las normas aprobadas por los dos tercios de sus integrantes. Estas, una vez concluido el trabajo de las comisiones de Preámbulo, Armonización y Normas Transitorias, y votado el texto de la nueva carta fundamental por el pleno de la Convención, serán plebiscitadas el próximo 4 de septiembre, oportunidad en que las opciones serán apruebo o rechazo.
El “borrador de Constitución” que la opinión pública conoce, presenta características de fondo y forma que es preciso considerar al momento de evaluarlo. En primer término, que es la consecuencia de un proceso democrático a través del cual se encauzó institucionalmente la crisis que vivimos, además de elocuentemente representativo en su origen al haber facilitado la inscripción de independientes como candidatos a la Convención, instituir la paridad de género de sus integrantes y considerar escaños reservados para los pueblos originarios. También es necesario tener presente que fortalece el papel del Estado en tanto garante de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos que se proponen, algunos de última generación. Una responsabilidad que por lo demás ya estaba presente en la Constitución de 1925 respecto de los entonces llamados derechos sociales, los que ampliaron los deberes del Estado en salud y educación.
Las normas propuestas sin duda ofrecen una organización y concepción institucional y social que modifica la vigente, pues está fundada en principios y derechos de tercera y cuarta generación como los sociales y culturales, plurinacionalidad, interculturalidad, inclusión, democracia y ciudadanía efectiva. Pero que también se inspira en la valoración de identidades, la paridad de género, el desarrollo sustentable, el reconocimiento de las minorías y la preservación del medio ambiente, entre otros propósitos y demandas; transformando al Estado en garante de su existencia, asignándole así un papel fundamental y protagónico. Lo anterior no implica limitar las iniciativas privada o de la sociedad civil, salvo que estas afecten, amenacen o perjudiquen los que se conciben derechos inalienables o fundamentales, como el relativo a la seguridad social, o recursos comunitarios, como el agua. Por lo anterior es que en el articulado que conocemos, palabras como respetar, velar, promover, garantizar y asegurar, para referirse al papel del Estado, se repiten una y otra vez.
Se trata de un articulado extenso, tal vez por dos razones fundamentales. El objetivo de consagrar principios y garantizar derechos que se perciben inexistentes o violentados en el Chile de las últimas décadas; los que por eso se reiteran en más de una ocasión y en diferentes partes del “borrador”, quizás con el afán de asegurar su inclusión en la versión final, o llamar la atención sobre su trascendencia. La comisión de armonización debería superar esta situación.
“Nuestra sociedad se cansó de la naturalización de las inequidades y, como en otras partes del mundo, espera una adecuación del modelo capitalista hacia formas que promuevan la existencia como comunidad”
Es también un texto surgido de las entrañas del Chile del siglo XXI, es decir, un país inquieto, descontento, insatisfecho, violentado por la inequidad y los abusos, desconfiado de las instituciones políticas, hastiado de la desigualdad, preocupado por la memoria y la reparación de las deudas históricas, conocedor de los derechos que la evolución de la humanidad ha erigido como esenciales, que repudia la depredación del medio ambiente, sensible y considerado con los animales, decepcionado de sus élites políticas y económicas, anhelante de poder ejercer efectivamente sus derechos, cada vez más distante de las fuentes tradicionales de autoridad. Pero también un país diverso, consciente del papel de las ciencias, los conocimientos, las artes y los patrimonios, como de la necesidad de protegerlos y democratizarlos. Que reconoce el valor de las culturas, la espiritualidad y lo intangible, deseoso de formar lazos, pretendidamente respetuoso de la diversidad, cansado del centralismo y, tal vez, ansioso de vivir y proyectarse como comunidad. Pues, precisamente por todo lo señalado, por las obligaciones, responsabilidades y derechos que la nueva carta implica para el Estado republicano, es decir, para la forma de organización institucional que como sociedad nos damos, será sólo la conciencia de formar parte de una unidad que tiene un destino común lo que hará posible las condiciones para que la nueva Constitución efectivamente pueda implementarse y perdurar.
Lo anterior explica que, por ejemplo, se consagren los derechos de la naturaleza, hecho que debiera interpretarse como el afán de proteger el medio ambiente y garantizar su sustentabilidad. Pero que, en particular, se hable de democracia inclusiva y paritaria, y se propongan nuevas formas de participación y representación; se reconozcan identidades, se consagren escaños reservados; se promueva la inclusión de las diversidades y disidencias sexuales así como la integridad pública; se estipule que somos un pueblo conformado por diversas naciones; se consideren las distintas formas de familias existentes; se defina a Chile como país oceánico; se reconozca explícitamente a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derechos; se hable de Estado regional y plurinacional en un territorio único e indivisible; se garanticen los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen asegurar por parte del Estado las condiciones para el embarazo, el parto y la maternidad, pero también la interrupción voluntaria de la gestación; se garanticen la libertad de enseñanza, una acotada pluralidad y la perspectiva de género en la justicia, así como el derecho de propiedad, sólo limitado por el interés general o la utilidad pública; se responsabilice al Estado de arbitrar medidas para asegurar el goce oportuno del derecho a la vivienda; de generar políticas para conciliar la vida laboral con la familiar y comunitaria; y, también, se consagren derechos culturales. Todas propuestas fieles al espíritu que anima este “borrador de Constitución”, a su vez coherente con el Chile que pretende organizar y orientar.
En el sentido señalado, la probable nueva Constitución es mucho más que un instrumento jurídico que organiza la vida política y en sociedad, es sobre todo la constatación de los cambios experimentados por nuestra comunidad y el mundo en las últimas décadas; un reconocimiento de que nuestra sociedad es dinámica y tiene nuevas preocupaciones e inquietudes y menos tolerancia a lo que percibe como injusticias o privilegios inexplicables. Que en definitiva se cansó de la naturalización de las inequidades, como las económico-sociales y de género, y que, como en otras partes del mundo, espera una adecuación del modelo capitalista hacia formas que promuevan la existencia como comunidad, fortalezca lazos sociales, considere y estimule la necesidad de garantizar una vida digna para quienes la integran. En la cual, como es obvio, las formas de organización de los sistemas de salud, educación y seguridad social no continuarán como los conocemos.
Gran parte de lo señalado explica las nuevas garantías consagradas, así como la inédita organización del Poder Legislativo, las atribuciones que se otorgan a las asambleas regionales, los cambios de nombre y de facultades, de los hoy conocidos como Poder Judicial y Tribunal Constitucional, la creación de nuevas unidades territoriales, la consagración de la descentralización fiscal y la solidaridad interterritorial, la necesidad de la sostenibilidad ambiental, el reconocimiento de la ruralidad como forma de vida, y la consagración del derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia. Las nombradas, sólo una muy parcial enumeración de las nuevas aspiraciones, necesidades y realidades de las que las normas que nos ocupan se hacen cargo. Las que conviven con muchas otras de antigua data como la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, ahora velando por la protección de la naturaleza.
El texto, que sin duda tiene imperfecciones formales y provoca también reacciones críticas por su orientación general, es fruto de un proceso en un contexto de crisis, con tensiones, prácticamente inédito, que cuestionó formas y mecanismos arraigados para la toma de decisiones, así como intereses de muy antigua data, también situaciones naturalizadas que para algunos es difícil ver como fenómenos culturales y, por lo tanto, mutables. De tal modo que los cuestionamientos y prevenciones no deben sorprender. Pero, en mi opinión, la propuesta tiene la gran virtud de reflejar las esperanzas y capacidades del Chile de hoy, además de actualizar nuestra institucionalidad, haciéndola compatible con la realidad social producto del desenvolvimiento nacional y mundial. Pero, sobre todo, tiene la cualidad de ser el resultado de un ejercicio democrático que nos ha permitido modelar nuestra propia historia que, para algunos, tenía un destino inexorable. Esa que nos muestra que en la evolución republicana nacional luego de los periodos de expansión vienen los de crisis, los cuales, hasta ahora, nos habían llevado a la dictadura, es decir a la violencia y a la arbitrariedad, como ocurrió en 1830, a fines de la década de 1920 y en 1973.
En la actualidad, en medio de un proceso constituyente que tendrá todavía ajustes, y más allá de la efervescencia que provocan los evidentes anhelos de cambio que la sociedad ha expresado persistentemente, y que la historia enseña no desaparecerán abruptamente, debemos apreciar la opción por la república que hemos hecho como comunidad.
Rafael Sagredo Baeza.